Argentina: se conoció cómo será el ajuste que le impone el FMI
La letra chica
El Fondo Monetario Internacional difundió ayer su evaluación interna de la economía argentina. El paquete de documentos elaborado por los técnicos del organismo multilateral ofrece detalles sobre el programa de ajuste fiscal que propuso el gobierno. Anticipa despidos de empleados estatales, mayores aumentos de tarifas, recorte del financiamiento para las empresas públicas y la paralización de la obra pública. Los técnicos del FMI revelan que el Ministerio de Hacienda ofreció postergar la reducción de las retenciones a la soja para garantizarse mayores ingresos tributarios, aunque la dependencia encabezada por Nicolás Dujovne se apresuró luego a desestimar que vaya a limitar la rebaja en los derechos de exportación comprometida con el sector agroexportador. El resto de las medidas fiscales listadas en el documento no fueron puestas en duda por las autoridades locales. El informe reitera la intención oficial de “amortizar” los activos del Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la Anses (ver aparte) y suma a ese listado la venta de tierras. En materia impositiva propone postergar el recorte en las contribuciones patronales previsto en la reforma fiscal aprobada a fines del año pasado. “El staff evalúa que la deuda es sustentable, pero no con una alta probabilidad”, advierte el Fondo al referirse a los pasivos externos del país.
El paquete de documentos consta de 125 páginas donde los técnicos del organismo multilateral ofrecen detalles hasta ahora desconocidos del acuerdo que habilitó el crédito stand-by por hasta 50.000 millones de dólares durante tres años. Entre los elementos identificados figura “la reducción del salario real de los trabajadores públicos” fijando un techo nominal para los incrementos del 8 por ciento hasta junio de 2019. “Reducir la nómina salarial ajustando el empleo público a través del recorte sostenido de empleados no prioritarios en 2018 y congelando las contrataciones en la administración federal”, sostiene el informe interno elaborado por el staff del organismo multilateral que fue remitido un mes atrás a las autoridades del FMI. Con esa evaluación de las medidas propuestas por Argentina, los miembros del directorio aprobaron el préstamo extraordinario que solicitó el gobierno de Mauricio Macri para intentar frenar la crisis. La publicación del documento se postergó al punto que excedió los plazos previstos en la política de transparencia del Fondo.
El FMI ofrece dos escenarios. La visión optimista está acompañada por una recesión para los próximos meses que arrojará un magro crecimiento de 0,4 por ciento a fin de año. En el otro extremo los técnicos del Fondo evaluaron que si Argentina no recupera “la confianza del mercado” el PBI terminará 2018 con una contracción del 1,4 por ciento. El denominado escenario adverso contempla, entre otros elementos, una corrida bancaria donde se esfuma la totalidad de los depósitos en dólares. Como reconoció el gobierno al abandonar sus metas de inflación, los aumentos de precios oscilarán este año entre 27 y 32 por ciento.
“Persisten riesgos considerables para la sustentabilidad de la deuda”, advierten los técnicos del organismo encabezado por la francesa Christine Lagarde. Entre los elementos que destaca el FMI figura “la gran participación de la deuda en moneda extranjera (lo que hace que la dinámica de la deuda de Argentina sea susceptible a un debilitamiento sostenido del tipo de cambio real) y las grandes necesidades de financiamiento externo que, según la experiencia internacional, ha demostrado ser un fuerte predictor de una crisis de deuda”. El documento también enciende señales de alarma sobre el impacto del acuerdo stand-by sobre la liquidez del FMI. El paquete de documentos ofrece una adenda a la carta de intención enviada por Argentina donde las autoridades argentinas borraron la firma del desplazado presidente de la autoridad monetaria, Federico Sturzenegger, para reemplazarla por la de su sucesor, Luis Caputo.
Los lineamientos fiscales que guiarán la política económica hacia un ajuste de 500.000 millones de pesos a lo largo de los próximos tres años estarán acompañados por profundos cambios en el esquema de política monetaria y cambiaria que fueron reafirmados por el informe del organismo multilateral. “El Banco Central está comprometido a mantener un tipo de cambio flotante, con intervenciones limitadas a períodos donde exista una clara disfunción del mercado”, sostiene el documento que también remarca la reforma en la Carta Orgánica del BCRA.
A la hora de evaluar el cumplimiento de los criterios para acceder a un crédito extraordinario el FMI considera que el gobierno de Macri tiene “la capacidad política e institucional para llevar adelante el ajuste”. No obstante, los autores del informe advierten que “hay una preocupación vinculada a la habilidad del gobierno para construir el apoyo para las medidas que requieren se aprobadas por el Congreso”.
Antes de listar las posibles medidas fiscales los técnicos del FMI sostienen que el ajuste “será apuntalado por medidas en marcha y un compromiso para implementar mayores avances en el contexto del presupuesto 2019”. Entre esas propuestas figura el limite a las reducción de las retenciones a la soja.
A diferencia del Memorando de Políticas Económicas y Financieras elaborado por el gobierno argentino, el Staff Report ofrece indicios sobre las modificaciones que pretenden desplegar las autoridades. “Demorar la implementación de la recientemente aprobada reforma fiscal a 2020 como mecanismo para preservar ingresos (la postergación de las reducciones en los aportes patronales y la posibilidad de deducir del impuesto a las Ganancias a las transacciones financieras)”, expresa el documento. Las medidas contemplan “racionalizar el gasto en bienes y servicios, con un recorte del 15 por ciento en términos reales en 2018 y continuando en 2019” y “reducir los gastos de capital 0,6 puntos porcentuales del PBI para 2019 con la expectativa de que los proyectos de PPP protejan el nivel global de desembolsos en infraestructura pública”.
El FMI advierte sobre los riesgos políticos que podrían hacer más difícil la implementación del acuerdo
El Fondo Monetario Internacional difundió este viernes el detallado informe que los técnicos del organismo presentaron al Directorio para la aprobación el mes pasado del acuerdo stand by para la Argentina por 50.000 millones de dólares. En el extenso documento, los expertos estiman un menor crecimiento del PBI y señalaron que el programa tiene “riesgos evidentes”, aunque estimaron que “la firme y rápida implementación de las políticas permitirán que el país capitalice plenamente su potencial económico y asegure que todos los argentinos estén incluidos en la futura prosperidad del país”.
El informe señala que las “recientes turbulencias del mercado y la contracción fiscal llevarán a un retroceso del crecimiento en 2018”. Se estima que el país crecerá sólo un 0,4% este año; un 1,5% en 2019 y un 2,5% en 2020.
Los técnicos del FMI informaron al directorio de ciertos riesgos que podría enfrentar el programa, pero en Washington se estima que “no es el escenario base” que los expertos manejan ya que están confiados en que el corazón de las medidas encaminadas y promovidas por el Gobierno será implementado.
El informe señala que aún hay “importantes riesgos para la sustentabilidad de la deuda”, y aclara que los más evidentes en el corto plazo están ligados a las necesidades fiscales en un escenario de estrés; la cantidad de deuda en moneda extranjera y el hecho de que la propuesta de consolidación fiscal es ambiciosa, entre otros.
En uno de los capítulos estiman que la duda tendrá un pico a fines de 2018 y comenzará a caer luego gracias al ajuste fiscal, a la recuperación económica, las tasas de interés más bajas. Señalan que luego de haber llegado a un alza de 65% del PBI este año, la deuda caerá a un 56% en el último año del programa.
En otros de los puntos del informe, el FMI señala que el realineamiento de los objetivos fiscales va a estar basado en medidas que ya han sido implementadas este año y “el compromiso de más pasos en el contexto del Presupuesto de 2019”. En este sentido, el organismo especifica:
-La postergación de la implementación de partes de la reciente reforma impositiva a 2020 (como por ejemplo las contribuciones sociales de los empleadores)
-Mantenimiento del promedio de la tasa de exportación de los productos de soja al 25,5%.
-Mayor reducción de subsidios ineficientes en energía y transporte.
-Racionalización de los gastos en otros bienes y servicios, con un recorte de 15% en 2018 que continúe en 2019.
-Reducción del empleo público y congelamiento de contrataciones en la administración federal.
-Recortar las transferencias a empresas estatales un 15% en 2019, en combinación con los esfuerzos de fortalecer su posición financiera.
-Reducir las transferencias discrecionales a las provincias un 1,2% del PBI para 2019. Y recortar el déficit fiscal a nivel provincial.
-Reducir gasto de capital un 0,6% del PBI con la expectativa de que los proyectos con Asociaciones Público-Privadas protejan los planes de infraestructura pública previstos.
-Venta de tierras y amortización de fondos de pensiones que hoy están retenidos para financiar el pago de reclamos de pensiones. El Gobierno busca continuar trabajando en el Parlamento para definir un camino para mejorar el sistema de pensiones para hacerlo más justo y financieramente sustentable.
En Washington estiman que esto no significa que necesariamente estas medidas tengan que implementarse todas, sino que irán cobrando mayores posibilidades a medida que se vayan cumpliendo o no los objetivos.
El FMI resalta que el objetivo del Gobierno es restablecer la confianza de los mercados con un plan macroeconómico que disminuya las necesidades financieras, fortalezca el plan para reducir la inflación y la deuda pública y refuerce la independencia del banco central.
En otro de los capítulos, el FMI destaca que el acuerdo incluye un esfuerzo para “minimizar los efectos del ajuste entre los más vulnerables” y el apoyo a medidas para fomentar la igualdad de género.
