Colombia: tras aprobarse en el Congreso, la Jurisdicción Especial de Paz espera por la sanción presidencial
Ley de procedimiento de la JEP pasó a sanción presidencial
Pasada la media noche de este jueves las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes conciliaron el articulado de la ley por medio de la cual la Justicia Especial para la Paz, JEP, tiene sus normas procedimentales o reglamento, con el cual tan pronto sea sancionada por el presidente Juan Manuel Santos, podrá empezar a operar de lleno.
En la conciliación se acogió el articulado aprobado el miércoles en el Senado, en cual se incorporaron dos cambios sustanciales: que la JEP no podrá interferir en las extradiciones a desmovilizados de las Farc y que se congela por 18 meses la presentación de miembros de la fuerza pública a esta justicia.
La conciliación en el Senado se aprobó a pupitrazo, mientras que en la Cámara se pidió votación nominal, la misma pedida por el representante del Polo Democrático, Aliro Uribe, quien manifestó que al acoger el articulado votado en el Senado se está violando la Constitución Política porque contraría los actos legislativos que crearon la JEP y uno más el que prohíbe cambiar los acuerdos antes de 12 años.
Alirio Uribe aseguró que su partido demandará ante la Corte Constitucional la ley, porque cambia el sentido final de los acuerdos de paz.
En el mismo sentido se pronunció al término de la sesión el ministro Guillermo Rivera, quien dijo el Gobierno demandará ante el tribunal constitucional los dos artículos en cuestión.
El trámite
La aprobación total del articulado se dio con el respaldo parcial que otorgó la bancada del Centro Democrático, el 90 % de los artículos, pero se apartó en los temas referentes a la extradición y la sala especial de juzgamiento para los militares.
Esa postura la defendió la senadora Paloma Valencia, quien insistió en que en primer lugar la JEP no tendrá potestada a practicar pruebas a las solicitudes de extradición que algún gobierno, como los Estados Unidos por ejemplo, hagan de jefes del grupo desmovilizado de las Farc.
Según lo aprobado, la JEP sólo podrá verificar si los delitos fueron cometidos antes de la desmovilización o si fueron en fecha posterior, las decisiones de fondo sobre el envío eventual de algún desmovilizado, se ratifica, queda en la Corte Suprema.
El segundo tema que logró imponer el Centro Democrático es lo referente al acceso de los militares a la JEP. Según la senadora Valencia, esa posibilidad se mantiene y para eso en el articulado se incluyó que se darán 18 meses para que el Gobierno tramite una reforma constitucional en la cual se determine que los militares tendrán una sala especial, la cual será compuesta por otros magistrados que se encargarán de esos temas.
En concepto del senador uribista Alfredo Rangel, “lo que estamos haciendo es corregir en algo que se haya puesto a las fuerzas militares en el mismo saco que con los terroristas”.
Estas dos propuestas fueron acogidas por la mayoría requerida, la cual debido a los 28 impedimentos que se aprobaron y las cuatro sillas vacías que había en la corporación, tenía un quórum más bajo, de 35 votos como mínimo.
El gobierno, por intermedio de los ministros del Interior y Justicia, y el ponente Roy Barreras no compartieron que hayan sido aprobadas las propuestas del uribismo, esto porque en su concepto son abiertamente inconstitucionales y se caerán en la revisión que haga el alto tribunal constitucional.
El ministro Guillermo Rivera aseguró que “nosotros habíamos dicho desde el principio que este nuevo artículo que congela la comparecencia de los miembros de la fuerza pública ante la JEP es contrario a la Constitución, la Corte tendrá que hacer una revisión y contrastar con lo que hizo el año pasado al pronunciarse sobre el acto legislativo que la creó”.
Pese al revés en esos asuntos, el Ministro dijo que “queremos celebrar que la plenaria aprobó el proyecto de ley para que la JEP tenga unas normas de procedimiento y podrá funcionar con el pleno de sus competencias, las grandes ganadoras son las víctimas”.
El ponente Barreras señaló que “hoy hemos logrado ganar el último partido de la paz, nos metieron un par de goles ilegales, la extradición y la comparecencia de los militares, pero será el VAR, que es la Corte Constitucional, el que los va a corregir”.
Barreras, sin embargo, destacó que pese a la nueva realidad de las mayorías que ya actúan con el gobierno entrante de Iván Duque, se pudo votar 72 de los 74 artículos en mayoría.
Presidente Santos no objetará cambios hechos a JEP en Congreso
El presidente Juan Manuel Santos dijo que no va a objetar los cambios con los que fue reglamentada la Justicia Especial de Paz (JEP) en el Senado, aunque los había considerado inconstitucionales.
«Se aprobaron dos artículos controvertidos (…) el presidente no puede objetar artículos, sino que tiene que objetar la ley, yo no la voy objetar».
El Jefe de Estado señaló que dejará el tema en manos de la Corte Constitucional.
Este miércoles la JEP se reglamentó con dos propuestas del Centro Democrático.
La primera es que en casos como el de ‘Jesús Santrich’, quien es pedido en extradición por EE.UU., la JEP no podrá solicitar pruebas, solo preguntar si la comisión del delito fue antes o después de la firma del acuerdo de paz.
Si fue antes de la firma del acuerdo, la JEP conocerá el caso, de lo contrario será la justicia ordinaria la que se encargue del mismo.
Además, los militares y policías que se sometan a la JEP podrán abstenerse de ser procesados hasta que se cree una sala especial para ellos. Actualmente son procesados en la misma sala donde se juzga a los exguerrilleros de las Farc.
Corte Constitucional tendrá la última palabra sobre modificaciones en la JEP
La plenaria del Senado votó el pasado miércoles, por fin, la ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), luego de semanas de aplazamientos y proposiciones por parte de las nuevas fuerzas que surgieron a partir de la victoria del presidente electo, Iván Duque, el pasado 17 de junio. En la madrugada del jueves, ambas cámaras del Congreso aprobaron el texto conciliatorio con las modificaciones planteadas por el Centro Democrático, y pasará a sanción presidencial.
Esto, además de darle una normatividad a la JEP para que comience a operar con todas las herramientas jurídicas a su alcance, así como con límites definidos, fue un pulso político entre el gobierno saliente, de Juan Manuel Santos, y el entrante.
Sin embargo, hay quienes aún tienen reparos a lo que se votó en el Congreso, especialmente sobre las modificaciones propuestas por el uribismo que, en resumen, buscan, primero, darle un tratamiento diferencial a los miembros de la Fuerza Pública a la hora de ser juzgados; segundo, anular las facultades probatorias de la Jurisdicción para que esta no pueda practicar pruebas a la hora de definir la fecha de la comisión de un delito por el cual algún actor del conflicto armado sea solicitado en extradición.
Por esta razón, el actual ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo que: “Nosotros habíamos expresado desde el principio que este nuevo artículo que congela la comparecencia de los integrantes de la Fuerza Pública ante la JEP es contrario a la Constitución. La Corte tendrá que hacer una revisión, pues, justamente, a finales del año pasado señaló que la comparecencia de excombatientes de las Farc y miembros de la Fuerza Pública tenía que ser obligatoria. En esa materia tiene será la Corte Constitucional quien tenga la última palabra».
Aun así, reconoció que «las grandes ganadoras con esta decisión son las víctimas del conflicto armado, pues la JEP tendrá el propósito de satisfacer sus derechos a la verdad, justicia, reparación y a las garantías de no repetición».
Reglas de Procedimiento de #JEP pasa a sanción presidencial pic.twitter.com/WBXeguqaMV
— Guillermo Rivera (@riveraguillermo) 28 de junio de 2018
El senador Iván Cepeda, junto a organizaciones de víctimas y otros congresistas, anunció que demandará dichos cambios al considerarlos también inconstitucionales. «Lo que viene es una defensa férrea para proteger el acuerdo de paz de cambios que desconocen los derechos de las víctimas y que desnaturalizan el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición», aseguró. «Es temprano para que los partidarios del Uribismo declaren el triunfo sobre este importante aspecto del Acuerdo y de su modificación».
Así se vivió la votación en el Senado
Tras un par de jornadas de negociaciones en la subcomisión de legisladores asignada para llegar a acuerdos en el asunto y destrabar el trámite que busca reglamentar la justicia transicional, el Gobierno Nacional y las nuevas coaliciones lograron consensuar en diversos temas. De hecho, fueron en total 27 proposiciones del Centro Democrático las aceptadas por los ponentes de la ley, las cuales se incluyeron al texto original y se votaron como un bloque en la cámara alta, aprobado por unanimidad.
Sin embargo, hubo otras cuestiones sobre las que fue imposible acordar, específicamente, alrededor de dos temas: la facultad de la JEP ante una solicitud de extradición de un actor del conflicto armado para practicar pruebas con el fin de determinar la fecha de la comisión del delito —contemplado en el artículo 53 del proyecto de ley original—y la diferenciación en el tratamiento judicial entre exguerrilleros y actores de las fuerzas estatales.
Las proposiciones del uribismo ganaron la puja en ambos asuntos. Sobre la extradición, inicialmente se propuso que la JEP decretara “únicamente las pruebas que sean estrictamente necesarias y pertinentes para establecer la fecha de comisión de la conducta”, pues se conoce que, para hacer efectiva la extradición, los crímenes tuvieron que haber sido cometidos después de la firma del acuerdo. Con la modificación aprobada por 31 senadores, esta competencia le será arrebatada a la justicia transicional con el fin de que “las solicitudes de extradición no sean injustificadamente dilatadas cuando ya la Corte Suprema de Justicia está capacitada para investigar”.
A pesar de que los ministros de Interior y Justicia, Guillermo Rivera y Enrique Gil, insistieron en que el alcance de la JEP es “judicial y no notarial” y, por tanto, debería tener facultades probatorias, la controversial suspensión de la extradición de exlíder guerrillero ‘Jesús Santrich’ puso en el ojo del huracán las capacidades de la JEP en este sentido y el Senado prefirió adoptar esta modificación.
Las mayorías del Capitolio votaron positivamente también a la adición del artículo que busca darle un procedimiento “especial y diferenciado” al juzgamiento de los miembros de la Fuerza Pública, a pesar de las diversas advertencias por parte del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien aseguró que cambiar dicho proceso no solo podría poner en el limbo jurídico sino también bajo la lupa de la Corte Penal Internacional a los militares y policías involucrados.
“En términos del Mundial, hemos logrado ganar el último partido de este campeonato de la paz 2014 – 2018. Nos metieron un par de goles ilegales en el último minuto, pero el VAR, que es la Corte Constitucional, los va a corregir”, señaló Roy Barreras, su ponente.
“Bienvenidos al gobierno de Iván Duque”, fueron las palabras de Paloma Valencia, promotora de las modificaciones, luego de la votación en el Legislativo.
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