Más de 30 denuncias por violencia política hacia mujeres en Bolivia
Pactos de rotación detonan la violencia contra concejalas
Bajo el argumento ilegal de “acuerdos de rotación partidaria”, cuando se cumplió ya media gestión de las autoridades ediles electas en 2015, concejalas titulares de diferentes municipios son amenazadas y agredidas para que renuncien a sus curules y den paso a sus suplentes. En el primer trimestre de 2018, la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol) recibió 30 denuncias de seis departamentos.
“Mi suplente es familiar político del alcalde. En enero ha venido con otros suplentes en una marcha con organizaciones sociales y nos han tapiado, todo el día, sin agua ni comida. Ni la Policía nos ha ayudado. Me han agredido y ahora me están amenazando. Quieren que me vaya para que ya no cuestione ni fiscalice”, señala la concejala del municipio de Tiquipaya Margarita Siles.
Su historia se ha replicado en Colcapirhua, también en Cochabamba; en Tinguipaya, Colquencha y Sacaca en Potosí; o en Batallas, Huarina y Sica Sica en La Paz. Las víctimas temen por sus vidas.
La asesora legal de Acobol, Sandra Silva, explica que los acuerdos entre concejales titulares y suplentes de alternancia en un cargo no son legales. Aclara que la norma establece cinco causales para que un edil deje su gestión: sentencia condenatoria, impedimento, renuncia, revocatorio o muerte. Ninguna reconoce la “rotación partidaria”.
Actualmente rige en Bolivia la Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política. La norma fue promulgada en 2012 después del asesinato de la concejala de Ancoraimes Juana Quispe, quien fue víctima de la violencia política.
En octubre de 2016 se aprobó el reglamento de la ley que establece un procedimiento para la prevención y atención inmediata de casos de violencia y acoso político. El mecanismo debe activarse cuando la integridad de las mujeres electas está en riesgo.
Más denuncias en Potosí
Según Acobol, 30 denuncias por acoso y violencia política fueron presentadas ante esta institución durante los primeros tres meses de 2018. La cantidad de autoridades electas afectadas es de 38.
Esta cifra trimestral representa más del 60% de las denuncias recibidas en todo el año 2017 y el 2016, cuando los casos llegaron a 48 y 52, respectivamente. En las tres últimas gestiones Potosí es el departamento con más denuncias.
“Me han encerrado tres días en el Concejo. Le pusieron candado a la puerta y afuera estaban los dirigentes y otros concejales con chicotes exigiendo mi renuncia. Me amenazaban para que le entregue mi cargo al suplente; pero no he renunciado”, relata la concejala M. S. del norte de Potosí. “Por favor, no ponga mi nombre, se van a vengar”, pide temerosa.
Cuenta que en su comunidad dejó a su compañera del legislativo Y. I. S. que ahora sufre el mismo “castigo”. “Dice que está encerrada… ¿y si le hacen algo?”.
La concejala de la Villa Imperial por UN Azucena Fuertes señala que en Potosí aún impera el machismo que genera este tipo de actos. “Si bien muchas mujeres hemos accedido al poder a través de las elecciones -sea como concejalas o asambleístas- tenemos casos extremos sin resolver. Uno de ellos es el denunciado por una concejala de Tinguipaya que por presión de su suplente varón ha tenido que renunciar. Es algo que se está replicando en otros municipios del norte del departamento”, manifiesta Fuertes.
Con la misma denuncia, al Tribunal Electoral de Potosí llegó una concejala de Colquencha. Hoy prefiere no hablar del tema hasta que su proceso avance.
Para Fuertes hay falencias en la aplicación de la Ley 243 al interior de los municipios. Asegura que en el caso de Potosí ni siquiera se ha adecuado el reglamento interno de la alcaldía.
“Las concejalas estamos en medio de un ambiente bastante hostil, principalmente cuando ahondamos en la labor de fiscalización. Muchas veces por mi trabajo el ejecutivo municipal ha vertido declaraciones indicando que algunas concejalas estaríamos deschavetadas o algo así. Incluso tenemos un proceso que ya está en juicio oral”.
Las ediles coinciden en que las cifras de denuncias sólo reflejan una pequeña parte de los muchos casos de acoso político que ocurren en el país. Pero también creen que son prueba de que ya no callarán más.
“El incremento responde a que cada vez somos más las que nos atrevemos a denunciar y que hay conocimiento de la norma. Lastimosamente, pese a la ley, no hay respuestas”, dice Fuertes.
Las tapiaron, temen por sus vidas
El pasado 16 de enero, durante una sesión del Concejo de Tiquipaya, una marcha -partidarios del MAS, dirigentes vecinales y concejales suplentes- llegó a la alcaldía para exigir a Margarita Siles (MAS) y otras ediles titulares del MNR que renuncien y entreguen sus curules a los suplentes. Argumentaban un pacto de “rotación partidaria”. Antes de encerrarlas, el presidente del partido de gobierno en ese municipio le dijo a Margarita: “Vas a ver lo que le va a pasar a tu familia. Vamos a arruinarte”.
“Sin que la Policía haga nada nos han tapiado. Hemos estado encerradas hasta después de las 21:30 sin comida, sin salir al baño. Hemos llamado al Ministerio Público y en la noche recién ha venido un grupo Delta”, relata.
Asegura que desde que hizo la denuncia pública los ataques han bajado pero no se han detenido. “Me llaman por teléfono y me dicen que saben donde están mi papá, mi mamá y mis hijos; temo por sus vidas y por la mía. Ahora me están empezando un revocatorio y a cada funcionario le están obligando a conseguir 30 firmas”, dice.
El 11 de abril, nueve concejales suplentes de Colcapirhua levantaron un muro de ladrillo en puertas del Concejo Municipal, donde quedaron encerrados ocho titulares, de los que seis son mujeres.
En general, las víctimas de acoso político no denuncian su situación por temor a represalias. Dudan de la administración de justicia, pues aseguran que si se quejan las investigaciones no avanzan y a ellas no les dan protección. A muchas las han amenazado con secuestrar a sus hijos, lastimar a sus familiares o “hacerlas desaparecer”.
Las golpearon sin piedad
Sonia Alanoca es una de las tres concejalas del municipio de Batallas que en la segunda sesión de este año fueron golpeadas por simpatizantes del expresidente del Concejo, quien había sido destituido por malos manejos. A su compañera Lidia Quispe le arrancaron mechones de cabello, le cortaron las trenzas y le generaron lesiones que le valieron tres días de impedimento.
Hace unas semanas Rossmery Andia, del MAS, denunció que fue obligada a renunciar a su concejalía en Pocona, Cochabamba, por estar embarazada. Las presiones llegaron apenas ella, por acuerdo de alternancia, asumió el cargó en enero. Dirigentes la acusaron de dar “mal ejemplo”. Los diputados del oficialismo anunciaron una investigación.
En mayo de 2017, ONU Mujeres condenó la agresión de la que fueron víctimas dos concejalas de Tapacarí. Las legisladoras fueron insultadas y golpeadas por el entonces presidente del Concejo, quien en estado de ebriedad, en una visita a una comunidad, trató de abusarlas sexualmente y luego las abandonó en el camino.
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