Colombia: Procuraduría anuncia acciones legales tras la suspensión de la extradición de Santrich
En el marco del Foro Justicia Internacional y Lucha contra la impunidad, que se lleva a cabo en la ciudad de Cartagena, el procurador Fernando Carrillo se pronunció frente a la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz de suspender temporalmente el trámite de extradición del exlíder de las Farc, Seuxis Hernández Olarte, más conocido como Jesús Santrich, quien es solicitado por una Corte de Nueva York por el delito de narcotráfico.
“Tomaremos las acciones legales del caso porque creemos que esa suspensión no es viable en un proceso de extradición cuando esa figura de la suspensión de la extradición no es una figura que exista dentro de nuestro ordenamiento jurídico”, afirmó Carrillo en medio de su intervención. También criticó el hecho de que se hubiese desconocido a la Procuraduría como sujeto procesal en este caso y calificó tal actuación como un “error jurídico”.
“No puede fundarse al amparo de un protocolo, de un reglamento interno por cuanto esta materia debe ser regulada por el legislador. Aquí vale la pena hacer un llamado al Congreso para urgirlo en la adopción del código de procedimiento de la JEP”, agregó el jefe del Ministerio Público.
El pasado 17 de mayo el presidente de la Sección de Revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Jesús Ángel Bobadilla dio a conocer la decisión de suspender el trámite de extradición del líder de Farc conocido como Jesús Santrich. También pidió a la Fiscalía que en un término no mayor a cinco días “allegue la información solicitada por la Sección de Revisión en relación con el trámite de extradición y la privación de la libertad”.
Por su parte, el fiscal Néstor Humberto Martínez solicitó la intervención del Ministerio Público ante Sección de Revisión para pedir la revocatoria de su decisión en defensa del orden constitucional. De igual modo, el jefe del ente acusador aseguró que está siendo amenazada la institucionalidad democrática, la integridad de la justicia ordinaria y la cooperación internacional que se ha llevado en este caso.
El Gobierno, a través de sus ministros de justicia y del interior, Enrique Gil Botero y Guillermo Rivera, afirmó que respeta la decisión tomada por la JEP, pero señala que aún no se ha hecho la solicitud formal de extradición, por lo que no se puede activar la competencia de esta jurisdicción. Del mismo modo, afirmó que la decisión de la JEP está fundamentada en los protocolos que esta misma dispuso.
Timochenko pidió al presidente Santos que no se cambien las reglas de la JEP
El vocero del Partido Político Farc, Rodrigo Londoño ‘Timochenko’, criticó al fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y a quienes exigen la extradición de Jesús Santrich y se oponen a las decisiones de la JEP, Al asegurar que sus hombres comparecerán ante ese tribunal siempre y cuando no se cambien sus reglas de juego.
A través de un comunicado público titulado ‘Que no nos derrumben la paz’, ‘Timochenko’ afirmó que luego de la decisión de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, de avocar el caso Santrich y no permitir su extradición, se produjeron intentos de atropello contra esa determinación, pese a las facultades privativas de este organismo consignadas.
“En los Acuerdos de La Habana, en el artículo 19 del Acto Legislativo Número 1 de 2017 y en documento oficial del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas S/2017/272, que a su vez consigna en su cuerpo la Declaración Unilateral de Estado que reafirma el ya mencionado principio pacta sunt servanda”, expresó la misiva.
Londoño subraya que “a pesar de los varios atropellos institucionales y de lo que consideramos hasta ahora un asalto a nuestra buena fe, hemos decidido comparecer ante la Justicia Especial para la Paz, con la esperanza de que el presidente Santos cumplirá con la palabra empeñada mundialmente, y propugnará porque las reglas que garantizan seguridad jurídica para todos no se cambien en la mitad del camino. Sería vergonzoso para él y la Nación entera que algo así sucediera”.
El presidente de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, señala que son conscientes “de que se está haciendo todo lo posible por fuerzas visibles e invisibles de carácter local y no local, para dar al traste con la obra alcanzada con esmero, audacia y patriotismo en la ciudad de La Habana”, y advierte que pese a estos obstáculos continúan “ haciendo todo lo necesario para seguir sirviendo a Colombia con nuestra conducta de paz. Que no se diga que la responsabilidad por un fracaso recae sobre nosotros”.
Agrega que hicieron honor a su palabra, dieron fin a la guerra y dejaron las armas y son un partido político en total legalidad. “Lo menos que podemos esperar de parte del Estado colombiano y sus tres ramas del poder es que cumplan con lo firmado y refrendado. No quieran los dioses de Colombia que la mejor obra de ingeniería de la patria, la gigante presa de la paz, termine derrumbándose so pretexto de un perverso, inoportuno y mentiroso malabarismo jurídico penal”.
Timochenko, hace un recuento de la firma el 23 de septiembre de 2015, en la ciudad de La Habana, con el presidente Santos, del Acuerdo de la Justicia Especial para la Paz, enmarcado dentro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, teniendo como testigos al presidente de Cuba, Raúl Castro Ruz, el secretario General de Naciones Unidas Ban Ki-moon, representantes de los países garantes y acompañantes del proceso de paz y otras personalidades nacionales y extranjeras.
“Acudimos a esa cita sobre la base de que lo que se daba a conocer a Colombia y a la comunidad internacional en la materia referida, se había pactado por las partes asumiendo como propios los principios aceptados por las naciones civilizadas para esos efectos, la buena fe y la ineludible obligación de cumplir lo pactado (pacta sunt servanda). Reglas estas de oro, sin las cuales la humanidad perdería su capacidad de creer y la paz jamás sería alcanzada”, puntualiza Londoño.
Acota que el Estado tiene autonomía para conformar jurisdicciones o sistemas juriìdicos especiales, como lo establece la Carta de las Naciones Unidas sobre la soberaniìa y libre auto determinacioìn de las naciones, y los Principios del Derecho Internacional. Señala que en ningún aparte del texto citado se indica que la soberanía y libre determinación del pueblo de Colombia “debe condicionarse a pareceres y caprichos de terceros Estados, o al capricho de un funcionario local de ocasión”.
