México: indígenas temen ser desalojados por proyecto de tren interurbano
Por Ivette Lira
Una disputa por tierras entre comunidades del municipio de Ocoyoacac, Estado de México, que incluso provocó un enfrentamiento que dejó dos personas fallecidas en el año 2000, revive con la construcción del Tren Interurbano Toluca-Valle de México, proyecto impulsado por el Gobierno Federal.
Las notas de prensa de en enero de ese año relataron que cerca de 600 campesinos de las comunidades de Santa María de la Asunción Tepezoyuca y San Jerónimo Acazulco se enfrentaron con palos, piedras, machetes y pistolas, en defensa de sus límites territoriales. Dos personas fallecieron tras ser atacadas con un arma de fuego, además, 50 resultaron heridas.
“Hubo un enfrentamiento en el 2000 donde hubo decesos, fue por lo mismo, por el conflicto por las tierras entre las poblaciones”, recuerda Francisco Montes Juárez, Jefe Supremo de la comunidad de Tepezoyuca, en entrevista con SinEmbargo.
Las obras para desarrollar el medio de transporte que busca conectar a la Zona Metropolitana del Valle de Toluca con el poniente de la Ciudad de México ha levantado inconformidad entre distintas comunidades por los 57.7 kilómetros que recorrerá. Tanto la conclusión de la obra, como la operación del tren se tenían previstas para mayo de este año, pero existen tramos en los que la edificación se encuentra suspendida o se ha retrasado.
Cuando el Gobierno federal anunció en enero de 2015 el primer recorte al gasto público por 124 mil 300 millones de pesos, el plan “Mover a México” en trenes, impulsado por la administración de Enrique Peña Nieto desde su primer día en la Presidencia, fue de los más afectados.
Los mega proyectos del tren de alta velocidad México-Querétaro y el Transpeninsular –de Mérida, Yucatán, a Playa del Carmen, Quintana Roo, se cancelaron o “se suspendieron indefinidamente”, por escándalos de corrupción y por falta de presupuesto público.
Sólo uno sigue en marcha y es el Tren Interurbano México-Toluca.
La megaobra ha descarrilado su precio de manera escandalosa: fue cotizado en 2014 en 38 mil millones de pesos, pero el actual asciende a 59 mil millones de pesos, 50 por ciento más, incluyendo los servicios legales por la oposición social. Con este aumento, la obra ha dejado de ser socialmente rentable y podría reflejarse en la tarifa a los usuarios, advirtió el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en un reciente informe.
Max Kaiser, director de Anticorrupción de IMCO, dijo semanas atrás, cuando se presentó el estudio: “No tenemos evidencia que se hayan hecho consultas públicas a las comunidades”. Los siete litigios en contra e indemnizaciones de 5 mil millones de pesos están en curso, pero se desconoce cuánto le costará al Gobierno federal “con el riesgo de especulación de terrenos) y cuánto durarán.
En enero de 2018, las obras del Tren en Ocoyoacac fueron frenadas por un grupo de pobladores de San Jerónimo Acazulco, por lo que el 20 de abril pasado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) emitió un comunicado en el que planteó que la conclusión en tiempo de la construcción se encuentra amenazada por la oposición de los pobladores que recibieron ya millones de pesos.
El pasado martes, elementos de la Policía Federal y estatal ingresaron a la comunidad a resguardar el perímetro ubicado a la altura de La Marquesa para permitir que las obras se lleven a cabo.
La SCT argumenta que la indemnización fue asignada a los representantes de la comunidad de los pueblos de San Jerónimo Acazulco y de Santa María Tepezoyuca y fue determinada en apego a los avalúos del Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (INDAABIN).
En días pasados, Santiago Pérez Alvarado, representante legal de los comuneros de San Jerónimo Acazulco, que la obra ocupará más tierras de las que en realidad pagó. Demandaron que la dependencia diseñe un plan integral sustentable para las comunidades aledañas a la megaobra.
Y acusó que la llegada de efectivos de seguridad es un acto de “intimidación”.
Sin embargo, el asesor jurídico de la comunidad indígena de Tepezoyuca, Gustavo Olivares Natera, sostiene que los recursos no llegaron a los verdaderos poseedores de las tierras, los indígenas.
El problema, explica, es que la instancia federal a cargo de Gerardo Ruiz Esparza otorgó el dinero a la comunidad equivocada: San Jerónimo Acazulco, que, afirma, se ha ostentado como la propietaria de las tierras a pesar de que Santa María de la Asunción Tepezoyuca cuenta con documentos del Registro Nacional Agrario que los acreditan como poseedores.
“Acazulco dice defender [el territorio], pero no prueba con ningún documento el hecho de ser dueños de estas tierras. Tepezoyuca cuenta con un título de concesión, de reconocimiento de tierras y un título virreinal”, remarcó Montes Juárez, indígena de 48 años de edad que ha vivido en Tepezoyuca desde que nació y donde ha visto crecer a sus cinco hijos.
Los 300 millones de pesos que la SCT otorgó en octubre de 2015 como indemnización a los pobladores de Acazulco, en realidad pertenecen a los indígenas de Tepezoyuca, remarca el abogado. Señala que los beneficiados con esos recursos fueron Marcelino Narváez de la O y Valente Lima Hernández, habitantes de Acazulco, ellos signaron un convenio con la SCT para dar paso al desarrollo del Tren en el tramo “El Portezuelo” que mide 32 hectáreas.
“Se ha hecho un pago indemnizatorio, pero se ha hecho mal; se ha hecho incorrectamente hacia quien no le corresponde, hacia quien no detenta ese derecho. Nosotros, de Tepezoyuca, presentamos documentos ancestrales y la resolución presidencial; sin embargo, esta gente de Acazulco se ha aprovechado y ha recibido pagos por causas de afectación, que realmente no le corresponden […] Los verdaderos dueños de la tierra, a través de documentos y de la certeza jurídica, no han recibido ni un solo peso”, dijo el jefe supremo de la comunidad náhuatl.
En el mismo sentido, Olivares Natera, agrega: “Lo relevante es que ese dinero no lo han recibido los nativos, o sea, no lo han recibido los verdaderos indígenas, sino que lo han recibido pobladores que se aprovecharon y fueron nombrados comuneros […]. A los verdaderos dueños de la tierra se les ha perjudicado y no se les han rendido cuentas”.
La instancia federal manifestó que a pesar de haber recibido una indemnización, los representantes de Acazulco demandan nuevamente “grandes cantidades de dinero” para permitir la reanudación de las obras.
Mientras tanto, el jefe supremo aseguró que la comunidad de Tepezoyuca está a favor de que la obra se realice, pero hace un llamado a las autoridades a designar un fiscal especial que trabaje para poner punto final al conflicto por las tierras y de esa manera se le otorgue a cada comunidad lo que realmente le pertenece. Asimismo, pide que específicamente la SCT actúe en apego a la documentación con que el poblado de Tepezoyuca cuenta para justificar la propiedad.
La comunidad de Acazulco ya había interpuesto un recurso legal para que se suspendiera las obras. Y de acuerdo con la SCT nuevamente “este mismo grupo interpuso un amparo el pasado 19 de enero, procedimiento que fue sobreseído el 22 de marzo de 2018 por el Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México”.
“Estamos conscientes de que el país tiene que tener desarrollo y no nos oponemos a las obras; sin embargo, sí nos oponemos a las formas en las que se llevan los acuerdos con gentes que no representan una autoridad legal”, dijo.
El asesor legal informó que no aceptará una indemnización única para que se lleve a cabo la construcción del Tren, sino, buscará que sus representados sean acreedores de una cantidad de dinero por determinar, durante el tiempo que la obra se encuentre en operación.
Ayer, la SCT difundió un comunicado en el que apuntó que “desde el inicio del proyecto ha mostrado la mejor disposición al diálogo y realizado diversos pagos en el marco de la ley, así como los derivados de las sentencias y avalúos de autoridades competentes para atender las demandas de las comunidades”. Señaló que “un grupo de personas ha buscado frenar la obra, pretendiendo presionar para ceder a demandas que jurídicamente son inviables de atender”.
Y sostuvo que “ha ofrecido total apertura antes y durante la ejecución del proyecto, así como disposición para las mesas de diálogo, aún abiertas, y la presencia permanente de los servidores públicos para con apego a derecho, atender las demandas sociales relacionadas con la obra”.
