Elecciones y paz – Por Humberto de la Calle
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.Por Humberto de la Calle(*)
Tres reflexiones provoca la entrevista de Iván Duque el domingo: sus propuestas generan un riesgo enorme de destruir lo logrado en la búsqueda de la paz. Subsisten serias imprecisiones sobre el contenido del acuerdo. Y, por fin, lo que omite es suficientemente perturbador.
La matriz esencial es el reconocimiento de la existencia de un conflicto interno. De allí se derivó la idea de buscar una solución negociada. Si se sigue creyendo que el acuerdo puede ser modificado para librar la última batalla que no se ganó en lo militar, faltando a la palabra empeñada, la base de esa organización tiene un gran incentivo para regresar a las armas. Bien rearmándose, como ya ocurre en algunos sitios. O ingresando a otros grupos.
Una justicia transicional se basa en la idea de cerrar el conflicto involucrando a todos los responsables en sus deberes frente a las víctimas. Es un error no hacerlo. Rompe una estructura armónica. So pretexto de salvar el honor militar, desconocer que la JEP soluciona el problema penal de al menos 2.500 militares que incurrieron en delitos, abre la posibilidad de un juzgamiento más severo a los militares, como lo propugnan defensores de derechos humanos. Lo que protege a estos, frente a una posible incursión de la Corte Penal Internacional, es entender que la justicia transicional cubre a todos por igual.
Haber dejado a voluntad la presencia en la JEP de los terceros financiadores, en vez de permitir una solución, cuando hay 12.000 compulsas de copias en la Fiscalía, los deja en manos de una incierta impunidad que puede revertirse. Es la apuesta de la matrona que barre debajo de la alfombra con la esperanza de que la alfombra nunca sea levantada. Flaca solución.
Dice Duque que mentimos cuando garantizamos que nadie autor de grandes crímenes podía participar en cargos de representación. Que, en cambio, será generoso con la guerrillerada rasa. Pero ¿quién sino la JEP puede concretar la responsabilidad de cada guerrillero? En el acuerdo estaba claro que la JEP debería estar funcionando en febrero del año pasado. Pero por razones varias eso no ocurrió.
Sin embargo, este punto ha sido bien resuelto por la Corte Constitucional. Si alguno de los congresistas de la Farc es condenado, deberá cumplir su sanción. Pero eso no lo puede decidir de antemano el Presidente a dedo. Porque eso implica eliminar de un tajo toda participación política de quienes han dejado las armas. Así no habrá paz. Será un incentivo para el rearme de las disidencias. Y veremos una diáspora inorgánica de criminalidad, frente a la cual no habrá con quién adelantar una negociación. El próximo gobierno y otros más tendrán el desgaste de una guerra de atrición de una duración más larga de lo que imagina el delirio militarista.
Los derechos de las víctimas son la verdadera medida de la proporcionalidad. Duque no ha entendido que el contenido reparador de las sanciones mira el interés de ellas. Llevar a los cabecillas a La Picota puede satisfacer el instinto retributivo de parte de la sociedad, genera aplausos. Pero poco contribuye a la verdad y la reparación. Es mejor que encaren a las víctimas en su miseria, que reconstruyan y afronten sus responsabilidades en medio de la comunidad afectada. No solo las Farc. Todos. Si queda la idea no confesada de que otras violencias eran violencias buenas, no habrá paz en Colombia.
Por fin, pensémoslo dos veces. Las condiciones para el Eln frustrarán todo acuerdo. Preparémonos para la continuación de la guerra, quizás con más presencia urbana.
Más allá del resultado electoral, el camino es la organización de la sociedad para evitar que se nos queme la paz en la puerta del horno.
(*) Político y escritor colombiano, ex candidato presidencial.
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