Ni “falsos” ni “positivos”: asesinatos y política en el gobierno colombiano de Álvaro Uribe Vélez – Por Sergio Segura y Nicolás Herrera
Por Sergio Segura* y Nicolás Herrera**
El Artículo 11 de la Constitución colombiana de 1991 establece tajantemente: “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”. De allí que las “ejecuciones extrajudiciales” o “falsos positivos” sean realmente asesinatos de civiles por parte de las Fuerzas Armadas. Aunque las investigaciones registran los primeros casos a mediados de la década de 1980, la práctica sistemática de estos crímenes se desarrolló con la llamada “Política de Seguridad Democrática”, estrategia contrainsurgente desplegada por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), con el propósito de mostrar “guerrilleros abatidos” y “éxitos militares”.
Así lo demuestran Omar Eduardo Rojas Bolaños y Fabián Leonardo Benavides Silva, autores del libro “Ejecuciones extrajudiciales en Colombia, 2002-2010. Obediencia ciega en campos de batalla ficticios”, salido hace escasos meses. El libro es el resultado de un trabajo mancomunado de profesionales de la psicología, la historia, la economía y la sociología, y recurre a varias fuentes, convirtiéndolo en la más completa investigación sobre el tema hasta la fecha.
Cifras confusas
Cuando Álvaro Uribe llegó al poder en 2002, las Fuerzas Armadas afirmaban que las insurgencias estaban conformadas por cerca de 30.000 personas en armas. Al terminar su segundo periodo, en 2010, los mismos militares presentaron las siguientes cifras: 19.405 muertos en combate, 63.747 capturas y 44.954 desmovilizaciones. Esto arroja un total de 128.106 insurgentes. ¿De dónde salieron tantas muertes, capturas y desmovilizaciones?
Las cifras sobre los mal llamados “falsos positivos” son confusas. La Política de Seguridad Democrática de Uribe Vélez llegó a decir que se trataba “solo” de 42 casos, mientras que en 2015, la Fiscalía General de la Nación documentaba 4.500, la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) reportaba 5.700 y otras ONG hablaban de 6.200. En 2010, el Ministerio de Defensa afirmó que los muertos en combate habían sido 19.405 y en 2014 presentaron un cuadro donde afirmaban que los muertos eran de 15.925, ¿qué pasó con los más de 4.000 casos que desaparecían de las cifras oficiales?
Para Omar Rojas se trata de “falsos positivos”: “los cerca de 4.000 que se escondían se sumaban a los más de 6.000 que denunciaban las ONG. La cifra supera los 10.000 casos. Lo dicen los mismos victimarios”, y señala que en las páginas 64, 65, 66 y 191 de su estudio están explicitadas las fuentes oficiales. Incluso va más allá y señala que “uno de los victimarios que entrevistamos nos aseguró que, aunque tenían pruebas de 48 falsos positivos en su contra, en realidad había asesinado a más de 100 personas”.
Antioquia fue el departamento más victimizado por esta modalidad criminal, fortín político de Álvaro Uribe Vélez. Esto no sorprende a Rojas quien recuerda que “Antioquia es uno de los departamentos donde hay mayor relación entre paramilitarismo, narcotráfico y autoridades, llámese Ejército o Policía”. Las cifras no lo desmienten. Los informes del Grupo de Memoria Histórica (GMH) revelan que de las 1.982 masacres perpetradas por grupos armados entre 1980 y 2012, Antioquia padeció 598 (el 30%). A estas masacres deben sumarse los planes de exterminio en contra de la Unión Patriótica y el movimiento social, como fue denunciado en 2007 por el entonces senador Gustavo Petro y en 2014 por el senador Iván Cepeda Castro. Para no ir más lejos, desde la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP en 2016, en Antioquia han sido asesinados 32 líderes sociales.
Modalidades y actores
En estos crímenes de Estado, mal llamados “ejecuciones extrajudiciales”, estuvieron involucradas todas las fuerzas armadas: Ejército, Policía, Armada Nacional y Fuerza Aérea. Según lo relatado en el libro, se hacían retenes militares y de policía, subían a los buses a pedir documentos y bajaban a jóvenes que después aparecían muertos. Rojas explica que “el 90% fueron cometidas por el Ejército, pero nosotros mostramos eventos donde las Fuerzas Armadas en su conjunto transportaban a las víctimas en helicópteros de la Fuerza Aérea. Ellos se ponían de acuerdo. Incluso el INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) también hizo falsos positivos, ya que ellos entregaban presos para que fueran ejecutados”.
Por su parte, el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la policía secreta colombiana, aunque no participó directamente en los falsos positivos, sí realizó numerosos seguimientos, interceptaciones ilegales y un trabajo de inteligencia que proporcionó al Estado ( y al paramilitarismo) los datos necesarios de líderes sociales, sindicalistas, defensores y defensoras de derechos humanos y militantes de izquierda para que fueran asesinados.
El libro cuenta, además, cómo los grupos paramilitares entregaban al Ejército los “hombres indisciplinados” de sus filas para que se les “ajusticiara” con el propósito de generar obediencia. Así mismo, se dieron infiltraciones en las “Bacrim” (Bandas criminales): “los militares les decían que sabían dónde habían caletas con armas y dinero de la guerrilla y que si lo hacían se llevaban la mitad del botín; entonces, cuando llegaban, se encontraban con un operativo y los mataban”.
Así mismo, Rojas asocia que la información existente sobre los desmovilizados también fue usada para ofrecer negocios que concluían en crímenes selectivos. “Fue una alianza entre la fuerza pública y los paramilitares donde se detenía arbitrariamente, se desaparecía a las víctimas y luego eran asesinadas”.
Incluso, muchas de las masacres perpetuadas por paramilitares fueron posteriormente presentadas en los medios masivos de comunicación como combates con la guerrilla: “iban a un pueblo, mataban dos o tres campesinos, llamaban al Ejército y ellos asumían la autoría del operativo. Entonces ni falsos positivos ni ejecuciones extrajudiciales, lo que arroja este estudio es que son asesinatos de Estado. Lo comprobamos con evidencias”.
“Ayuda” norteamericana
El alcance de este estudio demuestra que, a través de las conocidas prebendas económicas, el reconocimiento honorífico, los ascensos, las vacaciones y demás incentivos para los militares autores de los crímenes, se cumplía el objetivo político de la Política de Seguridad Democrática: demostrar a la opinión pública que era efectiva y que se estaba ganando la guerra, financiada por los Estados Unidos.
“Un general del Ejército que logramos entrevistar en la investigación me dijo que todo era posible porque había bonanza de dinero, dineros de todas partes, se tenía que aprovechar porque todo el mundo quería echarle mano a ese dinero. Los gringos estaban pidiendo resultados por la financiación del Plan Colombia. Ese dinero también fue utilizado para ejecuciones extrajudiciales y darles resultados a los norteamericanos. Otro presupuesto usado fue el de los gastos reservados, un presupuesto especial que adjudicó Uribe únicamente para las recompensas. Sin plata no se puede hacer un falso positivo. Por ejemplo, con los falsos positivos de Soacha, se necesitaba dinero para pagarle a los reclutadores, que muchas veces eran exintegrantes paramilitares o exintegrantes de las Fuerzas Armadas, luego tenían que pagar el transporte de los muchachos desde Soacha hasta Bucaramanga, a algunos les pagaban pasajes terrestres y les adelantaban dinero para que creyeran que las promesas de trabajo eran en serio. Compraron uniformes y botas, computadores para montar las pruebas, mandaron hacer publicidad de los grupos subversivos, compraban armas a los paramilitares, se les pagaba a los comandantes, a los soldados, aunque también se les pedía cuotas de 10.000 pesos a los soldados para comprar esos insumos. Los oficiales no solo se apropiaban de esa plata si no que se quedaban con la recompensa, fue una empresa criminal. Las evidencias sobre el origen de esos dineros están referenciados en el libro”.
En un estudio realizado por el Movimiento de Reconciliación (FOR), Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), donde se entabla la relación del Plan Colombia con los falsos positivos, se llegó a la conclusión de que un buen porcentaje de los oficiales que se prestaron para estos crímenes fueron formados en la antigua Escuela de las Américas; además, se muestra la relación directa de los falsos positivos con la doctrina imperialista y la formación que recibieron integrantes de las Fuerzas Armadas colombianas por parte de Estados Unidos.
Administración de la muerte
En ninguna otra investigación se ha logrado determinar que hubo un antes, un durante y un después, esas tres etapas de planeación se llevaron a cabo en mesas de trabajo de comandantes de brigada, de batallón, de logística e inteligencia. Esas mesas coordinaron los lugares donde se harían falsos combates, acordaron de dónde sacarían las víctimas, cómo se trasladarían y asesinarían, es decir, “ningún falso positivo se dio al azar”. Según Rojas, todo fue premeditado.
En el antes, jugaba un papel muy importante el factor psicológico, tanto a nivel externo como interno, pues: “los encargados de operaciones psicológicas y de inteligencia se acercaban a las comunidades donde se iban a dar los eventos, generaban ausencia de seguridad en el sector con el propósito de que la comunidad no se alertara. A nivel interno se encargaban de adoctrinar a los soldados para que creyeran que ellos eran la moral de la sociedad colombiana, que tenían la obligación de eliminar a los enemigos comunistas, castro-chavistas, les decían que el enemigo interno eran los defensores de derechos humanos y líderes sociales, los convencían de que el comunismo se estaba apoderando de Colombia. Ese grupo se encargaba de llevar por dos o tres días a periodistas a las unidades militares y de policía; dormían en la selva con ellos, los veían entrenando para que sintieran orgullo. En el momento en que se presentaban las ejecuciones ya tenían la lealtad comprada”. Luego sucedía el durante, es decir, los asesinatos propiamente dichos (que aún siguen ocurriendo) y su posterior montaje para ser presentados.
El después se caracteriza por la estrategia de desinformar y no investigar. Entonces, aparecía un actor: la Justicia Penal Militar. “Los jueces militares llegaban a los sitios del evento, pero no llegaban a hacer la investigación sino a dar instrucciones a los soldados comprometidos para orientar cómo debían dar las declaraciones. En uno de los casos llegó una juez penal militar a un escenario donde mataron cuatro muchachos, había uno que aún no estaba muerto, cuando vio a la juez gritó “estoy vivo”, la juez dio media vuelta y dijo “yo no he visto nada”, luego un soldado lo fusiló”. A los medios de comunicación se les daba el parte de guerra.
A todo esto se suma la falsa desmovilización del paramilitarismo que solo transformó su nombre para llamarse “Bandas Criminales” o “Clan del Golfo”. Rojas señala que no se ha hecho nada por acabar con el paramilitarismo. “Lo digo con conocimiento de causa porque estuve dentro de las Fuerzas Militares. Si hiciéramos una relación de los combates reales que las Fuerzas Armadas han tenido con los paramilitares y los que han tenido con la subversión, es ridículo, porque las Fuerzas Armadas le sonríen al paramilitarismo. Hay evidencias que tocamos en el libro donde los paramilitares salían a patrullar de la mano del Ejército y la Policía. Yo viví en un pueblo de Antioquia y allí el paramilitarismo gobierna”.
Responsables políticos
Algunas personas han manifestado su inconformidad frente a las opiniones de Omar Rojas en torno a la responsabilidad de los falsos positivos, pues en ocasiones ha señalado a la sociedad colombiana en su conjunto. Él se defiende: “cuando los militares salían a dar su parte de guerra todos los sectores de la sociedad los aplaudían, y los que no, guardaban silencio. Desde la Presidencia para abajo salían a festejarlos; la Iglesia, sabiendo lo que estaba pasando, seguía bendiciendo las armas con las que eran asesinados los muchachos; también tienen responsabilidad los industriales y comerciantes que aplaudían estos hechos y los medios que le daban una relevancia enorme a esos acontecimientos a pesar de que ya existía la voz de defensores de derechos humanos, diferentes ONG e incluso la voz de los mismos militares que estaban denunciando”.
Y continúa señalando que “la sociedad colombiana es insensible, una sociedad que no le duelen los muertos, que los aplaude, una sociedad que aclama por muertos. Yo asistí a un evento en la Plaza de Bolívar en Bogotá en homenaje a las víctimas de los falsos positivos, pero no había más de 150 personas. No hemos acompañado a las víctimas, nos volvimos insensibles”. Sin duda, esta insensibilidad es producto de la guerra que ha calado hondamente en la espiritualidad del pueblo colombiano: “Hoy vi en Internet que alguien dijo que prefería los falsos positivos de Uribe que no tener con qué comprar papel higiénico, ahí está la filosofía de buena parte de la población colombiana”, concluyó.
Sin embargo, el investigador es muy enfático al señalar que, de acuerdo con la Constitución Política de 1991, el comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de la república y, en tanto jefe, debe responder por las actuaciones de sus tropas. ¿Quién fue el comandante de las Fuerzas Militares en Colombia del 2002 al 2010?: “El comandante supremo, el que debe responder por los 10.000 falsos positivos, porque no fueron ningunos errores militares, es el expresidente Uribe”.
Su ministra de Defensa era Marta Lucía Ramírez, hoy fórmula vice-presidencial del candidato uribista Iván Duque. Lo primero que ella hizo en el cargo fue imponer a los altos mandos militares una medición de su desempeño a partir de resultados tangibles y comenzó “a exigir y evaluar a los comandantes por el número de bajas de terroristas”, señala Rojas. El último civil que ejerció como ministro de defensa del gobierno de Uribe fue el actual presidente Juan Manuel Santos.
Impunidad a la vista
El investigador reafirma que muchas de las investigaciones sobre los falsos positivos, donde están involucrados cerca de 4.500 militares, están durmiendo en los despachos de la justicia ordinaria y la Justicia Penal Militar. Por eso advierte con alarma que puede ser posible que tanto los responsables políticos como la cúpula militar no reciban ni una sola condena, no paguen ni un día de cárcel y terminen saliendo “limpios”. Cabe señalar que el Estado ha proporcionado presupuesto de los colombianos para que los militares se defiendan de las acusaciones, sin embargo, no han hecho lo mismo para que las víctimas se sientan representadas.
“Para las ejecuciones extrajudiciales no hay autores intelectuales, solo autores materiales, lo cual es bastante irrisorio. Un oficial condenado por 48 falsos positivos dice que no se arrepiente; las madres y familias de las víctimas apenas están vislumbrando el nivel de impunidad. Así estén condenados a 30, 40 o 50 años, esas personas van a salir pronto y los ejecutores no van a pagar ni cinco años de cárcel, lo peor es que esos cinco años les va a servir para la pensión, pues el Estado les sigue pagando su sueldo. ¡Es una desgracia que no haya justicia! El Congreso colombiano es responsable porque negó la verdad, la verdad es lo que menos le importa al Estado. Siento vergüenza”, sentencia.
Sin embargo, insiste en aclarar que no todos los militares y policías se arrodillaron ante los “falsos positivos” y que algunos de ellos fueron los primeros en denunciar los hechos, mucho antes que las ONG defensoras de derechos humanos; sin embargo, esos soldados y suboficiales fueron silenciados.
Partiendo de los sucesos relatados en la investigación, el investigador sospecha que estamos ad portas de un liquidación del pasado. El Ministerio de Defensa se ha metido en el Centro Nacional de Memoria Histórica y se ha posicionado como actor fundamental en la construcción del Museo de la Memoria. En estas dos instituciones, donde pueden interpretarse los días amargos de la violencia del último medio siglo, se podría borrar del relato histórico los crímenes de Estado y los falsos positivos. Las Fuerzas Armadas reescribirían la historia y mostrarían a los victimarios como “héroes”.
La paz y el porvenir
Omar Rojas estuvo vinculado a la Policía Nacional durante 31 años, hasta el año 2011, es sociólogo y experto en seguridad pública. Tras su retiro, se dedicó a la docencia universitaria en Bogotá y Medellín, a la investigación académica en el Instituto de Estudios Sociohistóricos Fray Alonso de Zamora de la Universidad Santo Tomás en Bogotá, y a la asesoría en asuntos de seguridad pública, principalmente en la Unidad Nacional de Protección (UNP), específicamente en la subdirección especializada de seguridad y protección, organismo creado para acompañar el proceso de reincorporación de los excombatientes de las FARC-EP.
Justamente, en la UNP, se llevó la sorpresa de una conspiración que se orquestaba para que la FARC (nuevo partido tras la dejación de armas) asumiera su propia seguridad, en contravía de lo pactado en La Habana. “La idea era quitarles la asesoría y el acompañamiento a la implementación, entonces, yo me levanté de la mesa porque no estaba de acuerdo con la decisión, porque eso era abrir la puerta para que los asesinen como sucedió con el genocidio del partido de izquierda Unión Patriótica entre las décadas de 1980 y 1990. Mi lealtad es con el proceso de paz, para eso me habían convocado”. Y señala que los militares querían apoderarse de las bases de datos de los excombatientes: “Allí tuve que decirle a la FARC que no fueran pendejos porque no se estaban dando cuenta”.
De cara a las próximas elecciones presidenciales, Rojas advierte del peligro de la perpetuación de un Estado mafioso que blindaría jurídicamente a los autores materiales e intelectuales de los falsos positivos y beneficiaría económicamente a ciertos sectores sociales. “Uribe Vélez hoy intenta retornar al poder con candidato propio: Iván Duque”, y advierte que “si Duque llega a ser Presidente, no va acatar ningún fallo nacional o internacional cuando Uribe sea juzgado por los falsos positivos, no va a pasar nada”.
El retorno de Uribe al poder no solo trunca el sueño de la paz sino el anhelo de justicia de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales. Por eso comprende la animadversión que genera la candidatura de Gustavo Petro en la extrema derecha y en ciertos sectores del personal de reserva de las Fuerzas Militares, quienes abiertamente abogan por el asesinato del candidato progresista, acusándolo de comunista y “castro-chavista”.
Cuando le preguntamos sobre los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) sostuvo que ellos y ellas tienen que analizar la experiencia con las FARC para no cometer los mis errores y no dejar los mismos vacíos: “No dejarse meter los dedos a la boca frente a la forma de contratación, por ejemplo. La FARC ahora está contenta porque están comiendo dulces, en el sentido que tienen vehículos, les están dando cosas para su seguridad, pero eso se les va a acabar. Cuando Iván Duque sea Presidente lo primero que va acabar son los puestos para la FARC en la UNP, y se las van a dar a todos los devotos de Álvaro Uribe Vélez”.
El costo de investigar
Su investigación sobre los falsos positivos y sus posiciones críticas en la UNP no calaron bien en las Fuerzas Armadas. Entonces, comenzaron los seguimientos, la toma de fotografías en las calles y las amenazas por parte de los mismos integrantes de la fuerza pública. Incluso, un coordinador de la Justicia Penal Militar publicó una fotografía suya en las redes sociales llamándolo “traidor” y bautizándolo “el coronel de las FARC”. Ante estas presiones tuvo que salir corriendo: “Un viejo amigo militar se acercó a la UNP y me dijo que me fuera, que me iban a matar, le dije que si estaba en peligro me iba en un mes, pero me respondió que debía irme de inmediato. Esa misma noche abandoné el país”.
A Omar Rojas, quien ahora bebe el amargo vino del exilio, no le cabe la menor duda que la persecución es por su investigación: “Cuando hice una investigación sobre el asesinato de policías en los años noventa nadie puso objeción, ahora que lo hago sobre los falsos positivos, muchos policías, militares y políticos del Centro Democrático sí objetan, están ardidos. Como investigador, mi obligación es hacer estudios sobre los fenómenos que afectan la sociedad en determinado momento”.
“El problema de los policías y militares en Colombia es que se olvidaron que la lealtad es hacia la Constitución Política y la población colombiana, pero ellos le están jurando lealtad a los criminales de cuello blanco. Desleales todos los que me están amenazando porque saben desde qué oficina se estructuró la estrategia de los falsos positivos; algunos exintegrantes de las Fuerzas Armadas nos quitamos la mordaza, somos honestos y estamos comprometidos con los derechos humanos”, afirmó.
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*Sergio Segura es periodista, magíster en Estudios Sociales y becario doctoral en Derechos Humanos.
**Nicolás Herrera es psicólogo e investigador del Colectivo Frente Unido – Investigación Independiente.
