Reportan más de mil cuerpos de desaparecidos recuperados en 190 ríos de Colombia
“Hay que derribar el mito de que ‘si lo tiraron al río, no hay nada qué hacer’”, concluyen investigadores y expertos ante la realidad de que muchos cuerpos reposan en los lechos de los ríos colombianos, como consecuencia del conflicto. El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) reporta más de 1.080 cuerpos recuperados en al menos 190 ríos colombianos.
La práctica macabra de desaparecer cuerpos arrojándolos a los ríos de Colombia, perpetrada por grupos armados, podría tener más de 60 años. La larga historia de desaparición forzada tiene dos caras: la del horror y el dolor por las vidas destruidas de miles de familias víctimas; y la de resistencia y abnegación por aquellas personas, sobre todo mujeres, que han emprendido la búsqueda incansable de sus desaparecidos.
Colombia no es el único país donde algo tan escabroso ha ocurrido. En Chile y Sudáfrica, al menos 28 ríos sirvieron para borrar el rastro de crímenes políticos generalmente perpetrados por agentes del Estado, según relatan las comisiones que en cada nación tenían el mandato de esclarecer lo sucedido. En Colombia, sin embargo, los principales verdugos han sido grupos paramilitares, que en diferentes lugares del territorio se han ensañado violentamente contra las comunidades ribereñas, llevando esta tenebrosa práctica hasta niveles inimaginables.
Así lo demuestra la documentación del proyecto Ríos de vida y muerte, una investigación de periodistas de Rutas del Conflicto y de Consejo de Redacción que se abre al público hoy.
En 40 de los 44 ríos rastreados ‘paras’ emplearon esta práctica. En 18 de ellos, los grupos armados desaparecieron a sus víctimas de manera sistemática, torturándolas (16 ríos), señalándolas como supuestas auxiliadoras de sus enemigos (19 ríos), y manipulando sus cuerpos de maneras atroces e irracionales para evitar que flotaran en el futuro (20 ríos).
Según los datos del CNMH, grupos de autodefensa estarían detrás del 68% de los casos de desaparición forzada en los afluentes colombianos.
No obstante, eliminar las huellas de su crueldad no fue siempre su única intención. Con la práctica buscaron castigar y prohibir expresamente la recuperación de los cuerpos (4 ríos). Además, inflingieron castigo a: líderes sociales (6 ríos), combatientes “indisciplinados” de sus filas o recién desmovilizados (4 ríos) y otras personas que señalaban como ladronas, drogadictas, trabajadoras sexuales y homosexuales, por considerarlas “indeseables”, o sujetos que simplemente se negaron a pagarles una ‘vacuna’ o a seguir colaborando con ellos (11 ríos).
Nadie está exento de culpa, ni las guerrillas ni los miembros de la fuerza pública. Se encontró evidencia de prácticas guerrilleras de desaparición en 11 ríos y aunque quitarle la vida a alguien para luego arrojarla a un río es ya de por sí un hecho terrible, no emplearon el mismo volumen de sevicia que los ‘paras’.
El CNMH asume que los grupos guerrilleros son presuntos responsables del 8% de las desapariciones forzadas en ríos. Esclarecer, juzgar y dimensionar sus crímenes es ahora responsabilidad de la Justicia Especial para la Paz (JEP) y de la Comisión de la Verdad, organismos creados tras el Acuerdo de Paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, y el gobierno colombiano.
La fuerza pública merece un capítulo aparte, pues hay indicios que involucran a algunos de sus integrantes con el incremento de estos métodos de esconder la verdad en el agua. En el río Guaviare, por ejemplo, hubo múltiples acciones violentas que realizaron en conjunto con los paramilitares del Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia, Auc (a quienes llevaron en aviones militares por primera vez a la región). Los oficiales le pidieron a los ‘paras’ que desaparecieran los cuerpos de sus víctimas para que el número oficial de muertos en la zona no aumentara, según informó la Fiscalía. Bien sabida es la colaboración entre integrantes del Ejército y varios grupos paramilitares, pero, ¿por qué llegar hasta ese punto?
El dolor por esta práctica de desaparecer gente en los ríos, está vivo. A corte de hoy siguen arrojando cuerpos a los afluentes. En la base de datos Ríos de vida y muerte, hay registro de 12 ríos que han presentado casos en los últimos años, en cuyas orillas delinquen, sobre todo, grupos armados al servicio del narcotráfico y bandas criminales provenientes del paramilitarismo.
Una carrera contra el tiempo
Al otro lado del mundo, hace 20 años, una violenta guerra étnica dejó 40.000 personas desaparecidas. Para dar con su paradero, el acuerdo de paz que dio fin a la confrontación desatada por la disolución de la antigua Yugoslavia ordenó la creación de la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas (ICMP, por sus siglas en inglés). No la ha tenido fácil, pero desde entonces la comisión ha hallado el 70 por ciento de ellas.
En el año 2010, el drenaje del lago Perucác, en Bosnia y Herzegovina, necesario para la construcción de una represa, le devolvió la esperanza a miles de familiares que la habían perdido durante los cinco años que duró la guerra en esa región. La ICMP atendió la situación con urgencia. Cientos de cadáveres que quedaron expuestos fueron exhumados y enviados al primer laboratorio de ADN que ha atendido una catástrofe humanitaria de tales proporciones. Un equipo élite de expertos, dotados de la mejor tecnología genética y en un hecho sin precedentes, identificó a 204 personas.
Sucesos como los del lago Perucác demuestran una cosa: es posible identificar a quienes llevan décadas bajo el agua, incluso en estados avanzados de descomposición, pero ¿cómo encontrarlos?
La búsqueda en Colombia afronta muchos retos, comenzando porque no hay certeza de los puntos del río donde fueron arrojados, por dónde se los llevó la corriente y a cuántos realmente hay que buscar. Los desaparecidos también pudieron haber sido reclutados, secuestrados o solo haber tenido el infortunio de perderse mientras huían de los armados. Además, en algunos casos, los victimarios usaron como pretexto haberlos tirado al río, para enterrar la verdad y que así dejaran de buscarlos.
Pero el mayor enemigo de todos, sin duda, es el tiempo en contra. Los familiares vivos que pueden aportar las muestras de ADN para su identificación envejecen cada día y la memoria de los testigos que logren superar el miedo a hablar en medio de un conflicto que sigue vivo, se agota.
En eso están de acuerdo Deborah Ruiz Verduzco y Diana Arango Gómez, dos de tantas mujeres que abanderan la búsqueda de los que faltan. Deborah Ruiz, como la encargada del desarrollo institucional y de la sociedad civil en la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas (ICMP) y Diana Arango, como la directora de la ong Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (Equitas).
La ICMP ha acompañado el proceso de paz desde el 2015, compartiendo la experiencia que ha traído de más de 40 países. Equitas, por su parte, investiga, desde hace más de diez años y de manera independiente, crímenes complejos perpetrados durante la guerra, brindando asesoría jurídica y sicosocial a las víctimas.
A pesar de su optimismo, los retos son enormes, más aún cuando no se conocen intentos del Estado colombiano por buscar a los desaparecidos en los ríos. “Hay que derribar el mito de que ‘si lo tiraron al río, no hay nada qué hacer’”, asegura Diana Arango, refiriéndose a la respuesta que el gobierno ha dado una y otra vez a los familiares que denuncian.
Esto, sin embargo, ha venido cambiando desde la firma del Acuerdo de Paz.
A mayo de 2018, la nueva Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, cuya creación fue promovida por la víctimas que participaron en el Acuerdo, está preparándose para responder a su objetivo: buscar, localizar, identificar y devolver las personas desaparecidas a sus familiares. La antropóloga forense Ana Carolina Guatame hace parte de esta nueva tarea y es hoy quien asesora a la Unidad en el componente técnico que incluye todo el proceso investigativo, desde la documentación de casos hasta el diseño de las acciones de búsqueda.
Aunque se asuma que miles reposan bajo el río, también hay quienes han sido recuperados en la orilla y enterrados por las comunidades de pueblos como Puerto Berrío, Marsella, Samaná e Ituango. Su sentido humanitario es la esperanza de muchos y su experiencia será esencial para el trabajo de la Unidad de Búsqueda. El papel central que deben tener las víctimas, sobrevivientes y comunidades en este proceso, es algo en lo que coinciden Diana, Deborah y Ana Carolina.
En este largo camino, será necesario explorar nuevas tecnologías. Para aclarar la identidad de un cuerpo la ley colombiana acepta el uso de placas dentales, huellas dactilares y el uso de ADN, cuyo máximo aprovechamiento está siendo asesorado por la ICMP. Sin embargo, para identificar, primero hay que encontrar.
Sabina Taslaman, coordinadora de capacitación de la ICMP, es optimista. “Es posible hallar a las personas que han sido desaparecidas en ríos, en el caso de excavarse. El suceso del lago Perucác muestra que es posible obtener ADN de esas muestras y arrojar altas probabilidades de identificación”, asegura la experta. Pero para llegar a ello hay que saber dónde excavar.
Equitas se ha caracterizado por investigar las más difíciles tareas de búsqueda, aportando nuevos enfoques científicos, incluso, para el rastreo de los que han sido desaparecidos en ríos. Esta metodología está en vísperas de ajustes técnicos y, debido a sus altos costos, aún no ha podido aplicarse, pero es un primer paso en descubrir nuevas maneras para abordar este gran reto.
En esta carrera, el tiempo es oro. ¿Por dónde comenzar?
La nueva Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas tendrá pronto que terminar de prepararse y comenzar a indagar por el paradero de miles de víctimas. El CNMH advierte que pueden ser cerca de 83.000 en general. Aunque la Unidad estará en ello durante los próximos 20 años, el reloj está en contra. Los expertos esperan que aproveche al máximo la información disponible y con prontitud documente la que falta, que innove con nuevas aproximaciones científicas y tecnológicas y que dejen a los familiares en el centro del proceso.
La Unidad tendrá la ardua tarea de superar los grandes retos técnicos que requiere el hallazgo de desaparecidos en ríos y construir lazos de confianza entre los demás entes del Estado involucrados en la ruta de búsqueda y los sobrevivientes del conflicto, quienes muchas veces temen entregar información.
Es claro que algunas personas por los años que llevan desaparecidas, por la dificultad del escenario de la desaparición o por la falta de información, serán muy difíciles de encontrar y, de hacerlo, poder determinar su identidad, debido al mal estado de los cuerpos. Es una posibilidad muy real en Colombia.
En ocasiones solo quedará el recuerdo. Para dignificar su memoria, los familiares han emprendido toda clase de iniciativas para denunciar la ausencia, resistir el dolor y resignificar la agonía. Honrar a sus amados les ha ayudado a combatir la tortura de un duelo que no llega, luchar contra la injusticia y develar las asiduas verdades de un conflicto que la mitad del país ignora.
Es también deber del Estado respetar esa memoria, como una deuda histórica y un ladrillo sólido que aporte a la construcción ineludible de la paz.
