El tesoro escondido – El Comercio, Perú
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Tras el último interrogatorio realizado por la fiscalía al ex superintendente de Odebrecht en el Perú Jorge Barata, nuestra clase política ha quedado severamente golpeada.
Según lo que han reportado diversos medios periodísticos, el aspirante a colaborador eficaz ha afirmado que la constructora brasileña realizó ingentes aportes de dinero a las campañas electorales de diversos personajes, incluyendo las del actual presidente Pedro Pablo Kuczynski (US$300 mil en el 2011), del ex presidente Ollanta Humala (US$3 millones en el 2011), del ex presidente Alejandro Toledo (US$700 mil en el 2011), de la ex candidata y actual lideresa de la oposición Keiko Fujimori (US$1 millón en el 2011), del ex presidente Alan García (US$200 mil en el 2006) y de la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán (US$2 millones –según había afirmado antes Valdemir Garreta– para la campaña en contra de la revocación en el 2013).
Además, Barata informó haber entregado unos US$200 mil adicionales para favorecer a Keiko Fujimori en su disputa por la presidencia contra Ollanta Humala en el 2011. Ello, a raíz de una reunión convocada por el ex presidente de la Confiep, Ricardo Briceño. Según ha sostenido luego el actual presidente de la Confiep, Roque Benavides, el gremio empresarial “no hace aportes a los partidos políticos” y la campaña de la Confiep a la que se sumó la empresa brasileña tenía por finalidad “promover la empresa privada”, en el contexto de una campaña presidencial “donde el señor Ollanta Humala era un hombre que hablaba contra el sistema”.
Mientras las declaraciones de Barata son materia de investigación por parte de las autoridades, ha quedado instaurada ya la suspicacia en la ciudadanía respecto de la forma en que se financian los partidos políticos. Y, de comprobarse lo afirmado por Barata, quedaría demostrado que las cuentas declaradas por la mayoría de partidos son apenas una fachada muy mal confeccionada.
Frente a este escenario de comprometedoras revelaciones, uno esperaría que el Congreso estuviera abocado a adoptar las reformas legislativas que promuevan la mayor transparencia y responsabilidad en las finanzas partidarias. De esa forma, las respectivas bancadas podrían empezar a despejar las sombras de dudas que se ciernen sobre varias de ellas o, por lo menos, mostrar un verdadero propósito de enmienda de los errores cometidos en las elecciones pasadas. Sin embargo, el Parlamento no parece haber elegido hasta el momento el camino de la redención.
En cuanto a las fuentes de financiamiento, se ha optado por la vía facilista de prohibir todo aporte de empresas privadas, lo que puede abrir la puerta a esquemas aun más camuflados de contribuciones, mediante la utilización de testaferros, aportes fantasmas o la realización de eventos de recaudación poco fiables. Y en lo que respecta a las obligaciones de reporte y transparencia, se ha quitado la inmediatez en la supervisión a cargo de la ONPE. Así, los partidos políticos tendrán que presentar sus informes económico-financieros anuales recién hasta seis meses después del cierre del ejercicio anual y en el caso de los gastos de campaña, recién hasta 15 días luego de que se haya publicado la resolución que declara la conclusión del proceso electoral. Tampoco se ha previsto sanciones de naturaleza política, como la pérdida de la inscripción, para los candidatos y partidos políticos que infringen estas reglas de financiamiento.
Si los representantes políticos no asumen un rol proactivo para lograr una mejor regulación del financimiento de las campañas, no habría de extrañarnos que en el futuro continúen los caudales oscuros así como las vacuas excusas, en las que el líder de un partido erige su candidatura sobre una pila de dinero mientras alega que era un tesoro escondido a sus ojos.
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