Correa debe comparecer ante la Justicia por el secuestro del exasambleísta Fernando Balda

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El exmandatario Rafael Correa debe comparecer este lunes, 2 de julio del 2018, ante la Corte Nacional de Justicia. Esto, como una medida cautelar por su vinculación al caso de intento de secuestro del exasambleísta Fernando Balda ocurrido en el 2012.

El expresidente, que reside en Bélgica desde hace un año y de donde es natural su esposa, debe presentarse cada 15 días ante la sede judicial de la capital ecuatoriana. El 2 de julio debiera ser su primera comparecencia. En el caso de que no cumpla la disposición de la jueza Daniella Camacho, la Fiscalía podría solicitar que se ordene su prisión preventiva.

Sin embargo, analistas jurídicos sostienen que en esta situación, “cabe de manera inmediata la revocatoria, sin necesidad de que lo solicitara la Fiscalía”. “Al no presentarse ante la jueza que lleva el caso, automáticamente la medida queda revocada y da paso a la prisión preventiva”, manifestó en una entrevista con la agencia Efe la catedrática de derecho Ivonne Núñez, exmagistrada de la Corte Provincial de Guayas y antigua jueza de Garantías Penales.

En una entrevista con un medio español, Correa dijo que estudia con sus abogados la posibilidad de no presentarse a la audiencia judicial y adujo razones familiares. “Tengo algunas cuestiones familiares: mi hija sufrió un accidente de tránsito grave”, reveló Correa durante la semana anterior.

Si decide convertirse en prófugo, la justicia ecuatoriana dictará una orden de detención internacional a través de Interpol, pero como ya ha sugerido el propio Correa, aún le queda el recurso de solicitar el hábeas corpus y asilo político en el país donde llegara a ser aprehendido.

Los asambleístas de la bandada Revolución Ciudadana, partidarios de Correa, le pidieron que no comparezca ante la Corte, medida que justificaron en el temor a que su seguridad se vea socavada. Además de la vinculación que la Fiscalía hizo de oficio, el exlegislador Fernando Balda presentó una denuncia personal en contra de Correa por los delitos de asociación ilícita y secuestro. “Habría sido él (Correa), en caso de demostrarse en audiencia de juicio, quien ordenó la infracción valiéndose de la estructura del Estado”, argumenta.

El Comercio


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