Una coalición de sindicatos paraliza el país en rechazo a la reforma fiscal
Rotundo no de los trabajadores a la reforma fiscal
Una alianza de centrales sindicales y gremios como hace tiempo no se ve en Costa Rica, entre vítores y consignas contra la reforma fiscal que el gobierno buscaba aprobar en una carrera contra el tiempo, ratificaron la medida de fuerza con una marcha que recorrió la avenida Segunda desde el Parque La Merced hasta la Asamblea Legislativa donde se discute el proyecto de fortalecimiento fiscal.
El ministro de Hacienda, Helio Fallas, ahondó en la necesidad de aprobar el Proyecto N° 20580, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que posee cuatro componentes dirigidos a aumentar los ingresos del Estado, la racionalización del gasto público y medidas para mejorar la recaudación y evitar los altísimos niveles de evasión fiscal que existen en Costa Rica.
Los sindicatos se oponen al proyecto de reforma fiscal que se discute en la Asamblea Legislativa por lo que van a una huelga, este miércoles, convocada por los gremios del Magisterio: ANDE, Apse y SEC, la ANEP, el sindicato de RECOPE, Unión Medica Nacional, las centrales sindicales Patria Justa y BUSSCO, Incofer, el ICE, Cooperativistas, entre otros.
Fallas señaló que la no aprobación de este proyecto que fue consultado con todos los sectores económicos, va a acarrear severas consecuencias en las finanzas estatales que terminarán afectando a los funcionarios públicos y a programas estratégicos del gobierno.
Los sindicatos reiteraron que el paquete fiscal propone una serie de medidas, en especial el aumento del porcentaje del impuesto de ventas, que hace que el pago de la crisis “recaiga sobre las espaldas de los trabajadores”, que no son los responsables de crisis de las finanzas públicas.
Los datos del Ministerio de Hacienda señalan que los gastos de gobierno se distribuyen entre las transferencias (30%), remuneraciones (28%), amortización e intereses de la deuda (32%), lo que le da una rigidez. El 59% de los ingresos son corrientes y el restante 41% es financiamiento vía deuda interna. O sea, el Estado sólo capta sanamente recursos para garantizar su pleno funcionamiento en 7 de los 12 meses del año.
Sindicatos tomaron la Avenida Segunda en protesta por el plan fiscal
Una multitudinaria marcha —alimentada por los frentes sindicales del país— tomó la mañana de este miércoles la Avenida Segunda, desde el Parque La Merced hasta la Asamblea Legislativa,con una manifestación contra el plan fiscal que se tramita en el congreso y que pretende cerrar el déficit fiscal del país en al menos un 2,4% del Producto Interno Bruto.
La reforma propone, entre otras medidas, la transformación del Impuesto General sobre las Ventas en uno de Valor Agregado con la misma tasa del 13%; así como algunas reformas en el empleo público, como el salario único para jerarcas, algunas regulaciones para los regímenes de prohibición y dedicación exclusiva, y un tope a las anualidades.
La marcha contó con la participación de todo el sector sindical nacional, incluidos los que reúnen los grupos Patria Justa y el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (Bussco), aunque la organización también destacó la presencia de grupos campesinos y otros sectores sociales.
Sobre el movimiento, Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y coordinador de Patria Justa, comentó este martes que se trata de una “huelga legal”, como parte de su invitación al evento que se concretó esta mañana.
Ya a inicios de mes, había señalado la “urgencia” de salir a las calles, ante “mociones drásticas e injustas” contra “derechos alcanzados a lo largo de décadas” por los trabajadores.
“Le quieren cobrar a la población trabajadora el déficit fiscal y no se vale lo que están haciendo, lo denunciamos con toda vehemencia y los llamamos a alistarse para salir a las calles de una manera que no habíamos pensado”, advirtió en aquel entonces.
Mientras esa marcha se desarrollaba, la comisión dictaminadora del plan fiscal se mantenía reunida en la Asamblea Legislativa, donde aprobó un texto sustitutivo presentado por el Ejecutivo en la que se fortalecieron algunas medidas y se corrigieron errores de redacción del expediente que se manejó hasta ese entonces.
Entre los cambios, destacó un impuesto al valor agregado del 2% a una canasta básica que se plantaba como exenta hasta hace pocas semanas, medida seriamente cuestionada por el frenteamplista Edgardo Araya.
En la comisión, Araya aseguró que “preferiría estar con la gente que aquí sentado”, pero subrayó la necesidad de seguir oponiéndose a las propuestas del plan, al que se resisten su bancada y la del Movimiento Libertario, representado por Otto Guevara en ese grupo.
En este momento, la comisión revisa 1.579 mociones de fondo entregadas en el Plenario, con las que ambas agrupaciones políticas buscan realizar cambios y frenar el avance de la iniciativa.
En la marcha también estuvieron presentes políticos como Jhon Vega, hasta hace unas semanas candidato del Partido de los Trabajadores (PT), quien habló de “un panorama muy esperanzador”, pues “estas jornadas tendrán que seguirse repitiendo” para incidir políticamente.
“Mientras estamos marchando, los diputados acaban de aprobar un texto sustitutivo que grava la canasta básica. Es decir, es una afrenta directa al movimiento sindical y estamos seguros de que es en las calles donde se va a resolver este debate fiscal”, afirmó.
Los sindicalistas llegaron a la Asamblea Legislativa en horas del mediodía, punto en el que se unieron, aunque muchos quedaron en la Plaza de la Democracia y los alrededores.
Quejas Sindicales
Luis Chavarría, secretario general de la Unión Nacional de Empleados de la Caja (Undeca) dijo que la principal “condena” que los mueve a la huelga es la negativa de tomar en cuenta la opinión de los sectores sociales, la cual consideran “ está siendo muy maltratada”.
“No podemos estar de acuerdo con un proyecto que se ha elaborado con los mismo actores políticos que son responsables de este debate fiscal. Con esta situación tan grave que vive nuestro país. No podemos estar de acuerdo con políticos que en los últimos 4 años han sido incapaces de hablar con los sectores sociales, para resolver el déficit fiscal”, agregó Chavarría.
Según manifestó el secretario, el gobierno ha dejado de lado el diálogo, y esperan que el próximo, los tome en cuenta para más allás de “simples consultas”. Además sentenció que si no hay apertura al diálogo, los obligaría a ir a la calle con huelgas indefinidas y paralizar el país.
Agregó que esta es la única salida que “les quedará” a quienes representan los sectores sociales, si quienes conforman la nueva Asamblea Legislativa “no sientan cabeza”.
“En la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) consideramos que la participación ha sido alta. No se han cerrado los Centro de atención médica, porque somos responsables de si tienen que brindar los servicios mínimos, pero si no fuera por eso, muchos hospitales y clìnicas estarían cerradas en este momento”, aseveró.
Desde el sector de educación, Mélida Cedeño, presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) indicó que la consideración que tienen de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas es que “no sea un proyecto regresivo”, porque afecta en su mayoría a la clase trabajadora.
Los puntos en los que discrepan son principalmente en en recaudación de nuevos impuestos, a la canasta básica y a los servicios como el agua o la luz, los cuales benefician en mayor medida a los grandes capitales de este país y los grandes evasores “que son los responsables del déficit fiscal”.
“Hay oposición incluso al procedimiento, porque desde la Asamblea Legislativa se busca aprobar por la vía rápida, en vez de mejorar y abrir la mesa de diálogo. Sencillamente está apurados para que se apruebe y así don Carlos, el próximo presidente. Ellos está atropellando la clase trabajadora y no respondiendo a la confianza que el pueblo les dio”, expresó.
Por su parte, la secretaria ejecutiva del Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (Sindeu), Rosmery Gómez, comentó que “en el caso de las universidades, la preocupación es el presupuesto del FEES (Fondo Especial para la Educación Superior) pues es uno de los temas que van a estar en la mesa”.
“Van a reducir el presupuesto, ya está anunciado. Además, se ha hablado de incluir el INA (Instituto Nacional del Aprendizaje), los colegios técnicos y demás, pero es necesario que sea con un presupuesto para todos”.
Según Gómez, todas las sedes estuvieron representadas en el evento, como parte de un sector educativo que aportó gran parte de la asistencia.
Al gobierno de Luis Guillermo lo despedimos con la huelga, decepcionados con su accionar, porque el dijo que iba a mejorar las condiciones del pueblo de Costa Rica y no fue así. Hay un malestar porque nosotros vemos esos intereses de que se aprueben esos proyectos de ley en contra de la clase trabajadora.
Menos específico fue Gilbert Gil del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), quien prefirió hablar del proyecto fiscal como una sola propuesta con problemas estructurales para la sociedad en general.
“No vemos específicamente intereses nuestros, empleo público o anualidades, nosotros estamos en la lucha por el paquete en general”.
Plan paliativo
Según los números de Hacienda, el proyecto —que seguramente quedará para la discusión en la nueva legislatura— serviría para cerrar el déficit fiscal en un 2,4% de la producción, cifra que contribuiría a cerrar el déficit primario, que ya alcanza los 3,1 puntos.
Cerrar esa diferencia es esencial para evitar el crecimiento acelerado del déficit total, que en 2017 llegó al 6,2%, alimentado por los intereses de la deuda, que se encarecen conforme se limita la capacidad de pago.
Sin reformas, el Banco Central estima un déficit del 7,1% del PIB este año y de 7,9% para 2019; números que presionan la deuda pública, proyectada a un 53,6% y un 59% en los mismos periodos. No atender esos inconvenientes generaría problemas de liquidez y financiamiento más importantes que los experimentados el año pasado.
Déficit Fiscal (2008-2017) | Proyecciones (2018-2019)
Relación déficit como porcentaje del PIB.
Entre otras reformas, el plan propuesto por el gobierno contiene la transformación del Impuesto General sobre Ventas (IGV) en uno de Valor Agregado (IVA), siempre con una tasa del 13%; así como una reforma parcial al Impuesto sobre la Renta para gravar las rentas de capital y los salarios superiores a los 2,1 y 4,2 millones de colones con tasas diferenciadas.
La idea con el IVA es aumentar la base imponible a sectores como el de los servicios, uno de los más dinámicos de la economía actual y hasta ahora exentos.
También incluye reformas en el sector público como el salario único para jerarcas, y regulaciones para los regímenes de prohibición y dedicación exclusiva; así como un tope a las anualidades (2,56%) y su transformación en un mecanismo de evaluación.
A ello se adhiere una regla fiscal que limita el crecimiento del presupuesto en cuatro intervalos relacionados con la producción y la deuda pública; junto con una prohibición para la generación de obligaciones y gastosa sin el visto bueno de la Contraloría General de la República (CGR).
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