El avance hacia la legalización del aborto en Argentina abre las puertas a un cambio de tendencia en la región
¿Nueva era en Latinoamérica?: la legalización del aborto en Argentina abre las puertas a un cambio de tendencia en la región
Por Sofía Benavides
Pese a que se trata de la principal causa de muerte materna a nivel mundial, en algunas regiones hablar del aborto continúa siendo un tabú. Es el caso de Latinoamérica, en donde el aborto es considerado un crimen por las legislaciones de la abrumadora mayoría de países. Sin embargo, si el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que acaba de ser aprobado en la Cámara Baja pasa la prueba del Senado, Argentina podría empezar a torcer la balanza.
Hasta ahora, los números de nuestra región la colocan a la par de África y Medio Oriente. Según un informe del 2012 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 97% de los abortos en África y 95% en América Latina son considerados inseguros. Entre el 2010 y el 2014, se practicaron unos 6,5 millones abortos por año en Latinoamérica, mientras que en el periodo 1990-1994, el número había sido 4,4 millones. La tasa anual de aborto está estimada en 44 casos cada 1000 mujeres en edad reproductiva (de 15 a 44 años), y la proporción de embarazos que terminan en abortos aumentó de 23 a 32% en los últimos años.
El aborto no está permitido bajo ninguna circunstancia en seis países: República Dominincana, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, Suriname. Es que, con la salvedad de Uruguay, la capital de México y Cuba, los países de la región oscilan entre la prohibición absoluta del aborto (con penas de prisión para quienes lo practican) y la prohibición con algunas pocas excepciones.
El último informe de Amnistía Internacional (AI) basado en datos del Guttmacher Institute asegura que más del 97% de las mujeres en edad reproductiva en América Latina y el Caribe viven en países en los que el aborto está severamente restringido por ley. Si la ley se aprueba en Argentina, las proyecciones indican que ese número caería a un 90%.
A esa situación se suma el hecho de que en América Latina y el Caribe la mitad de los embarazos son no deseados y no planificados -como consecuencia de la violencia sexual, la demanda de anticoncepción insatisfecha y un patrón cultural que prioriza el rol de la mujer madre-, tasa que se ha mantenido inalterable desde 1985, de acuerdo con el mismo informe.
Las excepciones regionales
Además de Cuba, donde el aborto es legal hace más de medio siglo, la practica está permitida en Ciudad de México, Guyana, Guayana francesa, Puerto Rico -estos dos últimos por adopción de las legislaciones de Francia y Estados Unidos, respectivamente- y Uruguay, donde fue legalizado en el año 2012.
El caso uruguayo, en efecto, ha sido destacado en un informe del International Journal of Gynecology and Obstetrics, como el segundo país con menor mortalidad materna en toda América, solo superado por Canadá. De acuerdo a esa publicación, esa cifra es consecuencia de la aplicación del modelo de reducción de riesgo y daños del aborto inseguro, seguido por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
Pese a eso, la legislación es más restrictiva que el proyecto que acaba de aprobarse en primera instancia en Argentina, debido a una serie de trabas y plazos burocráticos: la mujer debe cumplir con una serie de pasos que incluyen una entrevista con un tribunal interdisciplinario y, tras eso, debe tomarse cinco días de «reflexión». Solo entonces puede practicarse el aborto a través de las pastillas de misoprostol.
Ciudad de México también se trata de una excepción, no solo por la legislación que habilita el aborto libre desde el año 2008, sino porque la habilitación corre para apenas uno de los treinta y dos estados. Allí, el aborto es libre hasta la semana 12 por libre decisión de la mujer y gratuito. Además, no es necesario que las mujeres que lo practican tengan domicilio en la capital mexicana, lo que habilita a que -quienes tengan los recursos para viajar- puedan acceder a uno en un hospital de la ciudad.
La normativa fue posible gracias a que, en el año 2007, coincidieron una serie de importantes movilizaciones de mujeres, un jefe de gobierno -Marcelo Ebrard Casubón- dispuesto a legalizarlo, y un congreso estatal bastante plural, explicó a Infobae Regina Tamés, directora de la organización mexicana GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida).
«En México no se si se ganaría un referéndum como el de Irlanda. El peso social de la Iglesia católica es muy fuerte y, desde hace un tiempo, también lo es el de la Iglesia Evangélica», relató Tamés, y agregó: «A eso se suma la situación de violencia cotidiana gravísima que vive nuestro país, que empuja a este tipo de temas, como el aborto, por fuera de la agenda».
La regla: el modelo de despenalización por causales
La enorme mayoría de los países de la región posee un sistema de despenalización por causales, generalmente tres, reconocidas en los códigos penales: cuando el embarazo es producto de una violación, cuando la continuación del embarazo pone en riesgo la vida de la madre y cuando el feto no tiene posibilidades de sobrevida. Sin embargo, son usuales los casos en los que las trabas burocráticas y las dificultades a la hora de hacer cumplir dichas excepciones hacen que se superen los tiempos establecidos por ley, por lo que los derechos de esas mujeres terminan siendo vulnerados.
En el caso de Chile, la ley cambió en septiembre de 2017, cuando se promulgó la llamada despenalización por tres causales (riesgo de vida para la madre, feto inviable y embarazos producto de una violación). Las primeras dos no tienen plazos, mientras que en los casos de violaciones el límite son 12 semanas y 14 si se trata de menores de edad.
De acuerdo con Gloria Maira, coordinadora de la Mesa acción por el aborto en Chile, quien habló con Infobae, esa ley ha tenido muchísimos problemas para su aplicación. «El principal obstáculo es el protocolo de objeción de conciencia», explicó. Además del derecho individual del médico de negarse a realizar una práctica que va en contra de sus creencias personales, en Chile existe la objeción de conciencia institucional, es decir, instituciones enteras que se resisten a hacer los abortos contemplados por la ley.
«Creo que en América Latina hay una tendencia a modificar las legislaciones por otras más favorables a los derechos de la mujeres. No digo que sea una corriente amplísima, sino apenas una tendencia. Es el caso de Chile que, aunque de forma muy limitada, dio una señal en ese sentido después de 28 años de prohibición total por un decreto de Augusto Pinochet», explicó la especialista.
Pese a todo, Maira admite que su país está lejos de haber resuelto el problema de la mortalidad materna: «Lo grave es que la ley sancionada el año pasado puede evitar apenas unos 3.500 casos. Esto quiere decir que el aborto en Chile va a seguir siendo clandestino».
Brasil es otro de los casos donde el aborto se encuentra prohibido con excepciones. La última modificación fue en el año 2012, cuando el Supremo Tribunal de Justicia lo habilitó para los casos de fetos anencefálicos, que se sumó a las otras dos excepciones: embarazos producto de una violación y riesgo de vida para la madre.
De acuerdo con datos del Ministerio de Salud brasileños, más de 250 mil mujeres son internadas cada año año en Brasil por complicaciones del embarazo. Cerca del 30% de las mujeres que se realizan un aborto en clínicas clandestinas, cuando no mueren, se quedan con secuelas en el sistema reproductivo. Se estima que 1 de cada 5 mujeres hará un aborto hasta los 40 años.
Actualmente, sin embargo, hay varios proyectos en el Congreso en el sentido de restringir estas excepciones y que la práctica esté prohibida en todos los casos. Por el contrario, sólo existe un proyecto introducido por el PSOL en el sentido de la legalización del aborto.
«Actualmente Brasil atraviesa un momento muy difícil de su historia. Hubo un golpe de estado que consagró a un gobierno muy sexista, y hubo muchos retrocesos en estos dos años. El parlamento tiene apenas un 10% de legisladoras mujeres. Además es un país muy católico, y también está muy fortalecida la iglesia evangélica», explicó Lola Aronovich, profesora de la Universidad Federal de Ceará, miembro del frente feminista por la legalización del aborto en Brasil y autora de uno de los dos mayores blogs feministas de Brasil.
Ella misma fue denunciada en 2014 por el Ministerio Público, por haber publicado un posteo en su blog sobre una mujer que se había practicado un aborto. «Me dijeron que se trataba de apología del delito, lo que demuestra que la criminalización del aborto en Brasil es tal, que en muchos casos no está ni siquiera permitido hablar del tema».
La prohibición total del aborto, contra Convención contra la tortura de la ONU
Con sus límites, la ley aprobada en Chile ha reducido de siete a seis los países de la región con prohibiciones totales para el aborto, incluso cuando hay riesgo para la vida de la mujer y, en la mayoría de ellos con altas penas para quienes sean descubiertas o denunciadas por practicarlo.
De acuerdo con el relator especial de las Naciones Unidad contra la Tortura, Juan Méndez, la prohibición absoluta del aborto viola la Convención contra la Tortura de 1984 por implicar un trato cruel, inhumano y degradante.
El Salvador es reconocido como el país con la legislación más restrictiva de nuestra región. Hace apenas unos años, un grupo de legisladores salvadoreños de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) presentó una propuesta para aumentar las penas para aquellas mujeres que recurran al aborto -prohibido en todos los casos- hasta los 50 años de cárcel. El Salvador ya es escenario de algunos de los casos más aberrantes de criminalización de las mujeres por este tema, como lo demuestra la historia de Teodora Vázquez, condenada en el año 2008 a 30 años de prisión por un emergencia obstétrica sufrida en el noveno mes y que la llevó a perder su embarazo. A principios de 2018, sin embargo, Vázquez fue finalmente liberada después de diez años en prisión, gracias a una conmutación de la pena y a varios atenuantes vinculados a su buena conducta, y a la presión de organizaciones de mujeres.
Antes del 1 de mayo de este año, cuando cambió la composición de la legislatura salvadoreña, hubo un cabildeo relativamente intenso para aprobar un proyecto que contemple algunos causales. Sin embargo, ninguno de ellos llegó a buen puerto y organizaciones de mujeres aseguran que deberán pasar tres años hasta que la cámara se modifique y dichos proyectos puedan ser tratados nuevamente.
Argentina, punta de lanza del movimiento de mujeres en América Latina
No será la primera vez que el país sudamericano es la punta de lanza de movimientos que se han contagiado en toda la región. Sucedió en 2015, cuando masivas y potentes movilizaciones reclamaron al Estado su responsabilidad por la violencia contra las mujeres al grito de #NiUnaMenos, un eslogan que rápidamente recorrió el mundo y se replicó en varios países.
Desde entonces pero incluso antes -Argentina es el único país de la región donde anualmente y desde hace 35 años se celebra un Encuentro Nacional de Mujeres en distintos puntos del país-, las movilizaciones fueron ganando en masividad y lograron colocar nuevos temas en la agenda pública, entre ellos, el aborto. Fue así que a fines del 2017 el presidente Mauricio Macri habilitó el tratamiento del tema en el Congreso, potenciando aún más el debate social sobre el tema. Después de casi seis meses y luego de una maratónica sesión y de una gigantesca movilización en las afueras del recinto, la Cámara de Diputados argentina le dio media sanción al proyecto de legalización y despenalización del aborto por una ajustada diferencia, y ahora la iniciativa irá al Senado, en donde puede recibir la sanción definitiva, ser modificado o rechazado de plano. Los pronósticos para la etapa actual son optimistas: la mayoría coincide en que la ley podría llegar a la Cámara Alta en los próximos dos meses y que, una vez allí, posiblemente obtenga un dictamen favorable.
Desde México y todavía impactada por la noticia, Regina Tamés destacó que lo que sucedió en Argentina puede tener consecuencias en la región: «No sólo porque la movilización, que fue enorme, sensibiliza a la sociedad, sino porque circularon muchas intervenciones de figuras y diputados católicos que explicaban que dejarían de lado sus creencias personales para priorizar lo que en realidad es un problema de salud pública. Eso me impresionó mucho y creo que puede tener un impacto en la clase política». Y agregó: «Espero que las mujeres latinoaméricanas aprendamos de lo que hicieron las argentinas porque fue realmente inspirador. Hay cuestionamientos, ideas nuevas, formas de movilización de las que debemos aprender en toda la región».
«Aunque quizás no suceda en Brasil, creo que la legalización del aborto en Argentina sí va a tener impacto en América Latina. Es un país muy influyente y eso se puede reflejar no sólo en los gobiernos, sino también en las mujeres de los países de la región, que pueden salir fortalecidas», opinó desde Brasil Lola Aronovich.
«Lo de argentina abrió el horizonte para el acceso al aborto libre. Creo que ha marcado una tendencia hacia algo que en Chile también existe y que llamamos ‘la ola feminista’: un movimiento de mujeres con expresión social masiva. Es muy contundente, es un feminismo joven con mucha potencia en relación al ejercicio de sus derechos. Para la clase política chilena lo que sucedió en Argentina es la peor noticia, porque intuyen que ahora va llegar acá, y saben que la influencia será importante», dijo desde Santiago Gloria Maira. «Lo de argentina nos ayuda a fortalecer conciencia social de que somos las mujeres en la calle y es la movilización la única que nos ayudará a conquistar nuestros derechos», concluyó.
