Perú: ¿Año de conflictos sociales, mineros y ambientales? – Por Mariana Alvarez Orellana

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.Por Mariana Alvarez Orellana*

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) peruana anunció, con bombos y platillos, que el Perú era el primer productor de oro en América Latina y el sexto a nivel mundial, pero obviamente se abstuvo de mencionar las ocho decenas de conflictos mineros que existen en el país.

El gobierno, el empresariado y la prensa hacen un gran esfuerzo para presentar un sector minero repotenciado, tras el paro agrario y la protesta de los productores de papa: la revista Semana Económica publicó un artículo («En sacos distintos») en el que concluye que este 2018 los conflictos sociales no serán mineros porque las empresas «han aprendido de sus errores pasados (…).

Añadió que «se han protegido por una sofisticación» de sus estrategias, el «relacionamiento con stakeholders y autoridades locales, difusión de información ambiental sobre sus proyectos y desarrollo de emprendimientos autosostenibles en la economía local».

El Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) explica la reducción de la conflictividad social en zonas mineras a los menores precios internacionales de los metales, a la coyuntura política, marcada por denuncias de megacorrupción, y a la proximidad de las elecciones regionales y municipales. José de Echave, director del OCM afirma que «las estrategias no son nuevas, y por el contrario, lo que veo es poco aprendizaje. Por ejemplo, con las declaratorias de estados de emergencia en el corredor minero».

Estados de emergencia

El 11 de enero, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski declaró el estado de emergencia en el Corredor Vial Minero que comprende Apurímac, Cusco y Arequipa. El decreto supremo señala que se toma esta medida para «evitar actos contrarios al orden interno que afecten el normal desenvolvimiento de las actividades desarrolladas» y para «restablecer el orden interno» en esta zona donde se encuentran los proyectos Las Bambas, Antapaccay, Constancia y Cerro Verde.

Esta declaratoria de emergencia ha sido rechazada por las organizaciones defensoras de los derechos humanos. El OCM, en su último informe (diciembre), alertó que el gobierno de PPK «viene restringiendo derechos constitucionales como la libertad de reunión y libre tránsito». «Ni el Estado ni la empresa han sido capaces de revertir el estado de conflictividad latente ante las demandas en materia ambiental, derechos humanos y desarrollo», añade el OCM.

De Echave precisa que en los últimos dos o tres años, las empresas decidieron invertir menos por lo que la presión en los territorios se redujo. «La conflictividad social está relacionada a la presión que hacen las empresas en sus intentos de avanzar con sus proyectos, pese a que no cuentan con la aceptación social. Pero cuidado: ahora la situación ha cambiado, los precios se han recuperado», señala.

«Comienza a haber una ebullición por avanzar con las inversiones mineras sin que hayan solucionado sus problemas. Van a insistir con lo mismo y se van a encontrar con un rechazo, porque milagrosamente la situación no va a cambiar en Tía María», afirma.

De Echave precisó que se deben diferenciar los conflictos mineros, y que no todos tienen las mismas características. «Hay una visión plana de la conflictividad, estos señores piensan que los conflictos son iguales, ese es un error tremendo. Tenemos conflictos de rechazo y otros de convivencia: no es lo mismo Las Bambas que Tía María. En el primero la gente acepta el proyecto, pero reclama mayores beneficios y condiciones, en cambio en el otro los agricultores lo rechazan porque se sienten amenazados», afirmó el experto.

Contrario a lo que sostiene SE, el economista cree que el 2018 va a ser un año complicado por los conflictos mineros. Estima que «con los actuales precios, varios proyectos se van a reactivar como Río Blanco, Kañaris y otros en Cajamarca. Las empresas van a querer avanzar con sus inversiones sin haber resulto problemas sociales anteriores», dice.

«Construir un discurso de que los conflictos han bajado como consecuencia de la implementación de nuevas estrategias de las empresas mineras no se condice con la realidad», afirma el experto en conflictos mineros.

Amazonia

El Congreso, con mayoría fujimorista, aprobó una norma que declara de «interés nacional» la construcción de carreteras en zonas de frontera en la región de Ucayali, que el presidente Kuczynski dejó que se promulgue automáticamente al no observarla.

Las organizaciones indígenas advirtieron que esto pondría en peligro a los pueblos no contactados ni consultados. Pero ni el Congreso, ni ministros, ni PPK escucharon. Incluso recibieron al papa Francisco con un discurso supuestamente ecologista y defensor de los indígenas; pero en la práctica estaban atentando contra su vida. La Defensoría del Pueblo, en una carta enviada al Ejecutivo, pidió al gobierno «abstenerse de construir carreteras que atenten contra áreas naturales de la Amazonía y la vida

*Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)