México: sin casillas ni partidos: los pueblos indígenas buscan autogobernarse
Por Al-Dabi Olvera
Tras siete años de gobernarse por medio de sus usos y costumbres, Cherán contagia a más comunidades que aspiran a regirse sin partidos. La mayoría ha interpuesto una serie de medidas legales y acciones políticas para que el Estado mexicano reconozca su modelo de gobierno.
En los comicios más grandes de la historia de México, en los que se disputarán 3.406 cargos políticos, por tercera ocasión Cherán no permitirá la entrada de urnas ni de boletas. Por eso en las calles de este municipio michoacano no hay bardas pintadas con nombres de candidatos ni mítines con despensas o gorras. Lo que sí hay son asambleas, pues los cuatro barrios de esta comunidad están a punto de nombrar a sus propias autoridades luego del movimiento que iniciaron hace siete años.
El 15 de abril de 2011 los pobladores de Cherán detuvieron a los taladores que devastaban sus bosques y los expulsaron, argumentando su colusión con el crimen organizado. El presidente municipal en turno y la policía municipal se vieron forzados a irse.
En 2012, Cherán impidió la entrada de casillas electorales, y consolidó una estructura de gobierno por usos y costumbres. Su nueva organización comunitaria fue reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La forma como los pobladores defendieron sus derechos inspiró a otros municipios mexicanos.
En 2015, al segundo bloqueo de casillas de Cherán se unieron cinco pueblos más. Y este 2018, la rebelión electoral podría llegar a una docena de lugares tan solo en Michoacán.
Aranza, Zopoco, Santa Fe de la Laguna, Sevina, Urapicho, San Felipe de los Herreros y San Benito, integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, no participarán en las próximas elecciones. Además de estos pueblos, Pichátaro y Arantepakua planean detener la instalación de casillas, así como la cabecera municipal de Nahuatzen, vecina de Cherán.
“Informamos por este medio a los presidentes de todos los partidos políticos, sin importar el color o filiación, que en las comunidades en cuestión no permitiremos realizar ningún acto o acción de proselitismo y propaganda electoral”, versa un comunicado del pasado 28 de febrero, difundido por el mencionado Consejo. En este también advierten al Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y a la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) que las comunidades que lo integran no permitirán la instalación de casillas.
Mas la tendencia de no permitir la instalación de casillas se ha extendido a otros estados de la república mexicana.
En Chiapas, algunas comunidades del municipio tzeltal de Oxchuc (43.000 habitantes) decidieron no permitir instalar casillas. Lo mismo ocurre en la cabecera del muncipio ch’ol de Tila (73.000 habitantes).
Tzeltales de otros dos muncipios —Sitalá (12.000 habitantes) y Chilón (111.000 habitantes)— han interpuesto medidas legales para tratar de impedir la entrada de los paquetes electorales. En Ayutla de los Libres (60.000 habitantes), del estado de Guerrero, también existe una pugna por parar la entrada de casillas, al igual que en las comunidades wixárikas de San Sebastián Teponahuaxtlán (300 habitantes) y Tuxpan de Bolaños (1.300 habitantes), en el estado de Jalisco.
En una entrevista del 23 de mayo, publicada en Excélsior, el consejero electoral Marco Baños detalló que tienen detectadas “17 casillas”, cuya instalación se impedirá. Y lo justificó de esta forma: “Tienen cierta problemática en algunos municipios que han manifestado algunas demandas de carácter social frente a las actividades en turno y que no se han atendido”.
EL “EFECTO CHERÁN”
Siete mil militares arribaron a Michoacán en diciembre de 2006. El entonces presidente, Felipe Calderón Hinojosa, declaró una guerra contra el narcotráfico en el discurso y en la práctica. En los siguientes seis años se afianzó un amasiato entre delincuentes y políticos locales en toda la entidad.
En Cherán, las elecciones de 2006 y 2009 y la pugna en el fracturado Partido de la Revolución Democrática abrieron un camino para que el Partido Revolucionario Institucional ganara las elecciones. Bandas de narcotraficantes aprovecharon la fisura para introducirse en el pueblo. Mauricio el Güero Cuitláhuac Hernández, por ejemplo, se volvió el jefe de la plaza. Las personas que alzaban la voz eran asesinadas o desaparecidas.
Tras la expulsión de los taladores de árboles de Cherán, y la salidad de la autoridad política y de seguridad, el pueblo conformó una ronda comunitaria —una vieja práctica que los ancianos del lugar recordaban—. Los jóvenes nombrados en esa asamblea defienden el monte.
Con el surgimiento de concejos operativos —que van desde la justicia, el desarrollo social, las mujeres, los jóvenes y el Concejo Mayor— Cherán avanza “desde 2012…en un ritmo distinto”, refiere Jerónimo Lemus.
Jerónimo es uno de los jóvenes que se formó en las barricadas levantadas por su pueblo contra el crimen organizado. Ahora lleva un tatuaje de la bandera p’urhépecha en el antebrazo. En aquel entonces, los jóvenes tuvieron que tomar las armas, convertirse en policías comunitarios. Ahora mira a una juventud “atenta”. Reconoce que “tenemos participación en las asambleas y las actividades”.
Luego de que Jerónimo se incorporó al movimiento de su municipio comenzó a realizar otras actividades en paralelo. Decidió estudiar una maestría en filosofía de la cultura en la Universidad Michoacana, se convirtió en locutor de Radio Fogata y fundó un espacio de estudio llamado “Memoria viva” para recuperar la tradición oral de su pueblo.
Decenas de murales y grafitis alusivos a la lucha adornan las paredes del pueblo. Teatro, orquestas infantiles de música tradicional, economía solidaria. Todo esto ha llegado a Cherán desde que instauró su autogobierno y muchos adultos se han vinculado a la tarea de compartir conocimientos con sus jóvenes.
Mediante un intenso esfuerzo de reforestación, Cherán ha recuperado el 35 por ciento de las hectáreas taladas. Su Concejo de Bienes Comunales administra diversas empresas como un aserradero, una fábrica de minas y adocretos. La más notable, el vivero, es un espacio de trabajo que no opera como una empresa del Estado ni privada, sino comunitaria. En el vivero el trabajo rota entre personas de todos los barrios. Niñas y niños de las primarias de Cherán lo visitan; ahí siembran y reciben clases de medioambiente. Arriba del vivero se encuentran las camionetas de los talamontes capturados durante el levantamiento. Están intervenidas y ordenadas en una curaduría artística que relata el proceso de lucha de Cherán.
“Hay relevo para rato”, bromea Jerónimo Lemus.
El próximo 27 de junio Cherán nombrará a su Concejo Mayor. Sin embargo, la comunidad ya designó mediante asambleas a las personas más aptas para ocupar su estructura de gobierno. Solo falta ratificarlos ante el IEM. Esto permite que el nombramiento de responsables en Cherán sea mucho más económico en tiempo y dinero en comparación con el presupuesto asignado a los partidos políticos. El proceso de 2015 no costó más de 63,000 pesos y la mayor parte de los gastos tuvo que ver con los funcionarios del instituto electoral estatal.
A diferencia de los políticos profesionales, quienes ostentan un cargo en Cherán no buscan ganar un puesto. Todas las personas de la estructura de gobierno son convocadas por la propia comunidad. Y no se requiere hacer campañas. “Acá no necesitamos que las propuestas anden vendiéndose, nos conocemos al interior. Si alguien no tiene una buena tradición en la comunidad, se sabe”, relata Jerónimo. Y agrega: “No puede autonombrarse alguien de modo espontáneo ni porque se les ocurre”.
Para Érika Bárcenas, abogada del Colectivo Emancipaciones, dedicado a buscar grietas en las leyes mexicanas para lograr el reconocimiento de estas otras formas de hacer política, ya existe una especie de “efecto Cherán” en el país. ¿El motivo? “La incapacidad y falta de interés del Estado para brindar seguridad y para que las comunidades puedan vivir en paz y sin crimen organizado”.
La abogada asegura que la falta de interés del Estado mexicano para brindar seguridad y las divisiones internas de las comunidades, provocadas por los partidos políticos, suscitaron una respuesta de los pueblos michoacanos. Actualmente, los pueblos de San Francisco Pichátaro, San Felipe de los Herreros y, recientemente, Arantepakua, ya siguieron el camino de Cherán: usaron la jurisprudencia existente para obtener la asignación de sus recursos sin que pasaran por el municipio.
“Impulsa a la gente a pensar en otras formas de hacer política, de organizarse, en un primer momento a una respuesta muy elemental de defender su propia vida. En estos contextos de violencia ha generado una reflexión respecto de cómo no funciona este modelo de democracia electoral”, sostiene la abogada Bárcenas.
Explica que el sistema de gobierno de Cherán tiene la forma de un sistema solar: la órbita más grande es la asamblea de toda la comunidad; adentro se encuentran concejos operativos por temas y, finalmente, como autoridad central, está el Concejo de Mayores.
Jerónimo Lemus resume así su modelo de gobierno: “Es una democracia en sentido estricto, en una visión occidental; pero en nuestra visión interna, es la facultad que la comunidad tiene de elegir sus autoridades”.
Por cierto que a los pobladores no se les prohíbe votar. La abogada Bárcenas dice que los habitantes pueden ir a las casillas instaladas afuera de sus comunidades o en otros municipios. La única posición política consensuada es no permitir la entrada a su territorio a todo aquello que los ha dividido.
Así como los pobladores de Cherán, quienes apuestan por esta vía de autogobierno de los pueblos parten de la premisa central de lograr concretar el respeto a sus tierras ancestrales.
‘COMUNALICRACIA’ MEXICANA
Jaime Martínez Luna es un antropólogo zapoteco de Guelatao, municipio enclavado en la sierra de Oaxaca. Hace tres décadas desarrolló el término “comunalidad” para hablar sobre la organización de los pueblos originarios. Él mira este conflicto: “Los pueblos no somos liberales, somos comunales”. Por ello, propone la “comunalicracia” para diferenciarla de la democracia representativa.
De acuerdo con el antropólogo, en Oaxaca existen 417 municipios de 570 que se rigen por asambleas por una reforma estatal llamada Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, promulgado en 1995, “por miedo a que la rebelión zapatista se extendiera por el estado”. Esta reforma dio posibilidad de registrar a sus representantes sin un color partidista. Si cada municipio tiene un promedio de 15 comunidades, entonces se hablaría de miles de pueblos con organización fuera de partidos políticos.
“Me hago la pregunta, ¿quién manda de manera cotidiana en Oaxaca?”, inquiere Martínez Luna. Él mismo explica: “Podría decirte que en determinadas regiones de México prolifera este régimen político, pero agazapado, clandestinamente establecido: en Michoacán, Guerrero, Chiapas creo que prefieren no hacer tanto ruido para mantener su capacidad de autoridad”.
En el artículo 2 constitucional existen puertas para modelos políticos diversos. Sin embargo, el antropólogo opina: “La propuesta de reconocer la exigencia de que reconozcan nuestros modelos políticos profundos implica que reconozcan nuestra comunalidad”.
Rodeado de decenas de wixárikas ataviados con sus trajes blancos, el vocero de la comunidad de Tenpohuaxltán, Ubaldo Valdez, hace un amago: “Conforme el gobierno no nos esté respondiendo, nosotros vamos a seguir en la lucha, organizándonos”.
Y asegura: “Ya no le vamos a regalar más votos al sistema político que tenemos en México”.
Los wixárikas cuentan con retenes comunitarios resguardados por pobladores. En las inmediaciones hay propaganda de partidos políticos intervenida. Para entrar en el retén hay que leer un reglamento que dice: se prohíbe el paso a cualquier candidato, se decomisará cualquier propaganda de todos los partidos políticos.
El 12 de abril, un abogado y un perito estuvieron a punto de ser linchados en los límites de Jalisco y Nayarit frente a policías estatales que no hicieron mucho por evitarlo. El abogado y el perito, integrantes del Congreso Nacional Indígena y representantes de la región wixárika de Tuxpan de Bolaños y San Sebastián Teponahuaxtlán, exigían que se les restituyeran 10,000 hectáreas que están en manos de granaderos.
Frente a la desidia gubernamental, cientos de habitantes, de al menos 35 comunidades, realizaron una serie de asambleas de las que derivó la siguiente posición: “La ciudadanía wixárika no votará en la jornada electoral a llevarse a cabo el 1 de julio en caso de que no sea atendida y resuelta nuestra demanda”.
En Chiapas, cuando se enteraron de que una autopista pasaría por su territorio, habitantes de 12 municipios del norte del estado lanzaron el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite). En 2016, tras reuniones y conversatorios decidieron pasar del “no” al “sí” y buscaron la creación de gobiernos comunitarios al menos en dos de esos municipios: Chilón y Sitalá. Así, formaron promotores y coordinadores de gobierno para crear una estructura y así enfrentar un proceso legal. De la defensa de sus bosques, ríos y montañas interpusieron una serie de recursos legales que hasta el 4 de mayo les abren la posibilidad de lograr un municipio comunitario.
Sin embargo, ante la lentitud del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, y su resolución de que las elecciones de 2018 deben de realizarse por el sistema de partidos políticos, interpusieron otro recurso legal para detener la entrada de casillas. A su vez, este 17 de marzo “sembraron” en el cargo, una forma tradicional de nombrar a sus representantes, a 12 personas que integran un Concejo de Voceros de Gobierno Comunitario.
En el municipio de Oxchuc, un movimiento social mantuvo una serie de bloqueos carreteros debido al ingreso de grupos armados que asesinaron a tres personas el pasado 24 de enero. Un mes después, y tras un largo conflicto postelectoral con el Partido Verde Ecologista, este movimiento de indígenas tzeltales instaló un Concejo Municipal. Ahora detendrán la entrada de casillas. Y en Tila, famoso por las peregrinaciones que recibe al Cristo negro de su iglesia, la asamblea de ejidatarios de la cabecera municipal decidió expulsar a la autoridad del mismo partido. Tras una serie de litigios que llegaron hasta la Suprema Corte de Justicia decidieron derribar, literalmente, el palacio que ahora llaman “las ruinas de Tila”. Hace año y medio declararon su autonomía y ahora impedirán la entrada de casillas.
Chilón, Sitalá, Tila y Oxchuc cuentan con decenas de comunidades. En todos ha sido posible nombrar autoridades fuera de partidos políticos. Las siguientes rutas de trabajo van en economía, trabajo y el derecho a su cultura. En lugar de planes de desarrollo comenzarán a generar “planes integrales de vida.”
Erika Bárcenas explica que existe todo un cuerpo legal que en buena medida parte de la lucha por los Acuerdos de San Andrés, firmados por el gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1997 e incumplidos por la administración de Ernesto Zedillo. La reforma en materia de derechos humanos del 2011 abrió resquicios en la ley. Ahora, a partir del artículo 2 de la Constitución deben ser reconocidos los derechos políticos de los pueblos originarios.
“Particularmente cuando el movimiento de Cherán decide apelar al derecho estaba muy recientemente aprobada la reforma constitucional en derechos humanos”, recuerda Bárcenas.
Es decir, Cherán estrenó la reforma que elevó a rango constitucional acuerdos internacionales como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo y los tratados de la ONU y de la CIDH en materia indígena. Esto dio sustento a estos esfuerzos de buscar modos de darse seguridad en un México azotado por el crimen organizado.
“Tenemos varios criterios judiciales donde no solo se reconoce sino que se interpretan sus alcances, hay jurisprudencia del tribunal electoral, estos casos a partir de Cherán los retoma el tribunal electoral, y se desarrolla en la jurisprudencia y se ha ampliado el derecho a la libre determinación”, recuerda la abogada.
Recientemente en Morelos, los pueblos de Xoxocotla, Coatetelco, Hueyapan y Tetelcingo buscaron su reconocimiento mediante un decreto legislativo. Incluso, algunas comunidades de Xochimilco ya se plantean un proceso de asamblea para elegir al menos un representante por usos y costumbres ante la delegación.
En Ayutla de los Libres existe un proceso interesante, pues es el primer municipio intercultural (me phaa, na savi, nahua y mestizos) donde podría darse una elección de este tipo si se superan las trabas que la presidencia muncipal ha puesto. Este proceso puede darse a partir de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, aprobada en 2011, la cual dio reconocimiento a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria, un sistema de justicia de dos décadas, el cual enfrenta los embates del narcotráfico y al cual pertenecía la actual aspirante al Senado Nestora Salgado.
La intención de la candidatura de María de Jesús Patricio Martínez, conocida como “Marichuy”, vocera náhuatl del Concejo Indígena de Gobierno, planteaba justo colocar estos temas en la agenda del país entero. Sin embargo, al no juntar las firmas necesarias para su postulación, el tema queda ahora en manos de las propias comunidades que ejercen su autonomía.
AQUÍ EMPEZÓ TODO
Sin falta, las fogatas se encienden en Cherán cada 15 de abril, aniversario del alzamiento de esta población que, armada con palos, cuetes y piedras arropadas en el rebozo negro rayado p’urhépecha, detuvo a quienes por un lustro talaron 20,000 hectáreas de los árboles que rodean esta comunidad incrustada en la meseta del estado de Michoacán.
Hoy, a los aniversarios del llamado “levantamiento de Cherán”, acuden cientos de personas del pueblo, del país y del mundo.
Por la mañana, mujeres preparan el té hirviente de la hierba de nurite en la iglesia del Calvario, un pequeño templo convertido en referente de una lucha victoriosa. Después, llevan a cabo una ceremonia dedicada a Naná Echeri y Tatá Juriata: Madre Tierra y Padre Sol en lengua p’urhépecha. Cinco mujeres alzan copal humeante hacia los cuatro puntos cardinales, saludan al suelo, y finalmente al cielo. Más tarde, en la plaza del pueblo, hay música y desfiles, saludos a la bandera local y la bandera mexicana, mesas de reflexión y exposiciones culturales.
Es alrededor del fuego como la gente habla y recuerda en Cherán. Entre murmullos, la hazaña vuelve, vive y da vueltas: “Aquí empezó todo”.
Para Jerónimo Lemus, lo que ocurrió en Cherán fue, principalmente, un reencuentro consigo mismo, un retorno al conocimiento de sus ancestros.
Hoy hay 189 fogatas o asambleas en su pueblo. Los siete años tienen que ver con el legado cultural purépecha de fondo, que se basa en los principios de seguridad, justicia y reconstitución del territorio. Es la muestra de la existencia previa de algo que conformaba orgánicamente, que mira al pasado, pero tiene un plan de desarrollo propio a 30 años que va cambiando.
Lemus recuerda que la polémica sobre el término de usos y costumbres, algo que tiende a verse como un atraso, pero que en puntos como las fiestas, en Cherán, ha significado rescate de músicas, comidas, de la lengua misma: una serie de saberes culturales que constituyen una memoria viva.
El zapatismo de Chiapas, la comunalidad de Oaxaca y la lucha por los modelos de justicia comunitarios de Guerrero han dejado antecedentes importantes para su reconocimiento. Cherán se suma a este legado y abre nuevas posibilidades:
“A partir de 2015 hay comunidades con las que dialogamos en esta misma ruta. La sentencia que se aprobó a favor de Cherán es un antecedente a escala nacional para que otras comunidades tomen esta ruta con sus vicisitudes propias”.
El gobierno, opina, sirve para atender principios empresariales. Los pueblos originarios quedan en último término, así que no ponen sus esperanzas en ningún cambio radical en ellos: “Sino en seguir trabajando en el proyecto propio”.
Sobre el proceso a escala nacional, lo tienen seguro: “Independientemente de quién gane, aunque es evidente que sí hay diferencias, Cherán va a seguir adelante con su propio proceso”.
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INE: dispuesto a instalar casillas en pueblos inconformes y canalizar sus demandas
El Instituto Nacional Electoral (INE) está dispuesto a dar capacitación, integrar las casillas electorales e incluso ayudar a canalizar las demandas en las comunidades que hasta el momento reiteran su negativa a llevar a cabo comicios por partidos políticos en sus territorios.
“Con toda lógica, algunos pueblos en el momento de campañas plantean sus agendas sociales a instancias para que les resuelvan”, dice Roberto Cardiel, director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE.
A decir del funcionario, la instancia electoral canaliza con partidos, candidatos y gobierno para resolver sus problemáticas.
Actualmente, el funcionario identifica tres estados donde hay mayor incidencia de comunidades: Chiapas, Michoacán y Oaxaca. A escala municipal, identifica a pueblos de los municipios de Palenque, Ocosingo, Villa Flores y Las Margaritas, en Chiapas; el municipio de Zacapu, en Michoacán, y Ciudad Ixtepec, en Oaxaca.
Estos municipios son distintos a los que el consejero Marco Baños identificó hace algunos días: Oxchuc, Tila y Nahuatzen.
A respuesta expresa, el funcionario dijo que el INE no hace mapeos sobre zonas conflictivas del país: “Nuestro indicador es el avance de los procedimientos”, aclara.
Hasta el momento, el Instituto Nacional Electoral ha capacitado al 50 por ciento de los 1.4 millones de habitantes que espera que participen como funcionarios de casilla. Como el llamado a que estas personas se integran se hace por sorteo, en poblaciones indígenas el nombramiento recae en personas de las propias comunidades: “Una medida que empleamos es contratar a personas de ahí. Eso ayuda a convencer y capacitar a la gente”.
De los más de 300 distritos electorales que tiene el país, un total de 28 distritos son calificados como indígenas. De acuerdo con Cardiel, el criterio que utilizan es que más del 40 por ciento de la población del distrito se identifique con algún pueblo originario.
Sobre los pueblos que pretenden detener la entrada de casillas bajo la idea de elegir a sus autoridades locales bajo usos y costumbres, explica que, al ser una autoridad federal, el INE solo tiene competencia bajo el sistema de partidos políticos. A quien corresponde entablar diálogos con los pueblos que tienen estas demandas es a los institutos electorales locales.
Sin embargo, coincide en que las formas organizativas de las comunidades debe garantizarse: “Es un tema de la mayor trascendencia y tendría que hacerse en el ámbito legislativo. La existencia de ejercicio de la política está reconocida en la constitución y deben de respetarse”.
