Piñera indultó a un militar preso por crímenes de lesa humanidad
Gobierno ha concedido tres indultos: uno fue a reo de Punta Peuco
Durante los primeros 100 días de su segundo mandato, el gobierno del Presidente Sebastián Piñera ha otorgado tres indultos a personas que cumplían penas efectivas en algún recinto penal de Chile.
Según información a la que accedió La Tercera vía Ley de Transparencia, el beneficio se entregó en todos los casos por “razones humanitarias de salud” y fue recibido por internos de los centros penitenciarios de Temuco, Colina II y Punta Peuco.
Este último se trata del primer beneficio de este tipo que se concede a un condenado que se encuentre en dicho penal, que recibe a los sentenciados por causas de derechos humanos. La remisión había sido solicitada por diferentes individuos en 12 oportunidades, pero todas ellas recibieron la negativa de las autoridades de turno.
Sin embargo, este primer indulto alcanzó a otorgarse, pero no se materializó. El beneficio fue otorgado al excoronel René Cardemil, condenado a 10 años y un día de prisión por el asesinato de seis personas en el sector del Túnel Lo Prado, en octubre de 1973. Se trató del denominado caso Torres de San Borja, en alusión al lugar en que se detuvo a las víctimas.
El documento recibió la toma de razón de la Contraloría General de la República el 6 de abril. No obstante, Cardemil falleció al día siguiente en el Hospital Militar, a causa de un cáncer prostático con metástasis óseas. Esto, previo a que el documento ingresara al Ministerio de Justicia.
La solicitud fue realizada por el abogado Raúl Meza el 11 de marzo, el día en que Piñera asumió el gobierno. La Presidenta Michelle Bachelet, anteriormente, se había negado a otorgarlo.
De acuerdo a la información entregada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Cardemil, de entonces 75 años, fue evaluado el 22 de marzo por el enfermero jefe y el médico cirujano de Punta Peuco. Según estos antecedentes, en esa fecha el exoficial se encontraba en el recinto asistencial privado con cuidados paliativos y tratamiento del dolor en la unidad del cáncer. El diagnóstico fue confirmado el 6 de abril por el Servicio Médico Legal (SML).
Raúl Meza, abogado de reos de Punta Peuco, valoró “profundamente” que Piñera concediera el indulto a Cardemil. “Si bien, por razones administrativas, no fue notificado en vida el beneficio, devela la voluntad humanitaria que tiene este gobierno de conceder indultos a aquellos reos que padezcan una enfermedad terminal y desean morir con dignidad junto a sus seres queridos”.
De forma distinta se manifestó Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, para quien resulta “un precedente nefasto el acogimiento de dar un indulto a un criminal de lesa humanidad como René Cardemil. El Presidente Piñera aplicó este beneficio a una persona que cometió crímenes atroces y que no pidió jamás perdón”.
Tras su deceso, se conoció un video en que Cardemil, desde el Hospital Militar, adelantaba la publicación de un libro que descalificaría diversas situaciones acontecidas entre 1973 y 1990. “Es un saludo para todos aquellos que sufrieron y no es raro que vayan a seguir sufriendo, porque estos salvajes de la UP, estos salvajes que se han vengado de nosotros, no nos van a ganar, nunca nos van a ganar”, señaló Cardemil en el registro.
Luciano Fouillioux, abogado de las familias Prats y Frei, se mostró de acuerdo con el indulto en casos de enfermedades terminales, “sin importar la condena ni el caso, siempre que exista el cumplimiento de los requisitos previos”.
La actual administración ha dicho que prepara un proyecto de ley de conmutación de penas en caso de enfermedad terminal y demencia.
Durante el gobierno anterior de Bachelet, en total se otorgaron 10 indultos. El número 11 estaba dirigido al exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Jorge Mateluna, quien cumple condena por un asalto en Pudahuel. No obstante, el otrora ministro de Justicia Jaime Campos no tramitó este beneficio.
Los otros indultos
Luis Hernán Gerbier fue condenado a dos penas como autor de los delitos de circulación de billetes falsos y robo con violencia. Mientras estaba en el Centro Penitenciario de Temuco le fue detectado un cáncer gástrico, lo cual impulsó a que Gendarmería propusiera su indulto. Es así que el 6 de abril, por orden del Presidente Piñera, el ministro Larraín autorizó la solicitud y conmutaba la pena de cárcel efectiva por reclusión domiciliaria nocturna.
“El solicitante presenta diagnóstico de cáncer gástrico avanzado inoperable, pesando 46 kg y midiendo 167 cm”, indicó el informe del SML del 5 de marzo de 2018, el cual enfatizó que la enfermedad era inoperable y que el interno tenía un tiempo de sobrevida de “siete a nueve meses, aproximadamente”.
El tercer caso trata de un interno del Centro Penitenciario Colina II, quien fue indultado el 19 de junio, mismo día en que el decreto fue ingresado a la Contraloría .
De acuerdo al documento, el interno sufrió un accidente cerebro vascular hemorrágico. Y se enfatiza que permanece postrado en una cama, no se alimenta solo, se encuentra perdido en tiempo y espacio. “Se trata de una enfermedad irrecuperable física y mentalmente, que le impide valerse por sí mismo “, indicó el informe del SML del 16 de mayo.
Esta persona se encuentra cumpliendo una pena de tres años y un día de presidio.
Caso Riggs: Corte Suprema ordenó embargar bienes de Augusto Pinochet
La Corte Suprema puso fin al denominado caso Riggs y estableció que el dictador Augusto Pinochet desvió de forma ilícita US$ 6.466.406 correspondientes a gastos reservados a cuentas que mantenía en el extranjero, algunas de ellas bajo nombres falsos.
El máximo tribunal, a petición de un recurso presentado por el Consejo de Defensa del Estado, restituir al fisco el dinero que aún está en las cuentas confiscadas y los bienes del fallecido gobernante de facto.
El patrimonio corresponde, de acuerdo con cifras citadas por La Tercera, a US$ 4.894.638 y $ 124.566.242 en instrumentos bancarios, tres vehículos y 24 propiedades tasadas en US$ 7,3 millones.
De este total el Estado chileno pretenden recuperar aproximadamente US$ 6 millones. En los próximos días, los ministros de la Corte Suprema revisarán las cuentas congeladas para determinar específicamente qué inmuebles fueron adquiridos con dineros malversados.
Una vez que quede ejecutoriado el fallo de la Sala Penal, el CDE irá un Juzgado Civil para solicitar que se inscriban los bienes comisados a nombre del Fisco. Una vez hecho el traspaso ante el Conservador de Bienes Raíces, las propiedades serán rematadas a través de la Dirección General del Crédito Prendario, la popular Tía Rica.
El fin del Caso Riggs: Por qué los bienes de Pinochet terminarán siendo rematados por la “Tía Rica”
Todo comenzó -por casualidad- el 14 de julio de 2004, cuando el subcomité permanente de investigación del Senado de Estados Unidos descubrió movimientos bancarios sospechosos en el Banco Riggs de Washington. En realidad, los legisladores norteamericanos perseguían rastros de financiamiento del terrorismo internacional, pero terminaron revelando 125 cuentas -hasta entonces secretas- que mantenía Augusto Pinochet Ugarte y sus colaboradores, en las que se atesoraban más de US$ 21 millones.
Catorce años después, la justicia chilena puso término al denominado “caso Riggs”, en que se investigó el origen de la fortuna del fallecido general, logrando establecer judicialmente que Pinochet -ayudado por sus asesores- logró desviar de forma ilícita US$ 6.466.406 de gastos reservados a cuentas que mantenía en el extranjero, algunas de ellas abiertas con nombres falsos.
La Corte Suprema revisó el martes 19 y miércoles 20 el último recurso presentado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para obligar la restitución de los bienes al Fisco y le dio la razón. En un fallo -de carácter inapelable- la Sala Penal del máximo tribunal, por cuatro votos contra uno, ordenó devolver a las arcas públicas el dinero que se mantiene en cuentas confiscadas y los bienes del fallecido excomandante en jefe del Ejército que fueron objeto de comiso durante la tramitación del “caso Riggs” y que -en total- están avaluados en cerca de US$ 13 millones.
El patrimonio corresponde, según documentos del CDE que datan del 2014, a US$ 4.894.638,1 y $ 124.566.242 en instrumentos bancarios, tres vehículos y 24 propiedades tasadas en US$ 7,3 millones aproximados. A la fecha de hoy, el Fisco aspira restituir aproximadamente US$6 millones.
Hasta ahora, la familia de Pinochet disputaba en tribunales el usufructo de la fortuna luego que se estableciera la responsabilidad en calidad de autor del general (R) en el delito de malversación de caudales públicos, pero se le sobreseyera a causa de su muerte el 10 de diciembre de 2006.
Fuentes conocedoras de este caso sostuvieron -sin embargo- que aún no se establece con certeza la dimensión de los bienes que deberán ser entregados al Fisco. Y es que si bien la Sala Penal determinó devolver la totalidad de los dineros contenidos en las cuentas hasta ahora congeladas, en los próximos días los ministros se reunirán para revisar si la totalidad de los inmuebles embargados fueron adquiridos directamente con dineros de la malversación o existen algunos que hayan sido comprados con otros fondos.
La sentencia, que está siendo redactada por el ministro Jorge Dahm, se votó y quedó en acuerdo la misma semana que uno de los investigadores del “caso Riggs”, el juez Carlos Cerda, abandonó la Corte Suprema.
Una vez que quede ejecutoriado el fallo de la Sala Penal, el CDE tiene que ir a un Juzgado Civil y pedir que se inscriban los bienes comisados a nombre del Fisco. Realizado el traspaso legal ante los Conservadores de Bienes Raíces de cada ciudad en que se encuentren las propiedades se procede a realizar los remates de las ex casas de Pinochet a través de la Dirección General del Crédito Prendario, también conocido como la “Tía Rica”.
Los últimos alegatos
Tac, tac, tac. Con tres golpes en la tabla en que se anuncian los alegatos en el Palacio de Tribunales, el oficial de la Sala Penal de la Corte Suprema dio aviso el miércoles 20 a los abogados de que se daría inicio a la vista de la causa Riggs.
Pese a lo histórico del momento, solo hubo abogados. Ningún flash, ni una cámara acompañaron el ingreso de los intervinientes previo a los alegatos. De hecho, se ausentó una de las querellantes clave del “caso Riggs”, la abogada Carmen Hertz. Ese día, optó por ir al Congreso a desempeñar sus labores como diputada del PC.
Este sería, además, uno de los últimos recursos que revisaría en su carrera el ministro Milton Juica, quien deja el Poder Judicial mañana, debido a que el martes 26 cumple los 75 años, la edad tope para el cargo de supremo. Juica presidió la sala que también integraron Gloria Ana Chevesich, Jorge Dahm, Andrea Muñoz y Lamberto Cisternas. Éste último fue el voto de minoría del fallo.
Por el CDE alegó la consejera María Inés Horvitz. Por la familia Pinochet lo hizo el abogado Fernando Rabat, del estudio de Pablo Rodríguez Grez. No era la primera vez que un Horvitz se sentaba como contradictor ante un defensor de un Pinochet.
Dieciocho años antes, su padre, el abogado socialista Gustavo Horvitz, también había alegado ante el máximo tribunal del país el 14 de julio de 2000 pidiendo desaforar al entonces senador vitalicio. Quizás por ese motivo una de las pocas personas que estuvieron en el público de la sala fue la viuda de Horvitz, María Inés Lennon. Su hija, en tanto, solicitó al máximo tribunal del país revocar el fallo del tribunal de alzada capitalino por vicios formales y de fondo.
Sin perjuicio a terceros
Hace un año exacto, la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo dividido, había ordenado devolver los dineros y bienes decomisados a los herederos de Augusto Pinochet. La sentencia constituyó un revés para el Fisco, pues en marzo de 2015 el ministro Manuel Antonio Valderrama -en una sentencia de primera instancia- había establecido que ese patrimonio debía ser devuelto a las arcas fiscales, pues había sido obtenido mediante conductas ilícitas.
Pero el tribunal de alzada decidió que los bienes podrían seguir en manos de los herederos del fallecido general.
El análisis de los ministros de la corte santiaguina Jaime Balmaceda y Maritza Villadangos fue que si bien “se dio por acreditada la sustracción de fondos públicos que fueron destinados a acrecentar ilegítimamente el patrimonio de Pinochet Ugarte”, la responsabilidad penal se había visto extinguida con su fallecimiento. Según los mencionados magistrados, “no es posible jurídicamente decretar en la sentencia el comiso después de la muerte del presunto culpable”. A su juicio, “las penas deben ser personales y recaen directamente sobre el responsable y nada más que sobre él, sin que sus efectos puedan redundar en perjuicios para terceros”.
El caso dio un vuelco con los alegatos de Horvitz, quien -a nombre del CDE- cuestionó las absoluciones que la corte santiaguina hizo a los oficiales de la Caja Militar que giraban los cheques por orden de Pinochet y aseguró que las acciones en su contra no estaban prescritas, pues se trataba de un delito continuado, cuya última fecha de comisión no superaba el plazo para investigar una malversación.
La abogada, en todo caso, puso especial ímpetu en impugnar el análisis de segunda instancia respecto del comiso de los bienes de la familia Pinochet Hiriart. “Si bien las penas son personales, el comiso no tiene como fundamento la culpabilidad del condenado, sino la necesidad de evitar el enriquecimiento patrimonial injusto, esto es, sin fundamento jurídico legítimo”, sostuvo Horvitz.
A modo de ejemplo, la abogada expuso ante la Corte Suprema un fallo del mismo máximo tribunal que en junio de 2012 ordenó el comiso de los bienes de Mario Silva Leiva, conocido como “el cabro Carrera”, un conocido narcotraficante de los años 90, a quien la justicia embargó, 13 años después de su muerte, la fortuna heredada a su familia, avaluada en $ 11 mil millones y que fueron resultado de sus actividades ilícitas.
En el “caso Riggs”, sostuvo Horvitz, hay que tener en cuenta que “esos bienes en su totalidad eran patrimonio del señor Pinochet Ugarte, que ahora está reclamando su familia, que tampoco se puede considerar terceros que hayan adquirido su dominio de buena fe, puesto que varias cuentas en el extranjero y cheques girados respecto de esas cuentas están a nombre de la señora Lucía Hiriart y de sus hijos, lo que da cuenta de que todos estaban absolutamente concertados en estos delitos y creemos que sería una muy mala señal desde el punto de vista del efecto comunicativo de las penas el que se pudiera retornar, devolver, dejar sin efecto este comiso y restituir a quienes en todo momento estuvieron en conocimiento de los ilícitos cometidos por su padre y se beneficiaran con ello”, concluyó en su alegato la representante del Fisco.
La defensa de los Pinochet
Al día siguiente de la intervención de Horvitz fue el turno de Fernando Rabat -socio del Estudio Rodríguez, Vergara y Cía.-, quien alegó en representación de Lucía Hiriart, la viuda de Pinochet.
El abogado planteó ante los supremos que no podía accederse al comiso de dineros y bienes, pues en estricto rigor el fallecido general nunca fue condenado en el “caso Riggs”. “El general Augusto Pinochet fue sobreseído en esta causa en razón de su muerte (…); al ser sobreseído concluyó el proceso penal a su respecto, y fue en diciembre del año 2006 cuando el proceso se encontraba aún en estado de sumario, de suerte tal que cuando se cierra el sumario en junio del año 2014 no pudo ser elevada la causa a su respecto a la etapa de plenario, y al no ser elevada la causa a plenario no existe tampoco a su respecto acusación fiscal”.
Rabat elevó el tono de su alegato e intentó persuadir a la sala. “El general Pinochet no fue emplazado de la acusación fiscal y si no lo fue, entonces la sentencia no lo puede alcanzar, no puede ser condenada ni absuelta una persona si no ha sido emplazado en una acusación fiscal (…), quien ha sido sobreseído en la etapa de sumario no puede ser castigado con una pena”, enfatizó.
El abogado de Hiriart expresó, además, que al extinguirse la responsabilidad penal y no habiendo una sentencia definitiva a su respecto, no puede aplicarse la pena de comiso, pues “solo se puede aplicar a quien es parte del proceso penal”.
En ese sentido, Rabat defiende que el comiso solo puede aplicarse al responsable del crimen o simple delito, al dueño de los bienes y no respecto de terceros. “Al fallecer el general Pinochet por el solo ministerio de la ley se produjo la apertura de la sucesión, se notificó la herencia (…); por el solo hecho del fallecimiento del general Pinochet su cónyuge como legitimario adquirió el dominio de los bienes que integran su sucesión por sucesión por causa de muerte, es decir, se trata de bienes que pertenecen a un tercero que no es responsable de los crímenes o simple delito que se imputan y, por lo tanto, no puede el comiso alcanzar esos bienes que pertenecen a terceras personas que no son parte de este proceso penal”, alegó Rabat ante la Sala Penal para que se confirme lo obrado por el tribunal de alzada capitalino.
La defensa de los Pinochet finalizó sus alegatos contraviniendo lo expuesto por Horvitz. Sobre la viuda y sus hijos, Rabat aseguró que adquirieron los bienes por la sucesión de la muerte de Pinochet, “por el solo ministerio de ley”, y no se puede establecer que esos terceros “estén de mala fe”.
“No es posible respecto de mi representada (Lucía Hiriart) imponer este comiso, porque se trata de un tercero de buena fe, conforme es el mérito de los hechos asentados en los fallos que se encuentran en conocimiento de esta excelentísima corte, entonces no son efectivos los argumentos expuestos por la defensa fiscal”, finalizó.
Tras esta última intervención, el presidente de la Sala Penal, Milton Juica, tocó una campanilla que da cuenta de la finalización de los alegatos. “Muchas gracias, hemos terminado”, dijo, y todos abandonaron la sala.
El último tomo de la causa
El “caso Riggs” tuvo 380 tomos bajo el Rol 1649-2004. De él se desprendieron otras tres aristas, la indagatoria tributaria, Cema Chile y tanques Leopard. En esta última causa, que fue alegada por el abogado del CDE Rodrigo Reyes, se condenó a altos oficiales de Famae por coimas en la compra de tanques al Ejército holandés, dineros que también -se presume- fueron a parar a las arcas de Pinochet.
En la primera página del expediente Riggs está la firma de Sergio Muñoz, el primer juez instructor del caso, hoy ministro de la Corte Suprema. Luego lo investigó el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Carlos Cerda, y el último fue Manuel Antonio Valderrama, también hoy en el máximo tribunal.
La apertura de esta indagatoria en términos formales data del 21 de julio de 2004. Al finalizar la tramitación de la causa, un informe de la Universidad de Chile cifró en US$ 21 millones el patrimonio que el general (R) llegó a tener, de los cuales US$ 17 millones no se pudo establecer cuál fue su origen.
La investigación sobre el patrimonio de Pinochet también tuvo efectos políticos. Si las acusaciones a las violaciones a los derechos humanos no lograron permear la férrea defensa al régimen realizada por sus partidarios, sí lo hizo la indagatoria sobre su fortuna. El golpe a la imagen del exjefe militar en los últimos años ha sido demoledor a medida que se conocieron las gestiones que derivaron en la confección de su patrimonio.
En el Tercer Juzgado Civil de Santiago yace el testamento de Augusto Pinochet. Fue abierto en julio del 2012, pero nunca ha sido reclamado por sus herederos. Las causas abiertas respecto del origen de su fortuna mantenían en expectación el futuro de la fortuna de los Pinochet que, ahora, tendrá mayores certezas.
La UDI alista su despedida de Pinochet
La cita fue a las 9.30 horas, en Suecia 286. El martes 29 de mayo, la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, recibió en su oficina -ubicada en la sede del partido- a los integrantes de la comisión encargada de actualizar la declaración de principios de la colectividad fundada en 1983.
Dos semanas antes, la senadora los había contactado, uno por uno, para convocarlos a participar de la mesa de trabajo que lideraría el histórico cambio: a 35 años de su creación, la declaración de principios no ha tenido ninguna modificación, ya que todos los intentos por cambiarla han fracasado.
A la reunión -la única en la que ha participado Van Rysselberghe- solo faltaron el exdiputado y concejal Julio Dittborn y el fundador del partido, Gabriel Villarroel. El resto de los miembros de la comisión escucharon atentos las palabras de la senadora. Entre ellos estaban Carlos Villarroel -hermano de Gabriel-, amigo cercano de Jaime Guzmán y fundador del partido; Jorge Jaraquemada, director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán (FJG); Germán Concha, abogado e integrante del comité de comunicaciones de la UDI; Claudio Arqueros, director de Formación de la FJG; la exministra y senadora Ena von Baer; el exsecretario general y diputado Guillermo Ramírez; el abogado Diego Riveaux y el fundador y exsenador Jovino Novoa.
“Es necesario rescatar la identidad de la UDI y adecuarla a los nuevos tiempos”, les pidió Van Rysselberghe.
Todos estaban conscientes de que la tarea no es sencilla.
El texto de 18 páginas -que establece los 27 principios que inspiran la existencia de la UDI- fue redactado en 1983 por el ideólogo y fundador del partido, Jaime Guzmán, cuyo asesinato por motivos políticos en 1991 ha neutralizado en la colectividad toda tentativa por modificar su sello.
Varios de los asistentes aún recuerdan cada detalle de la alocución de Van Rysselberghe, quien señaló que era partidaria de suprimir de la declaración de principios UDI la adhesión a un determinado gobierno. Los presentes entendieron que las palabras de la senadora apuntaban a las referencias contenidas en el documento al “pronunciamiento militar” del 11 de septiembre de 1973.
No era un paso en falso. La presidenta de la UDI había tomado los resguardos necesarios para que su afirmación no abriera una polémica en la colectividad, fundada al alero del régimen militar encabezado por el general (R) Augusto Pinochet.
Ya a fines del año pasado, cuando el debate sobre este tema aún era incipiente en la UDI, Van Rysselberghe quiso sopesar su postura con dos de las voces más escuchadas del partido: los hermanos Carlos y Gabriel Villarroel.
A ambos abogados, reconocidos por ser las figuras más cercanas a Guzmán, fundadores del partido y miembros permanentes de la comisión política de la colectividad, la senadora les adelantó su interés de impulsar una renovación de los principios de la UDI, buscando no sólo modernizar el lenguaje del documento, sino que también abriendo paso a nuevas generaciones alejadas del debate de los sucesos de 1973.
En esa oportunidad, Van Rysselberghe explicó a los Villarroel por qué creía necesario separar las alusiones a 1973 de la declaración de principios, sugiriendo, en cambio, que estas referencias, “de carácter histórico”, según sostuvo, quedaran establecidas bajo un contexto de presentación de los orígenes de la colectividad.
Pero, además, en la directiva UDI han comenzado a promover cada vez con más fuerza un debate respecto de incluir expresamente en la declaración de principios de la colectividad la defensa por los derechos humanos.
Los hermanos Villarroel acogieron el mensaje. Meses después, también lo haría la comisión.
“Acción libertadora”
Fundada el 24 de septiembre de 1983, la UDI fue activamente partícipe del régimen militar.
Su principal líder, Jaime Guzmán, no solo fue el principal ideólogo de la Constitución de 1980, sino que buena parte de sus figuras más influyentes cumplieron roles importantes en la época: El exsenador Jovino Novoa se desempeñó como subsecretario general del gobierno de Chile desde 1979 hasta 1982; el diputado Patricio Melero fue alcalde designado de Pudahuel desde 1985 hasta 1989;el senador Juan Antonio Coloma fue miembro del Consejo de Estado, y el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, fue funcionario del Ministerio de Economía durante los primeros años del régimen.
Coherente con su origen vinculado al régimen militar, la declaración reivindica los acontecimientos de 1973.
“Consciente del proceso de descomposición política y social que el régimen democrático chileno experimentó en las últimas décadas, cuya derivación totalitaria hizo ineludible el pronunciamiento militar de mil novecientos setenta y tres”, se lee en el principio nueve, correspondiente al Régimen Político.
Un poco más adelante, esta vez en el principio 15, sobre la Misión de las Fuerzas Armadas, se destaca “su acción libertadora del once de septiembre de mil novecientos setenta y tres, que salvó al país de la inminente amenaza de un totalitarismo irreversible”.
Nueve días después de la reunión que la timonel UDI dirigió y que marcó el debut de la comisión, sus integrantes se reunieron el jueves 7 de junio en la sala del directorio de la Fundación Jaime Guzmán, a las 8.30 am.
En el encuentro, la mesa de trabajo -que designó como presidente de la instancia a Carlos Villarroel- quiso despejar de inmediato la discusión en torno las alusiones a 1973 y se acordó formalmente eliminar de la declaración de principios cualquier alusión histórica y todo lo relativo a los años 80. La premisa, explican hoy algunos de los miembros de la comisión, es ofrecer a los adherentes una mirada hacia el futuro y no del pasado.
“No es posible sacar eso completamente”, se escuchó en medio del debate.
La advertencia venía de los hermanos Villarroel, quienes pusieron el acento en que eliminar completamente un episodio que fue clave en la formación de la colectividad y que, por eso, es parte también de su identidad, podría generar controversia.
Así surgió la idea de redactar un “preámbulo” ajeno a los principios del partido, pero que explicara el origen de la fundación de la UDI.
La primera redacción será presentada este miércoles 27, en la próxima reunión de la comisión, que se realizará en las oficinas de los hermanos Villarroel, ubicadas en Las Condes. El encargado de redactar la propuesta es el abogado Germán Concha.
“La declaración de principios de la UDI tiene que ser un documento que una a todo el partido en lo que hay que hacer hacia el futuro y no un documento que recoja una mirada del pasado. No tiene sentido hacer referencia ni al Golpe de Estado del 73 ni al Muro de Berlín. Tenemos que hablar de las nuevas problemáticas que tiene este Chile”, dijo a Reportajes el diputado Ramírez, quien admitió que en “la comisión están todos en la sintonía de mirar hacia adelante y no hacia atrás”.
Von Baer había anticipado en entrevista con Reportajes que “los principios no cambian, pero los contextos sociales y políticos, sí” y, refiriéndose a los hechos de 1973, señaló que“es evidente que hubo un quiebre en nuestra democracia y, por lo tanto, hay que incluirlo como lo que es: como un hecho histórico, pero que no es parte de la discusión política actual”.
Resabios pinochetistas
Sin fotos de Augusto Pinochet en las paredes de la sede del partido, en los últimos años, en medio de las causas de violaciones a los derechos humanos, pero en especial de acusaciones de enriquecimiento ilícito, en la UDI han intentado de manera sigilosa ir tomando distancia de la figura del general (R).
Si bien la misma Van Rysselberghe ha señalado que se trata de una “figura relevante de la historia reciente de Chile”, lo cierto es que la timonel ha señalado en privado que hay que consolidar señales claras de transformación.
Una misión que -en todo caso- tendrá sus obstáculos.
La declaración de principios deberá someterse al escrutinio del consejo general de la UDI, en septiembre de este año.
En la instancia, el nuevo texto deberá enfrentar las voces de sectores de militantes que no esconden su devoción por Pinochet.
Uno de ellos es el diputado Ignacio Urrutia, quien en su oficina del Congreso deja ver una foto de Pinochet y asegura:“Si se llega a quitar cualquier alusión a lo que fue el gobierno militar de los principios de la UDI, mucha gente se va a ir, partiendo por mí. Me voy de todas maneras, porque dejo de sentirme identificado”.
Urrutia participa anualmente de las misas que conmemoran el fallecimiento de Pinochet y reconoce con orgullo su apego al régimen militar, al igual que en el Senado Iván Moreira aparece como otro de los representantes más puros del pinochetismo.
El parlamentario, sin embargo, ha cedido en su postura y reconoce que “si la UDI quiere crecer tiene que mirar el futuro”, pero advierte:“La historia no se borra y no se debe herir a quienes han tenido en la UDI consecuencia y lealtad con la figura del general Pinochet”.
Van Rysselberghe pretende realizar una gira por el país socializando el nuevo documento, el que -además de su distancia con la figura de Pinochet- también contará entre sus principales modificaciones la inclusión de cambios en el rol de la mujer, la defensa del medioambiente y la preocupación por la vejez.
Hitos de la relación con el general (R)
1. La ceremonia de Chacarillas
Julio de 1977 y un grupo de 77 jóvenes llegó con antorchas hasta el cerro Chacarillas para conmemorar el segundo aniversario de la fundación del Frente Juvenil de Unidad Nacional.
En el lugar, Pinochet dio un discurso con los lineamientos institucionales del régimen y condecoró a los jóvenes presentes. Entre ellos había reconocidas figuras ligadas a la UDI, como Andrés Chadwick, Juan Antonio Coloma, Cristián Larroulet y Joaquín Lavín.
2. Partido popular y cristiano
Jaime Guzmán, Sergio Fernández, Javier Leturia, Guillermo Elton, Pablo Longueira y Luis Cordero fundan el 23 de septiembre de 1983 la Unión Demócrata Independiente, en pleno régimen militar.
El partido nace ligado al movimiento gremial, al Frente Juvenil de Unidad Nacional y al Frente Nacional del Trabajo. Su doctrina se basa en un “triple perfil”: popular, de inspiración cristiana y partidario del sistema social de mercado.
3. Contienda a favor del “Sí”
En el plebiscito del 5 de octubre, la UDI se movilizó en favor del “Sí” para mantener a Pinochet en el poder.
Un año antes, la UDI se había fusionado con el Partido Nacional y el Frente Nacional del Trabajo para dar origen a Renovación Nacional. Por diferencias internas, Guzmán es expulsado de RN. Masivamente, los exmilitantes UDI se desafilian de RN para apoyar en conjunto a Pinochet.
El 22 de octubre de 1988, la UDI se refunda nuevamente como partido político.
4. La paz de Longueira
En la conmemoración de los 30 años del Golpe Militar, la UDI -bajo la dirección de Pablo Longueira- redactó el documento La paz ahora.
El texto estuvo precedido de encuentros de Longueira con familiares de detenidos desaparecidos y en él se busca una reparación para las víctimas de derechos humanos.
En ese momento, la UDI reconoció que “se podría haber hecho más” por defender los DD.HH. después del 11 de septiembre de 1973.
5. Pugna por honores presidenciales
Tras el fallecimiento de Pinochet, el 10 de diciembre de 2006, el gobierno en manos de la ex Presidenta Miche-lle Bachelet decide no rendirle honores como exjefe de Estado.
La decisión es cuestionada por la UDI, dirigida por Hernán Larraín, y acude en masa hasta la Escuela Militar para despedir sus restos.
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