Ecuador: el exvicepresidente Glas asegura que es víctima de una persecución política e insiste en su inocencia
Tribunal entró en deliberación por apelación en caso Odebrecth
Tras 10 horas de escuchar a las partes, el juez ponente David Jacho, del Tribunal de Alzada de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), suspendió la tarde de este miércoles 18 de mayo la audiencia de apelación a la sentencia por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht.
El recurso fue interpuesto por el exvicepresidente de la República, Jorge Glas, su tío Ricardo Rivera, Édgar Arias, Képler Verduga, Ramiro Carrillo, y Carlos Verduga, a los que se sumó el acusador particular César Montúfar.
La audiencia inició a las 08:30. El abogado Alejando Vanegas, defensor de Glas, pidió la nulidad de la condena y que se declare inocente a su defendido, argumentando que se lo sentenció con un código penal derogado, que jamás firmó contratos, que se le vulneró los derechos y que no se aplicó el principio de favorabilidad de la ley.
En similares términos y bajo los mismos argumentos en exposiciones de cerca de 30 minutos, cada uno, se pronunciaron los abogados de los otros cuatro sentenciados.
La diligencia se realizó, mientras en los exteriores de la Corte un grupo de personas se manifestaba a favor del exvicepresidente.
En el sitio se levantó desde temprano un cerco de rejas con un piquete de policías. Personal de seguridad realizó una inspección de rigor, tanto a los ciudadanos que acudieron para presenciar el proceso como a los representantes de prensa.
Mientras que por considerar que existe motivación suficiente, que se ha aplicado el debido proceso, el principio de favorabilidad y no se han violado los derechos, el fiscal general del Estado (e), Paúl Pérez, solicitó desechar los recursos de apelación.
La audiencia tuvo cuatro breves recesos. En el primero, alrededor de las 10:00, Glas dio cortas declaraciones a la prensa, en las que reiteró que es inocente y víctima de una persecución política.
También se lo observó conversando con Ricardo Patiño y varios asambleístas afines al correísmo que asistieron a la audiencia, entre ellos Liliana Durán, Carlos Viteri, Byron Valle, Soledad Buendía y Sofía Espín.
En su intervención, el acusador particular, César Montúfar, dijo que considera que la sentencia responde a que se aplicó el principio de favorabilidad y debería ser mayor, además que debe definirse un monto de indemnización al Estado.
Alrededor de las 18:00, el juez David Jacho suspendió la audiencia y señaló que el tribunal analizará los argumentos de los sujetos procesales. Dijo que notificará a las partes la fecha de reinstalación de la diligencia, donde dará a conocer su resolución.
DATO
El pasado 13 de diciembre, un tribunal penal de la CNJ emitió la sentencia contra ocho procesados: Jorge Glas, Ricardo Rivera, Carlos Verduga, Édgar Arias, Ramiro Carrillo, José Terán, Gustavo Massuh, y Képler Verduga. Para los cinco primeros la pena fue de seis años, mientras que para los tres restantes 14 meses de prisión.
La CNJ puede mantener, reducir, ampliar o anular la sentencia. Incluso Glas todavía podrá acudir a otra instancia, además de la Corte Constitucional.
ESPECIAL: Primer año del presidente Lenín Moreno
La reforma político-institucional es el ámbito en el que más trabajó el Gobierno durante su primer año. La decisión de tomar distancia de su predecesor y del exvicepresidente Glas se expresó en un cambio de estilo y se completó con la consulta popular de febrero. La recomposición de fuerzas en la Asamblea, el Ejecutivo y otros poderes ha sido lenta y postergó decisiones urgentes como la reforma económica, los cambios en el modelo estatal y la obra pública, así como el cumplimiento de la oferta social. La violencia criminal en la frontera norte develó una situación de inseguridad, que se vuelve uno de los retos más difíciles de enfrentar.
Política
El diálogo, la consulta y la fiscalización, los tres ejes
El primer año de Gobierno de Lenín Moreno estuvo marcado por tres grandes ejes políticos: el diálogo nacional, la lucha contra la corrupción y la consulta popular y referendo como vía para rescatar la institucionalidad en el país.
Esos tres temas medulares significaron que el movimiento Alianza País (AP) entrara en crisis y el ala afín al expresidente Rafael Correa decida separarse. Esto, a su vez, derivó en cambios de ministros en el Gabinete y en el rompimiento del bloque legislativo, de los 74 asambleístas 45 se quedaron en el oficialismo.
Para el director de Consultores Políticos Independientes (CPI), Oswaldo Moreno, la línea política pasó de un “socialismo radical” a un “socialismo light”, que se basó en la búsqueda de una reconciliación con los opositores, empresarios, indígenas, medios, entre otros grupos sociales.
El 20 de junio decretó el Diálogo Social Nacional con siete mesas para lograr acuerdos: plurinacional, sectores sociales, comunicación, educación, agraria, el Frente de Lucha Contra la Corrupción y el Consejo Consultivo Productivo y Tributario.
Para la consultora política, Patricia de la Torre, el diálogo resultó para Moreno la oportunidad para aliarse con sectores a los que el anterior gobierno enfrentó. Eso ayudó a dar un viraje en su modelo. “Él se abre en el diálogo para perseguir un fin neoliberal, que es opuesto al ideario de Alianza País”. Una evidencia puede ser el nombramiento de Richard Martínez en Finanzas.
Como resultado del diálogo, surge el proyecto de reforma a la Ley de Comunicación que plantea la eliminación de la Superintendencia de Comunicación, la figura del linchamiento mediático y la parte punitiva.
Estos 12 meses del Gobierno han estado marcados por los intentos de cambiar la estructura institucional que heredó de su antecesor. Ello originó la consulta popular, en febrero pasado, la cual viabilizó la conformación de un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio.
También permitió eliminar la reelección indefinida y derogar la Ley de Plusvalía. La facción correísta hizo campaña negativa en esos tres temas y se convirtió en el principal opositor al régimen.
El Cpccs transitorio ha removido a tres titulares de organismos de control y evalúa a otras ocho autoridades, como del Consejo de la Judicatura, el Electoral y la Corte Constitucional.
El Jefe de Estado ha manejado un discurso de combate a las actividades ilícitas, cuyo remezón empezó en junio del 2017, con las denuncias de corrupción en contra de su exvicepresidente, Jorge Glas, que concluyó en su destitución. El analista Santiago Basabe dice que ese fue uno de los “muchos sobresaltos”, lo que ha obligado a que vaya modificando el lineamiento político con el que empezó a gobernar Moreno.
“Me parece que el Gobierno ha utilizado la estrategia de dar ciertos movimientos y esperar a ver la reacción del entorno político, la opinión pública…”.
No obstante, cree que con el Cpccs transitorio el país empezó un proceso de reinstitucionalización que va a ser largo, pero que va en buen camino. “Eso también ha incidido en que la carga al Presidente respecto de los escándalos de corrupción en alguna medida descienda”.
Pero en materia de lucha contra la corrupción hay puntos en suspenso. El Ejecutivo firmó en septiembre un acuerdo con la ONU, aunque no se conocen detalles. El Frente de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, que conformó el Presidente, entregó un informe con recomendaciones que hasta ahora no se conoce que se hayan concretado.
Cinco momentos
-Inicio del diálogo
El 20 de junio, el Jefe de Estado decretó el Diálogo Social Nacional con todos los sectores de la sociedad ecuatoriana como política de Estado.
-Decretos
El 23 de octubre derogó los polémicos Decretos 16 y 739, firmados durante el tercer período de Rafael Correa, que regulaban a las organizaciones.
-Cambio en la Vicepresidencia de la República
El 3 de enero del 2018, el Presidente anunció la ausencia definitiva de Jorge Glas en la Vicepresidencia, enviando una terna a la Asamblea Nacional.
-Consulta popular
El 4 de febrero se realizó la consulta popular y referendo. Triunfó el sí en las 7 preguntas y se produjeron cambios constitucionales y legales.
-Un giro político en la Asamblea
El 9 de marzo, José Serrano fue destituido de la Presidencia de la Asamblea. En su lugar fue nombrada Elizabeth Cabezas, que tuvo el apoyo de Moreno.
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