2018: el año de la crisis peruana – Por Alonso Marañon

En 31/07/2018

El 2018 viene siendo el año de la crisis peruana. La política continúa impactada por la gran corrupción. Pasada la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski por sus negocios lobbistas con la empresa Odebrecht, ahora la inestabilidad continúa a través de la difusión de más de 40 audios en los que se aprecia una gran red de corrupción en torno al Estado.[1] Lo que comenzó con una investigación policial para atacar al narcotráfico en la provincia del Callao, a través de interceptaciones telefónicas, fue encontrando muchas conexiones de corrupción entre congresistas, jueces, empresarios y periodistas.[2] Los audios con escuchas han sido filtrados por la prensa y desde el 7 de julio se ha vuelto habitual amanecer con un nuevo audio cada dos o tres días.

Si bien la desconfianza en las instituciones, los partidos y los políticos es parte de la idiosincrasia peruana desde la transición democrática, la situación actual expresa una crisis inédita. El impacto mediático y su repercusión política han sido tales, que Duberlí Rodríguez, presidente del Poder Judicial, renunció a su cargo el jueves 20 de julio. A continuación, una pequeña descripción de la información que los audios han explicitado.

El escándalo de los audios

El Poder Judicial es una de las instituciones más afectadas por la filtración de audios. En primer lugar, la Corte Superior de Justicia del Callao estuvo involucrada con organizaciones criminales de su jurisdicción. En dicha instancia judicial se ejercían negociaciones con abogados de procesados por narcotráfico y extorsión para cobrar dinero y tráfico de influencias. Asimismo, la designación arbitraria de jueces contribuyó en la ampliación de la red de corrupción, pasando por encima de los mecanismos y concursos correspondientes.[3] A raíz de las filtraciones, la Fiscalía ordenó la captura de Walter Ríos, ex-presidente de la Corte del Callao y uno de los principales personajes de los audios, logrando su encarcelamiento por 18 meses bajo la modalidad de prisión preventiva.

En segundo lugar, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el órgano autónomo que nombra y destituye jueces y fiscales en el Perú, también se vio implicado con las gestiones de Ríos. Los audios comprometen a varios de los miembros del CNM en coordinaciones para la repartición y elección de cargos públicos. Incluso hay un video que muestra la cercanía del ex-presidente del CNM con Walter Ríos y otros jueces. Si bien en un primer momento los consejeros del CNM se negaron a renunciar, la continua difusión de audios determinó que el Congreso se viera impelido a remover a todos los miembros de dicho organismo.

En tercer lugar, el escándalo ha penetrado en la Fiscalía de la Nación. Las filtraciones han comprometido al fiscal supremo Pedro Chavarry, a quien se escucha pautando una reunión con el juez de la Corte Suprema, Cesar Hinostroza, un personaje clave y vinculado con la elección del presidente del CNM, la absolución de un violador de una menor de edad y una llamativa cercanía a Walter Ríos. Hinostroza, actualmente suspendido en su labor de juez, fue un nodo muy importante en la red de la corrupción por sus influencias en la Corte Superior del Callao, la Corte Suprema, el Ministerio Público y la Academia de la Magistratura.[4] Ante la inminencia de la difusión del audio donde Hinostroza estipulaba una reunión con Chavarry, éste decidió adelantar las elecciones (programadas para noviembre) con el fin de ser electo como nuevo fiscal de la Nación. Así, la junta de fiscales supremos se reunió y Chavarry fue elegido con votos de un fiscal que intentó detener la difusión de más audios y otro también relacionado con Hinostroza. Por su parte, Chavarry también ha sido objeto de críticas a raíz de su participación en el fujimorato en los años ’90.[5] Un dato significativo es que el presidente de la República no asistió a la juramentación del nuevo fiscal, incumpliendo uno de los requisitos legales para completar el proceso de designación del máximo representante del Ministerio Público -quien, además, es el encargado del proceso Lava Jato-. Esto ha ocasionado muchas críticas en torno a la legalidad de la elección de Chavarry.

¿A quiénes erosionan los audios?

Las fuerzas políticas tradicionales, el fujimorismo y el aprismo, se han visto implicados en la red de corrupción. Por un lado, si bien importantes congresistas fujimoristas han sido mencionados en las interceptaciones, lo más importante de resaltar es el audio que revela una conversación en la que el juez Hinostroza acepta reunirse con una “señora K” de la “Fuerza Número 1”, en clara alusión a Keiko Fujimori y Fuerza Popular.[6] La líder fujimorista salió a desmentir que fuera ella la aludida, pero para colmo de males la puesta en escena situaba a la ex-congresista al lado de una bandera de su partido con la letra “K”. A pesar de sus declaraciones, la opinión pública se posicionó mayoritariamente en su contra: una reciente encuesta precisa que un 89% de informados del tema cree que la señora K es Keiko Fujimori.[7] Esto refuerza la erosión de su imagen positiva. Las encuestas indican que la hija del ex-dictador continúa restando favorabilidad; si en diciembre del 2017 su aprobación era del 29% y su desaprobación era 64%, actualmente es de 19% y de 74%, respectivamente.[8] En este aspecto, dos temas han sido claves para explicar el deterioro de la imagen de Keiko: las evidencias de que recibió financiamiento de Odebrecht y la primera moción de vacancia que culminaría con el indulto concedido a su padre. Su vinculación al escándalo de los audios es el último hecho que va en detrimento de su imagen.

A pesar del deterioro de la bancada fujimorista, el jueves 26 de julio Daniel Salaverry (Fuerza Popular-FP) se impuso en las elecciones y logró la Presidencia del Poder Legislativo. Desde las elecciones generales del 2016, el Congreso siempre ha estado bajo el control de FP. Sin embargo, la mella que ha significado el escándalo mediático se ha hecho explícita, pues Salaverry obtuvo menos votos que sus predecesores. El fujimorismo ganó este año con 69 votos, cuando el año pasado lo hizo con 84. Además, las encuestas indican que un 81% de la ciudadanía manifestó su disconformidad con el hecho de que Fuerza Popular continúe al frente de la Presidencia del Congreso.[9] Ante la presión mediática, el control del Congreso es un bastión clave para contener las investigaciones que impliquen a sus miembros.

El escándalo de los audios también alcanzó a otras fuerzas políticas; el congresista Mauricio Mulder[10], del APRA, aparece en un audio coordinando una reunión con el juez César Hinostroza. En la conversación se entiende que ambas personas tienen una relación cercana.[11] Asimismo, el empresario Mario Mendoza, muy relacionado a Walter Ríos, llamó a Mulder para coordinar una cena y posteriormente se comunicó con un ex-miembro del CNM para que se sume a la reunión pactada.[12] Alan García, ex-presidente y principal líder del APRA, salió en defensa de Mulder alegando que no existe delito en las conversaciones de los audios y sugiriendo que deberían ser investigadas las intercepciones telefónicas. El APRA vive actualmente el peor momento de su larga historia (fuertes disputas internas y una desaprobación del 89% de García) y los audios continúan afirmando las percepciones de corrupción en torno a este partido. Por ello, tanto el aprismo como el fujimorismo se han concentrado en hacer nula referencia al contenido de los audios y, más bien, en concentrarse en las formas, es decir, la filtración de conversaciones privadas, así como en ataques a los periodistas y jueces responsables de su difusión.

El rol del Ejecutivo

El presidente Martín Vizcarra aprovecha por ahora el contexto para afirmar una imagen contra la corrupción y presionar al fujimorismo. En primer lugar, cuando en un audio apareció la conversación entre Salvador Heresi (ministro de Justicia) y Cesar Hinostroza, el presidente pidió inmediatamente vía Twitter la renuncia del entonces ministro. Heresi dimitió de su cargo el 13 de Julio y negó haber cometido actos ilícitos. En segundo lugar, Vizcarra creó la “Comisión de Reforma del Sistema de Justicia” cuyas propuestas anunció el 28 de julio. En tercer lugar, el presidente convocó a una sesión extraordinaria del Congreso para que debatiera la remoción de todos los miembros del CNM, en virtud de lo facultado por la Constitución. El Congreso se reunió el 20 de julio y todos sus miembros votaron por dicha remoción, lo cual fue celebrado por Vizcarra.

En su discurso del 28 de Julio, día de la independencia del Perú, Vizcarra anunció que propondrá un referéndum en torno a cuatro puntos: impedir la reelección de congresistas, el retorno a la bicameralidad, cambiar el esquema de financiamiento privado de los partidos y reformar el CNM. El contenido de las medidas y la estrategia para implementar el referéndum son aún desconocidos, pero es seguro que el presidente intenta conectar con un ánimo nacional que rechaza a los representantes políticos y que exige cambios. Una eventual oposición del Congreso, y particularmente del fujimorismo, podría resultar funcional a los intereses del presidente. De esta forma, Vizcarra busca mejorar su aprobación en las encuestas, que ha ido en descenso desde su llegada a la presidencia, en abril del presente año. El referéndum nacional es una propuesta interesante en este sentido, aunque inusual puesto que en el siglo XXI sólo se ha realizado una vez en el 2010 respecto a una devolución de dinero a trabajadores estafados por el Estado en los años ‘80 y ‘90.

Protesta social

Las manifestaciones callejeras también han jugado un rol importante en el presente contexto. El jueves 19 de julio hubo marchas contra la corrupción en Lima, Arequipa, Cusco, Tacna, Puno y otras regiones del Perú. Si bien inicialmente la protesta fue convocada por Verónika Mendoza, ex-candidata presidencial de izquierda en el 2016, posteriormente se sumaron gremios, colectivos, colegios profesionales y la ciudadanía en general. Incluso el mismo Vizcarra, en una declaración muy ajena a lo tradicionalmente afirmado por un presidente peruano, respaldó la movilización social. En la capital, miles de personas salieron a manifestarse en clara indignación por la información vertida por los audios.[13] La movilización continuó el 27 de julio y miles de personas volvieron a las calles en todo el Perú. En las consignas se escuchan múltiples voces: el “que se vayan todos”, la indignación ante la corrupción estatal, la crítica a los jueces que absuelven a violadores, la reforma de las instituciones, la exigencia de una asamblea constituyente, etc.

La discusión pendiente de las reformas y próximos escenarios

En medio del dinámico escenario de audios, renuncias y marchas, la discusión de las reformas aún es un tema pendiente. El lunes 23 de julio el Congreso aprobó declarar en emergencia al CNM por un plazo máximo de nueve meses, suspendiendo así su funcionamiento y empezando un proceso de reestructuración, pero aún sin mayor detalle. La discusión en los medios de comunicación y en el Poder Legislativo, por ahora, gira mucho en torno al tipo de miembros que debe haber en el CNM, su proceso de elección y el modo por el cual hacer la reforma de este órgano. Sin embargo, en el debate también están apareciendo las ideas de que los cambios requeridos trascienden al CNM y al Poder Judicial. En este sentido, Verónika Mendoza mencionó que la crisis es de todo el sistema y que la solución pasa por una nueva Constitución y por nuevas elecciones generales.[14] A su vez, el candidato al municipio de Lima, Manuel Velarde, publicó en redes sociales que se hace necesaria una Asamblea Constituyente para tener justicia y transparencia.[15]

En suma, la política peruana atraviesa un proceso álgido que aún tiene para rato. Esta inestabilidad es nueva en el contexto que tuvo lugar después de la caída del régimen de Fujimori. Nunca antes tantas instituciones centrales del Estado habían estado simultáneamente envueltas en casos de corrupción. A la lista previamente descrita es necesario agregar a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), órgano encargado de organizar las elecciones peruanas, pues existen denuncias de que está controlada por un operador fujimorista vinculado con personajes de los audios.[16]

Tantas denuncias por corrupción abren un campo de conflicto por el poder en el país, lo cual guarda relación con la fuerza del fujimorismo en el Congreso y sus intentos por cooptar mayores espacios estatales. Por un lado, hay manifestaciones callejeras y una corriente de opinión pública que encuentra en el fujimorismo el gran responsable de la actual situación, por otro lado, ciertas élites económicas relacionadas a grandes medios de comunicación, como el diario El Comercio, apuntan sus denuncias hacia el fujimorismo. En este escenario se podrían abrir oportunidades para el cambio si la ciudadanía refuerza su accionar en las calles. El referéndum propuesto por el presidente puede ser útil en este sentido, pues abrirá una discusión sobre los temas a incluir y en el proceso político. Pero los resultados nunca están dichos de antemano.

[1]

https://diariocorreo.pe/politica/conoce-los-36-audios-de-la-presunta-corrupcion-en-cnm-830878/

[2] http://redinfluencia.convoca.pe/

[3] https://idl-reporteros.pe/corte-y-corrupcion/

[4] https://larepublica.pe/politica/1283676-conexiones-alcance-red-corrupcion-descubierta-cnm-audios

[5] https://larepublica.pe/politica/1282829-pasado-pedro-chavarry-fiscal-regimen-fujimorista

[6] https://www.youtube.com/watch?v=7pWaix8pP-k

[7] https://elcomercio.pe/politica/89-informados-cree-senora-k-refieren-keiko-fujimori-noticia-538695

[8] https://www.ipsos.com/es-pe/opinion-data-16-de-julio-del-2018

[9] https://larepublica.pe/politica/1282828-encuesta-gfk-crece-reclamo-popular-fujimorismo-deje-presidencia-congreso

[10] El mismo que presentara el proyecto de ley para prohibir la pauta oficial en los medios privados, ver: http://www.celag.org/peru-nuevamente-el-congreso-quiere-marcar-la-cancha/

[11] https://peru21.pe/politica/cnm-audios-mauricio-mulder-coordina-reunion-cesar-hinostroza-video-416683