Colombia: cada tres días asesinan a un líder social, denuncia la Defensoría del Pueblo
Cada tres días asesinan a un defensor de DDHH en Colombia: Defensoría del Pueblo
Cada tres días matan un activista o defensor de derechos humanos en Colombia, un país en vías de solucionar el último conflicto armado de América, denunció este miércoles la Defensoría del Pueblo.
El ombudsman, Carlos Alfonso Negret, indicó que entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de este año se asesinaron a “311 ciudadanos colombianos que se dedicaban a ser líderes sociales y defensores de derechos humanos”.
La mayoría de las homicidios han ocurrido en zonas con narcocultivos o minería ilegal, como los departamentos del Cauca (78 homicidios), Antioquia (43), Norte de Santander (21), Nariño (18) y Valle del Cauca y Chocó, ambos con 16.
La entidad encargada de velar por los derechos humanos en Colombia no precisó quiénes son los responsables de los homicidios.
“Hemos dicho basta ya, ni un líder social más asesinado en Colombia porque lo que requerimos es paz y tranquilidad”, agregó Negret en un audio divulgado a periodistas.
Según el presidente saliente Juan Manuel Santos, desde 2016 hasta marzo de 2018 han sido asesinados 160 líderes comunales y de DDHH en acciones atribuidas a diferentes grupos y motivaciones.
Los homicidios de activistas son uno de los principales reclamos de la disuelta guerrilla comunista FARC, que en noviembre de 2016 firmó un acuerdo de paz que la transformó en partido político.
Los rebeldes temen que ocurra un exterminio similar al perpetrado en las décadas 1980 y 1990 por paramilitares de ultraderecha en complicidad con agentes estatales contra el partido de izquierda Unión Patriótica (UP), surgido de unas fallidas negociaciones de paz entre las FARC y el gobierno.
Desde la firma de la paz, al menos cuarenta excombatientes de las FARC y familiares de exguerrilleros han sido asesinados, según cifras oficiales.
Colombia, principal productor de cocaína del mundo y con más narcocultivos, busca superar el último conflicto armado del continente.
Radiografía de los líderes asesinados en el Caribe
El primer semestre de 2018 se cierra con un lamentable saldo de 12 líderes sociales asesinados en el Caribe, es decir, la región no es ajena a este tipo de prácticas criminales que hasta ahora se han concentrado en el sur del departamento de Córdoba, territorio en el que han sido asesinados nueve de los 12.
En el caso del sur de Córdoba, especialmente en los municipios de Tierralta, Valencia, Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Ure, la criminalidad es dominada por el Clan del Golfo. Aunque recientemente han aparecido competidores armados, que buscan disputarle el control de las zonas de cultivos de coca y procesamiento de clorhidrato de cocaína, así como las rutas que van desde los laboratorios o cocinas hasta los puntos de exportación ubicados en los municipios de Canalete, Los Córdobas, Moñitos y Puerto Escondido.
Dentro de los nuevos actores armados presentes en este territorio, se destacan los Caparrapos (que vienen desde el Bajo Cauca) y los JJ, estos últimos, según la Defensoría del Pueblo, aparecieron en diciembre del año pasado en zona rural de Tierralta y estarían conformados en su mayoría por ex integrantes del desmovilizado frente 58 de las Farc.
Además serían financiados por carteles de la droga mexicanos, que buscan mantener estable y ampliar la producción de clorhidrato de cocaína en los territorios desocupados por las Farc, lo que explicaría los recientes asesinatos de líderes sociales que estaban al frente de procesos de sustitución voluntaria de cultivos en comunidades rurales de Tierralta y San José de Ure.
En este sentido, es importante resaltar que el sur de Córdoba es geográficamente estratégico porque sirve como corredor de movilidad entre la Costa Caribe, el Bajo Cauca, el Norte de Antioquia y Urabá (antioqueño y chocoano), teniendo como nodo central el Parque Nacional Nudo de Paramillo. El control territorial de este parque natural resulta importante por la extensa red de conexiones terrestres y fluviales que ofrece, entre otras cosas porque conecta zonas de cultivos y centros de producción y acopio de clorhidrato de cocaína, con rutas de transporte y puntos de exportación.
En términos generales, el exterminio sistemático de líderes sociales, evidencia (entre otras) las siguientes situaciones:
1- El Estado colombiano no es soberano en gran parte de su territorio, por lo cual no puede garantizar la vida, bienes y honra de todos sus ciudadanos.
2- La impunidad judicial y la indiferencia ciudadana estimulan estas prácticas criminales.
3- En muchos territorios, la violencia sigue siendo usada como medio efectivo para detener cambios sociales o la posibilidad real de que estos sucedan.
4- La situación tiende a agravarse en la medida en que el gobierno electo está más preocupado por modificar el acuerdo del Teatro Colón que en condenar estos hechos lamentables y brindar garantías plenas para el ejercicio de los liderazgos sociales.
5- El asesinato de los líderes sociales rompe el tejido social, inmoviliza e invisibiliza comunidades enteras, afectando directamente su desarrollo social y material.
