Organismos reportan que desde 2016 fueron asesinados 164 defensores de derechos humanos
Al menos un defensor de derechos humanos y líder social y comunitario es asesinado por semana en Colombia, y lo más preocupante es que esos homicidios no parecen detenerse, por el contrario, crecen mes a mes.
Desde enero del 2016 al 6 de abril pasado, según los reportes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) y de la Fiscalía General, organismos que confirman en terreno cada caso, se contabilizaban 164 asesinatos. Solo en el primer trimestre de este año van 16 crímenes.
Si bien esos asesinatos no se presentan de forma generalizada en todo el territorio nacional, sí vienen ocurriendo en veredas y corregimientos alejados que enfrentan una serie de situaciones que han terminado por agravar los riesgos. El vicepresidente, el general Óscar Naranjo, habla de 600 «puntos rojos con amenaza potencial» y la Fiscalía estima que en algunas de esas zonas hay un aumento de las muertes hasta del 200 por ciento.
En la mayoría de esas regiones estuvieron presentes por décadas las Farc, pero luego del acuerdo de paz de La Habana esos espacios empezaron a ser ocupados por otros grupos ilegales, como Eln -hoy en diálogos con el Gobierno-, Epl, disidencias de las Farc y bandas criminales, como el ‘clan del Golfo’ y las ‘Autodefensas Gaitanistas’.
Esos grupos se disputan el control del territorio y las economías ilegales, como narcotráfico, minería ilegal, microtráfico, extorsión e, incluso, contrabando, y en medio de esa guerra los más vulnerables son las comunidades y sus líderes. En estas zonas se presentan además conflictos por la tierra y por la explotación de los recursos naturales, y tienen en común una histórica ausencia del Estado y falta de servicios básicos.
Con excepción de Tumaco, Nariño, donde el riesgo para los líderes es casi generalizado, el mayor número de crímenes se ha registrado, principalmente, en Cauca y Antioquia, y luego en Valle y Norte de Santander, y las víctimas han sido líderes comunales, indígenas y campesinos.
En su último informe, la OACNUDH señala que “algunos asesinatos, especialmente en aquellas antiguas zonas de influencia de las Farc, se podrían haber evitado con una respuesta oportuna y coordinada del Estado a la implementación del acuerdo» y advierte de un incremento de la violencia por la presencia de nuevos actores.
El informe destaca que “varias víctimas fueron asesinadas por apoyar las políticas derivadas del acuerdo (de paz), como la sustitución de cultivos ilícitos y la reforma rural integral”, mientras en años anteriores las muertes ocurrían “por oponerse a las políticas del Gobierno, no por apoyarlas”.
Esta posición la comparte el defensor del Pueblo, Carlos Negret, quien agrega que la mayoría de las víctimas estaban dedicadas “a la defensa del territorio, al retorno de la población desplazada, a la promoción de los derechos humanos y al activismo por el respeto del agua”. La Defensoría reporta 282 casos de líderes asesinados y sentencia: “Esperamos que el Estado actúe de inmediato. Que no muera un solo líder más”.
Sin embargo, para el Gobierno Nacional es una prioridad la protección de los líderes. De ahí que la Vicepresidencia asumió el rol de articulador de la presencia institucional. La finalidad es el control territorial integral, la protección de las comunidades y el diálogo directo con los líderes sociales para generar una reconstrucción del tejido social y acercar a esas comunidades al Estado.
La estrategia también busca reducir la impunidad en dichos asesinatos. Con ese fin, la Fiscalía formuló nuevos lineamentos para abordar las investigaciones. En ellos se establece como primera hipótesis que el asesinato se dio “por causa de la labor de defensa de los derechos humanos o el liderazgo social”, y que será en el desarrollo de la investigación cuando se determine si la víctima era o no un líder.
Esa metodología –que se diseñó con el acompañamiento de la CIDH y ha tenido reconocimiento de la Unión Europea y ONG como Human Rights Watch y Somos Defensores– ha permitido esclarecer el 46,62 por ciento de los casos, con 11 sentencias, 76 con avances procesales significativos y 136 personas en prisión.
Uno de los casos que son investigados con el nuevo enfoque es el crimen del líder afro Temístocles Machado, asesinado el pasado 27 de enero en Buenaventura, tras el paro cívico en el puerto. En menos de dos meses, la Fiscalía logró determinar que detrás de esta muerte estaría el grupo delictivo ‘la Local’ y fueron capturadas cuatro personas.
Desde el lado de la protección de los líderes en riesgo, donde la estrategia ha sido la adopción de medidas individuales -la Unidad Nacional de Protección reporta 3.722 líderes con medidas de protección-, se está pasando a mecanismos de alerta y prevención colectiva, donde se involucran la Fuerza Pública, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo y las mismas comunidades.
La extrema violencia contra las lideresas
Un hecho que preocupa es que los victimarios de los líderes actúan con mayor sevicia en el caso de las mujeres. Si bien solo cinco de las 16 lideresas han perdido la vida de manera atroz en esa oscura guerra, la ONG Somos Defensores llama la atención por la “extrema violencia” con la que se cometen esos crímenes. “Ser mujer y ser líder en Colombia puede resultar en un fin macabro, la extrema violencia con la que se asesina a las líderes es con el fin de que sea un crimen ejemplarizante, que intimida a otras mujeres a asumir liderazgos”, asegura Carlos Guevara, coordinador de Somos Defensores.
Tres campesinos fueron asesinados en Zaragoza, Antioquia
Dos hombres y una mujer fueron asesinados en la vereda San Acevedo, zona rural de Zaragoza. Con este caso ya son seis las personas asesinadas en el Bajo Cauca en las últimas horas.
La Fuerza Pública en el sector adelantan las labores de investigación para esclarecer estos hechos violentos y dar con los responsables de los asesinatos.
El coronel Conrado Pérez Ortíz, comandante del Batallón Energético Vial Número cinco en el Bajo Cauca, confirmó que hombres armados ingresaron a la vivienda donde se encontraban estos campesinos, quienes tenían varias tiendas y se dedicaban a la ganadería.
Las víctimas fueron identificadas como Digna del Rosario Montalvo Arrieta de 43 años de edad, Juan Alberto León Alian de 20 y Luis Alberto Bravo Mora de 49.
De acuerdo con las primeras informaciones y testimonios de la comunidad, los responsables no serían habitantes del municipio, pero tampoco integrantes de grupos armados, toda vez que no había una alerta o amenazas por la presencia de ilegales en ese sector, según aclaró el coronel Pérez Ortíz.
Este fin de semana en Tarazá, dos mujeres y un hombre fueron asesinados en zona urbana. De acuerdo con las autoridades, los crímenes estarían relacionados con ajustes de cuentas o el accionar violento de las bandas criminales.
En hechos aislados, otros cinco cuerpos en estado de descomposición fueron avistados por campesinos en el corregimiento La Caucana, ubicado a tres horas de la zona urbana de este municipio.
Los recientes hechos violentos en esta parte del departamento motivaron el envío de 360 hombres de la Policía y el Ejército para tomar control de la zona y neutralizar las acciones violentas del ELN, Clan del Golfo, disidencias de las Farc y Los Caparrapos, que luchan por el dominio de las rutas de narcotráfico.
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