Perú: la CIDH pide informe al Estado sobre el indulto a Fujimori
Alberto Fujimori: Estado citado por CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha solicitado al Estado peruano brindar un informe respecto al indulto humanitario que el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) le concedió al ex mandatario Alberto Fujimori, quien en el 2009 fue sentenciado a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.
Asimismo, la CIDH también le ha pedido al Perú informar sobre los por menores del derecho de gracia a favor del ex jefe de Estado.
Esta nueva convocatoria fue programada para el próximo 2 de marzo a iniciativa de la misma CIDH -con sede en Estados Unidos- en el marco del 167° Período de Sesiones y Audiencias de dicha entidad supranacional.
La audiencia convocada para las 11:30 de la mañana fue denominada “Derechos Humanos e indulto al ex presidente Fujimori en Perú (de oficio), convocada por iniciativa de la CIDH”.
Esta es la segunda diligencia por la que el Estado peruano deberá informar sobre el indulto que le otorgó Kuczynski a Fujimori.
Preocupación
Cabe indicar que ya en diciembre del 2017, la CIDH expresó “su profunda preocupación” y “rechazó” a este indulto.
Como se recuerda, este viernes 2 de febrero la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) -otra instancia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos afincado en Costa Rica- también realizará una audiencia para escuchar las explicaciones del Estado peruano.
La audiencia de este viernes fue a pedido de las víctimas de los Casos Barrios Altos y La Cantuta, por el que Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel.
Amnistía Internacional señala a Corte IDH: Perú no ha justificado indulto a Fujimori
Amnistía Internacional (AI) señaló hoy a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que “el Estado peruano aún no ha presentado elementos que permitan acreditar las condiciones exigidas para la liberación anticipada del expresidente Alberto Fujimori“, beneficiado con un indulto en diciembre pasado.
La organización defensora de los derechos humanos presentó un memorial en derecho como “amicus curiae” ante la Corte IDH, en el que expresó su preocupación por el indulto concedido, dos días antes de la sesión en la que el tribunal interamericano verá el caso del exmandatario peruano condenado en 2009 a 25 años de cárcel.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, declaró, en un comunicado, que “el indulto a Alberto Fujimori ha sido un duro golpe para los derechos humanos en el continente, y particularmente para las víctimas y sus familiares”.
“Es imperativa la exigencia que se haga al Estado peruano para que cumpla de manera íntegra con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos“, agregó.
El exgobernante (1990-2000) fue condenado por la matanza de 25 personas en los casos de Barrios Altos (1991) y La Cantuta(1992) cometidas por el grupo militar encubierto Colina, y por el secuestro de un periodista y un empresario en 1992.
Sin embargo, el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, le otorgó el indulto humanitario el pasado 24 de diciembre, días después de que el legislador Kenji Fujimori, hijo menor del exmandatario, y otros nueve congresistas lo salvaron de la destitución en el Congreso.
Varias organizaciones y entidades estatales como la Defensoría del Pueblo han pedido al gobierno infructuosamente el informe técnico que fundamenta los motivos por los cuales fueron otorgados el indulto y derecho de gracia a Fujimori.
No obstante, el Ministerio de Justicia ha argumentado la reserva del mismo por contener información médica personal, aunque aseguró que lo ha enviado a la Corte Interamericana.
“La liberación anticipada, incluso por razones humanitarias, en ninguna circunstancia debe implicar la extinción de la condena ni representar una medida que perpetúe la impunidad”, expresó Guevara.
Amnistía Internacional estará presente en la audiencia pública que realizará la Corte Interamericana el viernes para supervisar el cumplimiento de sentencias para los casos Barrios Altos y La Cantuta, a la cual también acudirán los familiares de las víctimas y sus abogados.
La Corte Interamericana dictó sentencia en 2001 sobre la responsabilidad del Estado peruano en el caso de Barrios Altos, y cinco años después en el caso de La Cantuta, y ordenó la investigación y sanción de ambas matanzas.
A raíz de esos procesos, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de Perú procesó y sentenció a Fujimori en 2009 por los delitos de asesinato, secuestro y lesiones graves en ambos casos, los cuales fueron consignados como delitos de lesa humanidad.
Texto de las conclusiones del Memorial de Amnistía Internacional enviado a la Corte IDH:
El derecho internacional impone a los Estados una clara obligación de investigar de manera independiente e imparcial las violaciones de derechos humanos y los crímenes de derecho internacional.
El derecho internacional exige también de los Estados que las personas que sean halladas responsables de tales delitos o crímenes sean sancionadas de conformidad a la gravedad o seriedad del crimen, y con el fin de evitar la impunidad y prevenir que actos similares puedan cometerse en el futuro.
Diversos Estados en nuestra región y fuera de ella han avanzado en restringir la aplicación de la figura del indulto o perdón para crímenes de derecho internacional o violaciones graves a los derechos humanos, tanto mediante legislación como en la jurisprudencia de sus tribunales, en casi todos los casos en países que han padecido en sus territorios graves violaciones de derechos humanos o crímenes de derecho internacional.
La jurisprudencia de esta honorable Corte Interamericana, así como de diversos Comités de la ONU, se han manifestado igualmente en contra de la concesión de un indulto o perdón que impida el cumplimiento efectivo de las penas impuestas a las personas encontradas culpables por graves violaciones de derechos humanos o crímenes de derecho internacional.
Por todo lo anterior, Amnistía Internacional hace un respetuoso llamado a esta honorable Corte para utilizar la presente audiencia de supervisión de cumplimiento en los casos La Cantuta y Barrios Altos contra Perú para profundizar en su análisis de la figura del indulto o perdón y aclarar su distinción con la posibilidad de la liberación anticipada, incluso por razones humanitarias, la cual en ninguna circunstancia debe acarrear la extinción de la condena y representar una medida que perpetúe la impunidad.
Amnistía Internacional se encuentra preocupada por los recientes acontecimientos en que las autoridades peruanas concedieron un indulto al antiguo presidente Alberto Fujimori, en tanto el Estado no ha presentado hasta la fecha elementos que permitan suponer la existencia de una enfermedad terminal que ameritara la liberación anticipada. Más aun, las circunstancias en que esta decisión se ha tomado no han permitido tener certeza sobre el alcance del mismo, y si la medida tomada acarrea a su vez la extinción de la condena.
Renuncia de Kenji Fujimori y 9 disidentes deja a FP sin la mayoría absoluta
En conferencia de prensa, Kenji Fujimori y otros nueve congresistas anunciaron su renuncia irrevocable a la bancada parlamentaria de Fuerza Popular (FP), partido que lidera Keiko Fujimori.
De esta manera este partido pierde su mayoría absoluta. FP llegó al Congreso en el 2016 con 73 congresistas. Sin embargo, las parlamentarias Yeni Vilcatoma (no agrupada) y Patricia Donayre (Peruanos por el Kambio) renunciaron meses atrás. Con las diez deserciones confirmadas ayer, FP se queda con 61 escaños. En otras palabras, ya no representa la mayoría absoluta.
El menor de los Fujimori aseguró que él y los demás renunciantes tomaron esta decisión por el “atropello sistemático” del que son víctimas. Incluso, argumentó que desde el partido que dirige su propia hermana se le ha faltado el respeto a Alberto Fujimori, quien fue sentenciado por corrupción, asesinato, entre otros delitos graves y fue indultado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski el 24 de diciembre.
Diez menos
Kenji Fujimori se ha ido de FP junto con Maritza García, Guillermo Bocángel, Estelita Bustos, Sonia Echevarría, Clayton Galván, Marita Herrera, José Palma, Bienvenido Ramírez y Lizbeth Robles.
Esta renuncia conjunta se da un día después de que el comité disciplinario de Fuerza Popular decidiera expulsar de la bancada a Fujimori, García y Ramírez. Días atrás, los hoy disidentes advirtieron: “Sacan a uno, nos vamos todos”. Cumplieron.
“Somos un grupo parlamentario. Vamos a esperar con paciencia que se tumben la ‘ley mordaza’ que viola nuestros derechos parlamentarios. Una vez que se tome esta decisión nosotros vamos a formar una nueva bancada”, anunció Kenji Fujimori.
Asimismo, el congresista resaltó que solicitó la reestructuración de FP ante las dos derrotas electorales de su hermana Keiko, de 2011 y 2016.
“Lo sano es que cambien todos los cuadros del partido y la estructura orgánica de FP, pero eso nunca se dio y, por esa razón, nosotros estamos tomando en cuenta que nunca se nos escuchó en su debido momento”, afirmó Fujimori, quien se retiró sin ofrecer más detalles sobre su decisión.
Acuerdo por el país
Kenji Fujimori y el grupo de congresistas que hoy lidera firmaron un “acuerdo de gobernabilidad” (leer recuadro) con el que dejan en evidencia que apostarán por acercarse al gobierno de Kuczynski. Uno de los puntos dice textualmente: “Respaldar al Poder Ejecutivoen la respuesta inmediata a los problemas que aquejan al pueblo peruano”.
Las reacciones de Fuerza Popular fueron inmediatas.
Cecilia Chacón dijo que “ahora estarán en la bancada todos los que realmente quieren estar en Fuerza Popular”. Asimismo, aseguró que “la renuncia de estos congresistas es una cortina de humo para tapar los casos de corrupción que involucran a Kuczynski con la empresa Odebrecht”.
“Ha nacido la bancada PPK”, añadió Chacón, quien recordó que aún cuentan con la bancada más grande. Claro, reconoció que FP ya no disfruta de la mayoría absoluta. Los números no mienten.
En tanto, Héctor Becerril consideró que FP se beneficiará con la salida de los diez parlamentarios. “Por fin se acaba esta telenovela”, dijo.
Al frente, en la facción kenjista, se respiran –por lo que afirman sus integrantes– aires de libertad e independencia.
Ramírez dijo que estaba feliz de haber “salido de una olla de grillos”. Declaró que los legisladores de FP, antes de hablar de la lucha contra la corrupción, deberían ver en su propio entorno.
La culpa la tiene Keiko
La congresista García culpó a Keiko Fujimori de la renuncia y afirmó que hay más colegas suyos que desean irse, pero que no lo hacen porque tienen miedo a la cúpula de FP.
Confirmada la deserción, lo que Kenji y los demás aguardan es que el Tribunal Constitucional anule la ley que prohíbe formar nuevas bancadas y, de esta manera, poder exigir el reconocimiento oficial del grupo parlamentario.
Por lo pronto, anunciaron que trabajarán juntos, como un solo bloque.
Eso por el lado kenjista. Por el lado de FP, con menos integrantes es posible que en el futuro pierda la presidencia de alguna comisión, siempre y cuando el TC permita la creación de bancadas nuevas.
El congresista de PPK Juan Sheput explicó que la ley que prohíbe la formación de nuevas bancadas sigue vigente y, por tanto, no puede haber una reestructuración interna. El fujimorismo preside actualmente 15 comisiones.
Lo que sí es una consecuencia inmediata es que FP ha perdido poder.
Con sus 61 congresistas, FP no podrá aprobar por sí solo sanciones constitucionales, por ejemplo, en contra de los magistrados del Tribunal Constitucional. Tampoco cuenta con los votos para aprobar nuevas leyes orgánicas o sus modificaciones, entre otros temas.
Pese a este panorama, en el fujimorismo restan importancia a la renuncia del grupo que lidera Kenji. Y tratan de darle la vuelta al mal trago. Becerril alegó, en ese sentido, que es mejor tener un grupo más pequeño pero más cohesionado.
Sin embargo, no es el panorama que FP imaginaba enfrentar cuando, hace un año y medio, se confirmó que dominaría el Congreso, gracias a la cifra repartidora.
Otro golpe a FP
– Golpe. En declaraciones para Sigrid.pe, el oficialista Sergio Dávila, consideró que Fuerza Popular corre el riesgo de perder la Mesa Directiva del Congreso.
– Responde. La premier Mercedes Aráoz rechazó que la renuncia del bloque kenjista sea una cortina de humo para beneficiar al jefe de Estado. Según dijo, Kuczynski no tiene nada que ocultar.
El “acuerdo de gobernabilidad” de la facción de Kenji Fujimori
– Kenji Fujimori y los otros nueve congresistas que ayer renunciaron de manera irrevocable a Fuerza Popular presentaron lo que llamaron un “acuerdo de gobernabilidad”. Fue firmado por todos, según señala el documento, “respetando la responsabilidad y el derecho del Gobierno a su decisión autónoma, y sin renunciar a la obligación de fiscalización y control político”. Incluye los siguientes diez puntos:
1. Reafirmar el diálogo y la reconciliación nacional con el firme propósito de alcanzar un clima de sana gobernabilidad.
2. Respaldar al Poder Ejecutivo en la respuesta inmediata a los problemas que aquejan al pueblo peruano, especialmente en lo relacionado con la seguridad ciudadana.
3. Dar solución inmediata a las urgentes acciones pendientes en favor de los damnificados del fenómeno El Niño costero y, asimismo, fortalecer el proceso de reconstrucción.
4. Desarrollar una política de Estado para la siembra, cosecha de agua y reforestación en los bosques y, también, para impulsar la reactivación del agro.
5. Ejecutar las obras de agua, desagüe y de electrificación que son de urgente necesidad.
6. Incrementar la inversión pública en beneficio de los más necesitados.
7. Promover la inversión privada para la reactivación de la economía.
8. Realizar un debate nacional para el retorno a la bicameralidad.
9. Demandar el respeto pleno a las instituciones de la República e instar a las autoridades a luchar, sin cuartel, contra la corrupción.
10. Defender los derechos fundamentales de las personas a las libertades que la Constitución peruana reconoce y, también, defender los derechos de todos los parlamentarios a la libertad de conciencia, a la libre expresión y al principio de no estar sujetos a ningún mandato imperativo.
