Marchas por educación no sexista y tomas feministas contra el acoso sexual
Secundarios exigen salida de jefe jurídico del Mineduc y marchan por educación no sexista
Estudiantes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces) protestaron por una falta de educación no sexista en los colegios y pidieron la renuncia del jefe jurídico del ministerio de Educación, Tomás Henríquez, debido a su pasado como director y fundador de la ONG Comunidad y Justicia.
Además, dirigentas de la Confech solicitaron ante la Intendencia Metropolitana un nuevo permiso para marchar el miércoles 16 de mayo, en rechazo a los casos de abuso sexual registrados en algunas universidades.
A raíz de las últimas denuncias surgidas en algunas universidades, en el movimiento estudiantil han ido tomando fuerza las organizaciones feministas que exigen una educación no sexista en todos los niveles.
Ese en este marco que se encuadra la marcha no autorizada que intentó realizar esta mañana la Aces en el sector de plaza Los Héroes y que terminó con más de una docena de detenidos y algunos incidentes menores en la Alameda.
La vocera de la Aces, Amanda Luna, cuestionó que en los colegios no existan protocolos de acción para frenar y enfrentar esta situación, criticando de paso el nombramiento como jefe jurídico del Ministerio de Educación, Tomás Henríquez, quien fuera fundador y director Ejecutivo de la ONG Comunidad Justicia.
Luna indicó que exigen la salida de Henríquez, ya que a su juicio dicha institución genera odiosidad hacia la comunidad LGTBI.
A esta movilización no autorizada se suma además la convocatoria a marcha solicitada esta mañana por un grupo de dirigentas de la Confech, quienes solicitaron a la Intendencia Metropolitana ocupar la Alameda desde Baquedano hasta Los Héroes el próximo miércoles 16 de mayo.
La vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Araceli Farías, sostuvo que no basta contar con protocolos dentro de los planteles, ya que estos son insuficientes para abordar la problemática de género.
Desde el Ministerio de Educación, el subsecretario Raúl Figueroa mostró su rechazo a cualquier tipo de violencia de género dentro del contexto educativo y manifestó que las instituciones deben contar con protocolos para prevenir y sancionar este tipo de actos.
Para el miércoles también hay programada otra marcha, esta vez por parte de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES), que entre sus demandas también resaltan la necesidad de contar con una educación no sexista.
¿Por qué los mecanismos para sancionar los casos de acoso sexual en las universidades resultan ineficaces?
No hay tregua en las tomas feministas en distintas universidades del país. Al contrario, parece que la presión aumenta. Este martes se sumó a las movilizaciones la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, mientras que en la Facultad de Derecho de la misma casa de estudios, que lleva en paro desde el pasado 27 de abril, el rector anunció varias medidas (suspender exámenes de grado y la ceremonia de egresados) que las estudiantes calificaron de “represivas” y de “presión”.
En el trasfondo de este escenario está la denuncia de una estudiante por acoso sexual y laboral al ex presidente del Tribunal Constitucional (TC) y profesor de la facultad Carlos Carmona. Este lunes la Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible el recurso de protección presentado por la denunciante, que pide acceder al sumario que instruó la casa de estudios y que acabó con una sanción por “falta a la probidad administrativa” contra el profesor. Carmona enfrenta, por ahora, tres meses de suspensión del cargo. La joven no ha podido leer el expediente del sumario que hizo la universidad después de investigar durante ocho meses el caso, mientras Carmona pudo presentar un recurso de reposición contra la decisión adoptada por la universidad.
¿Por qué existe esta desigualdad en el procedimiento entre uno -el profesor, denunciado- y la otra -la estudiante, denunciante-? ¿Cuáles son las grietas de los mecanismos fiscalizadores y sancionadores de las universidades públicas para abordar este tipo de casos?
La directora de Igualdad de Género de la U de Chile, Carmen Andrade, explica a El Desconcierto que, tal y como establece el estatuto administrativo, en la universidad pública el procedimiento de investigación es el sumario administrativo. “El mecanismo se estableció pensando en investigar faltas administrativas con la hipótesis que hay una institución poderosa que investiga una falta cometida por un funcionario”, sostiene. Por eso, el procedimiento resguarda una serie de derechos lógicos en el litigio contra la institución, como recusar al fiscal universitario si el denunciante estima que la persona designada como tal no será imparcial; conocer la investigación (hechos de la acusación, quién investiga, etc.); o apelar la pena si no está conforme.
Sin embargo, no corren las mismas garantías cuando existe una víctima. “No está considerada en este formato de investigación porque no se pensó para ese tipo de conflicto, entonces queda fuera y sin los mismos derechos que el inculpado”, asegura Andrade.
En la misma línea se expresa Juan Cristóbal Cantuarias, presidente del Centro de Estudiantes de Derecho de la U. de Chile y senador de la misma casa de estudios. “El estatuto administrativo no contempla casos de acoso sexual entre profesores y estudiantes, sino que solo aplica entre funcionarios públicos. Por eso este tipo de casos [entre docente y alumno] no podían ser investigados”, apunta Cantuarias. Y añade: “Los estudiantes no estamos regidos por el estatuto administrativo porque no somos funcionarios. Somos usuarios de un servicio público”.
Para él, además de la desprotección de la víctima ante el procedimiento, el sumario administrativo tiene otras falencias: “Se demoran los procesos porque, si bien existe un protocolo de denuncia que recomienda un plazo de 30 a 60 días hábiles, al tratarse de un cuerpo normativo de menor jerarquía que el estatuto administrativo, todo queda en una recomendación. El estatuto contempla un plazo mayor, entonces los jefes de servicio y los fiscales pueden demorar más de lo que señala el protocolo de denuncia sexual”, indica el senador universitario. En su opinión, además, es necesario mejorar la regulación de las medidas cautelares: “Las únicas que hoy se contemplan son la suspensión y el acompañamiento sicológico. Además, brindan al fiscal de ciertas facultades arbitrarias para señalar si tiene que haber medida cautelar o no”, añade.
Más allá del sumario administrativo
Este miércoles se celebrará el segundo encuentro del grupo de trabajo de para modificar el reglamento de jurisdicción disciplinaria de los estudiantes de la Universidad de Chile. La instancia es integrada por varias personas de la comunidad universitaria: estudiantes, académicos, miembros del Consejo Universitario, vicerrectores varios, representantes de las oficinas de Bienestar, Dirección Jurídica y de Igualdad de Oportunidades y Género. Entre todos, pretenden impulsar un nuevo reglamento para adaptarlo a los principios jurídicos del sistema procesal penal chileno y para tipificar conductas que podrían ser sujetas de sanción y hoy no lo son porque el alumno sólo puede ser sancionado si infringe los deberes de los estudiantes establecidos en reglamento. “Hay que mejorar la institucionalidad universitaria en estos temas de los que nadie se ha hecho cargo, como el acoso también entre estudiantes”, asegura Juan Cristóbal Cantuarias, quien participa del grupo de trabajo.
Además de este espacio, según detalla Carmen Andrade, la U de Chile aprobó en 2017 una serie de políticas universitarias para abordar la desigualdad de género y el acoso en la universidad, con medidas orientadas a la prevención, la formación de estudiantes y docentes, y varios cambios normativos. En este último punto destacan la modificación del reglamento de estudiantes para tipificar el acoso sexual como conducta censurable, la puesta en marcha -recién- de una oficina especial de atención a las víctimas para prestar asesoría y acompañamiento y la implementación del protocolo de denuncia sexual.
Andrade también recuerda que desde la Chile se han impulsado acciones concretas como introducir en la Ley de Universidades Estatales -hoy bajo revisión por el TC- un nuevo procedimiento para investigar el acoso sexual. “Cuando se apruebe, deberíamos contar con un procedimiento que equilibre los derechos inculpado-víctima”, afirma la académica. También subraya los aportes hechos a la Ley sobre derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, paralizada en el Congreso, que contemplará el acoso en contextos educativos.
“Con estos dos instrumentos podríamos manejarnos mejor en las universidades, harían los procedimientos más eficaces y justos. Sin embargo, no resuelven el problema de fondo, que tiene que ver con la desigualdad de género y que pasan por una cuestión cultural mucho más profunda”, concluye Andrade.
Confech convoca a marcha contra la violencia machista
La mañana de este martes, dirigentes de la Confech llegaron hasta la Intendencia Metropolitana para ingresar una solicitud de marcha estudiantil convocada para el próximo miércoles 16 de mayo y cuyo lema es ““contra la violencia machista, educación no sexista”.
Paz Gajardo, vocera de los estudiantes de la Universidad Iberoamericana, dijo que “los abusos se han mantenido hacia nuestras compañeras, abusos sexuales, violaciones, dentro de las universidades como la UTEM, la Universidad de Chile y la Universidad Austral”.
La movilización es convocada en medio del contexto de las tomas feministas que se han iniciado en distintos centros de estudio del país, entre ellos los planteles mencionados, y que cuestionan tanto la ineficiencia de los protocolos para denuncias por acoso y abuso sexual como las sanciones aplicadas a docentes involucradas en dichos casos.
Los dirigentes llegaron hasta la Intendencia Metropolitana para ingresar la solicitud de la movilización, que contempla un trazado desde Plaza Italia a Los Héroes.
Hasta el momento el recorrido contempla desde Plaza Baquedano hasta Plaza Los Héroes.
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