Paz en Colombia: el gobierno y el ELN analizan un posible cese al fuego hasta el 7 de agosto
Existe una propuesta de cese al fuego entre el Gobierno y el Eln que iría hasta el 7 de agosto y que se podría ampliar si el presidente electo pacta un preacuerdo después de las elecciones.
La idea, que actualmente están analizando las partes, fue presentada por Carlos Velandia, exmiembro de la dirección nacional del Eln y actual colaborador de los diálogos de paz.
Velandia reveló a PUBLIMETRO la hoja de ruta que planteó para que el quinto ciclo de conversaciones arranque y el proceso de paz que se adelanta en Quito pueda tener una continuidad en el siguiente Gobierno.
“Estamos a poco más de 160 días para que se termine el Gobierno de Santos y necesitamos que se garantice la continuidad del proceso de paz con el Eln”, manifestó.
Por eso diseñó una hoja de ruta que habla de un cese al fuego que iniciaría con un pausa de las hostilidades por parte de la guerrilla y las Fuerzas Militares y que luego daría paso a los acuerdos humanitarios.
El cronograma plantea la creación de dos submesas: en una se evaluaría y diseñaría el nuevo cese al fuego bilateral hasta el 7 de agosto próximo y la otra trabajaría en el diseño del proceso de participación de la sociedad.
Además, el preacuerdo de continuidad del cese al fuego que se pactaría con el presidente electo estaría acompañado por un acuerdo de un ‘proceso en transición’ que garantice los diálogos en el siguiente Gobierno.
Velandia, que durante 10 años ha negociado con varios gobiernos la posibilidad de sentar en una mesa a los miembros del Eln para hablar de paz, cree que es urgente la instalación del quinto ciclo de diálogos para que continúe la desescalada del conflicto en el país.
Acuerdos humanitarios
La finalidad de un cese sería que la intensidad de la violencia bajara en el país. Por eso entre los acuerdos humanitarios de esta propuesta figuran la suspensión de los secuestros y “retención” de personas por motivos políticos ejecutados por la guerrilla. También suspender la siembra de minas y la fabricación de armas. Pero, a cambio, la Fuerza Pública suspendería la detención de guerrilleros que no sean sorprendidos en flagrancia y aumentaría la protección de los líderes sociales en las regiones.
Según Velandia, los negociadores tendrán que dar su visto bueno a esta propuesta en el menor tiempo posible para que los diálogos puedan continuar su curso.
Pese a firma de acuerdo de paz con las Farc, el conflicto creció en algunas zonas del país
El conflicto armado colombiano se intensificó en 2017 en algunas zonas del país pese a la firma del acuerdo de paz con la FARC por la acción de otros grupos ilegales, según se desprende del informe de Amnistía Internacional (AI) 2017-2018.
«A pesar de la firma del acuerdo de paz, el conflicto armado se intensificó en algunas zonas de Colombia como consecuencia de las enfrentamientos armados entre guerrilleros del ELN, grupos paramilitares y fuerzas del Estado que trataban de llenar el vacío de poder provocado por al desmovilización de la FARC», reza el informe de Amnistía Internacional.
Específicamente, se menciona los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander, donde en 2017 persistían los crímenes de derecho internacional y las violaciones de derechos humanos.
Entre esas violaciones mencionan homicidios selectivos de afrodescendientes e indígenas, desplazamientos forzados colectivos, confinamientos forzados de comunidades en sus territorios, reclutamiento forzado de menores, violencia sexual e instalación de minas antipersona.
En su reporte, AI desgrana varios casos como la muerte de trece personas en un combate entre disidentes de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento de Nariño o la presencia de grupos herederos del paramilitarismo en la comunidad de paz de San José de Apartadó, en Antioquia.
Acerca de las minas antipersona, AI asegura que la abundancia de estas sigue siendo «un peligro» para indígenas y afrodescendientes en el Chocó.
Sobre el Eln, también dice que los enfrentamientos con los grupos herederos del paramilitarismo, el mayor de los cuales es el denominado Clan del Golfo, así como con la fuerza pública pusieron «en grave peligro» a indígenas y afrodescendientes.
También recuerda el secuestro de dos periodistas holandeses en El Tarra, departamento de Norte de Santander.
Además, el informe se refiere a la «impunidad por los crímenes cometidos» por la desarmada guerrilla de las FARC en medio del conflicto armado.
Recuerda que las víctimas «exigían garantías» de acceso a la justicia, así del derecho a la verdad, a la reparación y a la no repetición.
A la fecha, «no se habían satisfecho esas demandas y la viabilidad a largo del acuerdo de paz se veía amenazada porque no se habían llevado ante la justicia a quienes habían perpetrado crímenes de derecho internacional, incluidos crímenes de guerra, de lesa humanidad y abusos contra los derechos humanos».
Amnistía Internacional también recoge que las fuerzas de seguridad hicieron «un uso excesivo de la fuerza» que en ocasiones causó la muerte de civiles.
Especialmente, recuerdan el caso de siete campesinos cocaleros (AI dice que nueve) que murieron en medio de una protesta en Tandil, un remoto punto de Tumaco, municipio de Nariño y localidad con más hectáreas de coca sembradas de toda Colombia.
Finalmente, subraya que los defensores de derechos humanos siguen siendo «víctimas de amenazas y homicidios».
Alertan aumento de paramilitarismo en varias zonas del país
representantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en el departamento de Antioquia, subrayaron este miércoles la importancia de visibilizar a la realidad rural de este país, pues, a pesar del acuerdo de paz firmado hace más de un año, la violencia y los abandonos forzados de tierras continúa en muchas zonas colombianas.
La posibilidad de reconstruir una paz real y duradera en este país suramericano precisa de un contexto que lo posibilite, y para ello es imprescindible el apoyo internacional, explicó ayer en Mérida, José Roviro López, representante de esa comunidad, pequeño pueblo creado hace 20 años en la región de Urabá.
Roviro López está en Mérida (España), para participar a partir de mañana en el I Foro Internacional por la Paz en Colombia, el primero que se celebra en este país desde la firma del acuerdo de Paz en noviembre de 2016 y al que asistirán asesores y analistas de las denominadas “Mesas de Diálogo” con las guerrillas de las Farc y ELN.
Entre los asistentes figura el abogado y político español Enrique Santiago, contratado por el gobierno de Noruega para asesorar a las Farc en sus negociaciones con el Estado en la mesa de La Habana, y el profesor de la Universidad Nacional de Colombia, Víctor de Currea, analista del proceso de negociación con el ELN en la mesa de Quito.
En declaraciones a medios de comunicación, López denunció un aumento del “paramilitarismo” en su Comunidad de Paz a raíz del acuerdo de Paz en el país, con más sometimientos, desapariciones y abandonos forzados de tierras.
De unos 1.500 paramilitares “hemos pasado a los 7.000”, aseguró López, quien considera que estas facciones actúan de forma similar a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), con la colaboración de las brigadas militares.
“Tienen todo el comercio dominado con sus vacunas y extorsiones con amenazas de asesinatos”, explicó este delegado, quien recordó que ayer se cumplieron 13 años del asesinato de ocho personas en su comunidad, entre ellas el que fuera líder comunitario Luis Eduardo Guerra.
Esto a pesar de que esta localidad, de unos 2.000 habitantes y ubicada a 600 kilómetros al noroeste de Bogotá, fue creada bajo medidas de protección dispuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El propósito del Foro que comienza este jueves es promover un espacio de diálogo entre organizaciones sociales colombianas y europeas con el fin de elevar propuestas concretas de apoyo a la paz en Colombia y promover una Plataforma de Organizaciones Sociales y personas a título individual que quieran articularse desde una ciudadanía global.
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