Complicidad con Ortega – Página Siete, Bolivia
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
El más reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cifra en 277 los muertos en Nicaragua producto de la crisis social que estalló hace más de tres meses en contra del régimen autoritario de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Las muertes ocurren a diario, pero los últimos días han sido especialmente sangrientos porque el gobierno  ha retomado el control de la ciudad rebelde, Masaya. Y lo ha hecho como si de una guerra se tratara, con el uso de las fuerzas combinadas, que incluyen a policías, militares, parapolicías, paramilitares y ciudadanos fieles al régimen. En medio del caos reinante, no se descarta la presencia de delincuentes y pandilleros, algunos -dicen- provenientes de las maras hondureñas.
Ortega no se ha mostrado muy sensible a ello, por el contrario, Â ha descalificado a la Iglesia Católica, que estaba ejerciendo el papel de mediadora para buscar una salida a la crisis a través el adelantamiento de elecciones. El presidente nicaragüense ahora cree que los obispos son parte del golpismo en su contra.
En ese contexto de extrema violencia, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha votado una resolución en la que exhorta al gobierno nicaragüense a dialogar con la oposición para establecer un calendario electoral anticipado. El organismo, además, expresa su “enérgica condena” por la represión y las violaciones a los derechos humanos atribuidos a la Policía, grupos parapoliciales y otros actores contra el pueblo. La resolución es importante porque, por primera vez, el organismo apunta al gobierno de Ortega como el responsable de la situación.
Precisamente por eso, es condenable que el Gobierno de Bolivia haya decidido no respaldar el documento y que su representante ante la OEA, Diego Pary, haya abandonado la sesión antes de la votación. El diplomático boliviano, que ya tuvo una censurable actuación frente a la crisis de Venezuela, mantiene su posición de respaldo a un régimen que sistemáticamente viola  los derechos humanos de sus ciudadanos.
“Queda demostrado que el grupo de Estados que acordaron aprobar esta resolución vienen a esta sesión a imponer y tomar la decisión. Por ello se manda a votar en conjunto sin ni siquiera haber leído las enmiendas de Bolivia que son absolutamente constructivas”, dijo Pary a manera de justificativo.
La resolución ha sido promovida por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú y Estados Unidos. Siete países, la mayoría del Caribe, se abstuvieron, y tres estuvieron ausentes, entre ellos Bolivia.
En junio, Bolivia ya dio una clara muestra de apoyo a Ortega en el Consejo Permanente cuando se votó el informe de la CIDH que indicaba que hasta entonces se habían producido 212 bajas.Â
Sin embargo, está claro que Pary es apenas el mensajero del gobierno del presidente Evo Morales, que explícitamente apoya regímenes autoritarios, como son los gobiernos de Nicolás Maduro y Daniel Ortega. No sólo que los apoya, sino que es aliado incondicional de ellos, en el marco del denominado socialismo del siglo XXI que profesan.
De hecho, al cumplirse los 39 años de la revolución sandinista –qué ironía que esa fecha coincida con la más cruel represión en contra del pueblo nicaragüense- el presidente Morales ha enviado un tuit de respaldo directo a Ortega y denunciado que el culpable de la situación es el imperio. El argumento ya está tan manido que sobran los comentarios.
El Gobierno boliviano tiene que comprender que, con este accionar, se está convirtiendo en cómplice de los crímenes cometidos por Ortega. Por otro lado, si aprueba los métodos de sus aliados de Nicaragua y Venezuela, el mensaje es igualmente preocupante. Lo lamentable es que en el concierto internacional, el presidente Evo Morales y en este caso Pary hablan a nombre de Bolivia. No es necesario hacer una encuesta para saber que gran parte de los bolivianos rechaza este manoseo ideológico de la política exterior boliviana.
