Propuestas ambientales – Entre la ambigüedad y el desdén
En materia ambiental, las propuestas tanto de Acción Ciudadana (PAC) como de Restauración Nacional (RN) distan de ser ideales respecto de los problemas y presiones que sobre el medio ambiente han pesado en los últimos años.
El oficialista Carlos Alvarado ha buscado asir una suerte de posición mediadora ante la expansión del cultivo industrial de la piña, pues se ha abierto a la posibilidad de que esa actividad puede continuar si se respetan las llamadas buenas prácticas. Además, su campaña ha debido hacer frente a un descontento generalizado con la gestión de Luis Guillermo Solís en temas como la pesca de arrastre –a la que se opone– o el acueducto en Sardinal.
Igualmente, desde el ambientalismo ha sido cuestionado por designar en su gabinete a André Garnier, empresario desarrollista vinculado, entre otras iniciativas, al acueducto de Sardinal y al proyecto Azul Paraíso, en playa Ocotal (Guanacaste).
Pero si la posición del candidato del PAC en temas ambientales en algunos casos es firme y en otros ambigua, la de Fabricio Alvarado es de franco desdén.
En su campaña el tema ha estado prácticamente ausente, a excepción de momentos concretos como algunos debates en que ha debido referirse a puntos específicos.
Para tener mayor claridad sobre el enfoque que ambos candidatos plantean hacia la cuestión ambiental, es fundamental analizar las propuestas que cada uno plasmó en su Plan de Gobierno.
Asimismo, es importante tomar en cuenta que al cierre de edición (26 de marzo), Fabricio Alvarado no ha presentado la prometida segunda versión de su Plan de Gobierno.
Por otra parte, el pasado 8 de marzo Carlos Alvarado firmó con el líder socialcristiano Rodolfo Piza el “Acuerdo por la esperanza, la equidad y el desarrollo”, que incluyó propuestas sobre el medio ambiente.
FABRICIO CON LA MINERÍA
Como era de esperar, la propuesta ambiental de Fabricio Alvarado, al igual que los estatutos de su partido y cuanta acción política ha llevado a cabo a lo largo de su carrera, está profundamente permeada por los postulados religiosos a los que ha dedicado su vida.
En las menos de 50 páginas de su Plan de Gobierno, el político evangélico dedica al tema ambiental una página de discurso introductorio y una página y media de “líneas de acción”.
Se trata del apartado denominado “Política de restauración ambiental sostenible”, en el cual apunta que “el mundo se encuentra, actualmente, ante el precipicio de la hecatombe ambiental”, a causa de “el calentamiento global, la contaminación y la destrucción de nuestros ecosistemas”.
Sin embargo, añade que “creemos en la ecología, no en la “ecolatría”. El texto original entrecomilla ese curioso término, del cual no ofrece más definición que aseverar: “Los recursos naturales deben explotarse racionalmente, pero de tal manera que su utilización no degrade su base natural y permita su utilización sustentable”.
Añade que “la protección del medio ambiente es una cuestión colectiva y global, y no meramente un asunto relativo a la plataforma natural de nuestra civilización: no puede haber un ambiente sano sin desarrollo humano, y viceversa”.
De ahí pasa a hablar de la “urgencia” de la prevención y atención de desastres “originados por fenómenos naturales”. En ese sentido, es curioso que en otro apartado del Plan de Gobierno, titulado “Valores, vida y familia”, apunta como línea de acción “fortalecer los vasos comunicantes y de coordinación entre el gobierno de la República, la Comisión Nacional de Emergencias, las iglesias y confesiones religiosas del país, con el fin de mejorar el uso que se hace de sus templos e instalaciones en atención de emergencias, en especial humanitarias, naturales y climáticas”.
En la página y media del programa de gobierno de Fabricio Alvarado que ocupan las líneas de acción propuestas para la “política de restauración ambiental”, figura la pretensión de incentivar una más amplia participación en el programa Bandera Azul Ecológica, “de manera que al cabo del cuatrienio, se haya otorgado este galardón a la mayor cantidad de participantes”.
Una de las propuestas, emanada de su plan, que el cantante, periodista y predicador ha reiterado en algunos debates y es “desarrollar y promover” un proyecto de ley para que “en un periodo de 15 años, el país solo permita la importación de vehículos eléctricos en un plazo de 15 años [sic], y que incluya las medidas necesarias para atender el bache fiscal que ello implicaría –impuesto a los combustibles”, aunque no especifica más en cuanto a ese bache fiscal.
Del mismo modo, Fabricio Alvarado se comprometió con la “aprobación y ejecución” de un proyecto de ley que se discute en la Asamblea Legislativa, el cual fomenta la importación de vehículos eléctricos y su adquisición en el sector público.
El programa de gobierno de Restauración Nacional no apunta ni críticas ni propuestas hacia sectores productivos específicos, pero habla de una “reconversión en el agro”. La idea es que “el país apueste por la producción orgánica orientada hacia la exportación”, hacia lo que aún llama “el primer mundo”.
Una propuesta llamativa y contradictoria es la de “establecer estrictos controles de la fauna peligrosa que se ha instalado en ríos y costas, y que constituyen un grave peligro para la vida y la integridad de las personas que habitan o visitan las zonas cercanas, a través del Minaet y en coordinación con las municipalidades de todo el país”.
La iniciativa no especifica a cuáles especies de fauna se refiere. Bien podría tratarse de la eliminación de individuos que habitan su ecosistema natural y que el candidato considere peligrosos tras la invasión inmobiliaria de esos hábitats.
Por otra parte, habla de impulsar “diversos programas de reforestación y agricultura orgánica” y de una “nueva política pública de fomento, control y aprovechamiento forestal”, que mejore “las opciones del mercado sostenible de la madera en Costa Rica”.
Quizás lo más serio de la propuesta de Fabricio Alvarado –sobre todo si comenzó hablando de la amenaza de una “hecatombe” ambiental y profesando su fe en la “ecología”–, es su idea de un nuevo Código de Minería, que “saldará la deuda pendiente que el país tiene para con sus recursos mineros y geológicos, como el caso del oro o la plata y, en especial, los materiales que se extraen de los ríos y zonas montañosas para la construcción”.
Según dice, con ello dejará “una huella verde para el bienestar de todo el país”, a pesar de múltiples experiencias nacionales que demuestran lo contrario.
Otras propuestas tienen que ver con que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) continúe la producción de electricidad “mediante fuentes limpias y sostenibles”. Sobre el recurso hídrico, propone el “endurecimiento de penas y sanciones relacionadas con la contaminación de los mantos acuíferos y demás fuentes del vital líquido” –algo que dependerá de la Asamblea Legislativa–, así como una política pública de “acercamiento de las comunidades con los ríos o fuentes de agua que están dentro de cada una de las jurisdicciones cantonales del país”.
CARLOS CONTRA EL PETRÓLEO Y GAS NATURAL
En términos generales, Carlos Alvarado basó las propuestas de su Plan de Gobierno en los objetivos de desarrollo sostenible del milenio, gestados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, la cual se celebró en Río de Janeiro en 2012.
En el caso del ambiente, el exministro de Trabajo dedica el capítulo 5 de su Plan de Gobierno al tema, titulado “Un país líder descarbonización y sostenibilidad ambiental”, y expone seis de esos objetivos que busca satisfacer con sus propuestas, como agua limpia, energía asequible y no contaminante, acción por el clima, vida submarina o en ecosistemas terrestres.
En la introducción del capítulo anuncia que “nuestro mayor compromiso y desafío” es con la descarbonización de la economía, mediante una “estrategia agresiva” de reducción de emisiones en sectores clave. Al mismo tiempo, apunta el objetivo de que el país sea resiliente al cambio climático a través de la mitigación, adaptación y gestión de riesgo.
A lo largo de 16 páginas, el texto se ocupa de los ejes temáticos: institucionalidad ambiental, transición energética, patrimonio natural y forestal del Estado, recurso hídrico, contaminación, manejo de residuos e impacto ambiental, cambio climático y mares y océanos.
En lo que respecta a la institucionalidad ambiental, propone una mayor regionalización de instancias administrativas y priorizar la revisión de los marcos legales que rigen sector ambiente: la Ley Orgánica del Ambiente, Ley Forestal, Ley de Biodiversidad y Ley de Aguas.
En cuanto a la llamada transición energética, el candidato del PAC plantea los objetivos de incorporar más energías limpias en la matriz energética, para “eliminar el uso de combustibles fósiles”. Además, propone impulsar fuentes de energía renovables no convencionales.
En este sentido, una de sus principales propuestas es una “reforma integral” a la Ley Orgánica de la Refinería Costarricense de Petróleo (Recope), para que esa institución “impulse la investigación y producción de combustibles alternativos, como biodiesel e hidrógeno” y, así, avanzar en la transformación de la matriz energética del sector transporte.
También propone la prohibición “absoluta y definitiva de la exploración y explotación petrolera y de gas natural en territorio nacional”, para lo cual reconoce que requiere reformar la Ley de Hidrocarburos. Añade que prohibirá explícitamente la tecnología del fracking, que “supone la inyección de millones de litros de agua cargados por un cóctel de al menos 260 químicos”.
Un tema en el que coinciden ambos candidatos, y que el representante del PAC ha insistido en mencionar a lo largo de su campaña, es la transición hacia el uso de vehículos eléctricos. Sin embargo, Carlos Alvarado va más allá, pues además de impulsar la adquisición por parte de instituciones del Estado, buscará “el cambio de las unidades de buses a esta nueva tecnología. Esto nos hará líderes mundiales en la materia”.
Por otra parte, promete conseguir más fondos para el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) para poner en marcha un “plan de mejoramiento y modernización tecnológica” de la institución.
Sobre el vital tema del recurso hídrico, propone un amplio diálogo sectorial con la mira en lograr un nuevo marco legal para la gestión integrada del agua, que debe contar con instrumentos “para la planificación territorial basada en unidad de cuenca hidrológica” y “mecanismos legales de participación ciudadana en la administración del agua. La nueva Ley de Aguas deberá atender a lo estipulado en el expediente de Ley de Gestión Integrada del Recurso Hídrico construida por Iniciativa Popular”.
También habla de “implementar” la Política Nacional de Saneamiento en Aguas Residuales 2016 – 2045, que busca que esas aguas residuales no afecten al medio ambiente ni a la salud.
Carlos Alvarado además propone la creación de un “impuesto verde” a fabricantes e importadores de recipientes de plástico no retornable, aunque no incluiría los envases utilizados en productos de la canasta básica tributaria.
Entre las propuestas relativas al cambio climático, reafirma el compromiso de que Costa Rica sea carbono neutral para el año 2021 y plantea iniciar un proceso nacional de ordenamiento territorial resiliente al cambio climático, que permita “adecuar los instrumentos de planificación y uso del territorio (planes costeros, reguladores, etc) a los diversos escenarios del cambio climático”.
Al mismo tiempo, propone la creación de un Consejo Consultivo Ciudadano de Cambio Climático y un Consejo Científico de Cambio Climático, para cumplir con compromisos asumidos durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 2015 (COP21).
En diversas ocasiones el candidato del PAC ha sido explícito en su rechazo a la pesca de arrastre. Debido a esto, en su Plan de Gobierno, propone un diálogo nacional que busque la reformulación de la Política Nacional del Mar.
También anuncia una reforma al Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (Incopesca), la cual incluye la elección de la junta directiva, “para que no respondan a intereses particulares, sino que garanticen el uso sostenible de los recursos pesqueros y promuevan la protección de especies en peligro de extinción y el adecuado manejo de las diferentes pesquerías”.
El apartado ambiental del acuerdo que Alvarado firmó con Rodolfo Piza consta de diez puntos, entre los que se puede destacar el objetivo de “mejorar la calidad del agua de los ríos más contaminados en un 50%”, para el año 2020. También menciona el compromiso con el Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste.
“Nos aproximamos al 1° de abril en un contexto donde el acto de votar no necesariamente nos permite elegir entre escenarios distintos en temas ambientales”, aseveró.
Afirmó que “sólo unos pocos matices” diferencian los abordajes de ambos partidos, pues ambos lados ofrecen “una agudización en cuanto al esquema de explotación de los entornos naturales basados en el mercado, especialmente, el libre mercado”.
Criticó al Poder Ejecutivo por lo que llamó el avance de una agenda antiambiental en los últimos años, con proyectos de ley que proponen la apertura de Parques Nacionales para su explotación y la creación de infraestructura, la legalización de la pesca de arrastre y de una ley de semillas que limitaría el uso de variedades criollas, así como la reforma de la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente (Setena) para “flexibilizar controles y crear un clima menor regulación”.
Para Picado, un tema importante en esta segunda ronda es “la insistencia de incorporar alianzas público-privadas para la construcción de infraestructura y administración de los servicios públicos”. Al respecto, llamó la atención al hecho de que la Cámara Costarricense de la Construcción y las empresas cogeneradoras privadas “han aprovechado para acercarse a ambos candidatos y establecer pactos que van a generar mayor presión sobre la naturaleza en general y, en especial, sobre los ríos y cuencas”.
“Tanto Carlos Alvarado como Fabrico Alvarado presentan equipos económicos declaradamente abiertos al libre comercio, la apertura en materia energética y la expansión de los monocultivos”, sentenció.
Consideró que Restauración Nacional presenta “regresiones en materia ambiental que son escandalosas”. En específico, “la legalización de la minería de oro a cielo abierto, el incremento de la cuota de generación eléctrica de las empresas privadas de hasta un 40% y el compadrazgo con la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (Canapep) y la Cámara Nacional de Agricultura”.
Por otra parte, criticó a Carlos Alvarado porque “descarta la posibilidad de ordenar la industria destructora de la expansión piñera”, con lo cual, según su criterio, deja de lado la propuesta de las organizaciones ambientales sobre una moratoria nacional.
Concluyó que es con “gran preocupación” que el sector acudirá a las urnas, ya que “se prevén escenarios de mayor conflictividad ambiental indistintamente de quien llegue a Zapote, lo cual nos pone el reto en el sector ambiental de incrementar la apuesta por la organización comunitaria”.
