El Salvador: se agota el tiempo para que la actual Asamblea Nacional despenalice el aborto
Abortos para salvar vidas: se agota el tiempo para que El Salvador lo despenalice en situaciones extremas
Es un momento crítico: El Salvador tiene una oportunidad real de reformar sus restrictivas leyes antiaborto impuestas en 1998 y modificar su Código Penal para incluir excepciones o causales que permitan el procedimiento cuando la madre está en peligro de morir y en otras cirscunstancias extremas, como cuando la mujer ha sido violada o cuando el feto no tiene posibilidades de sobrevivir fuera del útero.
Pero las posibilidades se reducen. El período legislativo vigente (2015-2018) concluye el próximo 30 de abril, lo que significa que el 1 de mayo asumirá una nueva Asamblea que estará dominada por partidos de derecha, que han dejado claro que se oponen totalmente a la despenalización e incluso a que se debata el asunto.
Se oponen a pesar de que las investigaciones demuestran que restringir el acceso al aborto no reduce el número de procedimientos que se realizan. Es decir, los abortos siguen ocurriendo pero de forma clandestina. Esto en un contexto de altísimos niveles de violencia, poco acceso a métodos anticonceptivos y ausencia de educación sexual.
¿Quiénes lo sufren? Las mujeres y, en muchos casos, niñas pobres que no tienen recursos para, por ejemplo, procurar un procedimiento seguro después de haber sido abusadas. En palabras de la ginecobstetra salvadoreña Victoria Ramírez: «La diferencia económica entre las mujeres es lo que define si tienen derecho o no a la vida».
Poco probable
En días recientes, el diputado y presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, escribió en su cuenta de Twitter que no votaría el tema, ignorando así el pedido de Naciones Unidas en días recientes de entablar un diálogo para reformar la severa legislación, que tiene a por lo menos una veintena de mujeres encarceladas por haber perdido a sus bebés después de presentar emergencias obstétricas.
«Es esencial que se garantice a las mujeres el derecho a la vida y a su salud reproductiva», expresó el coordinador residente de la ONU en El Salvador, Christian Salazar. A su juicio, las mujeres «no deberían enfrentar riesgos ni ser perseguidas ni criminalizadas».
El Congreso salvadoreño estudia despenalizar el aborto desde octubre de 2016, cuando la diputada Lorena Peña del partido de izquierda Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) presentó un proyecto de ley que proponía reformar el artículo 133-A del Código Penal vigente, con el objetivo de permitir los procedimientos en cuatro situaciones extremas:
1. Cuando la vida y la salud de la mujer esté en peligro.
2. Cuando el feto no tenga posibilidades de sobrevivir fuera del útero.
3. Cuando el embarazo sea producto de una violación.
4. Cuando el embarazo sea producto de una violación, incesto o trata de niñas y adolescentes.
Luego el tema se estancó y en agosto de 2017, el diputado del conservador Partido Arena Johnny Wright Sol sorprendió al retomar el tema y plantear otra propuesta para permitir el procedimiento en dos causales extremas:
1. Cuando la vida de la madre esté en peligro.
2. Cuando una menor de edad haya sufrido una violación.
Esta nueva propuesta buscaba conseguir alianzas entre ambos lados del espectro político. Pero en una entrevista concedida este miércoles 25 de abril a El Faro, Wright aseguró que los diputados que se comprometieron con la reforma no querían pagar un costo político dando sus votos antes de las elecciones legislativas de marzo pasado. Según él, en 2018 ya no será posible lograr los 43 votos necesarios para alcanzar la mayoría simple en el Legislativo de 84 integrantes.
Si no mueren por una hemorragia, van a la cárcel
La Organización Mundial de la Salud recomienda que los países –especialmente aquellos en desarrollo– garanticen el acceso a una educación sexual integral, a un amplio abanico de anticonceptivos (incluidos los de urgencia), asesoramiento en planificación familiar y acceso a abortos legales y sin riesgo. Algo que El Salvador claramente no cumple.
La criminalización absoluta en El Salvador impide que se realicen procedimientos terapéuticos, incluso en casos de embarazo ectópico, cuando el óvulo fecundado se implanta fuera del útero, casi siempre en las tropas de falopio. En los últimos cinco años, al menos 13 mujeres han muerto porque no han recibido la atención que necesitan.
«El embarazo ectópico en todo el mundo dejó de ser una enfermedad por la que se mueren las mujeres, excepto en nuestro país. Es increíble que habiendo tratamientos médicos que conllevan una invasión mínima, tengamos que esperar que la mujer se complique, que esté a punto de morir, para atenderla».
El artículo 133 del Código Penal salvadoreño establece además una pena de dos a ocho años por abortar en cualquier circunstancia, no solo a la mujer sino a quien la ayude. Sin embargo, fiscales y jueces tipifican los casos de aborto o incluso la pérdida del bebé como «homicidio agravado», un delito penado con 30 a 50 años de prisión.
Ese fue el caso de Teodora del Carmen Vásquez, que en febrero de este año salió de la cárcel después de cumplir 10 años y siete meses de una condena de 30, y de Maira Verónica Figueroa, que ya había cumplido 15 años de su larga sentencia cuando salió en libertad a principios de marzo. Las penas de ambas fueron conmutadas por la justicia del país, aunque nunca fueron declaradas inocentes.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, se pronunció a favor de la reforma con una carta que envió al parlamento salvadoreño el pasado 6 de abril. «La reforma de la ley penal en materia de aborto es una medida urgente para que El Salvador cumpla con sus obligaciones de derechos humanos».
“La aprobación de estas reformas permitiría que las mujeres tuviesen más oportunidades de vivir», escribió Joaquin Castro, representante demócrata por el estado de Texas, en un artículo de opinión publicado en The Hill. «Esta es una oportunidad real para reformar las leyes del aborto en el país. Eso ayudaría a mejorar la situación de los derechos humanos, atacaría una crisis de salud pública y prevendría el injusto encarcelamiento de mujeres salvadoreñas. Ninguna mujer debe ir a prisión por perder a sus bebés».
Leyes y creencias en contra de la ciencia
Tanto la posición de la mayoría parlamentaria como la del gremio médico ha estado influenciada por el dogma de la fe.
La Iglesia católica de El Salvador se pronunció en días recientes en contra de la legalización del aborto en el país y pidió al Congreso no reformar la ley para despenalizarlo. «Pedimos a todos nuestros diputados, de todos los partidos, no legalizar tan grave crimen», dijo el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar.
Asociaciones médicas de El Salvador han insistido en oponerse a que el procedimiento seguro se permita al menos en casos extremos. El Colegio Médico de El Salvador ha exigido que no se modifique la ley vigente y se mantenga el castigo del aborto con prisión. La Asociación de Pediatría expresó en un comunicado reciente que «con la despenalización (del aborto), lo que sucede es que se deja de considerar delito, deja abierto el camino para que en el futuro se manipule y banalice la vida».
Sin embargo, ginecólogas que día a día atienden complicaciones obstétricas causadas por abortos no seguros confirman que las leyes restrictivas no impiden los abortos pero sí causan complicaciones que pueden llegar a ser mortales para las mujeres.
Para defensoras de derechos humanos como Morena Herrera, el costo para la vida y la salud de las mujeres es muy alto. «Necesitamos un debate para despenalizar el aborto más tranquilo, basado en argumentos científicos y en las realidades», asegura.
«Hoy los diputados tienen la oportunidad histórica de cambiar una ley muy injusta que recae fundamentalmente sobre las espaldas y las vidas de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres pobres».
Comunicado de organizaciones sociales: A la sociedad salvadoreña y a la comunidad internacional
Las personas y organizaciones que defendemos el derecho a la salud y a la vida de niñas, adolescentes y mujeres en El Salvador, lamentamos que la Asamblea Legislativa en el periodo 2015-2018 le fallara a las mujeres y a las familias salvadoreñas, al no aprobar la inclusión de excepciones a la penalización absoluta del aborto para que la interrupción del embarazo sea permitida cuando ponga en riesgo la salud o la vida de la mujer, cuando el feto no va a sobrevivir fuera del útero y cuando el embarazo es producto de violencia sexual.
Las y los diputados han incumplido sus obligaciones porque no han garantizado el derecho constitucional a la salud y vida de niñas y mujeres. La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales recibió opiniones de distintas instituciones del Estado como el Ministerio de Salud y el Isdemu, de instancias de médicas y trabajadores de salud, de organismos de derechos humanos, de universidades, de organizaciones de la sociedad civil y de instancias internacionales como la OEA y Naciones Unidas, quienes en reiteradas ocasiones recomendaron revisar y modificar nuestra legislación en este campo. Todas estas instancias aportaron documentación y evidencia científica y jurídica que hubiera permitido un debate parlamentario informado y serio. Se acabó esta legislatura sin que la Asamblea asumiera su responsabilidad en la solución de este problema.
La Sala de lo Constitucional desde 2007, en la resolución 18-98, instaba a la Asamblea Legislativa a resolver la posible colisión de derechos constitucionales entre la mujer gestante y el nasciturus, estableciendo en esta y otras sentencias como la 22-2011, que en nuestro ordenamiento jurídico no existen derechos absolutos, lo cual debe reflejarse en la legislación secundaria como es el Código Penal y las regulaciones de salud. Los diputados y diputadas no han atendido estas indicaciones de la Sala de lo Constitucional.
Es importante recordar que antes de las reformas al Código Penal de 1997, el aborto era permitido en tres causales. Las propuestas presentadas en la actual legislatura únicamente pretenden restablecer las excepciones anteriormente reconocidas y no la legalización del aborto como se ha pretendido hacer creer por parte de quienes han impedido que este debate parlamentario ocurriera.
Las autoridades de salud como el Ministerio de Salud, el Consejo Superior de Salud Pública y entidades especializadas como la Asociación de Ginecología y Obstetricia han insistido en la dificultad de seguir disminuyendo la mortalidad materna en nuestro país, debido a que, según datos del 2017, el 97 % de estas muertes fueron por causas prevenibles, muchas de ellas se podrían haber evitado si se hubiera tenido la opción de interrupción a tiempo del embarazo. Que estas muertes de mujeres sigan ocurriendo es responsabilidad de la actual Asamblea Legislativa.
Esta situación es aún más grave si se tiene en cuenta que alrededor del 30 % de embarazos del país es en niñas y adolescentes entre 10 y 18 años. El Ministerio de Salud registró en el 2016 un promedio de 55 embarazos en niñas y adolescentes al día. El Instituto de Medicina Legal (IML) registró ese mismo año 1,844 niñas y adolescentes que enfrentaron abuso y violencia sexual (alrededor de cinco casos diarios). En el 80 % de estos casos, las violaciones fueron cometidas por un familiar o conocido. Es necesario tener en cuenta que este problema es de grandes proporciones debido a que al ocurrir en el ámbito familiar, en muchos casos no se denuncia. La no aprobación de la reforma al Código Penal impide que niñas y adolescentes que viven embarazos impuestos puedan tener la opción de interrumpirlo y continuar con su proyecto de vida.
La actual legislación criminalizadora del aborto también tiene consecuencias en la inadecuada aplicación de la justicia ante abortos espontáneos y complicaciones obstétricas, esto ha generado denuncias desde hospitales públicos a mujeres que acuden en busca de atención médica. Se les denuncia por aborto sin investigación suficiente, violando su derecho a la presunción de inocencia, condenándolas después por homicidio agravado a penas de cárcel desproporcionadas hasta de 30 y 40 años.
Esta legislación también genera en médicos y prestadores de servicios de salud inseguridad jurídica para poder actuar ante embarazos de alto riesgo, con criterios médico científicos sin el temor a ser procesados. Ante esta situación se han dirigido en numerosas ocasiones a la Asamblea Legislativa demandando el cambio de esta ley. Sus voces tampoco han sido escuchadas.
Desde el mismo momento que se aprobó la penalización absoluta del aborto en 1997, se ha señalado el carácter antidemocrático y violatorio de derechos humanos que tiene esta legislación. Diferentes organizaciones sociales y médicas consideramos que en la legislatura del 2015 – 2018 era posible que la Asamblea Legislativa debatiera y aprobara la reforma al artículo 133 del Código Penal incorporando las excepciones mencionadas. Para ello se promovieron numerosos foros con especialistas en distintos ámbitos de salud, jurídicos, religiosos, con expertos constitucionalistas y legisladores de diferentes países, para conocer experiencias de abordaje y solución en otras sociedades, especialmente latinoamericanas.
Este esfuerzo ha generado un mayor conocimiento sobre esta problemática y ha propiciado la interlocución con diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios representados en la Asamblea Legislativa. En múltiples ocasiones estos parlamentarios han reconocido la necesidad de la despenalización del aborto, especialmente ante embarazos que ponen en riesgo la salud o la vida de las mujeres y ante embarazos impuestos por violencia sexual a niñas y adolescentes. Debido a cálculos de índole electoral, no todos han mantenido su compromiso hasta el final para lograr una legislación más justa.
Se ha brindado información en numerosos espacios sociales y publicaciones. Diferentes medios de comunicación han asumido responsabilidad propiciando espacio para que diversos especialistas y actores sociales expresaran sus puntos de vista. En los últimos meses, hemos visto que en distintos medios de comunicación nacionales e internacionales y redes sociales, periodistas, intelectuales, personas generadoras de opinión pública de diferentes corrientes de pensamiento político se han pronunciado a favor de esta reforma. Constatamos que la sociedad salvadoreña ha cambiado sus valoraciones y manera de abordar la necesidad de contar con una ley que supere la penalización absoluta del aborto. Lamentamos que este cambio social no ha sido tenido en cuenta por la actual Asamblea Legislativa.
Expresamos nuestro reconocimiento por contribuir a este cambio a todas las personas, organizaciones e instituciones que lo han hecho posible. En especial a las organizaciones de mujeres, a las organizaciones sociales nacionales e internacionales que defienden Derechos Humanos, a Asogoes y a la Unión Médica por la Salud y la Vida de las Mujeres, a las personas religiosas y de iglesias que han respaldado esta propuesta, a periodistas y medios de comunicación, a las representaciones diplomáticas, de la OEA y de Naciones Unidas presentes en nuestro país, a las y los diputados que presentaron las iniciativas de ley y que se han mantenido firmes en su compromiso con las niñas y las mujeres hasta el final de esta legislatura.
La incapacidad de la actual legislatura 2015-2018 deja una deuda pendiente con los derechos humanos de las niñas, adolescentes y las mujeres y con la construcción democrática en nuestro país. Este es un problema de salud pública y de derechos, que afecta al conjunto de la sociedad y por tanto debe ser resuelto por los diferentes Órganos del Estado.
La penalización absoluta del aborto provoca unos riesgos innecesarios e injusticias que afectan sobre todo a las mujeres más pobres. Por ello, reafirmamos nuestro compromiso ciudadano por alcanzar una legislación y unas políticas públicas que garanticen los derechos a la salud, a la vida y a la libertad de mujeres, adolescentes y niñas.
Organizaciones que firmantes del comunicado
1. Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto
2. Colectiva Feminista para el Desarrollo Local
3. Jóvenes voceras y voceros por los derechos sexuales y derechos reproductivos
4. Plataforma salvadoreña de juventudes
5. Colectiva Amorales
6. Concertación de mujeres de Suchitoto
7. Colectiva juvenil feminista de mujeres salvadoreñas
8. Asociación de mujeres jóvenes Ameyalli
9. Movimiento de mujeres de Santo Tomás Momujest
10. Red nacional coincidir por derechos sexuales y reproductivos
11. Asociación “mujeres Transformando”
12. Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad)
13. Red de Organizaciones de mujeres Ejerciendo Ciudadanía Plena en el departamento de Cuscatlán
14. Radio de Todas
15. Asociación Comunicando y Capacitando a mujeres Trans (Comcavis Trans)
16. Red salvadoreña de defensoras de derechos humanos
17. Altavoz ES
18.Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano de Personas Trans de El Salvador (Aspidh Arcoiris Trans) 19. Asociación de mujeres rurales Olga Estela Moreno Asmur
20. Las Hijas de SAFO
21. Colectiva Feminista Akelarre
22. Organización de Trabajadoras sexuales ( OTS)
23. Colectiva de mujeres Kawob de Apopa
24. Asociación de mujeres salvadoreñas de acción del Barrio San Jacinto ( AMSAB_SJ)
25.Asociación Colectiva de mujeres emprendedoras de Tonacatepeque
26. Asociación por el respeto de los derechos de la Mujer Salvadoreña Ardemusa
27. Asociación a favor de los de los derechos de las mujeres por la igualdad y el bienestar del municipio de Santa Ana Adimusa
28. Asociación salvadoreña de mujeres Las Gardenias del municipio de Ahuachapán
29. Colectivo de jóvenes Capullitas de Alelí Ahuachapán
30.Asociación de mujeres Emprendedoras Villa Centenario del municipio de Acajutla
31. Asociación de mujeres de Osicala Adimo
32. Veteranas de guerra de Yamabal
33. Asociación de mujeres de Gualococti
34. Asociación de mujeres de San Isidro
35. Asociación de mujeres de San Simón
36. Veteranas de guerra de Jocoatique
37. Asociación de mujeres de Joateca
38. Asociación de mujeres de Chilanga
39. Asociación de mujeres de Arambala
40. Asociación de mujeres de San Carlos
41. Asociación para el Desarrollo integral de las mujeres ADIM
42. Asociación para el Desarrollo Integral de las mujeres de Jiquilísco, Apadeimj
43. Asociación para el Desarrollo integral de las mujeres Rosa Iris Ademuri
44. Grupo municipal de mujeres de Estanzuelas
45.Asociación de mujeres de Santa Anita Asomeda
46. Secretaria de mujeres de ASI- Jucuarán
47. Secretaria de mujeres del Espino 48. Asociación municipal de mujeres Concepción Bátres
49.Asociación de mujeres del Puerto del Triunfo
50. Asociación de mujeres de Nueva Guadalupe Amung
51. Asociación Nayarit mujeres y juventudes (ANMJ)
52. Asociación de mujeres por la dignidad y la vida ( Las Dignas)
53. Mujeres ambientalistas
54. Movimiento de mujeres Orquídeas del Mar
55. Colectiva juvenil feminista de mujeres salvadoreñas Colefem
56. Red de organizaciones de mujeres ejerciendo ciudadanía plena en el departamento de Cuscatlán
57. Asociación de mujeres rurales empoderadas de Tapalhuaca
58. Asociación de mujeres jóvenes tejiendo sueños para el futuro, Tecoluca
59. Los siempre sospechosos de todo
60. Seguimos Unidos.
