Argentina | Entrevista a Rubén Fabrizio, director del Clúster de Industrias y Tecnologías de las Energías Renovables
Por Bruno Massare.
El viento de cola se hace esperar para las energías renovables: en un reciente informe al Congreso, el Ministerio de Energía y Minería admitió que no cumplirá con la meta de llegar al 8% de fuentes renovables en la matriz energética que se había establecido por ley. Pese a eso, el optimismo persiste y en el informe se asegura que se llegará al 12% el año que viene.
Actualmente, las energías renovables representan apenas 1,9% del total de la generación eléctrica, casi lo mismo que al momento de sancionarse el régimen de fomento para el sector, la Ley 27.191, de septiembre de 2015. Desde que se realizó la primera licitación, en agosto de 2016, el Programa RenovAr lleva tres rondas en las que se adjudicaron 4.466,5 megawatts (MW) correspondientes a 147 proyectos, a los que se le suman los 10 proyectos del programa anterior (GENREN) y los del mercado a término, que son los grandes usuarios que pueden contratar fuentes de energías renovables mediante contratos específicos. Del total, el viento es el que más empuja: alrededor de la mitad (2.466 MW) corresponden a proyectos de energía eólica.
Pese a los objetivos fijados para la integración local de componentes, el rol de la industria local en las licitaciones de RenovAr ha sido marginal. El director ejecutivo del Clúster de Industrias y Tecnologías de las Energías Renovables de Argentina (CITERA), Rubén Fabrizio, considera que las perspectivas empeoraron: “El marco normativo que se sancionó en el último trimestre del año pasado cierra la posiblidad para el desarrollo de un aerogenerador completo en la Argentina”.
De esta forma, el rol de la industria local en este sector –la Argentina es el único país del hemisferio sur con desarrollos operativos en aerogeneradores– quedaría relegado en el mejor de los casos al de proveedor de componentes de baja complejidad tecnológica –como las torres– para que sean ensamblados por parte de grandes jugadores del sector eólico que se están instalando en la Argentina, como la danesa Vestas.
En una entrevista con TSS –de la que también participó Diego Roger, responsable de Desarrollo Sectorial y Vinculación Tecnológica de CITERA– Fabrizio habló sobre el rol que juegan el financiamiento y la regulación estatal en el sector de energías renovables y aseguró que, en energía eólica, la Argentina no tiene techo en las próximas tres décadas. “Eso da una idea del potencial que tiene para el desarrollo industrial”, dijo.
El Ministerio de Energía y Minería admitió en un reciente informe al Congreso que no se cumplirá la meta de llegar a un 8% de renovables en la matriz energética durante este año, establecida por la Ley 27.191, pero se fijó metas ambiciosas para el año que viene. ¿Qué evaluación hacen de esta redefinición de objetivos?
Fabrizio: Lo que sucede es que la ley se escribió en un momento y se aprobó dos años después, con lo que las metas quedaron desactualizadas, sumado al tiempo que demandaron las licitaciones. Desde nuestro punto de vista no es tan relevante que se cumpla con la meta original, sino que hay un marco normativo que traza un sendero de crecimiento de la actividad de generación de energías renovables que no es el que nosotros planteamos como deseable. Nuestro objetivo, como cámara de industriales, era que se pudiera desarrollar tecnología local. Ese camino no se tomó, así que por ahí pasa nuestra preocupación.
Con respecto a la posibilidad de incorporar tecnología local en las licitaciones de energía eólica, ¿es un camino ya trazado o se podría revertir con medidas específicas?
Fabrizio: Hay un camino clausurado para los fabricantes locales de aerogeneradores, no veo posibilidad de desarrollo. Sobre todo con el cambio de marco que hubo en la Ronda 2 para promover la instalación de tecnólogos extranjeros para ensamblar en la Argentina, como Vestas y varios más. El marco normativo que se sancionó en el último trimestre del año pasado fue negociado con ellos y cierra la posiblidad de desarrollo de un aerogenerador completo en la Argentina. Sí abre la posiblidad de integrar algunos componentes menores, porque el marco obliga a una creciente integración nacional, en una primera etapa con partes como la torre, el ensamblado de la góndola y el hub (buje), y, posteriormente, con otras dos instancias en las que tendrán que integrar un 9% y un 5% de componentes nacionales. El año pasado hicimos una propuesta para generar un marco específico de políticas para que la industria local de este sector pudiera competir, en paralelo con las licitaciones Renovar. Arrancaba con una cuota de unos 120 MW el primer año y llegaba a los 1000 MW en 2025.
¿En qué consistía?
Roger: La idea era que los fabricantes argentinos pudieran hacer su sendero de desarrollo como hicieron Vestas o Siemens Gamesa en sus respectivos países, a partir de una política industrial acoplada a la normativa existente y apalancada con financiamiento. El que aporta el financiamiento elige la tecnología y como todos los proyectos de Renovar se financian con crédito extranjero suelen venir asociados a ciertos requerimientos de organismos multilaterales o por acuerdos con un determinado proveedor, lo que crea una barrera de entrada insuperable. La idea era generar un conjunto de instrumentos, como el financiamiento a través de bonos públicos, que permitirían que la industria recorriese el sendero de aprendizaje para confluir en el año 2025 con costos internacionales. Esto después volvía al Estado, porque no se proponía un esquema de subsidios sino de financiamiento, junto con metas para bajar precios y subir la cantidad de fabricación, que es el otro factor que hace bajar el costo. Con esa propuesta se podía cumplir con una parte de la demanda a partir de los dos tecnólogos nacionales, IMPSA y NRG Patagonia, y un tercero que podía surgir si se llegaba a abrir el mercado: INVAP.
¿Cuál fue la respuesta del Gobierno?
Fabrizio: Al Ministerio de Energía no le interesaba segmentar la licitación porque querían abordar el paquete completo de demanda de energía en cada licitación. Y, claramente, no está en la agenda del Gobierno el desarrollo tecnológico nacional más que como proveedores de partes y componentes de los jugadores internacionales.
Es un esquema que también se ha replicado en otros países de la región, como Brasil…
Fabrizio: Sí, pero en eólica Brasil utilizó el financiamiento del BNDES para exigirle a las empresas a localizarse, entre ellas a Pescarmona de Argentina (IMPSA), para que desarrollasen la cadena de valor con una integración enorme comparada con la exigida en la Argentina. Además, en Brasil no tenían tecnólogos nacionales como sí había en la Argentina, que no solo es una excepción en América Latina, sino que no existe en el hemisferio sur un país con tecnología eólica propia, entendida como el desarrollo de un aerogenerador.
¿Cómo impacta la decisión del Gobierno en estas empresas?
Fabrizio: INVAP tuvo un proyecto de generador de alta potencia hace mucho tiempo, que quedó desactivado. En baja potencia tiene todo un trabajo hecho y está el FONARSEC para el desarrollo de palas, que está activo. IMPSA, con los problemas de deuda que ha tenido y el panorama local, probablemente haya desistido de avanzar en el desarrollo tecnológico de aerogeneradores. Está terminando de entregar lo que tiene comprometido en Parque Arauco, donde ya no forman parte de las nuevas licitaciones. NRG Patagonia está también en la encrucijada de cómo seguir adelante porque es imposible competir sin tener un financiamiento que ofrecer para bajar el costo del proyecto.
¿Quién va a comprar las palas desarrolladas por INVAP?
Fabrizio: No lo sé. Ese desarrollo estaba pensado para las aerogeneradores locales, como los de IMPSA, en un marco distinto. Una vez que terminen hay que ver si alguien se anima a fabricarlas en la Argentina.
El discurso del Gobierno es que la tecnología local no es competitiva en costos y que no puede cubrir la demanda de las licitaciones. ¿Qué tan grande es la brecha con los proveedores del exterior?
Fabrizio: Lo significativo es la escala de la provisión: la industria nacional no está en condiciones de suministrar 700 MW o 1.000 MW por año y por eso propusimos arrancar con una oferta local de 120 MW. Pero hubo una decisión de no apoyar al sector de tecnólogos nacionales porque se salió al mundo a buscar respaldo financiero y ahí se imponen los proveedores internacionales, el financiamiento condiciona. Cuando estas empresas surgieron en sus países tuvieron apoyo del Estado y lo que buscamos nosotros era eso: una política que acompañara a un sector que tenía que ganar escala y mejorar tecnológicamente, sin dudas. Pero estamos hablando de productos funcionales, no de prototipos, y con ejemplos operativos como el de Parque Arauco. Me parece que pasó más por una decisión estratégica.
En un escenario de provisión de partes, ¿qué tipo de proyecciones pueden hacerse tanto por las capacidades endógenas de este sector como por el margen que deja un fabricante internacional para incorporar componentes locales?
Fabrizio: Lo más cercano es la torre, casi por marco normativo, ya que se le asigna un 23% del total del aerogenerador si se la fabrica en la Argentina. Al ensamblado de la góndola se le reconoce un 10% y al del hub un 3%. Eso da un 36%, que supera el umbral del 35% a partir del cual se reconoce el 100% de la inversión en el aerogenerador como nacional. Como el parque de aerogeneradores implica del 70% al 80% de la inversión, eso permite ir con un componente nacional de esa magnitud a un costo fiscal grande, porque los números nuestros dan que se está poniendo desde el Estado como certificado fiscal más de medio millón de dólares por aerogenerador. Es un incentivo enorme y por eso aparecieron tantos interesados en ensamblar aerogeneradores en la Argentina. Además de la torre, a las empresas argentinas les queda la obra eléctrica, la subestación, celdas, transformadores, cables, toda la estructura metálica. Yendo al propio generador, está la pala, que se le asigna un 19% y habrá que ver en qué queda el proyecto de INVAP. El resto de los componentes del aerogenerador están tabulados en la normativa y van del 1% al 5% del total. Hay mucho de grandes piezas fundidas y dependerá de la negociación entre el tecnólogo y la cadena de fabricantes locales.
Roger: Vamos hacia un esquema similar al de la industria automotriz: el que maneja el diseño del artefacto lo hace en función de una estrategia global de partes y después se hace un ensamblado. La diferencia está en que, en el caso argentino, el ensamblado no será para exportar sino para el mercado interno, con lo que en términos de divisas es casi todo salida. La diferencia con otros países que han desarrollado esta industria es que la política de renovables no es una política solo de instalar capacidades de generación, sino que lo han hecho articulando el poder de compra del Estado y las políticas energética, industrial y de ciencia y tecnología.
¿Por qué se lo considera un negocio financiero y también especulativo?
Fabrizio: Porque se diluye el costo del equipamiento con uno o dos puntos de la tasa de interés del financiamiento a 20 años. El peso del instrumento financiero es enorme sobre el valor final del megawatt.
Roger: Es el negocio perfecto porque se hace sin plata. Se hace con financiamiento de bancos, de fondos soberanos y agencias de inversión, que aportan hasta un 90% del dinero del proyecto y el que lo desarrolla pone el resto. Lo que se licita en renovables es un contrato a término por 20 años y el que gana la licitación se compromete a proveer una cantidad de electricidad a un determinado precio. Del otro lado, hay un Estado que se compromete a adquirirlo, con lo que el ganador obtiene un flujo de caja garantizado. Hay especuladores que compran y luego venden a mejor precio, que es lo que ha pasado en la Argentina, y las ventajas son mayores si entramos en el terreno de gente que maneja información privilegiada. El nivel de timba depende de la laxitud de las autoridades con respecto al cumplimiento de los contratos. Cuando empieza el pasamanos de proyectos arranca la especulación.
A determinados proyectos se les ha dado un estándar de crítico, como el Parque Eólico Bicentenario, y en ese caso pueden importar equipos a arancel cero. ¿Tiene justificación?
Fabrizio: Son proyectos que se demoraron y se les permitió eludir los costos de no haber cumplido. El aerogenerador se puso en 14% para que se instale el tecnólogo extranjero a ensamblar en la Argentina. Antes estaba en cero y nosotros veníamos pidiendo desde hace más 10 años que se subiera el arancel porque había desarrollo tecnológico local. Entiendo que ahí hay un conflicto con las empresas que han decidido instalarse y con los fabricantes de torres, porque el aerogenerador viene completo. Hay una contradicción fuerte y no sé si no habrá alguna cuestión legal que analizar, porque hay una resolución ministerial que entra en conflicto con un decreto presidencial.
La tecnología de los aerogeneradores evoluciona hacia equipos cada vez más grandes y hoy es común ver equipos de 4 MW, algo impensado hace algunos años. ¿Qué implica esto?
Roger: Es el sendero de la baja de costos y es la gran carrera que en algún momento se puede perder en el caso de los fabricantes locales, porque una cosa es fabricar un aerogenerador de 2 MW y otra cosa es tener que empezar en el futuro con uno de 10 MW. La evolución del tamaño tiene mucho que ver con el desarrollo offshore en Europa, pero también porque baja el costo unitario y logístico, y sube el rendimiento energético. De todos modos, para países como la Argentina, con mucho potencial onshore, los aerogeneradores de 2 MW siguen siendo una buena opción.
Pero se privilegian los proyectos grandes…
Roger: Sí, porque la visión está puesta en bajar costos y jugar con los grandes tecnólogos extranjeros. La normativa es la que termina definiendo las reglas del juego y la tecnología que se elige.
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