Colombia: votan en el Senado si se hace una consulta popular anticorrupción
El pasado 17 de abril, en un pacto político poco usual en el Congreso de la República, la mayoría de las bancadas –salvo algunos legisladores de la U– acordaron aplazar para hoy, 5 de junio, la votación de la conveniencia de la consulta anticorrupción, liderada por las congresistas de la Alianza Verde Claudia López y Angélica Lozano. El objetivo, como se dijo en ese entonces, era marginar la iniciativa de cualquier injerencia electoral, teniendo en cuenta las elecciones presidenciales de primera vuelta. Especialmente, porque se trataba de un asunto de interés común y no querían que se usara para hacer proselitismo e interferir en los resultados del 27 de mayo.
Hoy, a escasos días de que culmine este período legislativo, fue convocada la plenaria del Senado en la que se definirá el futuro de la consulta, que recibió el respaldo de más de cuatro millones de colombianos, con la esperanza de llevar a las urnas siete mandatos que prometen fortalecer las medidas en contra de ese fenómeno en el país. Entre ellos, reducir el salario de los congresistas y obligarlos a rendir cuentas, exigir que se usen pliegos tipo en la contratación, acabar con los beneficios judiciales a los condenados por corrupción y limitar a tres períodos la permanencia en las corporaciones públicas (Congreso, asambleas departamentales y concejos municipales).
Haciendo cálculos, no habrá mayor problema para que esta misma tarde salga adelante la consulta. Las congresistas López y Lozano afirman tener el respaldo de 19 senadores del Centro Democrático, 5 de la Alianza Verde, 5 del Polo Democrático, 3 del MIRA, 4 de Opción Ciudadana, 15 del Partido Liberal, 16 del Partido Conservador, 6 de la U, más los de la Alianza Social Independiente (ASI) y el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS). De ser aprobada, todas las apuestas apuntan a que la iniciativa se llevaría a las urnas el fin de semana de la segunda vuelta presidencial. Es decir, dentro de quince días. Sin embargo, no hay chance de que eso ocurra, pues los tiempos no dan.
Y está por verse si los buenos deseos de los partidos políticos se mantienen luego de una extenuante campaña presidencial, los albores de la segunda ronda electoral y de unos comicios cuyos resultados han redibujado el mapa político en el Congreso. En este debate podrían verse nuevas posturas entre el Centro Democrático, los conservadores, Cambio Radical, gran parte de la U y el partido Liberal, que se la jugarán por el candidato uribista, Iván Duque. Lo que dejaría en solitario al Polo y la Alianza Verde, salvo algunas excepciones, para apoyar la candidatura del aspirante de la Colombia Humana, Gustavo Petro.
Ante este panorama, la congresista Angélica Lozano confía en que va a ser aprobada. “Estoy optimista, no veo razones para que los senadores se echen para atrás. Se comprometieron 70. Nosotros tenemos el voto fijo del Polo y los verdes, la mayoría de los liberales y una parte de la U, gente firme que ha sido promotora de proyectos similares. Los que no teníamos eran los votos del Centro Democrático, que se comprometió a votar positivo ese día”. Además, no cree que la actual coyuntura haga que el Centro Democrático cambie de posición, pues ante la popularidad que ha tenido la iniciativa sería un grave error que afectaría directamente la campaña de Duque, dice Lozano.
Desde el uribismo, en efecto, dan un parte de tranquilidad y señalan que el compromiso a favor de la iniciativa se mantiene. “El partido tiene la valoración de que debe haber una respuesta efectiva desde la institucionalidad, en este caso desde el Congreso, hacia esa gran angustia que existe en la gente con el tema de la corrupción. No ha variado ninguna de las posiciones del partido frente a ello, así que cuando se retome el tema en el Senado, el Centro Democrático acompañará ese propósito de apoyarla como se comprometió a hacerlo”, dijo el senador de esa colectividad Jaime Amín. Y agrega que tampoco cree que la proximidad del debate electoral en segunda vuelta afectará la votación de la consulta, dado que es un fenómeno que concierne a todo el país.
De aprobarse la consulta anticorrupción, el presidente Juan Manuel Santos y de la Registraduría tendrán que fijar una fecha –tienen ocho días para ello– y hacer la convocatoria a las urnas, que podría ser el próximo domingo 2 de septiembre. La razón es que por ley puede convocarse hasta tres meses después de la decisión del Congreso.
El segundo obstáculo para que la consulta sea una realidad es que el día de su votación logre la participación de al menos el 30 % del censo electoral vigente, que se estima en unos 11 millones de personas. Quedará en manos de los colombianos demostrar con votos si están realmente cansados de la corrupción.
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