Honduras: la ONU insta al gobierno a adoptar »medidas enérgicas» para proteger a los defensores de DDHH
Honduras sigue siendo peligroso para quienes defienden los derechos humanos
Alrededor del 97% de los crímenes cometidos contra defensores de los derechos humanos continúan sin resolverse, según el relator especial de la ONU encargado de velar por su protección.
Ante esta realidad, Michel Forst exhortó al gobierno hondureño a tomar medidas urgentes para garantizar la protección de estas personas tras concluir una visita de diez días al país centroamericano.
«Insto encarecidamente al Gobierno de Honduras a que adopte medidas para corregir los errores y adoptar medidas concretas para hacer frente a los desafíos que se plantean. También pido que se adopten medidas enérgicas, como la elaboración de protocolos de investigación específicos para los delitos contra los defensores y defensoras de derechos humanos, iniciativas para reconocer públicamente el papel positivo que desempeñan y una mejor coordinación entre todas las instituciones del Estado».
Forst destacó que la falta de rendición de cuentas por los asesinatos y otros delitos cometidos contra los defensores de derechos humanos y periodistas estimula todavía aún más esa violencia contra ellos.
Uno de los países más mortíferos para los medioambientalistas
Forst manifestó estar consternado por el número de disputas relacionadas con la protección de los recursos naturales y los derechos sobre la tierra.
Durante su viaje tuvo la oportunidad de reunirse con muchas personas y comunidades dedicadas a la protección de sus tierras y que se oponen a proyectos de gran escala como la minería, las represas, la explotación forestal o el turismo.
El experto afirmó que “no cabe duda de que existe un patrón general de criminalización y hostigamiento judicial contra quienes denuncian el despojo de sus tierras y quienes defienden los intereses de estas comunidades.”
Instó a las autoridades hondureñas a investigar los ataques contra los defensores de los derechos medioambientales y a que reconocer públicamente el rol que desempeñan como actores clave en la protección de los bienes comunes.
Preocupación por los asaltos contra el colectivo LGTBI
El relator indicó que desde el año 2008 hasta inicios de 2018 hubo casi trescientos asesinatos de personas ligadas a ese colectivo, once de ellas defensores de los derechos humanos.
Señaló como “muy preocupantes” los testimonios de los defensores de las garantías fundamentales de las personas LGBTI que denunciaron la inactividad del Estado de reducir el uso de los medios de comunicación para la incitación al odio contra esas personas.
En sus recomendaciones instó al Gobierno a elaborar protocolos de investigación contra los ataques a los defensores del colectivo LGTBI.
El papel de las defensoras de los derechos humanos
Entre 2016 y 2017 se comunicaron más de 1200 ataques contra las defensoras de los derechos humanos, sus familias u organizaciones de las que formaban parte.
El experto destacó su “fuerza, determinación y resistencia” y que se enfrentan a los mismos riesgos que sus contrapartes masculinas, pero que también sufrieron “amenazas y ataques específicos de género”.
“A menudo son objeto de difamación pública, ataques contra su credibilidad e integridad, agresiones físicas y acoso judicial”, añadió.
Forst solicitó para estas personas medidas de protección con un enfoque específico de género.
El periodismo sigue siendo una profesión de alto riesgo
Entre los años 2001 al 2017, setenta y cinco periodistas fueron asesinados y casi en la totalidad de estos casos (91%) no hubo ninguna condena ni se arrestó a ningún sospechoso.
Los profesionales de la comunicación indicaron ser víctimas de acoso, intimidación y violencia por parte del ejército y la policía en la cobertura de protestas, especialmente durante la crisis postelectoral o las manifestaciones de estudiantes.
Asimismo, manifestaron “haber sido objeto de campañas de descrédito y difamación, así como de amenazas de muerte”.
Durante su estancia en el país centroamericano, Forst visitó Tegucigalpa, La Paz, la Esperanza, Santa Bárbara, San Pedro Sula, La Ceiba, Tela, Tocoa y Choluteca, y se reunió con cerca de 400 defensores y defensoras de derechos humanos, el 40% de ellos eran mujeres.
El relator presentará su informe final al Consejo de Derechos Humanos en marzo del 2019.
Mecanismo Nacional de Protección
La creación de un Mecanismo Nacional de Protección por parte del Congreso hondureño el año 2015 para proteger a los defensores de las garantías fundamentales, periodistas y comunicadores sociales fue “un excelente punto de partida”, según Forst.
El Mecanismo ha proporcionado más de 800 medidas de amparo a 211 personas, la mayoría de ellas defensores de los derechos humanos.
También se han reforzado sus estructuras internas y se ha aumentado su presupuesto alrededor del 60%, aunque representa un porcentaje minúsculo en relación con el presupuesto total del Ministerio de Derechos Humanos
Sin embargo, el experto destacó que es necesario fortalecer y dotar al Mecanismo de un enfoque más amplio que sirva para una mejor protección de los defensores de los derechos humanos.
JOH respalda protección a periodistas y a DD HH
El respaldo a la protección de periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia fue el tema que abordó el Presidente Juan Orlando Hernández con el Consejo Nacional de Protección para Defensores de los Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.
En el diálogo participaron directivos integrantes del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), la Asociación de Prensa Hondureña (APH) y de otros organismos que integran el Consejo.
“Fue una reunión muy positiva”, destacó Karla Cuevas, titular de la Secretaría de Derechos Humanos (DD HH).
Explicó que este mecanismo lleva más de dos años en función y que “a la fecha hemos protegido a más de 211 personas que ejercen el derecho, así como a ustedes (comunicadores) en defender la libertad de expresión y derechos humanos”.
Además, explicó que en la reunión se abordaron temas como la creación de una fiscalía especial para proteger a los periodistas y comunicadores sociales.
“Queremos defender sus derechos y a los riesgos que ustedes se enfrentan”, indicó Cuevas al tiempo que adelantó que el Presidente Hernández sostendrá reuniones con el gremio periodístico de manera más fluida.
El presidente de la APH, Carlos Ortiz, comentó que “hemos visto el compromiso del Presidente Hernández en fortalecer y mejorar el mecanismo financieramente, no solo con 20 millones de lempiras de la Tasa de Seguridad”.
“Se comprometió en llevar al Consejo al interior del país y se comprometió cada dos meses en acompañarnos en el Consejo Nacional de Protección y eso es un avance sustancial”, exteriorizó Ortiz.
Añadió que en la reunión de trabajo con el titular del Ejecutivo también tocaron temas como la ley reforma del artículo 335-B del Código Penal que habla sobre la “apología del terrorismo” y “los medios de comunicación y difusión”, y que recientemente fue declarado inconstitucional por la Fiscalía Especial de Defensa de la Constitución.
Hija de ambientalista Berta Cáceres asesinada en Honduras reclama en Europa justicia
La «incidencia internacional» ha sido «fundamental para poder obtener hoy a dos años de su asesinato algún tipo de resultado en la investigación», dijo a la prensa Berta Zúñiga Cáceres en Bruselas, donde advirtió de la voluntad de Tegucigalpa de mostrar al mundo cualquier resultado.
«No queremos resultados porque sí, sino también acabar con la estructura que cometió su crimen que continuó activa amenazando a parte de la comunidad que todavía se resiste a ese proyecto hidroeléctrico Agua Zarca», agregó la coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
Berta Cáceres murió entre la noche del 2 y la madrugada del 3 de marzo de 2016 a manos de pistoleros. Nueve sospechosos están detenidos, entre ellos el presidente de la compañía Desarrollos Energéticos (DESA), empresa señalada reiteradamente por esta dirigente indígena lenca de amenazarla de muerte.
La entonces coordinadora de Copinh encabezó bloqueos en la calle en protesta por la construcción por parte de la compañía DESA de una represa del proyecto Agua Zarca en el río Gualcarque, que cruza territorio del grupo étnico lenca.
«Es un caso emblemático que refleja la realidad que tienen que enfrentar numerosos defensores de derechos humanos, especialmente las mujeres, en Honduras y en muchos países de América Latina», apuntó Marta Ibero, de la organización EU LAT, para quien la «presión internacional» permitió dar «avances» en el caso.
El Copinh inició este lunes en Bélgica, donde se reunirán durante dos días con funcionarios de la diplomacia europea y eurodiputados, una gira por Europa, que también les llevará a otros países como Holanda, Suiza, España y Alemania hasta el 31 de mayo.
En el marco de la visita, la familia de la ambientalista y el Copinh también preparan la presentación de una demanda en Holanda contra el Banco de Desarrollo Holandés (FMO) «por negligencia» y por ser «corresponsable» del asesinato de Cáceres, anunció su hija durante la rueda de prensa.
El FMO formaba parte del proyecto de Agua Zarca antes de anunciar su retirada en julio de 2017, al igual que el Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial Limitada (Finn Fund), tras la muerte de la activista hondureña.
«El FMO por lo menos tenía conocimiento suficiente, antes de que se cometiera el crimen, de los hechos que se estaban realizando. Sin embargo no hizo nada para evitar su muerte», explicó la hija de la ambientalista, precisando que la formalización de esta «primera demanda internacional» se producirá «en un mes».
