Ecuador: ¿Qué representaría para Ecuador la firma de un TLC con EEUU? – Por Pablo Quiñonez Riofrío
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.Por Pablo Quiñonez Riofrío*
Entre 2004 y 2006 Ecuador negoció la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, sin embargo, ante el fuerte rechazo social, el proceso no llegó a buen término y durante la última década esta posibilidad pareció muy distante. Pese a ello, hace algunas semanas -y luego de diez años de ausencia- una misión de la Oficina de Comercio de Estados Unidos llegó a Ecuador para mantener conversaciones que, según el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, tienen el objetivo de coadyuvar en la presentación de una propuesta formal de Ecuador para negociar un acuerdo comercial. El giro en materia de política comercial exterior del Gobierno de Lenín Moreno respecto a su antecesor parece ser evidente, pero ¿qué efectos podría llegar a tener la suscripción de un TLC con Estados Unidos para la nación andina? Para entenderlo, empecemos con algunas definiciones.
¿Qué es un Tratado de Libre Comercio?
Un TLC es un acuerdo entre dos o más naciones con el fin primario de derribar las barreras al comercio e inversiones entre estas. Es innegable que el comercio internacional es sumamente importante para cualquier país. Pero también es innegable que las reglas que dominan el comercio global son bastante injustas y que las agendas de desregulación comercial masiva por lo general obedecen más a los intereses de grandes grupos económicos que a los intereses de desarrollo de las naciones. Usualmente, estas características tienden también a reflejarse en los acuerdos comerciales entre naciones del Norte (países desarrollados) y naciones del Sur (en vías de desarrollo). Los tratados de libre comercio suelen ser prueba de aquello.
Además, pese a la extendida retórica sobre la deseabilidad del libre comercio, la mera existencia de este es algo cuestionable, pues todo comercio internacional es regulado de cierta forma, y las instituciones encargadas de ello han demostrado históricamente una tendencia a la protección de los grandes capitales nacionales y trasnacionales.
Entonces, como lo menciona claramente Falconí (2014), los tratados de libre comercio son en realidad “formas de regular el comercio” que a la larga terminan favoreciendo a los grandes capitales del Norte y de los mayores comerciantes y exportadores del Sur. Siguiendo lo expresado por el autor, el libre comercio “no es un comercio liberado de normas y dejado al juego de las fuerzas de los mercados supuestamente perfectos. Es una forma de comercio regulado, concebida para perpetuar los privilegios del capital dentro del sistema” en el marco de una profunda asimetría de poder de negociación entre los países ricos y los países en vías de desarrollo.
¿Qué experiencias existen en la región?
En América Latina varios países han firmado tratados de libre comercio. El caso más emblemático es el de México, que en 1992 suscribió junto a Estados Unidos y Canadá el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En los primeros cuatro años de vigencia del TLCAN (1994-1998) las tasas de crecimiento económico en México superaron notoriamente a las de años anteriores; sin embargo, desde entonces el crecimiento ha disminuido y es notoriamente inferior al del período de industrialización por sustitución de importaciones. Los salarios reales, por su parte, han tenido largos períodos de decrecimiento, aunque con una diferenciación geográfica cada vez mayor. El incremento en la dispersión salarial del país es un efecto que la literatura sugiere ha sido causado por el aperturismo económico de las últimas décadas (Hanson, 2003).
Si bien el TLCAN favoreció los flujos comerciales y de inversión, el impacto en variables como el empleo, la distribución del ingreso y el crecimiento fue, cuando mucho, modesto (Blecker y Esquivel, 2010). Los beneficios económicos han sido aprovechados principalmente por “las grandes empresas transnacionales y nacionales que están mejor colocadas para ser competitivas en el marco de la economía globalizada” y que además importan gran cantidad de insumos industriales, dificultando “un efecto de arrastre en el resto del sector industrial” (Alba, 2003).
Quizá uno de los aspectos más controversiales del TLCAN tiene que ver con el sector agrícola mexicano. Un estudio de Scott, Salas y Campbell (2006) estimaba que el acuerdo había generado, solo entre 1991 y 2000, la pérdida de más de un millón de puestos de trabajo en la producción de maíz, un producto ancestralmente vinculado al territorio mexicano. Finalmente, aún hoy en día, la convergencia económica esperada entre México y los otros miembros del acuerdo, no se ha materializado (Villareal y Fergusson, 2017).
Chile es otro ejemplo a considerar. En 2004 entró en vigor un TLC entre esta nación y Estados Unidos y el optimismo que inicialmente existió de a poco se ha ido difuminando. Antes de la entrada en vigor del acuerdo, Chile mantenía un superávit comercial con los EE. UU., situación que de a poco fue revirtiéndose hasta transformarse en un déficit en 2008 y alcanzar una cifra récord en 2012. Este resultado es comprensible si consideramos que entre 2004 y 2013 las exportaciones chilenas tuvieron una tasa de crecimiento promedio anual de 7,7 %, frente a una tasa de crecimiento del 19,2 % de las importaciones (Alarco, 2017). En el último año, el déficit comercial chileno frente a los EEUU sobrepasó los mil millones de dólares. Chile, pese a ser una de las economías más desarrolladas de la región, aún exporta mayoritariamente productos primarios y manufacturas basadas en sus recursos naturales.
Por su parte, Perú firmó un TLC que entró en vigor en 2009 con Estados Unidos. La balanza comercial peruana con respecto a los EE. UU., positiva hasta 2010, ha acumulado desde entonces resultados negativos año a año. Para 2016, el déficit comercial peruano con los EE. UU. sobrepasó los 800 millones de dólares. Y es que, si las exportaciones peruanas hacia los EE. UU. han crecido, las importaciones desde EE. UU. han crecido en mayor medida. La naturaleza de los productos exportados por Perú tampoco ha variado; la mayor parte aún corresponde a materias primas y manufacturas basadas en sus recursos naturales.
Para finalizar, desbaratando uno de los principales argumentos a favor de los TLC, Alarco (2017) demostró, mediante métodos estadísticos apropiados, que la firma de estos instrumentos no produjo un cambio estructural en las economías de México, Chile ni Perú. Es decir, la trayectoria de crecimiento del PIB de estas economías no se vio realmente afectada de forma positiva por el inicio de estos TLC, contrario a lo que los defensores de los acuerdos habían pronosticado.
¿Qué implicaría para Ecuador un TLC con Estados Unidos?
Si bien el país suscribió hace poco un acuerdo comercial con la Unión Europea, un tratado con EE. UU. permitiría un grado de negociación aún menor a Ecuador. Pese a las abundantes críticas al acuerdo suscrito con la Unión Europea, en comparación, Estados Unidos suele permitir la exclusión de aún menos productos de la desgravación arancelaria, suele incluir capítulos referentes a una activa protección de sus inversiones y, en la práctica, propender a la introducción de reformas y ajustes orientados a la consolidación de un modelo económico neoliberal. Todos ellos aspectos que chocarían con la agenda económica impulsada por Ecuador durante los últimos años. Por ejemplo, en 2017 el Gobierno anterior denunció y puso fin a 16 Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) firmados entre Ecuador y otros países a lo largo de varias décadas, pues en lugar de atraer cantidades notorias de inversión extranjera al país, bajo los TBI Ecuador ha tenido que compensar a empresas extranjeras con cerca de 1.500 millones de dólares luego de procesos de arbitraje. ¿Serían decisiones como esta compatibles con la férrea defensa a la inversión norteamericana característica de los TLC suscritos por Estados Unidos?
La última vez que ambas naciones negociaron un acuerdo de ese tipo, los aspectos más riesgosos para el país tenían que ver, entre otros, justamente con un trato preferencial para las inversiones norteamericanas, que recibirían “trato nacional y sobreprotección internacional”; un capítulo de propiedad intelectual que beneficiaría a las farmacéuticas norteamericanas, en detrimento local; regulación de compras públicas, limitando la capacidad de gestión del Gobierno; posibilidad de que los servicios públicos sean privatizados, permitiendo inclusive que “empresas norteamericanas no se afinquen legalmente en el Ecuador”; la disminución de los márgenes de acción de la política económica nacional; y, el apoyo al Plan Colombia (Acosta, Falconí, Jácome y Ramírez, 2006).
En aquel entonces, un estudio de Pérez y Acosta (2005) determinó que la firma de un TLC con Estados Unidos tendría efectos insignificantes en la economía ecuatoriana: un impacto inicial del 0,003 % en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y un incremento anual del 0,027 %, pues Ecuador se encontraba ya beneficiado por la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga (ATPDEA). Inclusive, de haberse retirado dichos beneficios, sin la firma del TLC, se estimaba una reducción del PIB de un 0,2 %.
No debe olvidarse, sin embargo, que Estados Unidos es el principal socio comercial de Ecuador. El año pasado, cerca de un 32 % de las exportaciones ecuatorianas tuvieron como destino los EE. UU.; mientras que, cerca de un 20 % de las importaciones provinieron de ese mismo país. Según cifras del Banco Central del Ecuador, el país exporta mayoritariamente a Estados Unidos combustibles primarios (56,6 % del total de exportaciones) y productos alimentarios primarios (20,2 %). Por otro lado, importa principalmente de EE. UU. combustibles elaborados (43,7 %), productos químicos y farmacéuticos semielaborados (10,5 %) y maquinaria industrial (5,4 %).
En el caso de una eventual firma de un TLC, bajo condiciones similares a las ya mencionadas, previsiblemente a corto plazo los efectos serán algo alentadores; sin embargo, bajo ningún concepto sería la mejor forma de desarrollar la economía ecuatoriana. Después de todo, la evidencia disponible no muestra una relación sistemática significativa entre el aperturismo comercial y el crecimiento económico. La única relación que se ha evidenciado es que, mientras los países se van volviendo más ricos, empiezan a desmontar sus restricciones comerciales, no sucede al revés (Rodrik, 2007). Tal como menciona Chang (2009), a largo plazo “el libre comercio es una política que probablemente condenará a países en vías de desarrollo a especializarse en sectores que ofrecen un bajo crecimiento de la productividad y por lo tanto un bajo aumento del nivel de vida”. Y en principio esto es evidente. Tal como quedó demostrado en el párrafo anterior, Ecuador exporta esencialmente productos primarios a los EE. UU., mientras que importa de ahí productos industrializados. Un TLC no haría más que acentuar este patrón, tal como se ha visto en experiencias previas en la región.
Sin embargo, esto no significa que Ecuador recibiría exclusivamente productos industrializados libres de aranceles. El sector agrícola estadounidense es más productivo y goza de mejores condiciones que el ecuatoriano. Solamente por citar dos ejemplos, según cálculos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en el 2016 se producían en Ecuador 15 250 hectogramos de trigo por hectárea (hg/ha), mientras que en EE. UU., por hectárea, se producían 35 390 hg del mismo producto. Más del doble. Asimismo, en Ecuador, por hectárea se producían 31 694 hg de maíz; mientras que en EE. UU. se producían 109 604 hg/ha. Más del triple que en el Ecuador. Además, el sector agrícola estadounidense recibe fuertes subsidios del Gobierno. Bajo la Agricultural Act of 2014 se proyectó que entre 2014 y 2018, los agricultores norteamericanos recibirían más de 90 mil millones de dólares por concepto de subsidios, seguros y otros rubros relacionados. ¿Podrían los agricultores ecuatorianos competir con sus pares norteamericanos? ¿Cómo enfrentaría el Gobierno ecuatoriano este obstáculo?
¿Qué pasaría, además, con la balanza comercial ecuatoriana, que ya de por sí es negativa?
¿Qué pasaría con las aspiraciones de industrialización ante el endurecimiento de las normativas de propiedad intelectual? ¿Qué pasaría con el acceso a medicinas ante prolongación de patentes o protección de datos de prueba? ¿Cómo se podría proteger la economía ecuatoriana de un eventual escenario de iliquidez si pierde cada vez más campo de acción en materia de política comercial? ¿Qué lugar quedaría para el florecimiento de la economía popular y solidaria? Entre muchas otras, estas interrogantes generan serias preocupaciones de cara a una eventual firma de un TLC entre Ecuador y Estados Unidos Lo cierto es que, si el acuerdo con la UE presenta serios desafíos ya para el proyecto de transformación de la economía ecuatoriana, un TLC con EE. UU. podría estancar al país en su estatus de Banana Republic por muchas décadas más.
Referencias
Acosta, A., Falconí, F., Jácome, H., & Ramírez, R. (2006). El rostro oculto del TLC. Quito: Abya Yala.
Alarco, G. (2017). Tratados de libre comercio, crecimiento y producto potencial en Chile, México y Perú. Economía UNAM, 14(42), 24–46.
Alba, C. (2003). México después del TLCAN. El impacto económico y sus consecuencias políticas y sociales. Foro Internacional, 171, 141–191.
Blecker, R., & Esquivel, G. (2010). NAFTA, Trade and Development. CESifo Forum, 11(4), 17–30.
Chang, H.-J. (2009). ¿Qué fue del buen samaritano?: naciones ricas, políticas pobres. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes Editorial.
Falconí, F. (2014). Al sur de las decisiones. Quito: El Conejo.
Hanson, G. H. (2003). What Has Happened to Wages in Mexico since NAFTA? NBER Working Paper 9563. https://doi.org/10.3386/w9563
Pérez, W., & Acosta, M. (2005). Modelo Ecuatoriano de Equilibrio General Aplicado. Cuestiones Económicas, 22(2).
Rodrik, D. (2007). One Economics, Many Recipes. Princeton University Press.
Scott, R.E., Salas, C., & Campbell, B. (2006). Revisiting NAFTA: Still not working for North America’s workers. Economic Policy Institute, 1–60.
Villareal, M. A., & Fergusson, I. F. (2017). The North American Free Trade Agreement (NAFTA) (CRS Report R42965). Washington, D.C.: Congressional Research Service.
(*) Investigador de CELAG.
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