25 países de América Latina firman el primer acuerdo para proteger a líderes ambientales
Después de seis años de intenso trabajo y constantes reuniones, en la noche de este sábado 3 de marzo, en San José, Costa Rica, 25 países de América Latina y el Caribe llegaron a un acuerdo histórico: aprobaron el tratado que materializa el Principio 10, un instrumento que, en pocas palabras, busca fortalecer la democracia ambiental en la región.
Tras intensas jornadas de negociación, que se habían llevado a cabo desde el miércoles 28 de febrero, las comisiones de los países llegaron a varios consensos. La idea es que, con los compromisos adoptados, los gobiernos empiecen a resolver de una mejor manera sus conflictos ambientales. En términos muy breves y sin entrar en detalles técnicos, eso implica que garanticen la adecuada participación social, el acceso a la información y el acceso a la justicia.
En palabras de Natalia Gómez, investigadora de la organización Ambiente y Sociedad y representante del público en la negociación, se trata de un acuerdo histórico que “sienta las bases para que los defensores ambientales tengan mayor protección” y para que exista más democracia ambiental en América Latina.
“Es el primer acuerdo que hace mención expresa a esa posibilidad. Los países se comprometieron a garantizar condiciones para que estos líderes puedan ejercer su labor, sin violencia sin amenazas”, dice Gómez.
Pese a que Colombia se había opuesto en algunos puntos esenciales, como lo reveló El Espectador, la comisión nacional finalmente aceptó adoptarlos. El más discutido, quizás, fue un artículo referente a la posibilidad de que hubiese reservas en el tratado. Es decir, la probabilidad de que un país tomara “reservas” en caso de que considerara que no podía cumplir alguna de las metas. Finalmente, como lo pedía la mayoría de países, se prohibió. “De haberse aprobado ese artículo no habría un estándar regional de cumplimiento”, advierte Gómez.
Otro de los artículos esenciales que había generado dificultades fue el referente a la creación de un comité de facilitación y seguimiento del acuerdo. Al final se acordó la creación de ese grupo, aunque no fue aprobada la propuesta que sugería que la sociedad civil le enviara comunicaciones en caso de que algún Estado estuviese incumpliendo el pacto.
Aunque en principio el pacto lo habían firmado 24 países, en las últimas horas fue incluida Nicaragua que tan solo hacía presencia en calidad de observador.
Para que este pacto, mpulsado por la Cepal, entre en vigor, debe ser ratificado por once naciones en los próximos dos años. En el caso colombiano, la tarea estará en manos de la Corte Constitucional y el Congreso de la República.
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