México: registran más de diez mil asesinatos en 2018 y más de 105 mil en el sexenio de Peña Nieto
Peña Nieto ya superó por 1,785 homicidios el total del sexenio de Calderón y le faltan siete meses
Los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, un órgano de la Secretaría de Gobernación, arrojaron que las carpetas de investigación por el delito de homicidios dolosos en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto suman 105,322, 1,785 más que en la administración del panista Felipe Calderón que cerró con un total de 103,537.
Las carpetas de investigación por el delito de homicidios dolosos en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto suman 105,322, 1,785 más que en la administración del panista Felipe Calderón, que cerró con un total de 103,537. Pero esta cifra es al mes de abril de este año. Falta contar los que acumulará en los siguientes 7 meses, hasta que deje la Presidencia, el 1 de diciembre de este año.
Tan sólo durante los primeros cuatro meses del año, el Secretario reportó 10,395 víctimas de homicidios dolosos a nivel nacional, contenidas en 8,900 carpetas de investigación. Esta cifra equivale a una tasa de 8.3 víctimas de asesinato por cada cien mil habitantes.
El mes de abril registró 2,720 víctimas, apenas 17 menos que las del mes de marzo que sumaron 2,737 homicidios.
La lista de entidades con mayor número de carpetas de investigación, durante el primer cuatrimestre del año, es liderada por el estado de Baja California con 834; le sigue Guerrero con 770, y en tercer lugar, Guanajuato con 768.
En cuarto lugar se coloca el priista Estado de México con 703 carpetas; Jalisco, estado donde desaparecieron y fueron asesinados los estudiantes de cine en marzo pasado, registra 567 carpetas de investigación por homicidio doloso.
En sexto lugar se encuentra Veracruz, estado en elecciones que renovará su Gobernador el julio prñosimo, con 481 carpetas; Chihuahua alcanza las 461 y en octavo se coloca la llamada «ciudad segura», la Ciudad de México, con con 382 carpetas reportadas por las Procuradurías generales de Justicia.
El pasado mes de abril, Felipe Calderón Hinojosa, quien fue Presidente de México de diciembre de 2006 a noviembre de 2012, defendió las decisiones de su Gobierno frente a los señalamientos críticos contra su llamada «Guerra contra el narco» o «Guerra contra las drogas».
Felipe Calderón Hinojosa se quejó de que la estrategia de seguridad que tuvo su Gobierno haya sido señalada por los medios con un «término peyorativo» cuando lo que se hizo fue «defender a las familias» del crimen organizado.
«La estrategia de seguridad –no una guerra, ese es un término peyorativo que impusieron los medios– que puse en práctica fue para defender a las familias. El error no fue combatir al crimen organizado, sino haber permitido que creciera durante tantos años», planteó, otra vez, durante una entrevista en el programa «Despierta», con el periodista Carlos Loret de Mola.
«Hay gente que dice que el error mío fue combatirlos, y no señores, […] el error de México fue no combatirlos durante años», añadió.
ESPECIALISTAS Y ONGS EXIGEN UN ALTO A LA GUERRA
En el pasado mes de abril, Santiago Roel, fundador y director de la organización civil Semáforo Delictivo, informó para SinEmbargo que entre enero, febrero y marzo de este año la mayoría de los delitos en el país repuntó a niveles inéditos: el feminicidio, 18 por ciento; narcomenudeo, 37 por ciento; ejecuciones del crimen organizado, 35 por ciento; homicidio doloso, 16 por ciento; violencia familiar, 8 por ciento, y robo de vehículos, en 7 por ciento.
«Quién insista como candidato a la Presidencia en continuar con esta guerra no ha entendido las cosas. No es con más guerra como se combate la violencia; no es lo mismo fijarnos en un objetivo de guerra, que en un objetivo de paz», afirmó Roel, especialista en temas de seguridad pública, al comentar las cifras criminales históricas que también, dijo, revelan que en México el Estado de Derecho está más debilitado que nunca.
Con Roel coincidió el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, quien consideró que es necesario cambiar la estrategia de seguridad, por una más humana en donde los ciudadanos coadyuven con las corporaciones policiacas.
Un ejemplo, dijo en entrevista el defensor de derechos humanos, es la comunidad de Cherán, en Michoacán, en donde los ciudadanos montaron su propio sistema de vigilancia en donde participan mujeres y jóvenes.
«Yo he platicado con Andrés Manuel López Obrador [candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia] y el sabe que el sentir de mucha gente es que se sigue con la misma estrategia de confrontación directa, lo que no ayuda», dijo el padre Solalinde Guerra.
La salida del Ejército de las calles deberá ser paulatina y los cuerpos policiacos del país deberán ser capacitados, equipados y trabajar en coordinación con la población.
«Tampoco la Ley del Talión o el hacerse justicia por su propia mano es lo adecuado. Hay que buscar soluciones reales. El secreto está en la participación ciudadana. No sustituir a las corporaciones de seguridad, pero sí coadyuvar», explicó el sacerdote defensor de los migrantes centroamericanos en su paso por México.
Javier Sicilia Zardain, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), dijo a SinEmbargo que la estrategia de seguridad se debe modificar por completo, pues de no hacerlo el país se dirigirá a una peor crisis.
«Están en un absoluto error y ahí están las cifras del horror. Se debe desaparecer la Ley de Seguridad Interior, que quiere darle un marco legal a una política de Estado de excepción que nos llevará a más muertos. En el corto, mediano y largo plazos se debe sacar al Ejército de las calles, que regrese a sus cuarteles», pidió el activista.
El también escritor y poeta destacó la urgencia de que los candidatos a la Presidencia de la República hagan suya una estrategia de seguridad centrada en los derechos humanos y en las personas.
«Si se sigue así, con la misma estrategia, lo único que harán es llevar al país a un mayor desastre. La Ley de Seguridad Interior; por ejemplo, es darle un marco de impunidad al Ejército para que violen los derechos humanos. Que nos nos vengan con cuentos de que el Ejército no violenta los derechos humanos. Es la violencia extrema y sólo sale cuando hay guerra», argumentó Sicilia Zardain.
Francisco Rivas Rodríguez, director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, también opinó que «indudablemente hay que repensar la estrategia de seguridad nacional». Eso significa, explicó a este diario digital, que «sí debe seguir el ataque frontal a la delincuencia; sin embargo, es importante generar estrategias diferenciadas, no violentas, de combate a la delincuencia».
Rivas Rodríguez destacó que falta ejercer acciones que «el Estado mexicano no ha sido capaz de implementar», como el desmantelamiento de la estructura financiera del crimen organizado; lograr que se utilice de manera adecuada la información que posee el Estado acerca del comportamiento delictivo (organizado y común), sobre todo en estados y municipios; políticas de combate a las armas de fuego ilegales que se comercializan en todo el país, que vayan desde lo internacional hasta lo local –más de dos terceras partes de los delitos se comenten con arma de fuego–, y la recuperación de las instituciones (como las policías) y la plena colaboración entre gobiernos, niveles de gobierno y Poderes de la Unión.
A corto plazo, dijo, es necesario un plan o diagnóstico «para generar transparencia y rendición de cuentas alrededor de los recursos del Estado», porque «el dinero es clave para que las cosas funcionen».
Rivas planteó que este tipo de esfuerzo haría que «el gasto se traduzca en inversión» para equipar y capacitar mejor, por ejemplo, a las policías y sanar la insuficiencia policiaca en ministerios públicos. Y a la par, se debe echar a andar una política internacional y una local de combate a las armas, así como utilizar la inteligencia existente para enfrentar el delito.
Para luchar contra la violencia, son necesarias estrategias diferenciadas, dijo también Martín Gabriel Barrón Cruz, profesor-Investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE). En el caso específico de los homicidios, el también Maestro en Criminología mencionó la necesidad de hacer un diagnóstico inteligente en el que ese delito se subclasifique (no es lo mismo un delincuente que mata a un delincuente, o a una autoridad, o a un civil). Luego, explicó, hay que diferenciar entre homicidios del crimen y de la violencia social. «Pero este análisis cualitativo no lo hace la autoridad porque es incapaz de hacerlo […]. Eso es lo que está fallando», criticó.
«Lo único que provocó [la presencia del Ejército en las calles] es un incremento en la violencia en todo el país». El problema, en ese sentido, es que «nuestras fuerzas armadas se están convirtiendo en fuerzas de policía porque no tienen otra actividad». Y en consecuencia, como usan un «armamento destinado para la guerra», han llevado a que «el enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas contra la delincuencia organizada sea en una especie de equilibrio de fuerzas»; es decir, el crimen organizado se ha visto obligado a comprar armamento equivalente o superior al del Ejército, expuso Barrón Cruz.
Hace falta cortar el poder adquisitivo de estas organizaciones criminales, añadió. También determinar para qué queremos al Ejército, y tener más visión en materia de políticas públicas, pues las «estrategias» de combate a la violencia de los actuales candidatos a la Presidencia se centran en mejorar a las policías, pero olvidan el tema de los ministerios públicos, el sistema judicial y penitenciario, entre otros. Pero el gran cambio, destacó Barrón Cruz, empieza con ejercer estrategias diferenciadas.
En tanto, representantes de las organizaciones civiles México Evalúa, Reinserta y México Unido contra la Delincuencia coincidieron en que la estrategia de seguridad del país sobre el uso de Fuerzas Armadas contra el crimen organizado está «equivocada» y es un «fracaso», por lo que «definitivamente» es «urgente» un cambio que apueste a políticas públicas desde lo local a lo federal que incluyan programas de prevención y de reinserción, considerando la situación actual de los centros penitenciarios, donde se cometen delitos y hay autogobierno.
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