El Vaticano abre oficinas para investigar denuncias de abusos contra curas y obispos
Vaticano abrirá oficina en Chile para recibir denuncias de abusos contra religiosos
Para el próximo lunes se espera que comience a funcionar la oficina que abrirá el Vaticano en Chile, destinada exclusivamente a recibir denuncias de abusos sexuales y de conciencias en contra de miembros de la Iglesia. El lugar elegido para la constitución de la sede fue la comuna de Providencia.
Se trata de un lugar totalmente nuevo cuya inauguración estará a cargo de los enviados papales Charles Scicluna y Jordi Bertomeu, mientras que su funcionamiento será encabezado por un asesor jurídico de confianza del arzobispo de Malta, que además se coordinará directamente con un coordinador de la Fiscalía Nacional. «Yo creo que esto podría estar funcionando la próxima semana», expresó el fiscal metropolitano sur, Raúl Guzmán.
Fuentes cercanas a Scicluna, citadas por La Segunda, señalaron que la oficina «funcionaría de forma temporal, como un espacio puntual para mantener el proceso de escucha que ellos (Scicluna y Bertomeu) no van a alcanzar a hacer».
Respecto a la apertura de esta instancia y la importancia que esta tiene, el abogado canónico y vocero de Voces Católicas, Alejandro Álvarez manifestó que es «una directa intervención jurídica en la iglesia chilena».
SCICLUNA Y BERTOMEU YA ESTÁN EN OSORNO
Durante la tarde de este jueves, el arzobispo de Malta, Charles Scicluna y el enviado papal Jordi Bertomeu arribaron a la ciudad de Osorno, donde seguirán recogiendo testimonios y acercarse a la comunidad.
«Nosotros estamos aquí para comunicar una cercanía especial del Papa al pueblo amado de Osorno. Vamos a tener mucho diálogo y escuchar a los hermanos lo que es muy importante para nosotros», manifestó Scicluna al descender del avión.
Bertomeu: En dos días nos hemos reunido con 94 víctimas de abusos
La tarde de este jueves aterrizaron en Osorno, Charles Scicluna y Jordi Bertomeu, los enviados del papa Francisco para estudiar la crisis que vive la Iglesia Católica en medio de casos por abusos sexuales.
La visita se centró en Santiago y ahora en la diócesis de Osorno, donde recientemente fue destituido el polémico exobispo Juan Barros, cuestionado por el presunto encubrimiento a los abusos cometidos por Fernando Karadima, expárroco de El Bosque.
Tras su llegada, en las afueras de la Catedral San Mateo, Jordi Bertomeu, conversó con los medios y señalaron que están al servicio del pueblo de Osorno.
Asimismo sostuvo que desde su llegada al país, en dos días se han reunido con 94 víctimas de abusos sexuales al interior de la institución eclesiástica .
Respecto a la división que existe al interior de la Diócesis en la zona, el sacerdote reconoció que esto es normal, tal como ocurre en distintas instancias de la vida. Por eso -señaló- que su misión es poder transmitir a la ciudadanía que el Papa los quiere.
Jordi Bertomeu fue enfático en señalar que están haciendo todo lo posible para terminar con la cultura de abusos sexuales y de poder, tal como ha denunciado Francisco.
Asimismo explicó que tiene pensado realizar una misa de reparación para los afectados. Al ser consultado por una compensación económica, señaló que esto es un derecho de las víctimas.
De igual manera, Bertomeu aprovechó la ocasión para agradecer al Gobierno de Chile por permitir la instancia y en especial a la Agrupación de Laicos en la zona, quienes han logrado dar a conocer esta situación.
Scicluna por abusos: «Es una tarea urgente restablecer la confianza cuando ésta ha sido dañada»
Durante la mañana el enviado papal, arzobispo Charles Scicluna, realizó un seminario para la formación de cancionistas de curias diocesanas en Chile, en la Universidad Católica.
Durante su exposición, el arzobispo citó al papa Benedicto XVI, quien expresó a los obispos de Irlanda que los casos de abuso sexual de menores “son aún más trágicos cuando a cometerlos es un eclesiástico. Las heridas causadas por semejantes actos son profundas, y es una tarea urgente restablecer la confianza cuando ésta ha sido dañada”.
Tomar las medidas necesarias
Continuando con su exposición, y con las citas al ahora Papa emérito, Scicluna expresó que «es importante establecer la verdad de lo sucedido en el pasado, tomar todas las medidas necesarias para evitar que se repita en el futuro, asegurar que los principios de justicia sean plenamente respetados y, sobre todo, sanar a las víctimas y a todos los afectados por estos crímenes atroces».
El Arzobispo recalcó que «para ayudar a establecer y admitir la verdad de lo realmente ocurrido en un caso concreto, el Derecho Canónico ha desarrollado normas específicas para investigar el delito, para oír a la víctima y a los testigos, para la confrontación con el acusado, garantizando al menos un mínimo de lo que en jerga jurídica se conoce como ‘contradictorium’ (cada parte tiene la posibilidad de defender sus argumentos y responder ante los de la parte contraria)».
«La negación deliberada de hechos conocidos y la preocupación fuera de lugar por dar absoluta prioridad al buen nombre de la institución en detrimento de la legítima revelación de un delito», agregó.
«Merecen especialmente nuestra atención y asistencia»
Para concluir, el enviado especial del Papa Francisco señaló que «Reconocer y admitir la verdad completa, con todas sus dolorosas repercusiones y consecuencias, es el punto de partida para una curación auténtica, tanto de la víctima como del autor de los abusos (…)».
«Estos hermanos y hermanas merecen especialmente nuestra atención y asistencia», concluyó.
Proyecto de ley que elimina privilegios eclesiásticos avanza hacia el Senado
Con 117 votos a favor y una abstención fue aprobado el proyecto de ley que elimina privilegios eclesiásticos, por lo que la iniciativa continuará su tramitación en el Senado.
El proyecto introduce modificaciones en el Código de Procedimiento Civil, ya que, del artículo 361, en el N°1, se suprime la oración “el Arzobispo y los Obispos, los Vicarios Generales, los Provisores, los Vicarios y Provicarios Capituales; y los Párrocos, dentro del territorio de la parroquia a su cargo”. También elimina el N°3.
Además suprime, en el N°1 del artículo 389 la siguiente oración: “el Arzobispo y los Obispos, los Vicarios Generales, los Provisores, los Vicarios y Provicarios Capituales”.
El diputado René Saffirio, principal impulsor de este proyecto, dijo que “no nos parece razonable que en el Chile del siglo XXI aún subsista un privilegio procesal de esta naturaleza, en favor de las autoridades eclesiásticas, ya que no ejercen ningún tipo de función pública. Se trata de una norma que viene desde los tiempos en que no existía separación entre la Iglesia y el Estado, pero que en la actualidad no solo es anacrónica, sino que además no corresponde en un Estado laico”.
“Los legisladores debemos moldear un ordenamiento jurídico coherente y armónico, y también depurarlo de toda norma o institución anacrónica, y que constituya un resabio de prerrogativas indebidas en una sociedad democrática. En un Estado de Derecho del siglo XXI, debemos consolidar una función jurisdiccional que no sólo se ejerza con pleno respeto a las garantías fundamentales de los ciudadanos, sino que también con mayor igualdad y sin privilegios o fueros procesales para ningún sector determinado”, agregó.
Terminada la votación, Saffirio introdujo un nuevo proyecto de ley, que busca modificar el Código de Procedimiento Civil para eliminar Privilegios Procesales, esta vez de las autoridades del poder legislativo, ejecutivo, judicial y alcaldes.
Este nuevo proyecto afectará a senadores, diputados, subsecretarios, delegados presidenciales regionales y provinciales, alcaldes, jefes superiores de servicio, miembros de la Corte Suprema o Cortes de Apelaciones, fiscales judiciales, jueces letrados, fiscal nacional y regionales, oficiales generales activos o en retiro, oficiales superiores y oficiales en jefe.
La trastienda de las “renuncias” de los obispos Cristián Caro y Gonzalo Duarte
“Estando en Santiago para la reunión mensual de la Comisión Nacional de Catequesis, se ha dado a conocer la aceptación, por parte del Papa Francisco, de la renuncia que presenté, por razones de límite de edad, en febrero de 2018”. Así parte la declaración que difundió en la madrugada de este lunes 11 de junio el arzobispo de Puerto Montt, Cristián Caro. El prelado “se dio un gusto”. Ese fue el comentario reservado de distintos personeros de la Iglesia Católica, ya que Caro se adelantó al Vaticano que solo horas más tarde confirmó su renuncia. Pero el obispo no solo se estaba dando un gusto. Quiso remarcar que, a diferencia de los otros dos obispos que cayeron con él –Gonzalo Duarte de Valparaíso y Juan Barros, de Osorno–, él se va porque cumplió 75 años y no porque arrastre denuncias relacionadas con abusos sexuales.
Buscando el mismo efecto, ese lunes la web de su arquidiócesis publicó una nota titulada “Papa Francisco aceptó la renuncia por edad de Monseñor Cristián Caro”. Pero eso no es cierto.
¿Por qué razón el Papa habría puesto en esta terna, junto a dos obispos cuestionados por encubrir abusos, a un prelado que solo se retira porque cumplió la edad límite? ¿Por qué Francisco actuaría tan desprolijamente con Cristián Caro, sabiendo que la prensa mundial está atenta a la renuncia colectiva presentada por el episcopado chileno y expectante ante cuál de estas dimisiones aceptaría el pontífice?
La razón está en los gruesos expedientes que hoy acumula el Vaticano sobre la situación chilena. Allí hay pruebas de que Cristián Caro protegió a presbíteros acusados de abusos sexuales contra menores.
Entre los antecedentes que rodean la renuncia de los tres primeros obispos a los que Francisco alejó de sus funciones, hay un factor que ha pasado inadvertido: de los tres administradores apostólicos que asumirán provisionalmente las jefaturas de las diócesis de Valparaíso, Osorno y Puerto Montt, solo uno tiene una amplia experiencia en investigar abusos sexuales cometidos por clérigos. Es precisamente el que asumirá en el puesto de Cristián Caro: el jefe provincial de la Orden Mercedaria en Chile, Ricardo Morales.
Para reemplazar a Duarte en la diócesis porteña y a Barros en Osorno, el Papa designó como administradores apostólicos a dos obispos auxiliares: Pedro Ossandón y Jorge Concha. Pero en Puerto Montt nombró a una figura ajena al episcopado, a pesar de que se trata de una de las cinco plazas chilenas con rango de arquidiócesis. La nominación de Morales causó sorpresa en la mayor parte de la iglesia, pero no entre quienes se han especializado en la investigación de abusos sexuales.
Bajo el liderazgo de Ricardo Morales su congregación desarrolló una investigación interna que culminó en 2016 con la expulsión del sacerdocio del ex superior mundial de los mercedarios, el chileno Mariano Labarca, por abusos sexuales contra jóvenes seminaristas.
Además, la indagatoria detectó y desarticuló una red homosexual de religiosos protegidos por Labarca que encubría los abusos. Precisamente, uno de los factores que pesó en el Vaticano para nominar a Morales en Puerto Montt, es su experiencia para desactivar grupos homosexuales que protegen a abusadores.
De hecho, por encargo de Roma y antes de su nombramiento como administrador apostólico, Morales ya estaba investigando en Puerto Montt casos de abusos sexuales en los que el obispo Caro ha protegido a los acusados. Por eso, su nominación al frente de la arquidiócesis sureña no fue del todo inesperada para los miembros del clero portomontino. Para ellos, es una figura que ya se ha hecho familiar. Lo han visto, al menos desde hace unos tres años, recorriendo la provincia, tomando declaraciones a consagrados y laicos, haciendo el trabajo que el obispo Caro nunca realizó.
REDES DE ABUSO
El historial de los tres obispos que acaban de dejar sus puestos en manos de administradores apostólicos tiene una característica común: todos han tolerado la “naturalización” de relaciones homosexuales activas en el clero.
Caro, Barros y Duarte, forman parte de un sector de la Iglesia Católica que considera estas relaciones como simples “debilidades” o “pecados de pureza”. Aunque la iglesia las condena como faltas contra el sexto mandamiento y por el quebrantamiento del celibato, esas no son las principales objeciones a estas conductas. El problema más grave es que esta “normalización” de las relaciones homosexuales lleva aparejada la formación de redes de protección, en las que se ha silenciado y tolerado el “abuso de conciencia”. Esta manipulación es ejercida por algunos sacerdotes sobre jóvenes para acceder a relaciones sexuales.
Estas relaciones homosexuales son consentidas y entre adultos –por lo que no califican como delito perseguible por la justicia penal-, pero son resultado de la manipulación de conciencia por parte de los clérigos formadores o guías espirituales. Estos casos son claramente abusivos, como quedó en evidencia con la condena eclesiástica al cura Fernando Karadima, emblema de las guías espirituales torcidas, o en la expulsión del mercedario Labarca. La tolerancia de estas conductas ha dado pie también a casos de abuso sexual contra adolescentes, los que –por tratarse de menores de edad– sí constituyen delito.
-No se está persiguiendo a sacerdotes porque son homosexuales, de forma discriminatoria. Un cura, independiente de su orientación sexual, debe guardar el celibato, pero si no lo hace, no puede tener conductas abusivas. Estas son redes que protegen a curas que han manipulado y abusado. Y aunque las víctimas no necesariamente son menores, es una conducta intolerable. Sería lo mismo con una red heterosexual -señaló a CIPER un personero de la Iglesia Católica relacionado con denuncias de abusos.
Eso es lo que, precisamente, se investiga en estos momentos en la diócesis de Rancagua: una red homosexual de sacerdotes que dejó al descubierto un reportaje de Canal 13 y que habría amparado abusos de menores. Mientras la Fiscalía pesquisa esos delitos para identificar a agresores y cómplices –lo que llevó al reciente allanamiento de recintos eclesiales–, la Iglesia Católica por una vía paralela también busca establecer si hubo abusos de conciencia y manipulación no solo contra menores.
DENUNCIAS CONTRA DUARTE Y BARROS
El renunciado obispo de Valparaíso, Gonzalo Duarte, carga con varias acusaciones que ya se han hecho públicas por encubrir abusos y acoso sexual que afectaron a estudiantes del Seminario San Rafael, aledaño al templo de Lo Vásquez. Al menos en un caso, el propio Duarte fue sindicado como autor de acoso. Por lo mismo, al nuevo administrador apostólico, Pedro Ossandón, le fue encomendado que investigue a fondo esas denuncias.
Ossandón, obispo auxiliar que dirigía la Vicaría de la Zona Sur de Santiago, a diferencia de Duarte tiene una reconocida sensibilidad social y experiencia pastoral: vive en la emblemática población La Legua, donde estuvo a cargo de la Parroquia San Cayetano, y también fue párroco en la población San Gregorio.
Las denuncias que han hecho cuatro ex seminaristas, entre ellos Sebastián del Río (vea su caso en el reportaje publicado por CIPER en 2011), Mauricio Pulgar y Marcelo Soto (vea el reportaje de la BBC con sus testimonios), apuntan precisamente a que bajo el obispado de Duarte operó una red de protección para abusadores y acosadores homosexuales enquistada en el Seminario San Rafael.
Como el protocolo de la Iglesia Católica determina que las denuncias deben ser investigadas en la misma diócesis, el caso de Duarte puso en evidencia que es poco probable que las acusaciones prosperen cuando el obispo local presta protección a los involucrados. Esto explica el reciente anuncio de abrir una oficina del Vaticano en Chile –comunicado por los enviados papales Charles Scicluna y Jordi Bertomeu– para recibir directamente las denuncias de abusos y así evitar el filtro de los obispos.
Respecto del obispo Juan Barros, hasta el momento no hay antecedentes de que haya incurrido en el encubrimiento de abusos en la diócesis de Osorno. Las denuncias contra Barros se deben a que fue cómplice de los abusos que por décadas cometió el cura Karadima contra jóvenes y adultos de la Parroquia El Bosque. No solo porque las víctimas de Karadima dicen que fue testigo de los abusos, sino porque habría operado cuando fue secretario del cardenal y arzobispo de Santiago, Francisco Fresno, para bloquear las denuncias y destruir las pruebas.
Juan Barros mantuvo su protección a Karadima hasta poco antes que el Vaticano lo condenara. Junto a otros obispos formados por el cura de El Bosque –Valenzuela, Arteaga y Koljatic- escribió a Roma denostando a las víctimas y tergiversando los hechos que lo incriminaban.
En este escenario, el administrador apostólico recién nombrado en Osorno, el obispo auxiliar Jorge Concha, tiene como principal tarea sanar las heridas que dejó el paso de Barros en las comunidades católicas de la diócesis, aún dividas entre quienes han respaldado al obispo saliente y los que pedían su salida.
Como obispo auxiliar de Santiago, Concha no formaba parte del círculo más estrecho en torno al cardenal y arzobispo capitalino, Ricardo Ezzati, y estaba cumpliendo una tarea más bien menor, a cargo de la Vicaría para la Vida Consagrada (atender a las congregaciones religiosas presentes en la arquidiócesis). Franciscano, a Concha se le reconoce por su austeridad, su orientación hacia los temas sociales y su cercanía a las comunidades. Alejado de las formalidades y protocolos de la jerarquía, prefiere que lo llamen “hermano” y no “monseñor”. Un sello muy lejano al de Ezzati y que en Roma es ahora valorado.
LOS PROTEGIDOS DE CARO
Contra la pretensión del obispo Cristián Caro de que quede establecido que él solo deja el cargo por razones de edad, en Roma saben muy bien que no es así. El Papa Francisco está al tanto de que hay al menos dos casos de abusos sexuales contra menores cometidos por presbíteros incardinados en Puerto Montt en los que Caro no solo evitó investigar a fondo, sino que protegió a los acusados. En ambos, el obispo conoció los antecedentes pero no les creyó a los denunciantes, desestimó los testimonios y trató de mantener todo bajo reserva.
Frente a las consultas que le hacían desde Roma, hasta donde llegaron las acusaciones, Caro minimizó los hechos. Lo mismo que en su momento hicieron los cardenales Francisco Javier Errázuriz y Ricardo Ezzati, con las denuncias contra Karadima. Por eso, el Vaticano se saltó al obispo Caro y nominó como investigador externo a Ricardo Morales.
El primer caso asfixiado por Caro que cayó en manos de Morales fue el del presbítero Marcelo González, a quien se acusa de haber abusado de dos menores de alrededor de 12 o 13 años de edad. También hay evidencia de que Morales abusó de un joven seminarista. Frente a esta última denuncia, el obispo Caro convocó al agresor y a su víctima y los hizo tomarse de las manos y rezar. Con ese gesto, y contra todos los protocolos de la Iglesia Católica en casos de abuso sexual, Caro dio por superado el asunto.
Al presbítero Marcelo González se le prohibió el ministerio público y fue enviado al Monasterio de Quilvo, donde permanece a la espera de la resolución del caso. El obispo Caro, en tanto, le ha dicho a miembros del clero que González está enfermo o que enfrenta problemas vocacionales, ocultando la situación.
El segundo caso de abuso en Puerto Montt, es el del presbítero Francisco Núñez, quien era párroco en Calbuco y está acusado de mantener relaciones sexuales con adolescentes que frecuentaban la parroquia. La información también la conoció el obispo, pero no hubo reacción. La acusación llegó a la Nunciatura y desde Roma, nuevamente, se le encargó la investigación inicial a Ricardo Morales.
Francisco Núñez dejó la parroquia de Calbuco a comienzos de este año y el obispo Cristián Caro permitió que se le hiciera una misa de despedida y agradecimiento.
Aunque lo normal es que las investigaciones de abuso sexual las lleve el obispo local, en este caso la autoridad romana vio que Caro minimizó la conducta de los agresores. La sospecha es que el obispo de Puerto Montt rehusaba investigar a sus protegidos, porque es uno de los prelados que ha naturalizado las conductas homosexuales como pecados menores. De hecho, fuentes de la arquidiócesis dicen que ha actuado con particular dureza con los sacerdotes sorprendidos en relaciones heterosexuales.
Es altamente probable que en los próximos meses surjan evidencias de que los obispos Caro y Duarte recibieron testimonios de víctimas que no fueron acogidos. Y también, que en sus diócesis hubo investigaciones que fueron bloqueadas para proteger a los abusadores. Por lo mismo, ya hay voces en la Iglesia Católica a las que les preocupa que sus ceremonias de despedida sean muy sencillas, sin grandes demostraciones.
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