Ayotzinapa: magistrado falla contra la creación de la Comisión de la Verdad
Imposible crear la Comisión de la Verdad para Ayotzinapa: magistrado
Un magistrado federal resolvió hoy miércoles que es jurídicamente imposible crear la Comisión de la Verdad y la Justicia para investigar, de nueva cuenta, la desaparición de 43 estudiantes —de la normal dura Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa— en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.
Sabino Pérez García, titular del Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, Tamaulipas, declaró fundado un incidente de imposibilidad planteado por la Procuraduría General de la República (PGR), que considera no puede cumplir la orden de crear la Comisión, prevista en cinco amparos concedidos en mayo y junio pasados por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.
“Se declara que existe imposibilidad jurídica para cumplir la sentencia protectora pronunciada el 31 de mayo de 2018 dentro de los autos del juicio de amparo en revisión 204/2017, en relación con el apartado donde se ordeno la Constitución de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (caso Iguala) y las facultades concedidas en la investigación de delitos a dicha comisión”, se lee en el acuerdo del tribunal unitario.
Lo anterior, en el amparo 121/2015 promovido por Patricio Reyes Landa, El Pato, uno de los presuntos sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos procesados por la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
La sentencia dictada por Pérez García puede ser impugnada mediante recurso de inconformidad, que según el artículo 203 de la Ley de Amparo, toca resolver a la Suprema Corte de Justicia.
El plazo para la inconformidad es de 15 días hábiles y podría ser promovida por abogados de Reyes Landa, si es que tienen interés en que se integre la Comisión, o por familiares de las víctimas.
Pérez García, veterano de 24 años como juzgador federal, no publicó su sentencia, pero la PGR y la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia habían advertido que las instrucciones del tribunal colegiado violan el artículo 102 de la Constitución, que reserva al Ministerio Público (MP) la facultad de investigar los delitos.
Lo anterior, ya que la Comisión de la Verdad y la Justicia estaría encabezada por representantes de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que decidirían las líneas de investigación, con los agentes del MP y peritos de la PGR como meros auxiliares.
Cuando la PGR presentó los incidentes de imposibilidad de cumplimiento, la CNDH se sumó a ellos, pues el ombudsman tampoco está facultado Constitucionalmente para indagar delitos y presentar acusaciones penales.
Las sentencias del tribunal colegiado son inusuales porque los amparos, de integrantes de Guerreros Unidos, sólo fueron promovidos para impugnar autos de formal prisión que se les dictaron por delincuencia organizada.
Pero los magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Carlos Gálvez Sánchez y Juan Antonio Trejo, fueron mucho más allá de la revisión de los autos de prisión, al desconocer toda la investigación de la PGR, ordenar la Comisión de la Verdad y girar instrucciones a múltiples dependencias del Ejecutivo y Legislativo que no fueron parte de los juicios.
En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el presidente Luis María Aguilar, dictó el pasado 9 de julio un acuerdo en el que advirtió que, ante un eventual incumplimiento de las autoridades, los ministros estarían en posibilidad de revisar “qué consideraciones de la parte decisoria de una sentencia de amparo no son congruentes con la litis planteada, y no deben tomarse en cuenta para decidir sobre su debido cumplimiento”.
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Organizaciones que representan a familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos reprobaron la resolución del magistrado Sabino Pérez García, titular del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito Judicial, al considerar que “sucumbió” ante la presión del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Y es que, recordaron que dicho magistrado consideró “fundado el incidente de imposibilidad jurídica promovido por la Procuraduría General de la República” (PGR) para atender el ordenamiento judicial de crear una Comisión de Investigación para la Justicia y Verdad que con la que se pueda saber el paradero de los estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.
En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), así como el Centro de Análisis e Investigación Fundar, lamentaron la determinación del magistrado dirigida a combatir la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado del mismo Circuito Judicial, ambos con residencia en Reynosa, Tamaulipas, para crear un “mecanismo extraordinario” para el caso que ha marcado el sexenio de Peña Nieto.
“Toda la fuerza del Estado se volcó, no a la búsqueda de los desaparecidos, sino al combate de una sentencia innovadora de un tribunal que asumió a cabalidad su rol de contrapeso democrático”, resaltaron, tras destacar que, desde la Presidencia de la República y su Consejería Jurídica, así como diversas secretarías y dependencias federales, incluso, el Poder Legislativo, presentaron un centenar de escritos contra la sentencia garantista.
