El Salvador: el Ejercito deberá entregar información sobre niños y niñas desaparecidas durante el conflicto armado
Desde la Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos (Pro-Búsqueda) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), saludamos las decisiones de la Sala de lo Constitucional, que obligan al Ministerio de Defensa de El Salvador y al Jefe del Estado Mayor a entregar a la Sala Constitucional y a la Fiscalía General de la República información sobre los operativos militares “Operación Limpieza”, también conocido como “Guinda de Mayo”, y “Mario Azenón Palma”, también conocido como “Invasión Anillo”, ambos ocurridos en 1982.
Estos operativos guardan directa relación con los casos de las Hermanas Serrano Cruz y otros, y de Contreras y otros, por los cuales el Estado salvadoreño fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), tanto por la desaparición de las víctimas, como por la falta de esclarecimiento de los hechos. Las hermanas Serrano Cruz desaparecieron en el contexto de la Guinda de Mayo, mientras que los hermanos Contreras desaparecieron en el contexto del operativo “Mario Azenón Palma”.
Las históricas decisiones de la Sala de lo Constitucional permitirán avanzar en el esclarecimiento de estas graves violaciones de derechos humanos y, a su vez, aportarán en la construcción de memoria y en la búsqueda de reparación para las víctimas. En sus resoluciones, la Sala de lo Constitucional establece la responsabilidad de la Fuerza Armada de El Salvador en la desaparición de los niños y niñas. También establece la responsabilidad del Ministerio de Defensa y del Jefe del Estado Mayor por la existencia de un “patrón de desinformación al respecto”.
Por lo tanto, la información que debe aportar el Ministerio de Defensa en el cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Constitucional es crucial, para el establecimiento de la verdad de lo que le ocurrió a Ernestina y Erlinda Serrano Cruz y a Serapio Cristian y Julia Inés Contreras, y a otros niños y niñas, que fueron vistos por última vez con vida en el contexto de estos operativos.
Esperamos que el Ministerio de Defensa cumpla a la brevedad posible lo ordenado, lo que contribuirá a su vez a que el Estado salvadoreño avance en el cumplimiento de lo ordenado por la Corte IDH en los casos referidos. Asimismo, esperamos que la Fiscalía General adelante las investigaciones correspondientes para determinar el paradero de estos niños (hoy adultos) y dar así respuesta a estas familias que, habiendo transcurrido más de 30 años, siguen con la esperanza de reencontrar a sus seres queridos. Caso contrario, la Fiscalía deberá analizar los posibles delitos en los que pudiera incurrir tanto el Ministro de Defensa, como el Jefe del Estado Mayor Conjunto; por la negativa a brindar la información solicitada por la Sala.
La Fuerza Armada de El Salvador ha de cumplir con su obligación y asumir un rol activo en la búsqueda e identificación de las víctimas antes señaladas, por lo que exhortamos al Estado para que despeje cualquier obstáculo que dificulte la investigación.
Por último, manifestamos nuestro apoyo a las familias y a sus representantes, resaltando de nuevo su lucha incansable, pieza clave para que hechos de esta naturaleza no se repitan y podamos formar sociedades más justas y democráticas.
