Amnistía Internacional denuncia criminalización de ambientalistas en Perú y Paraguay
Las autoridades de Perú y Paraguay están usando despiadadas campañas difamatorias, desalojos forzosos y cargos penales infundados contra las y los activistas medioambientales y de los derechos relacionados al acceso a la tierra que se atreven a denunciar cuestiones de derechos humanos, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
“Quienes alzan su voz con valentía para defender sus tierras y el medio ambiente son atacados a menudo por su labor. Estos ataques tienen un impacto devastador en su bienestar físico, mental y emocional, así como en el de sus familias y comunidades”, dice Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Las autoridades de Perú y Paraguay deben dejar inmediatamente de usar indebidamente sus sistemas de justicia penal para perseguir a personas defensoras de los derechos humanos, obstruir su labor y asustarlas para que guarden silencio. En lugar de criminalizar a personas por defender sus tierras y recursos naturales, ambos Estados deben tomar medidas oportunas y eficaces para protegerlas”.
Una Receta Para Criminalizar: Personas Defensoras del Ambiente, el Territorio y la Tierra en Perú y Paraguay documenta cómo las autoridades utilizan el acoso, la estigmatización y tácticas de intimidación para menoscabar y obstruir los esfuerzos comunitarios dirigidos a proteger sus derechos a la tierra o sus recursos hídricos.
La mayoría de las amenazas y ataques que ha documentado Amnistía Internacional en los últimos años contra las personas que defienden los derechos humanos en las Américas se dirigieron contra comunidades u organizaciones dedicadas a defender los derechos relacionados a la tierra, territorio y el medioambiente.
El informe revela que las autoridades de Paraguay someten a líderes de las comunidades a campañas difamatorias, desalojos forzosos y procesos judiciales infundados para impedir que lleven a cabo pacíficamente su trabajo por los derechos humanos y disuadir a otras personas de denunciar injusticias. También documenta cómo las autoridades peruanas estigmatizan a las personas defensoras de los derechos humanos, recurriendo incluso al uso de fuerza excesiva e innecesaria en contra de quienes se manifiestan contra proyectos de minería.
El informe destaca casos emblemáticos como el de Raúl Marín, abogado de derechos humanos paraguayo que sufre a menudo acoso y estigmatización debido a su trabajo. El 13 de enero de 2016, la policía lo detuvo mientras prestaba asistencia letrada a personas desalojadas forzosamente de la comunidad urbana de San Lorenzo. Tras permanecer detenido arbitrariamente un mes, estuvo más de dos años bajo arresto domiciliario por presunta “obstrucción a la justicia”.
Raúl, que también está acusado desde 2015 de dos delitos de “invasión de inmueble ajeno”, ha denunciado varias trabas a su derecho a la defensa adecuada, entre ellas la denegación de acceso a su expediente durante meses. Tras examinar el caso que se sigue contra Raúl, Amnistía Internacional no encontró ninguna prueba que respaldara los cargos contra él. A la organización le preocupa que las autoridades paraguayas estén haciendo un uso indebido de la ley para obstaculizar el trabajo de Raúl en favor de familias y comunidades cuyos derechos humanos se están violando.
El informe documenta otro caso emblemático en Perú, donde la policía detuvo el 26 de abril de 2013 a 16 dirigentes comunitarios que hacían campaña para proteger sus tierras y recursos hídricos frente al proyecto minero de Conga, en la región septentrional de Cajamarca. La fiscalía los acusó de secuestro y coacción, y solicitó penas de más de 30 años de prisión.
Amnistía Internacional concluyó que los fiscales basaban sus argumentos en testimonios contradictorios e indirectos, y que no presentaron ninguna prueba de los presuntos delitos durante las vistas públicas a las que asistió la organización. El 28 de marzo de 2017, un tribunal sobreseyó la causa por falta de pruebas.
Amnistía Internacional pide a las autoridades de Perú y Paraguay que reconozcan públicamente la legitimidad del trabajo de las personas defensoras de los derechos humanos en temas relacionados al territorio, el medio ambiente y el acceso a la tierra; que dejen de usar indebidamente el sistema de justicia para hostigarlos y desacreditarlos; que identifiquen y sobresean todas las actuaciones penales infundadas contra ellos; y que investiguen y pongan a disposición judicial a todos los responsables por amenazarles y atacarles.
Además, ambos Estados deben incorporar consideraciones de género y etnicidad en las políticas públicas para proteger a quienes defienden los derechos humanos, y tomar medidas para combatir las causas estructurales de la violencia contra estas personas, incluidas la impunidad, la estigmatización y la discriminación.
Informe de Amnistía Internacional – »Una Receta Para Criminalizar: Personas Defensoras del Ambiente, el Territorio y la Tierra en Perú y Paraguay»
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