Macri concede todo lo que la premier británica quiere respecto de Malvinas – Por Jorge Taiana
Por Jorge Taiana*
En septiembre de 2016 en la Declaración Conjunta entre la Argentina y el Reino Unido, nuestro país asumió una serie de compromisos lesivos para el interés nacional. En esa declaración, ambas Partes “acordaron establecer un diálogo para mejorar la cooperación en todos los asuntos del Atlántico Sur de interés recíproco…
En este contexto se acordó adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos… También acordaron el establecimiento de dos escalas adicionales mensuales en territorio continental argentino, una en cada dirección”.
En una carta fechada en agosto de 2016, la Primera Ministra británica Theresa May ya le había pedido al Presidente Macri sumar nuevas conexiones aéreas para las islas “con terceros países de la región”, así como poner fin a las acciones que Argentina venía aplicando contra la exploración y explotación ilegal de recursos renovables y no renovables de nuestro país en el área disputada.
Aquel reclamo de la Primera Ministra May fue transcripto casi textualmente en el comunicado conjunto alcanzado por ambas Cancillerías en septiembre de 2016 y constituye un acuerdo de voluntades y una verdadera “hoja de ruta” que fija compromisos específicos.
El 16 de febrero último, la Cancillería argentina emitió un comunicado de prensa confirmando que “en el marco de las relaciones bilaterales y con el espíritu de proponer acciones positivas en temas de interés común, la Argentina y el Reino Unido han realizado gestiones conjuntas ante los gobiernos de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay a fin de invitar a compañías aéreas de dichos países a operar un vuelo semanal hacia las Islas Malvinas”. Este “avance” en materia de conexiones aéreas viene a satisfacer aquella demanda original de la Primera Ministra británica.
Es importante tener presente que la premura para avanzar en materia de conexiones aéreas con las islas no debe vincularse ni, menos aún, puede justificarse a partir del logro recientemente alcanzado en la identificación de los cuerpos de los soldados argentinos desconocidos sepultados en el cementerio de Darwin, otra de las cuestiones incluidas en el comunicado conjunto de 2016.
En primer lugar, porque se trata de cuestiones de naturaleza ciertamente diferente: logros de estricto orden humanitario no pueden ser objeto de canje por aspectos económicos, tal como da cuenta el Reino Unido al explicar su interés en fomentar vínculos aéreos entre las islas y terceros países. En segundo lugar, porque los recientes resultados de las tareas forenses llevadas a cabo por el equipo especializado de la Cruz Roja Internacional con expertos argentinos es la conclusión de un largo proceso iniciado en abril de 2012 junto al Comité Internacional de la Cruz Roja y el Reino Unido.
El gobierno nacional sabe y no debería perder de vista que, en materia de conexiones aéreas, el gobierno británico solo busca garantizar una nueva frecuencia con “terceros países de la región” que relegaría a la Argentina continental a la condición de “escala” tal como lo estipuló el acuerdo de voluntades alcanzado en septiembre de 2016, al disponer que ambas Partes acordaron buscar conexiones aéreas adicionales entre las Islas Malvinas y terceros países.
Se trata, en suma, de insistir con el mismo formato ya existente con los vuelos semanales de LATAM (ex LAN Chile) que, vale recordar, fueron establecidos a instancias de la Argentina en 1999 luego de que Chile los suspendiera en represalia directa por la decisión del Gobierno del Reino Unido, adoptada en diciembre de 1998, de conceder la apertura del proceso de extradición a España de Pinochet. Desde entonces, es la Argentina quien autoriza la realización de estos vuelos semanales que unen Punta Arenas y las islas, con dos escalas mensuales en Río Gallegos —una en cada dirección— conforme lo estipula la Declaración Conjunta argentino-británica de 1999.
A pesar de la “sutileza” diplomática, los ciudadanos británicos en Malvinas lo aclararon de modo categórico: el punto de partida de cualquier nuevo arreglo con la Argentina es que no podrán establecerse conexiones aéreas con la Argentina continental y la figura de la “escala” les resolvería esa sensibilidad. De esta manera, el Reino Unido y sus ciudadanos en las islas evitan, a cambio de un par de escalas, tener que considerar el objeto de la propuesta argentina presentada en 2003 y renovada desde entonces para establecer un servicio aéreo regular y directo entre las islas y la Argentina continental, operado por una empresa aerocomercial argentina, bajo fórmula de soberanía. Y vale recordar que los dos países mantuvimos largas e intensas negociaciones sobre la propuesta y estuvimos cerca de alcanzar un principio de entendimiento.
En este complejo escenario se suma, además, la insistente demanda británica de que la Argentina autorice el creciente número de vuelos no regulares —chárteres— que existieron durante años y sólo contribuyeron a profundizar la desconexión entre la Argentina continental y las islas al unir terceros países y Malvinas sin tocar nuestro territorio continental.
El objetivo de la política británica en relación a las conexiones áreas es claro y contrario al interés nacional: autonomizar cada vez más a las Islas Malvinas del territorio continental y de su espacio aéreo, evitando un mayor relacionamiento y conexión entre las islas y el territorio continental.
Es por todo lo anterior que debemos estar alertas porque, con este primer paso en cumplimiento del acuerdo de septiembre de 2016, el Reino Unido pretende avanzar en una agenda que procura desmontar los logros obtenidos por la Argentina en años recientes por la sostenida protesta diplomática argentina, el creciente respaldo a los derechos soberanos argentinos en foros multilaterales, el plan de acciones legales implementadas desde el Estado argentino, así como la continua denuncia de la acción unilateral británica en materia de recursos naturales, incluyendo la industria del petróleo.
Estos acuerdos y compromisos asumidos por parte del gobierno de Macri se enmarcan en el cambio de la política exterior, donde resulta fácil observar que se ha perdido firmeza en el reclamo de soberanía y que los avances del Reino Unido sobre nuestros derechos, se han convertido en una constante.
Nos encontramos ante una política tendiente a desmontar las medidas legales que el Estado Argentino puso en vigencia para resguardar sus derechos y proteger sus recursos naturales renovables y no renovables que son apropiados de manera ilegal por acciones expresamente prohibidas por Naciones Unidas.
Este giro en la política hacia Malvinas y las gestiones conjuntas para facilitar los vuelos desde terceros países atentan contra uno de los principales éxitos de la anterior política que logró convertir el reclamo argentino en un reclamo de América Latina en general y de América del Sur en particular, a la vez que debilitan los compromisos asumidos por los países de la región en relación al tema.
El actual clima de acercamiento entre ambos gobiernos y las concesiones, no sólo retóricas, del unilateralismo argentino en una suerte de “amor no correspondido” por la falta de reciprocidad del Reino Unido, deberían ser una más de las líneas rojas que bien conocen nuestros diplomáticos para defender el interés nacional con firmeza y coherencia.
*Sociólogo, ex canciller argentino, vicepresidente del Parlamento del Mercosur
