Según informe, Honduras es uno de los peores países para ejercer el periodismo
Reporteros sin Fronteras ubica nuevamente a Honduras como uno de los peores países para ejercer el periodismo
La organización mundial, Reporteros Sin Fronteras (RSF), ubicó nuevamente a Honduras en su informe “Clasificación Mundial de la Libertad de prensa 2018”, como uno de los peores países para el ejercicio del periodismo.
El estudio, que analiza las condiciones de la libertad de expresión, sitúa a Honduras en el lugar 141 de 180 países alrededor del mundo, cayendo un punto con respecto al año pasado que lo posesionó en el lugar 140.
De acuerdo a la corresponsal de RSF en Honduras, Dina Meza, Honduras cayó un peldaño debido a los ataques que recibió la prensa por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, mientras daban cobertura a las protestas de la crisis post electoral.
El ranking en el continente americano coloca a Honduras entre los peores cuatro países, superado únicamente por Cuba, México y Venezuela.
En el informe, RSF refiere que “en las elecciones presidenciales de 2017 fue reelegido Juan Orlando Hernández; la campaña electoral estuvo marcada por numerosas presiones, amenazas y actos de violencia contra la prensa. Los periodistas que trabajan para los medios de comunicación de oposición o comunitarios a menudo son agredidos o amenazados de muerte, se ven obligados a exiliarse”.
“La prensa hondureña ha sufrido una lenta caída desde hace casi una década, desde el golpe de Estado registrado en 2009. El grado de impunidad en Honduras –país gangrenado por la violencia del crimen organizado y la corrupción– es uno de los más elevados del continente. Los periodistas que trabajan para los medios de comunicación de oposición o comunitarios a menudo son agredidos o amenazados de muerte, se ven obligados a exiliarse. Por otra parte, suelen emprenderse procesos judiciales abusivos contra periodistas por difamación, delito que suele ser castigado con penas de prisión y que en ocasiones puede ser sancionado con la prohibición de ejercer el periodismo. En las elecciones presidenciales de 2017 fue reelegido Juan Orlando Hernández; la campaña electoral estuvo marcada por numerosas presiones, amenazas y actos de violencia contra la prensa”: Informe “Clasificación Mundial de la Libertad de prensa 2018” de Reporteros Sin Fronteras.
La corresponsal de RSF en Honduras, Dina Meza, considera que el puesto 141 de 180 países, significa que Honduras continúa siendo un lugar muy peligroso para ejercer el periodismo.
Puntualizó que la organización mundial ha señalado la utilización de diferentes formas para atacar a la prensa en Honduras, entre las que citó la aprobación de leyes restrictivas a la libertad de expresión, las querellas por difamación y calumnias, las amenazas físicas y persecución, e incluso hay muchos periodistas que han optado por el exilio, apuntó.
Meza, quien es además directora del sitio web de noticias Pasos de Animal Grande, expuso que como consecuencia de tantos ataques se produce la autocensura y con ello se posesiona el miedo a dar cobertura a las protestas sociales, porque es donde en los últimos meses la prensa ha sido atacada directamente por las fuerzas de seguridad del Estado.
Añadió que los ataques no solo vienen de los “cuerpos represivos”, porque “hay paramilitares instalados en diferentes regiones del país”, específicamente en la zona sur donde los periodistas Jairo López y Ariel D’ Vicente, son constantemente atacados por sus posturas críticas ante el gobierno.
Detalló que los comunicadores han sido objeto, junto a sus familias, de campañas difamatorias, a tal grado que han sido acusados de ser los responsables de la violencia en la región y se han desplegado afiches en los que se les atribuye dicha acusación.
Otros—periodistas—dijo Meza son víctimas de la intervención telefónica y de hackeo a sus sitios web, como el caso de Criterio, que por sus posturas críticas y el posicionamiento de temas ligados a la corrupción y defensa de los derechos humanos, ha sido atacado constantemente.
Vaticinó que para el próximo año la caída de Honduras podría ser de más de dos puntos, porque a partir del 27 de enero se instaló un gobierno más represivo contra la prensa, con relación al anterior.
Condenó, además el papel que está jugando el Ministerio Público en torno a las denuncias de ataques a la prensa, ya que no da muestras de voluntad política e incluso fomenta la impunidad porque no emprende ninguna lección contra los perpetradores.
CONTEXTO MUNDIAL
Entre los diez mejores sitiales en el mundo, el informe de Reporteros Sin Fronteras, ubica a Noruega, Suecia, Países Bajos, Finlandia, Suiza, Jamaica, Bélgica, Nueva Zelanda, Dinamarca y Costa Rica.
En tanto en los diez peores se encuentran: Guinea Ecuatorial, Cuba, Yibuti, Sudán, Vietnam, China, Siria, Turkmenistan, Eritrea y Corea del Sur.
Criterios de análisis | CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2018 | AMÉRICA LATINA: A medias tintas
Reporteros Sin Fronteras (RSF) observa una ligera mejoría en la situación de la libertad de prensa del continente americano. Sin embargo, en numerosos Estados de América Latina persisten problemas como la impunidad, la violencia contra los periodistas y las políticas autoritarias frente a la prensa.
Costa Rica cuenta con un sólido marco jurídico en materia de libertad de información y con condiciones que permiten ejercer la profesión periodística de una manera relativamente libre. Así, este país es el mejor calificado de América Latina (10º) en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2018 de RSF. No obstante, Costa Rica perdió 4 posiciones debido a las presiones que ejercieron las autoridades sobre los periodistas, especialmente durante la campaña electoral que comenzó a finales de 2017.
Permanencia de los hombres fuertes
En el lado opuesto se encuentra Cuba, que se sitúa en el puesto 172 y que año tras año sigue siendo el país peor calificado del continente. El régimen castrista monopolizó casi por completo la información. El presidente, Raúl Castro, hizo callar a las voces disidentes sirviéndose de la policía y de los servicios de inteligencia. Las autoridades persiguen a los medios de comunicación privados –que no están autorizados por la Constitución–; se suele detener a periodistas y blogueros, que en ocasiones se ven obligados a exiliarse.
Venezuela (143º) experimentó la mayor caída del continente y perdió 6 posiciones en la edición 2018 de la Clasificación. En 2017 el gobierno del presidente Nicolás Maduro siguió distinguiéndose por sus excesos autoritarios. La prensa independiente y la de oposición, al igual que los corresponsales de medios de comunicación extranjeros, son constantemente el blanco de la policía y de los servicios de inteligencia venezolanos. Los periodistas sufren cada vez más agresiones durante las manifestaciones, detenciones arbitrarias –durante las cuales pueden sufrir agresivos interrogatorios–, así como la destrucción de sus equipos; también es más frecuente que se expulse del país a reporteros extranjeros. En 2017 también aumentó la censura directa del Estado: la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) privó de frecuencia a numerosas radios y televisiones críticas. Por otra parte, la escasez de papel golpeó a la prensa escrita de oposición. Al impedir la labor de los periodistas, el gobierno trata de que no se conozca la magnitud de la grave crisis política y económica que sacude al país desde inicios de 2016.
En Bolivia (110º, -4) la prensa sobrevive en medio de una gran precariedad. El gobierno de Evo Morales, quien llegó a la presidencia en 2006, hace callar a los medios de comunicación críticos y los funcionarios no dudan en atacar en público a los periodistas de oposición o en emprender procesos judiciales para amordazarlos. El periodista Wilson García Mérida fue acusado de sedición y la periodista Yadira Peláez Imanereico se enfrenta a un proceso penal por “violencia política”.
Gobiernos incapaces de frenar la espiral de violencia y de impunidad
En Centroamérica y en México la violencia y la impunidad siguen haciendo que el miedo y la censura reinen. En El Salvador (66º), Guatemala (116º), Honduras (141º) y México (147º) los periodistas de investigación que abordan temas relacionados con el crimen organizado y la corrupción, se enfrentan sistemáticamente a intimidaciones, amenazas y violencia física. A menudo se ven obligados al desplazamiento forzado; si optan por permanecer en el sitio pueden pagar con su vida su trabajo informativo. En 2017 un periodista fue asesinado en Honduras, mientras que en México 11 perdieron la vida, lo que hizo de este país el segundo más mortífero del mundo para la prensa en 2017, después de Siria. El asesinato de Miroslava Breach en el estado de Chihuahua y el de Javier Valdez, en el de Sinaloa, dos experimentados periodistas que investigaban casos de complicidad entre el crimen organizado y el gobierno, provocó conmoción en el país y gran preocupación en la comunidad internacional.
Como en años anteriores, los gobiernos de estos países –gangrenados por el tráfico de armas y de droga– mostraron su impotencia para poner freno a esta ola de violencia. Cuando cuentan con mecanismos de protección de periodistas –como es el caso de Honduras y México–, estos son ineficaces y no se adaptan a la situación de los reporteros, que trabajan en medio de lamentables condiciones de seguridad y con gran precariedad, sobre todo los de la prensa local independiente.
Brasil (102º, +1), que también afronta problemas como la corrupción y la violencia, sigue sin subir más allá del puesto 100 de la Clasificación. En un contexto de extrema tensión y de polarización política –como lo muestra la destitución de la presidenta Dilma Rousseff en 2016–, la libertad información está lejos de ser una prioridad para las autoridades. Aunque las agresiones a la prensa han disminuido ligeramente, éstas siguen siendo frecuentes durante las manifestaciones. Cuando los periodistas investigan casos de corrupción de políticos y funcionarios suelen enfrentarse a intimidaciones y a procesos judiciales abusivos. Esta situación de vulnerabilidad es más visible en las regiones aisladas, alejadas de las grandes ciudades, donde los medios de comunicación independientes y comunitarios no cuentan con ningún apoyo del Estado y tienen grandes dificultades para subsistir.
Cambios de gobierno: avances insuficientes
Ecuador (92º) asciende 13 puestos en la edición 2018 de la Clasificación. Este progreso –el mayor del continente americano este año– se explica en parte por la elección del presidente Lenin Moreno, en mayo de 2017, que permitió calmar las tensiones entre el gobierno y numerosos medios de comunicación privados, tras tres mandatos consecutivos de Rafael Correa (2007-2017), quien durante una década controló la agenda mediática, atacó personalmente y en público a la prensa que criticaba su gobierno, generando numerosos conflictos y confrontaciones judiciales entre las autoridades y la prensa independiente.
En Argentina (52º, -2), la guerra mediática entre el gobierno y la prensa que marcó el ejecutivo de Cristina Kirchner se mitigó con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia, en diciembre de 2015. No obstante, la situación sigue siendo preocupante: los medios de comunicación más críticos a menudo son acusados de calumnia y comparecen ante tribunales civiles. En 2017, durante las multitudinarias manifestaciones, varios reporteros fueron agredidos violentamente por la policía.
En Colombia (130º, -1), la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en 2016, generó grandes esperanzas que aún están lejos de cumplirse. Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos del continente para los periodistas; las agresiones y los secuestros siguen siendo frecuentes. Grupos armados, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), intentan hacer callar a los medios de comunicación alternativos o comunitarios que investigan sus actividades, generando agujeros negros de la información, sobre todo en regiones rurales.
En el año 2018 habrá elecciones presidenciales en algunos de los países peor calificados del continente –Cuba, Venezuela, México, Colombia y Brasil–. Esto podría repartir nuevas cartas y augurar una nueva relación entre los gobiernos y los periodistas.
Vea aquí la Clasificación Mundial 2018
Informe del Conadeh señala que 15 periodistas han sido víctimas de desplazamiento forzado en Honduras
Al menos 15 periodistas y comunicadores sociales fueron víctimas de desplazamiento forzado, durante el 2017, luego de ser objeto de amenazas a muerte, hostigamiento y otras acciones que pusieron en riesgo su integridad física y su vida, así como la de sus familiares, revela un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
El documento establece que la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) del Conadeh, registró, en el 2017, alrededor de 688 casos de personas y familias en situación de riesgo o desplazamiento interno de los cuales el 2.2% pertenecen a periodista y comunicadores sociales.
El informe, que fue presentado al Congreso Nacional, detalla que la UDFI, registró al menos 15 casos de periodistas o comunicadores sociales que habrían sido víctimas amenazas de muerte y hostigamiento, entre otras.
Esta situación ocasionó que 5 periodistas y comunicadores sociales fueran forzados a desplazarse de sus lugares de residencia o donde suelen realizar sus actividades laborales, mientras que otros diez manifestaron estar realizando las acciones necesarias para salir al interior o exterior del país, en busca de protección.
Para el ente estatal de derechos humanos, es motivo de preocupación que las medidas existentes no sean suficientes, efectivas o adecuadas en materia de seguridad y justicia para las víctimas y sus familiares.
Las denuncias registradas por el Conadeh establecen que, en algunos casos, el ejercicio periodístico sobre sucesos de violencia acaecidos en zonas dominadas por grupos criminales como maras, pandillas, bandas criminales o narcotraficantes, se traduce en peligro para los comunicadores.
Ese peligro se refleja luego que periodistas y comunicadores sociales son objeto de amenazas a muerte, actos de intimidación mediante el robo de equipo, material periodístico o la extorsión.
Roberto Herrera Cáceres, titular del Conadeh, expresó que estos son hechos que ejercen presión para que los profesionales o personas que laboran en los medios de comunicación sean forzados a desplazarse hacia otros lugares para salvaguardar su vida y evitar que la violencia escale a agresiones mayores, en contra de ellos o sus familiares.
Indicó que en el marco de la crisis postelectoral, la violencia política ha tenido un impacto significativo al abrir o ampliar el campo de agresiones, amenazas, atentados y persecución en contra personas ligadas a los medios de comunicación.
Esta situación, ha derivado en el incremento del riesgo de desplazamiento por parte de periodistas y personas ligadas a los medios de comunicación, incluyendo sus familiares.
El informe revela que los periodistas y comunicadores sociales, en Honduras, son también, con frecuencia, objeto de amenazas y agresiones por las redes sociales.
Según el ombudsman hondureño, todas estas acciones contra la libertad de expresión deben ser objeto de una activa y puntual investigación que derive en judicialización, aunque hasta ahora sus autores actúan con total impunidad.
“Las autoridades encargadas de la investigación, tienen el deber de indagar e identificar, para que se proceda a juzgar y sancionar a los autores de estos delitos”, precisó.
Añadió que la falta de cumplimiento de la obligación de investigar hechos de violencia contra periodistas y comunicadores sociales, por parte del Estado, implica incumplimiento de las obligaciones de respetar y garantizar el derecho a la libertad de expresión en el país.
La protección del derecho a la libertad de expresión exige que las autoridades aseguren las condiciones necesarias para que los periodistas y comunicadores sociales puedan realizar su trabajo libremente, declaró.
Lanzan voz de alerta
Herrera Cáceres también hizo pública una declaratoria de las instituciones nacionales de derechos humanos de Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México y Honduras, así como del Relator sobre los Derechos de los Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que manifiestan su rechazo por el desplazamiento forzado de periodistas.
Esa situación representa una manifestación de violencia que, en la actualidad, afecta a diversos actores sociales, entre ellos, a las personas que ejercen el periodismo, señalan en el documento.
“Reafirmamos que estos actos de violencia fomentan el temor y propagan el miedo entre los profesionales de los medios de comunicación, quienes prefieren abandonar sus hogares y trabajos, para ponerse a salvo a sí mismos y a sus familiares, haciendo que los eventos de desplazamiento forzado de esa población sean cada vez más frecuentes”, indica la declaratoria.
Señalan que mientras se cometan actos de violencia contra periodistas y comunicadores sociales, aumenta el riesgo de ser víctima de desplazamiento forzado interno y con ello, se incrementa también la violación al derecho a la libertad de expresión.
“Obligar a desplazarse a quienes ejercen dicha labor, también es una forma de censura previa, que está prohibida por los tratados internacionales de protección de derechos humanos. Reconocemos que la labor de los periodistas y comunicadores es pieza fundamental y base de la construcción de las democracias en nuestras naciones”.
La Declaración fue firmada por Ramiro Rivadeneira Silva, Defensor del Pueblo del Ecuador, Jorge Rodas Andrade, Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, Raquel Caballero de Guevara, Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador.
Además, por Luis Ernesto Vargas Silva, Comisionado Relator sobre Derechos Humanos de los Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Roberto Herrera Cáceres, Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras.
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