Crisis en Nicaragua: la CIDH recomienda al gobierno la creación de un instrumento internacional que investigue los hechos de violencia
CIDH: grave violación a derechos humanos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al Gobierno de Nicaragua crear un “mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos”, que ofrezca garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar “debidamente” a los responsables de las muertes en las protestas iniciadas el 18 de abril.
El organismo, adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA), señaló que la policía usó armas de fuego de manera indiscriminada durante las protestas.
En su informe preliminar sobre su visita a Nicaragua, también sugiere que se desmantelen los grupos “parapoliciales” y se adopten medidas para impedir que “sigan operando grupos de terceros armados que atacan y hostiguen a la población civil”.
Esas recomendaciones son parte de 15 puntos que la CIDH propone implementar al Estado de Nicaragua, tras observar en el terreno la situación de los derechos humanos a raíz de las protestas que ya llevan más de un mes y que, según este organismo, dejaron 76 muertes, 438 detenidos y 868 heridos, cinco de estos aún en centros hospitalarios en estado de gravedad.- –
El comisionado Joel Hernández, relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, aseveró que las muertes registradas en el informe preliminar fueron confirmadas por las autoridades nicaragüenses y que, del total de detenidos, tres aún permanecen en las celdas.
El informe fue dado a conocer por la delegación de la CIDH encabezada por la comisionada Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua; Paulo Abrão, secretario ejecutivo del organismo; y Edison Lanza, relator especial de Libertad de Expresión.
La CIDH condenó las muertes, agresiones y detenciones arbitrarias de estudiantes, manifestantes, periodistas y otros ciudadanos que se han registrado en el país desde el inicio de las protestas y que continúan.
La comisión urgió al Estado de Nicaragua cesar de inmediato la represión a los manifestantes, por lo que considera urgente adoptar “las medidas necesarias para garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y participación política”.
Las observaciones de la CIDH están basadas en información documental y audiovisual, y en “centenares” de testimonios que el organismo recopiló en el país entre el 17 de mayo y 20 de mayo en Managua, Masaya, León y Matagalpa y que evidencian graves violaciones a los derechos humanos durante un mes de protestas.
Alta represión
“La CIDH observa el alto grado de represión concentrado por agentes antimotines contra las manifestaciones de estudiantes ubicadas en las universidades”, señala el organismo en su informe, leído por la relatora Antonia Urrejola.
Este organismo visitó distintos hospitales en Managua, León y Matagalpa, así como el Instituto de Medicina Legal, y entrevistó a varios médicos voluntarios, quienes denunciaron que la mayoría de heridos por armas de fuego presentaron impactos de bala en la cabeza, ojos, cuello y tórax.
Concluye que la Policía Nacional y las fuerzas antimotines utilizaron armas de fuego, pistolas de balas de goma y gases lacrimógenos en forma indiscriminada para disolver protestas y manifestaciones, sin hacer uso de protocolos para regular el uso proporcional de la fuerza.
“Varios testimonios hablan del uso de francotiradores en lugares como el Estadio Nacional y en Matagalpa. Estos graves hechos indican la posibilidad de que se habrían registrado ejecuciones extrajudiciales”, señaló el organismo.
La CIDH considera que la mejor medida de prevención de la violencia letal y la ocurrencia de muertes en las protestas es la prohibición de portar armas de fuego y munición de plomo de parte de funcionarios que pudieran entrar en contacto con los manifestantes.
Basada en centenares de testimonios, la CIDH expresó que la represión estuvo a cargo de la Policía Nacional, sus fuerzas antimotines y grupos “parapoliciales”, que actuarían con el apoyo de agentes estatales.
“Según numerosos relatos, estos grupos armados serían convocados para tareas de amedrentamiento, vigilancia y actos violentos contra los manifestantes”, señala la CIDH en sus observaciones.
En el caso del ataque a estudiantes en la Catedral de Managua, el 20 de abril, el organismo señaló que tiene información de que, en algunos casos, los manifestantes hicieron uso de morteros caseros con pólvora, piedras y hondas.
Detenciones arbitrarias
La CIDH documentó en el país “detenciones ilegales y arbitrarias, prácticas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes”, principalmente, durante los primeros días de las protestas en perjuicio de estudiantes, trabajadores y jóvenes que se encontraban en la zona de los incidentes.
Incluso, datos aportados por el Estado revelan que de las 438 personas detenidas con fuerza y llevadas a El Chipote, 209 fueron trasladados a la cárcel La Modelo, en Tipitapa, tras dos de días de incomunicación. Los restantes fueron puestos en libertad.
En la mayoría de los casos, de acuerdo con el informe, los detenidos habrían sido objeto de distintos tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Entre los testimonios recogidos, la CIDH destaca que los detenidos fueron objeto de golpes, insultos, o bien, no recibir alimentos y escasa provisión de agua.
“Las personas que se acercaron a la CIDH también presentaron quejas respecto al trato en el centro La Modelo, por haber sido rasurados, esposados con rigor y sometidos a golpes y llaves asfixiantes”, reveló.
Otros detenidos denunciaron ante el organismo que en la cárcel perdieron todas sus pertenencias, incluidos los teléfonos celulares, que quedaron en manos de los agentes estatales. “Durante tres días de detención no fueron puestos a disposición de un juez, ni se comunicaron con los familiares”, añade el informe.
Desconfianza en instituciones
Otro punto que la CIDH ve con preocupación es que decenas de víctimas, familiares y representantes de organismos de derechos humanos expresaran profunda desconfianza en las instituciones encargadas de llevar a cabo la rendición judicial de cuentas por estos crímenes.
De igual forma, los testimonios reflejaron dudas sobre “la eficacia acerca de la recientemente creada Comisión de la Verdad, debido a la falta de participación de la sociedad civil y los familiares de las víctimas en creación y designación de sus miembros”.
Basada en reclamos de víctimas, familiares y sociedad civil, la CIDH señaló que falta una intervención independiente en las investigaciones, hasta hoy solo realizadas por el Ministerio Público.
La comisión reconoce que recibió documentación sobre los asesinatos y heridos atendidos en hospitales y en el Instituto de Medicina Legal, sin embargo, observó casos en que el registro careció de estándares forenses que permitieran esclarecer los hechos de violencia de manera completa y eficaz.
Según la CIDH, la misión recibió denuncias de que en más de una decena de casos los hospitales públicos que recibieron personas muertas en estos contextos no realizaron autopsias, tampoco los cuerpos fueron remitidos al Instituto de Medicina Legal, para que se practicara la debida autopsia.
“De acuerdo con los documentos a los que accedió la comisión, en algunos casos se le requirió a los familiares firmar un texto en el que solicitaban la entrega del cuerpo sin realizar estas diligencias indispensables para alcanzar justicia”, agregó.
y testigos de violaciones a derechos humanos se encuentran en una situación de grave riesgo, situación que exige la adopción de una política integral de protección reforzada por parte del Estado.
Organizaciones piden que el Estado cumpla
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) calificó el informe preliminar de la CIDH como “muy adecuado”, de acuerdo con la magnitud de la visita de la delegación.
“Esperaba que fuera menos explícito de lo que han sido, porque han fundamentado con los hechos que todos hemos denunciado y que todos han verificado, los dan como hechos ciertos, hay credibilidad por parte de la CIDH”, dijo la presidenta del Cenidh, Vilma Ñúñez.
Por su parte, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) manifestó que la CIDH dio una cifra de muertos mayor a la que este organismo ha verificado.
“Nosotros hasta el momento hemos verificado 70 muertes, la comisión habló de 76, pero además es importante que dieron la fuente, es decir información generada por el Estado”, manifestó la CPDH.
Recomendaciones
1 Cesar de inmediato la represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan en las protestas.
2 Respetar y garantizar el goce pleno del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población.
3 Crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos, con garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables.
4 Garantizar la vida, integridad y seguridad de todas las personas que están manifestando y ejerciendo sus derechos y libertades públicas y sufriendo las consecuencias del ambiente de represión, en especial a los estudiantes, niñas, niños y adolescentes.
5 Ofrecer garantías efectivas para proteger a las personas que dieron testimonio a la CIDH o que de alguna manera participaron en sus actividades en el país; y abstenerse de tomar o de permitir que se tomen represalias en contra de ellas.
6 Adoptar medidas para investigar diligentemente, juzgar y sancionar a los responsables de todos los actos de violencia cometidos durante las protestas. Asimismo, respetar las garantías del debido proceso de las personas que permanecen detenidas por hechos relacionados con las protestas.
7 Asegurar que los operativos de seguridad respecto a protestas y manifestaciones se ejecuten según los protocolos de actuación acordes con los estándares internacionales relativos al uso de la fuerza por agentes encargados de hacer cumplir la ley.
8 Desmantelar los grupos parapoliciales y adoptar medidas para impedir que sigan operando grupos de terceros armados que atacan y hostiguen a la población civil.
9 Garantizar el respeto de la independencia de los medios de comunicación y abstenerse de aplicar la censura previa por parte de cualquier órgano estatal, así como cualquier condicionamiento previo que pueda implicar censura a la libertad de expresión.
10 Exhortar a las autoridades estatales a abstenerse de hacer declaraciones públicas que estigmaticen a manifestantes, defensores de derechos humanos, periodistas o a utilizar los medios estatales para hacer campañas públicas que puedan incentivar la violencia contra las personas por razón de sus opiniones. Así como a proteger en forma efectiva a defensores y periodistas que se encuentren en situación de riesgo.
11 Sistematizar la información de las personas atendidas en los hospitales públicos y privados como consecuencia de las protestas sociales. El registro debe ser específico, indicando fecha de ingreso, causa de las lesiones, tratamiento proporcionado y en su caso motivos de muerte, dicha información debe ser pública y desagregada como mínimo por edad y sexo.
12 Deben investigarse las denuncias de obstaculización para la atención de salud en los hospitales, así como respecto de la labor humanitaria de la Cruz Roja y los bomberos.
13 Ratificar todos los instrumentos internacionales de derechos humanos aún pendientes, en particular la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
14 Mantener la apertura al escrutinio internacional y, en ese sentido, facilitar la visita de todos aquellos mecanismos de protección de derechos humanos del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas, así como de otros actores relevantes de la comunidad internacional.
15 Comprometerse a un mecanismo de seguimiento junto a la CIDH para verificar la implementación de las recomendaciones emitidas en el marco de la presente visita, y del informe de la misma. Programar junto a la CIDH un calendario concreto de nuevas visitas.
Ciudadanos continúan en las calles
Este lunes, las manifestaciones antigubernamentales continuaron en Managua, Granada y León.
En horas de la mañana, la familia del periodista Ángel Gahona, asesinado de un tiro cuando daba cobertura a las protestas que en su natal Bluefields, se manifestó en la rotonda Rubén Darío.
Gahona, este lunes cumplió un mes de fallecido y, pese a que su caso está siendo judicializado, su familia ha manifestado inconformidad sobre el curso del proceso y los señalados como autores del crimen.
En horas de la tarde, en Managua también tuvo lugar un plantón pacífico frente a la Universidad Centroamericana (UCA). La convocatoria fue hecha por los exalumnos de este centro de estudios, en protesta contra las autoridades, luego de los resultados emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que confirmó la muerte de 76 nicaragüenses en el contexto de las protestas que iniciaron el 18 de abril.
Decenas de ciudadanos llegaron con banderas azul y blanco a participar del plantón, que interrumpía la circulación vehicular frente a la universidad por cinco minutos mientras se gritaban consignas como “eran estudiantes, no eran delincuentes” y “el pueblo unido, jamás será vencido”.
A 34 días del inicio de las protestas en todo el país, estas se mantuvieron ayer en la capital, Granada, el Triángulo Minero y León. Los ciudadanos demandan justicia por las muertes y reformas en el sistema político del país.
Plantones y marchas
En León, pobladores autoconvocados realizaron un plantón ayer por la tarde en las afueras de la Universidad de Managua (UdeM) y, posteriormente, realizaron una marcha por las calles de la localidad.
Mientras en Quezalguaque, desde tempranas horas de la mañana, autoconvocados instalaron un plantón en la entrada principal del municipio, sobre la carretera León-Chinandega, donde permanecieron durante todo el día.
En Granada, centenares se sumaron a la marcha de los autoconvocados ayer por la tarde. En el recorrido, los participantes levantaban en alto las imágenes de los jóvenes estudiantes fallecidos.
“Queremos que se haga justicia, ninguna de esas muertes pueden quedar impunes, estamos unidos en una misma lucha hasta el final y no vamos abandonar esta causa, no estamos 100% seguros en el diálogo, pero también somos buscadores de la paz para la nuevas generaciones futuras”, comentó Erick Amador, manifestante.
La manifestación recorrió las principales calles de la ciudad de Granada y a su paso la población se sumaba para respaldar las demandas de justicia y democracia en el país.
La marcha culminó con un tributo en la iglesia de Xalteva, donde los participantes han levantado una cruz en homenaje a los caídos durante las protestas, además declararon que las marchas continuarán en los próximos días hasta que las demandas ciudadanas sean escuchadas.
“Pedimos resultados en la mesa de diálogo, que no se continúe asesinando a sangre fría a nuestros jóvenes, que no haya más agresión durante las noches, que se respeten las manifestaciones organizadas por el Movimiento 19 de Abril, queremos una patria libre, llena de esperanza”, demandó Isaac Danilo Pavón durante la marcha.
Comunicado | Observaciones preliminares de la visita de trabajo de la CIDH a Nicaragua
21 de mayo 2018
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) culminó hoy una visita de trabajo* a Nicaragua, la cual tuvo lugar del 17 al 21 de mayo de 2018. El objetivo de esta visita fue observar en el terreno de manera preliminar la situación de los derechos humanos en el país en relación con los hechos violentos que han tenido lugar a partir del 18 de abril de 2018, documentar estos hechos y emitir las primeras recomendaciones concretas al Estado. Para tal fin, la CIDH trabajó en tres equipos, visitado cuatro ciudades, instalaciones estatales, centros de salud, hospitales, el Instituto de Medicina Legal y centros de detención.
Desde el inicio de las recientes protestas en Nicaragua, la CIDH ha utilizado sus diversos mecanismos para monitorear la situación de derechos humanos en el país, inclusive la instalación de una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna.
Durante su visita la CIDH reunió información documental, audiovisual y escuchó centenares de testimonios que evidencian graves violaciones de derechos humanos durante un mes de protestas, caracterizadas por el uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad del Estado y de terceros armados. Lo que dio como resultado decenas de muertos y centenares de personas heridas; detenciones ilegales y arbitrarias; prácticas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes; censura y ataques contra la prensa; y otras forma de amedrentamiento como amenazas, hostigamientos y persecución dirigidas a disolver las protestas y a inhibir la participación ciudadana.
Según la información recibida por la CIDH, desde el 18 de abril en el país hubo, al menos, 76 personas muertas, 868 resultaron heridas en su gran mayoría en el contexto de las protestas. De estas últimas, cinco permanecen en hospitales en estado de gravedad. Asimismo, 438 personas fueron detenidas, entre estudiantes, población civil, defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas.
La CIDH condena enfáticamente las muertes, agresiones y detenciones arbitrarias de las y los estudiantes, manifestantes, periodistas y otros ciudadanos que se han registrado en el país desde el inicio de las protestas y que continúan hasta la fecha. De igual forma la CIDH condena las muertes de dos policías y agresiones contra otros funcionarios públicos producidas en este contexto.
La Comisión urge al Estado de Nicaragua a que cese de inmediato la represión de la protesta social. En este sentido, el Estado debe adoptar con carácter urgente las medidas necesarias para garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y participación política. La Comisión urge enérgicamente al Estado a investigar diligentemente estos hechos, juzgar y sancionar a sus responsables, y reparar a las víctimas de violaciones a derechos humanos.
De acuerdo con información disponible, como antecedente de las protestas diversas fuentes mencionaron el incendio en la reserva natural de Indio-Maíz; y como catalizador de la situación el hecho de que el 16 de abril el gobierno publicara en el Diario Oficial una reforma a la seguridad social que incrementó los aportes de trabajadores y empleadores y que también estableció una detracción del 5% a los pensionados. Lo anterior, sumado a la dispersión de una manifestación de personas adultas mayores, produjo protestas generalizadas lideradas por grupos de estudiantes y jóvenes, así como también sectores de trabajadores, campesinos, ambientalistas, defensoras y defensores de derechos humanos, y ciudadanos en general. Sin perjuicio de que cinco días después el gobierno retiró la reforma al sistema de seguridad social, las protestas continuaron y se extendieron debido al descontento de amplios sectores de la sociedad con el gobierno actual. Posteriormente, la falta de reconocimiento y condena del gobierno en relación con la represión desatada también produjo una mayor indignación.
Los incidentes se registraron en la ciudad de Managua, León, Estelis, Matagalpa, Masaya, Sébaco y Jinotega, entre otros.
La respuesta represiva también incluyó medidas de censura contra la prensa, el bloqueo y ataques al funcionamiento de medios de comunicación en Internet, como represalia por su cobertura de las protestas, que nunca pueden ser justificadas y constituyen una forma de censura inadmisible en un sistema democrático. Según información recibida, el 18 de abril,) se suspendieron las transmisiones de Canal 12, Canal de Noticias de Nicaragua (CDNN23), Telenorte y Canal 51, este último de la Conferencia Episcopal. El canal 100% Noticias estuvo 6 días sin transmisión, lo que le impidió sacar al aire programas percibidos como contrarios a los intereses del gobierno; y el 23 de abril, la edición digital del semanario Confidencial sufrió un bloqueo durante siete horas. El periodista Ángel Gahona fue asesinado el 21 de abril en Bluefields mientras cubría los disturbios.
Asimismo, el 20 de abril se desató en Managua una represión encabezada por fuerzas policiales y grupos motorizados que abrieron fuego e incendiaron las instalaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería. En los sucesos muchos estudiantes se dieron a la fuga, pero varios de ellos quedaron atrapados en el recinto y perdieron allí la vida o sufrieron graves heridas. Uno de los cuales fue el adolescente Álvaro Conrado de 15 años de edad, impactado de bala en su cuello y cara cuando ingresaba agua a la universidad, testigos afirman que los disparos fueron efectuados por francotiradores.
Otro grupo de testimonios apuntan a que cientos de estudiantes habrían sido atacados en la explanada de la Catedral por decenas de agentes antimotines que habrían actuado en forma coordinada con grupos violentos irregulares. Estudiantes, familiares, personas que colaboraban y periodistas habrían sido agredidos, por lo que decidieron refugiarse en el interior de la Catedral. De acuerdo a decenas de relatos, un número de aproximadamente 600 personas ingresaron a este recinto donde permanecieron toda la noche rodeados, en donde encontraron la protección de sacerdotes de la Iglesia Católica.
Por otra parte, se tiene información de que en algunos casos los manifestantes hicieron uso de morteros caseros con pólvora, piedras y hondas. El gobierno afirma que existen grupos vandálicos y criminales que operan en el marco de las protestas y tomas de universidades, y que han ocasionado daños a bienes públicos y privados. En la ciudad de León los estudios de Radio Darío, que transmitía las protestas fueron incendiados por completo y dos de los atacantes perdieron la vida al tomar fuego el combustible que transportaban. En la misma ciudad también fue incendiado el Centro Universitario (CUUN), en los hechos perdió la vida una persona.
También se recibió información sobre ataques de terceros armados a parroquias de la iglesia católica, como por ejemplo las parroquias de Matiguás y Sébaco.
La CIDH también documentó un patrón de detenciones masivas y arbitrarias ocurridas especialmente durante los primeros días de las protestas, en perjuicio de estudiantes, trabajadores y jóvenes que se encontraban en la zona de los incidentes. Según datos aportados por el Estado, 438 personas fueron aprehendidas mediante el uso de la fuerza y llevadas a unidades de policía, como El Chipote, de las cuales 209 fueron trasladadas a la Cárcel Modelo de Tipitapa, tras dos días de incomunicación y los restantes puestos en libertad. En muchos de los casos, los detenidos habrían objeto de distintas formas de tratos crueles, inhumanos y degradantes durante su detención. Dentro de las denuncias recibidas destacan aquellas de víctimas que alegan haber sido objeto de golpes, insultos o bien no recibir alimentos y escasa provisión de agua. Las personas que se acercaron a la CIDH también presentaron quejas respecto al trato en el centro La Modelo, por haber sido rasurados, esposados con rigor y sometidos a golpes y llaves asfixiantes. En algunos de los casos, denunciaron haber perdido todas sus pertenencias, incluidos los teléfonos celulares que quedaron en manos de los agentes estatales.
Durante tres días de detención no fueron puestos a disposición de un juez, ni se comunicaron con los familiares.
Cuerpos de seguridad del Estado y grupos de choque
De acuerdo con centenares de testimonios, la represión estuvo a cargo de la Policía Nacional, sus fuerzas antimotines y grupos parapoliciales, que actuarían con el apoyo de agentes estatales. Según numerosos relatos, estos grupos armados serían convocados para tareas de amedrentamiento, vigilancia y actos violentos contra los manifestantes. Por otro lado, la CIDH observa que el Ejército anunció que no participaría en el control de la protesta social y que realizaría la protección y seguridad a las entidades e infraestructuras vitales para el funcionamiento del país.
En este contexto, la CIDH recuerda que el Estado tiene la obligación de no permitir la existencia de estructuras represivas, investigar los hechos en los que han participado, identificar y sancionar a los responsables que articulan su funcionamiento desde las estructuras desde el Estado y recuperar el uso legítimo y proporcional de la fuerza, en el marco del Estado de Derecho.
Uso desproporcionado de la fuerza
Respecto de las fuerzas estatales, la Comisión recibió decenas de testimonios sobre la falta de una actuación neutral de la Policía Nacional en estos sucesos.
La CIDH observa el alto grado de represión concentrado por agentes antimotines contra las manifestaciones de estudiantes ubicadas en las universidades, entre ellas, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), la Universidad Nacional Agraria (UNA), la Universidad Centroamericana y la Universidad Politécnica (UPOLI). Por ejemplo, en ataques a la UPOLI llevados a cabo el 10 y 16 de mayo, la CIDH fue informada que la Policía Nacional habría utilizado balas de goma y armas de fuego, mientras que en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, los líderes estudiantiles denunciaron que ataques contra los estudiantes por parte de tropas antimotines de la Policía y que grupos parapoliciales mantenían sitiada la sede de dicha universidad. Durante la visita la CIDH observó directamente los resultados de un ataque a los estudiantes de la UNA.
La CIDH visitó distintos hospitales en Managua, León y Matagalpa, así como el Instituto de Medicina Legal; asimismo entrevistó a varios médicos voluntarios quienes informaron acerca de un patrón de heridos por armas de fuego la mayoría de los cuales presentaron impactos de bala específicamente en la cabeza, los ojos, el cuello y el tórax. La CIDH recibió información acerca de personas gravemente heridas por la espalda con armas de fuego.
Los órganos del Sistema Interamericano han reiterado que el uso de la fuerza debe ajustase a los principios de excepcionalidad, legalidad, necesidad y proporcionalidad. Asimismo, las obligaciones de respetar, proteger y facilitar el derecho de reunión y participación en manifestaciones públicas y protestas, incluyen la prevención de acciones que puedan dañar la integridad física de las personas.
La documentación y los testimonios recogidos también permiten concluir que la Policía Nacional y la fuerza antimotines utilizaron armas de fuego, pistolas de balas de goma y gases lacrimógeno en forma indiscriminada para disolver protestas y manifestaciones, sin hacer uso de protocolos para regular el uso proporcional de la fuerza, aunque la policía tendría formación en el uso de los mismos. Varios testimonios hablan del uso de francotiradores en lugares como el Estadio Nacional y en Matagalpa. Estos graves hechos indican la posibilidad de que se habrían registrado ejecuciones extrajudiciales.
La CIDH considera que la fuerza potencialmente letal no puede ser utilizada meramente para mantener o restituir el orden público. Sólo la protección de la vida y la integridad física ante amenazas inminentes puede ser un objetivo legítimo para usar dicha fuerza. Nicaragua debe implementar en forma inmediata mecanismos para prohibir de manera efectiva el uso de la fuerza letal como recurso en las manifestaciones públicas. La Comisión ha considerado que la prohibición de portar armas de fuego y munición de plomo por parte de funcionarios que pudieran entrar en contacto con manifestantes se ha probado como la mejor medida de prevención de la violencia letal y la ocurrencia de muertes en contextos de protestas sociales. La CIDH reitera que las armas de fuego y las respectivas municiones deben estar excluidas en los operativos de control de las protestas sociales y de todo funcionario policial que pudiera entrar en contacto con la manifestación.
Acceso a la Justicia
Existe un reclamo de víctimas, familiares y la sociedad civil respecto a la falta de una intervención oportuna, independiente y no revictimizante del Ministerio Público para esclarecer los graves hechos de violencia registrados. Por otro lado, algunos de las investigaciones adelantadas, como la referida al asesinato del periodista Ángel Gahona en el que se consignaron a dos presuntos autores materiales, han sido cuestionados por los familiares de las víctimas. En tanto, tres madres se presentaron ante la CIDH para denunciar que sus hijos habrían sido consignados por el asesinato de una persona durante un saqueo, sin pruebas suficientes y que habrían sido víctimas de tratos crueles.
La Comisión reconoce que recibió documentación sobre los asesinatos y heridos atendidos en hospitales y en el Instituto de Medicina Legal. Sin embargo, observó casos en donde el registro careció de estándares forenses que permitan esclarecer los hechos de violencia de manera completa y eficaz.
En el ámbito del Ministerio Público, el Instituto de Medicina Legal y en hospitales públicos, la CIDH identificó como patrón que no se documentaron fehacientemente las circunstancias en las que se produjeron las causas de las muertes y lesiones producidas a manifestantes. La CIDH recibió denuncias de que en más de una decena de casos los hospitales públicos que recibieron personas muertas en estos contextos no realizaron autopsias, tampoco los cuerpos fueron derivadas al Instituto de Medicina Legal una vez constatada la muerte para que se practicara la debida autopsia. De acuerdo a los documentos a los que accedió la Comisión, en algunos casos se le requirió a los familiares firmar un texto en el que solicitaban la entrega del cuerpo sin realizar estas diligencias indispensables para alcanzar justicia. La Comisión nota que el Estado tiene la obligación de realizar los estudios y autopsias necesarios para la investigación completa de estos hechos de violencia que además pueden suponer graves violaciones a los derechos humanos.
Preocupa a la Comisión, que decenas de víctimas, familiares y representantes expresaran profunda desconfianza en las instituciones encargadas de llevar a cabo la rendición de cuentas judicial por estos crímenes. Así como hay dudas sobre la eficacia acerca de la recientemente creada Comisión de la Verdad debido a la falta de participación de la sociedad civil y los familiares de las víctimas en creación y designación de sus miembros.
Protección de defensoras y defensores de derechos humanos
La CIDH constata qué hay un ambiente de intimidación en contra de estudiantes, manifestantes, periodistas y ciudadanos que manifiestan su rechazo al gobierno y a la actuación represiva de agentes del Estado. De acuerdo a la información recibida en el marco de la visita, la CIDH recibió denuncias de amenazas, incluidas de amenazas de muerte, por parte de agentes estatales y de tercero en contra de manifestantes, jóvenes, familiares de víctimas, testigos, religiosos y grupos opositores al gobierno; vigilancia a través de patrullajes policiales y motorizados particulares, así como hostigamiento en redes sociales. La Comisión además recibió múltiples testimonios sobre funcionarios estatales de diferentes instituciones que habrían sido forzados a participar en actos a favor del gobierno bajo amenaza de ser despedidos.
Los testimonio recibidos hacen concluir a la Comisión que estudiantes, personas defensoras de derechos humanos, familiares de las víctimas y testigos de violaciones a derechos humanos se encuentran en una situación de grave riesgo. La especial vulnerabilidad de estos grupos exige la adopción de una política integral de protección reforzada por parte del Estado.
La CIDH reitera que los actos de violencia y otros ataques contra las personas defensoras, no solo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental de la sociedad. La Comisión recuerda al Estado de Nicaragua, que debe garantizar en todas las circunstancias que defensoras y defensores de derechos humanos puedan llevar a cabo sus legítimas actividades de defensa de los derechos humanos, libres de cualquier restricción y sin temor a sufrir represalias. El Estado debe diseñar e implementar una política de protección integral para defensores de derechos humanos, que atienda los factores de riesgo específicos del país.
Durante la visita de trabajo la CIDH adoptó un primer conjunto de resoluciones de medidas cautelares para proteger la vida e integridad personal de estudiantes, así como de personas que se encontrarían en una situación de riesgo a sufrir represalias como resultado de los actos de violencia ejercidos en contra de sus familiares en el contexto de la represión de protestas sociales, o bien, en su calidad de sobrevivientes, testigos o personas que como defensoras de derechos humanos ejercen labores de asistencia o documentación de violaciones a derechos humanos. Mediante tales medidas la Comisión solicitó al Estado de Nicaragua lo siguiente: a) adopte las medidas necesarias para salvaguardar la vida e integridad personal de las personas beneficiarias. A tales efectos el Estado debe tanto asegurar que sus agentes respeten la vida a integridad personal de los propuestos beneficiarios de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, como proteger sus derechos en relación con actos de riesgo que sean atribuibles a terceros; b) concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes; y c) informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar.
La Comisión requerirá información periódicamente al Estado de Nicaragua a efectos de supervisar la implementación de tales medidas. Asimismo, la Comisión continuará analizando las solicitudes de medidas cautelares recibidas durante la visita.
Atención médica y derecho a la salud de personas heridas y lesionadas
La CIDH identificó numerosos casos en los que las personas no acudieron a los centros asistenciales por temor a sufrir represalias, y obtuvieron la asistencia en hospitales privados, improvisados centros de salud o a través de médicos voluntarios y estudiantes de medicina, entre otros. La Cruz Roja nicaragüense indicó que habrían realizado alrededor de 553 atenciones hospitalarias, de las cuales 235 requirieron el traslado a un centro médico. La mayoría de las lesiones reportadas se relacionaban con traumatismos, quemaduras, fricciones o heridas por estallidos. También se atendió a un gran número de personas afectadas por gases lacrimógenos, así como por balas de distinto tipo y calibre, objetos contundentes y golpes.
Además, se denunció que en el marco de las protestas el número telefónico destinado para emergencias no habría funcionado correctamente. La organización advirtió que la comunicación se interrumpió de forma constante y que se había obstaculizado la labor de los voluntarios y personal médico que atendían a los heridos. Un grupo de bomberos denunció a la CIDH que se les habría impedido sacar a la calle las ambulancias oficiales. No obstante se permitió el trabajo a los bomberos con carácter de voluntario, aunque estos denunciaron no haber contado con la debida protección para asistir a los heridos.
La CIDH también tuvo conocimiento que la Asociación Médica Nicaragüense condenó, a través de un comunicado que varios hospitales de Nicaragua habrían negado atención médica de urgencia a los heridos en las manifestaciones iniciadas el 18 de abril pasado. Según denuncias allegadas durante las visitas, habrían existido órdenes administrativas en los hospitales públicos para restringir el acceso de la atención a heridos y obstaculizar el acceso a la información. En particular se recibió denuncias respecto del hospital Cruz Azul, perteneciente al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, y en los hospitales Roberto Calderón, Antonio Lenin Fonseca, Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales Argüello y Alemán Nicaragüense, todos pertenecientes el Ministerio de Salud.
No obstante lo anterior, la CIDH constató que en algunos hospitales públicos fueron atendidos heridos y se recibieron personas en estado de gravedad. Asimismo, recibió información de que en algunos casos, tras ser intervenidos, fueron dados de alta con premura y algunos pacientes debieron regresar ante la delicada situación. En ese sentido, la Comisión quiere llamar la atención sobre la delicada situación de salud de René Martín Torres Monterio y Jaime José Reyes Teyes, internados en el hospital Antonio Lenin Fonseca; Néstor Sotelo Ortega y Edy Javier Hernández, internados en el Hospital Alemán-Nicaragüense; David Lizano Altamirano, internado en el Hospital Manolo Morales Peralta; y Wilner Josue Rivas, internado en la clínica de salud Santa Fe de Matagalpa.
De conformidad con el derecho a la salud, los Estados tienen la obligación inderogable de asegurar el derecho de acceso a las instalaciones, bienes y servicios de salud. Cuando las personas no puedan hacer valer ese derecho por sí mismas, como podría ser el caso de los heridos y enfermos, los Estados deben adoptar las medidas necesarias para facilitar ese acceso, el cual puede incluir la búsqueda y recogida de dichas personas, así como su atención inmediata. Esto incluye la obligación de los Estados de adoptar medidas positivas para asegurar la atención de salud, especialmente en circunstancias de grave peligro para la vida. Asimismo, los Estados no deben impedir que el personal sanitario imparta tratamientos médicos a las personas que lo necesitan en el marco de estas situaciones.
Recomendaciones
A la luz de las anteriores observaciones preliminares de la CIDH, en ejercicio de su mandato de monitoreo de la situación de los derechos humanos en el hemisferio, insta al Estado de Nicaragua a implementar las siguientes 15 recomendaciones iniciales:
- Cesar de inmediato la represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan de las protestas.
- Respetar y garantizar el goce pleno del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población.
- Crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos, con garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables.
- Garantizar la vida, integridad y seguridad de todas las personas que están manifestando y ejerciendo sus derechos y libertades públicas y sufriendo las consecuencias del ambiente de represión, en especial a los estudiantes, niñas, niños y adolescentes.
- Ofrecer garantías efectivas para proteger a las personas que dieron testimonio a la CIDH o que de alguna manera participaron en sus actividades en el país; y abstenerse de tomar o de permitir que se tomen represalias en contra de ellas.
- Adoptar medidas para investigar diligentemente, juzgar y sancionar a los responsables de todos los actos de violencia cometidos durante las protestas. Asimismo, respetar las garantías del debido proceso de las personas que permanecen detenidas por hechos relacionados con las protestas.
- Asegurar que los operativos de seguridad respecto a protestas y manifestaciones se ejecuten según los protocolos de actuación acordes con los estándares internacionales relativos al uso de la fuerza por agentes encargados de hacer cumplir la ley.
- Desmantelar los grupos parapoliciales y adoptar medidas para impedir que sigan operando grupos de terceros armados que atacan y hostiguen a la población civil.
- Garantizar el respeto de la independencia de los medios de comunicación y abstenerse de aplicar la censura previa por parte de cualquier órgano estatal, así como cualquier condicionamiento previo que pueda implicar censura a la libertad de expresión.
- Exhortar a las autoridades estatales a abstenerse de hacer declaraciones públicas que estigmaticen a manifestantes, defensores de derechos humanos, periodistas o a utilizar los medios estatales para hacer campañas públicas que puedan incentivar la violencia contra las personas por razón de sus opiniones. Así como a proteger en forma efectiva a defensores y periodistas que se encuentren en situación de riesgo.
- Sistematizar la información de las personas atendidas en los hospitales públicos y privados como consecuencia de las protestas sociales. El registro debe ser específico, indicando fecha de ingreso, causa de las lesiones, tratamiento proporcionado y en su caso motivos de muerte, dicha información debe ser pública y desagregada como mínimo por edad y sexo.
- Deben investigarse las denuncias de obstaculización para la atención de salud en los hospitales, así como respecto de la labor humanitaria de la Cruz Roja y los bomberos.
- Ratificar todos los instrumentos internacionales de derechos humanos aún pendientes de ratificación, en particular la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
- Mantener la apertura al escrutinio internacional y, en ese sentido, facilitar la visita de todos aquellos mecanismos de protección de derechos humanos del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas, así como de otros actores relevantes de la comunidad internacional.
- Comprometerse a un mecanismo de seguimiento junto a la CIDH para verificar la implementación de las recomendaciones emitidas en el marco de la presente visita, y del informe de la misma. Programar junto a la CIDH un calendario concreto de nuevas visitas.
Teniendo en cuenta el doloroso pasado que afectó a la sociedad nicaragüense y el compromiso histórico con su no repetición, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos confía en la construcción de una solución pacífica, democrática y constitucional para la grave crisis política que vive el país; y toma nota de la instalación de la Mesa Nacional de Diálogo. La condición imprescindible para cualquier solución pasa por el compromiso con la verdad, garantías para las investigaciones y justicia efectiva, así como la debida reparación para todas las víctimas y sus familiares.
Finalmente, la Comisión agradece al Estado de Nicaragua la invitación a realizar esta visita, así mismo al apoyo de la sociedad civil para concretarla. La Comisión agradece toda la información suministrada por las autoridades estatales y las facilidades logísticas brindadas.
La Comisión quiere registrar un muy especial agradecimiento a centenas de víctimas, testigos, familiares, colectivos y organización que rindieron sus testimonios, denuncias, informaciones detalladas sobre los hechos en un ambiente complejo que exigió de su parte actos de coraje y compromiso con la justicia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reitera una vez más su compromiso de dar cumplimiento integral a su mandato de protección a las víctimas y sus familiares; así como de observar la situación de los derechos humanos en las Américas.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Daniel Ortega y Rosario Murillo no aceptan discutir su renuncia
La vicepresidenta designada Rosario Murillo, vocera del gobierno de Daniel Ortega, limitó este lunes la disposición gubernamental en el diálogo nacional a la discusión de temas “que representen el orden constitucional” , con lo que respondió a quienes piden su renuncia, mientras insistió nuevamente en que los manifestantes deben retirar los tranques y permitir la libre circulación en el país.
“Vamos a mantener la disposición que siempre ha tenido este gobierno de escuchar todos los planteamientos y de recorrer todas las rutas que representan el orden constitucional, donde hay Estado de derecho y es el que todos tenemos que respetar”, ha dicho Murillo en los medios oficialistas.
Minutos antes el canciller Denis Moncada Colindres ha expresado en la mesa del diálogo, casi con las mismas palabras, la posición del ejecutivo como respuesta a las voces de los estudiantes y empresarios que, durante la tercera sesión de las conversaciones, demandaron la renuncia de Murillo y su marido.
El funcionario aseguró que el tema institucional lo están trabajando con la Organización de Estados Americanos, cuyos delegados llegarían al país ayer, y a quienes sugirió invitar al diálogo nacional para que expliquen el avance del organismo con el gobierno de Nicaragua, los mismos que han mantenido bajo secreto.
Ni ella– en su alocución de la una de la tarde– ni Moncada– en la mesa de diálogo– ha dado su opinión sobre las graves violaciones a derechos humanos, que fueron enumeradas en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentado ayer, el que recoge la muerte de 76 personas en el marco de las protestas,868 heridos, además de 438 detenidos desde que iniciaron las manifestaciones el 18 de abril.
76 muertos, 868 heridos, 438 detenidos desde el 18 de abril en #Nicaragua. La @CIDH urge enérgicamente al Estado a investigar diligentemente estos hechos, juzgar y sancionar a sus responsables, y reparar a las víctimas de violaciones a derechos humanos.
— Paulo Abrāo (@PauloAbrao) 21 de mayo de 2018
La tercera sesión del diálogo nacional fue televisada por el canal 51, de la Iglesia Católica, luego de la demanda nacional que las conversaciones deberían ser públicas. El encuentro se ha dado en la mañana, en un plenario donde se ha visto las caras funcionarios, otros delegados del régimen, estudiantes universitarios, campesinos, empresarios y la sociedad civil. En la tarde, continúa la discusión.
El presidente de Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC), Michael Healy, pidió la renuncia de la pareja presidencial y el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras.
El líder universitario, Lesther Alemán, recordado porque el miércoles pasado encaró a Ortega en la instalación de las conversaciones, planteó ahora que se requiere una reforma constitucional, la aplicación de la “Ley marco de transición y democracia”, cuyo primer paso es la destitución del Presidente de la República.
Juan Sebastián Chamorro, presidente de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), propuso en la mesa que los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) pongan sus renuncias y que la Asamblea Nacional, luego de aceptarlas, inicie un proceso para elegir funcionario de credibilidad.
Por su parte, los funcionarios del gobierno durante la sesión de este lunes en el diálogo intentaron que se desmonten las protestas argumentando que se ha causado un grave daño a la economía pues se reportan pérdidas por 258.9 millones de dólares el último mes. Según estimaciones presentadas, la tasa de crecimiento se calcula entre 3 y 3.5 por ciento, cuando inicialmente se calculaba en 4.4 por ciento.
Murillo: Absoluto apego a la Constitución
Pero la respuesta del ejecutivo es no aceptar un cambio del gobierno de Ortega. Murillo ha dicho que si bien “tomamos en cuenta todos los planteamientos” en la mesa del diálogo, conversarán solo aquellos “con absoluto apego a la Constitución de la República”.
Una vez más la vicepresidenta designada culpa a las protestas ciudadanas de poner causar caos, sin reconocer la represión ordenada por el Ejecutivo en contra de las manifestaciones pacíficas.
Lo que no olvidó Murillo fue felicitar a Nicolás Maduro por su reelección como presidente de Venezuela, ayer domingo en unas elecciones que se según la oposición apenas participó el 12 por ciento de los electores.
Obispo Báez: no permitiremos “juegos sucios”
En una conferencia de prensa al final del primera fase del diálogo de ayer, monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, prometió a la población que los sacerdotes de la CEN no permitirán “juegos sucios ni acuerdos por debajo de la mesa”.
“No habrá arreglos de cúpula ni juegos sucios debajo de la mesa. Se acabó esa época para Nicaragua. Confíen en los obispos. No vamos a defraudar al pueblo. Por el amor a nuestra amada patria Nicaragua.”, afirmo el jerarca católico.
Monseñor Báez reiteró la visión de los obispos en que en Nicaragua “nos encontramos con una institucionalidad no solo desmantelada y destruida sino que también poco confiable delante de la sociedad”, por lo que la oportunidad del diálogo debe aprovecharse para restablecer la ruta de la democratización.
Los obispos van a reflexionar el pedir al gobierno de Ortega que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sea garante de los resultados que broten del diálogo.
“Es una de las posibilidades que los obispos hemos tenido y la estamos reflexionando. No es nada decidido todavía”, dijo Báez a LA PRENSA, luego de una conferencia de prensa.
Por otro lado el obispo Báez aseguró que en el diálogo entre el gobierno, el sector estudiantil, empresarial y campesino se mantiene que el tema de la democracia “es el corazón de la discusión”.
El canciller Denis Moncada pidió a los obispos que se invitara a la OEA para ver el tema institucional. Sin embargo, Báez en conferencia con los periodistas dijo que no se ha planteado aceptar esa solicitud del gobierno.
“Nosotros los obispos como mediadores y testigos del diálogo nacional no no nos hemos planteado la posibilidad de invitar a ninguna delegación de la OEA”, aseguro monseñor Báez.
Mantienen tranques como medida de presión
Protestantes mantuvieron tranques ayer en León, Boaco, Carazo, Caribe Norte, Matagalpa, Rivas y Chontales. El cierre de vías como medida de protesta fue retomado el domingo luego de un ataque en la Universidad Nacional Agraria (UNA), que violó la tregua acordada en el diálogo nacional.
La Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic) indicó, a través de su cuenta en Twitter, que los sectores participantes en el diálogo nacional no lograron llegar a un consenso “sobre la propuesta de levantar los tranques que se mantienen de manera escalonada en el país”.
Doce días después de que se comenzaran a implementar los cierres de las vías que conectan la capital con zonas productivas de Nicaragua, los productores han contabilizado pérdidas millonarias.
En los primeros días de tranques, que iniciaron desde el pasado jueves 10 de mayo, ciudades del Centro y Norte del país estaban desabastecidas de combustible y productos básicos, mientras que las cooperativas optaron por suspender el servicio de transporte interdepartamental e intermunicipal.
Este lunes se mantenían tranques escalonados en los municipio de Río Blanco y Matiguás, de Matagalpa, por lo que se imposibilitó la salida de productos como leche, queso, granos y ganado a los diferentes mercados del país. Además, en Boaco surgió un nuevo tranque en la carretera de Camoapa hacia Boaco.
Sector lácteo pierde millones
En Chontales, el sector lácteo llamó a los organizadores de los tranques a flexibilizar la circulación de los vehículos y ampliar la tregua mientras se esté desarrollando el diálogo nacional en Managua.
Wilmer Fernández, presidente de la Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo de Nicaragua (Canislac), solicitó que sean más flexibles y despejen las vías.
Fernández advierte que de seguir los tranques, el país entraría en graves consecuencias, “no solo en el sector lácteo, sino para la economía de todo el país”.
“En el caso de la venta de leche, se está dejando de circular 1,400,000 litros de leche a nivel interno, multiplicado por C$10, equivale a C$140 millones diario. Eso deja de moverse a nivel interno, lo cual hace que haya una recesión difícil de recobrar”, consideró Fernández.
Asimismo, el representante de Canislac manifestó que se ha detenido la exportación de casi 400,000 kilogramos diarios de derivados lácteos, lo que en divisas ronda los US$300,000 en pérdidas cada día.
Los tranques en Chontales se han mantenido de manera escalonada en la salida de Juigalpa hacia Managua y en el empalme de Lóvago. Los campesinos que están en el tranque del Empalme del Lóvago son originarios de Punta Gorda, Bluefields, Jícaro, El Almendro y Río San Juan.
Por la carretera de la zona central del país salen miles de cabezas de ganado a los diferentes mataderos, así como carne, leche, cerdos y granos básicos, señalan los productores de la zona.
Nagarote, bloqueado
Más de 300 nagaroteños reactivaron este lunes un tranque escalonado en el kilómetro 41 de la carretera nueva León-Managua, desde el que demandan justicia y democratización, así como cambios inmediatos en los poderes del Estado.
Los protestantes, a las 4:00 a.m., obstruyeron la vía con llantas, piedras y troncos, limitando el tráfico pesado, de pasajeros y vehículos particulares.
Taxistas, con tranque y paro
La tarde de este lunes, conductores de taxis legales de la ciudad de Jinotepe, Carazo, reactivaron un tranque y paro de labores. Según el dirigente de los taxistas, Eddy Cajina, este gremio demanda al alcalde Mariano Madrigal que entregue un documento legal y oficial del incremento del pasaje.
“O nos bajan el combustible o nos dan el documento oficial donde sea la Alcaldía, avalada por el MTI, quién autorice el aumento de cinco córdobas”, alegó el taxista.
Para el día de hoy se espera que los tranques se extiendan a Santa Teresa, Hertylandia, San Marcos y en la salida de Jinotepe a Nandaime.
Este lunes también fue bloqueada la vía principal del municipio de Mulukukú, en el Caribe Norte, la cual había sido liberada la mañana del sábado.
El paso vehicular es permitido cada dos o tres horas. Ciudadanos se quejan de que los tranques ocasionan desabastecimiento y alza. La línea de gasolinera Santa Rita, que fue reabastecida este fin se semana, aumentó el precio del litro de gasolina a C$52.85. La medida motivó a los taxistas a elevar la carrera a C$20, el doble que hace una semana.
Otra vía que permanece bloqueada es la que une los municipios de Altagracia y Moyogalpa, en la Isla de Ometepe, en Rivas.
Pocos se arriesgan a viajar en bus desde Managua
Los buses que salen de la capital hacia occidente, oriente y norte del país no operaron de manera regular este lunes, debido a la poca afluencia de viajeros y a la obstaculización en las principales carreteras.
La terminal de buses ubicada en el mercado El Mayoreo, de donde salen buses hacia el norte, centro y regiones del Caribe de Nicaragua, la tarde del lunes lucía como un sitio fantasmal. A eso de las 5:00 p.m., un bus que habitualmente cubre la ruta Managua- Nueva Guinea salió sobrecargado de pasajeros, pero teniendo como destino final el kilómetro 40 de la carretera Panamericana Norte.
“La gente que va a Nueva Guinea se tiene que bajar en el kilómetro 40 y pasar el tranque a pie y al otro lado abordan otro autobús que los lleva al 44 y bajan para pasar otro tranque a pie, para tomar otro autobús”, explicó Antonio Medina, cobrador de autobuses.
Mientras que en el Roberto Huembes, en la terminal de buses que cubre las rutas hacia Masaya, Granada, Rivas, Jinotepe, Diriamba y Masatepe, la afluencia era baja en comparación a otros días en las llamadas horas pico.
La situación era similar en las terminales frente a la Universidad Centroamericana (UCA) y del mercado Israel Lewites, desde donde sale el transporte hacia León, Chinandega, Masaya, Carazo y Granada.
Tanto los buses que van a Chinandega como a León que antes circulaban por la carretera nueva a León, ahora toman la carretera vieja, por el tranque ubicado en Nagarote.
Desde la semana pasada, los buses que viajan a occidente están realizando un solo viaje de ida y vuelta, con pocos pasajeros, a diferencia de los días anteriores, cuando cada transportista realizaba hasta tres viajes, detalló Juan José Santos, conductor de este tipo de vehículos desde hace diez años.
En la UCA, los transportistas la ruta hacia Granada y Masaya indicaron que hay pocos turistas y los pobladores están viajando únicamente en las horas pico, es decir, por las mañanas y en la noche.
“Ya estamos circulando y la gente aún no quiere salir por temor”, indicó uno de los cobradores de esa terminal.
VOLVER
