México: la CIDH confirma irregularidades en investigaciones por Ayotzinapa y exige saber donde están los 43
Falló la PGR en objetivo de conocer qué pasó y dónde están los 43, señala la CIDH
La investigación del caso Ayotzinapa que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) presenta graves irregularidades, ha sido exageradamente lenta
y no ha alcanzado su principal objetivo: saber qué sucedió y dónde están los 43 normalistas desaparecidos de manera forzada, así como brindar verdad y justicia a las víctimas, concluyó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Subrayó que en las indagatorias sigue pendiente determinar el grado de participación del Ejército, las policías Federal (PF) y municipales, y de funcionarios estatales que, por acción u omisión, pudieran estar implicados en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Lamentó que hasta ahora no haya un solo consignado, menos condenado, por desaparición forzada, pues quienes han sido detenidos están acusados de delincuencia organizada, ejercicio indebido del servicio público y secuestro.
Verdad histórica
enterrada
“Se observa falta de celeridad en alcanzar conclusiones tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación señaladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), aun cuando se estableció un cronograma para tal efecto que sigue pendiente y monitoreándose”, señaló el organismo internacional.
Enfatizó que es necesario profundizar en las líneas de investigación sobre el trasiego de drogas con autobuses de México a Estados Unidos, y que ciertas empresas de transporte pudieran estar implicadas en ese delito, además de atender las denuncias por tortura hechas por algunos de los consignados.
Ayer, en Washington, integrantes del Mecanismo de seguimiento al asunto Ayotzinapa (MESA), de la CIDH, presentaron el informe de su primer año de labores, en el que consideran trascendental la resolución de un tribunal federal colegiado, con sede en Tamaulipas, que ordena reponer el proceso por este caso y que se cree una comisión de investigación para la verdad y la justicia, en el que se da un papel protagónico a los familiares de las víctimas, y apremian al Estado mexicano a acatar dicho fallo, pues por ley está obligado a hacerlo
.
El reporte presenta los avances y pendientes del gobierno mexicano en el cumplimiento a las recomendaciones del GIEI, organismo creado por la CIDH para coadyuvar en las pesquisas sobre los crímenes contra los normalistas, que dejaron seis muertos, varios heridos –dos de ellos aún graves– y 43 estudiantes víctimas de desaparición forzada; también hace una serie de recomendaciones.
Acompañados por la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, Esmeralda Arosemena de Troitiño, comisionada relatora para México, y Luis Ernesto Vargas Silva, integrante del MESA, presentaron ayer el informe en el que se recomienda al Estado mexicano cambiar la narrativa en el caso ante las evidencias de que la llamada verdad histórica
está enterrada y es insostenible. Esta hipótesis, que era la principal de la PGR, apuntaba a que los normalistas habrían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.
En el informe, la CIDH solicita que se ejecuten las órdenes de aprehensión pendientes y detalla que dará seguimiento cercano a las solicitudes de cooperación jurídica internacional entre México y Estados Unidos, así como a las diligencias que se realicen con base en dicha información.
Los comisionados indicaron que las investigaciones de la PGR siguen fragmentadas, debido a que los expedientes de la justicia estatal no se han integrado en su totalidad a la carpeta federal.
Llamaron la atención por el ocultamiento de pruebas, por las posibles obstrucciones a la investigación durante la diligencia realizada en el río San Juan, donde se han documentado irregularidades en las que habría incurrido el entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón, y por el presunto intento de espionaje por medio del malware Pegasus a defensores de derechos humanos e integrantes del GIEI.
Analiza la CNDH sentencia sobre caso Ayotzinapa
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) analiza el alcance de la sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito sobre el caso Ayotzinapa, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta hoy su balance del Mecanismo de Seguimiento de la desaparición de 43 normalistas.
La CNDH revisa el sentido y alcance de la sentencia respecto a los amparos 203/2017 al 206/2017, relacionados con los hechos sucedidos en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014, puesto que no estaba al tanto de los términos en los que fueron planteados dichos recursos.
Indicó que para poder emitir su opinión sobre el pronunciamiento judicial procedió a conocer los elementos de convicción valorados y los argumentos esgrimidos por magistrados para llegar a esa determinación.
La CNDH reiteró su compromiso con el Estado de derecho y señaló que en el marco de su competencia y atribuciones, pero sobre todo en el pleno ejercicio de su autonomía constitucional, actuará con estricto apego a la ley, para continuar con las labores de investigación que de manera comprometida ha desarrollado para la determinación de violaciones graves a derechos humanos, las cuales le permitirán emitir la recomendación correspondiente.
En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta hoy en Washington el Informe de Balance del primer año del Mecanismo Especial de Seguimiento de Ayotzinapa, el cual revisa el cumplimiento de las recomendaciones que ha emitido el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en la investigación.
En mayo de 2016 el GIEI emitió 20 recomendaciones a la Procuraduría General de la República, en las que indicó la necesidad de unificar las distintas causas penales del caso, evitar la fragmentación de la averiguación previa incorporando otras indagatorias, tratar que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) no interfiriera, que se consideraran otras violaciones a derechos humanos y delitos, así como tomar las declaraciones de testimonios pendientes.
Instó a dar seguimiento a la información de telefonía de los presuntos perpetradores y los normalistas, confrontar la evidencia balística con armas de diferentes policías, continuar colaborando con Innsbruck y el Equipo Argentino de Antropología Forense, requerir la documentación militar que no ha sido entregada y agotar la investigación de posible traslado transnacional de estupefacientes.
Hizo un llamado a hacer la plena identificación del quinto autobús, indagar denuncias por tortura, determinar la responsabilidad por omisión de los cuerpos de seguridad, capturar a los presuntos responsables prófugos e investigar su patrimonio.
En los últimos cinco puntos recomendó indagar la posible obstrucción de la investigación, difundir la narrativa del caso acorde con los hallazgos del GIEI, continuar con la búsqueda de los normalistas, mantener el diálogo con los familiares de los 43 y evitar la revictimización.
Durante este periodo los familiares de los normalistas han manifestado la falta de avances concretos para encontrarlos y su temor a que se trate de dar carpetazo al caso.
AI: resolución marca precedente. Amnistía Internacional (AI) dijo que la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia marca un precedente en la forma de investigar graves violaciones a los derechos humanos. Señaló que la sentencia reconoció que en México no hay una fiscalía independiente y que la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos ha sido “defectuosa” y no ha considerado las líneas de investigación adecuadas.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, aseguró que la sentencia le resta verosimilitud a la llamada verdad histórica.
“Parece quedar demostrado que la teoría del caso de la Procuraduría General de la República, referida al supuesto asesinato e incineración de los estudiantes en un basurero en Cocula, es poco creíble y que es mantenida solamente a costa de ignorar las pruebas y alterar la evidencia”, afirmó.
Criticó que “la reacción inicial de la PGR de manifestar públicamente su desacuerdo con la sentencia en vez de establecer una ruta clara para su cumplimiento hace pensar que el gobierno de México no ha entendido su responsabilidad en la investigación y sanción en este caso de graves violaciones de derechos humanos”.
