La FARC manifiesta a la ONU preocupación por los asesinatos a líderes sociales
FARC manifiesta a la ONU preocupación por asesinatos a líderes sociales e intolerancia en campaña
La máxima dirección del partido político FARC manifestó su preocupación, ante la Segunda Misión de las Naciones Unidas, sobre las garantías de participación política, el asesinato sistemático de líderes sociales y de militantes del partido, así como el clima de intolerancia que se ha generado por parte de fuerzas de extrema derecha “interesadas en impedir la paz y la convivencia, luego de la firma del acuerdo”.
La reunión concluyó coincidiendo en la necesidad de avanzar en un diálogo amplio con los diversos actores políticos, sociales y económicos del país para evitar que siga escalando el ambiente de intolerancia.
Asimismo, se acordó que es necesario incrementar las medidas de seguridad que garanticen el derecho a la movilización social y la participación política de los sectores alternativos.
En el encuentro participaron el candidato presidencial del partido político FARC Rodrigo Londoño Timo, Iván Márquez, Carlos Antonio Lozada, Jairo Estrada, Israel Zúñiga Benkos Biohó, Ricardo Téllez, Victoria Sandino, de Justice for Colombia Mariela Kohon y la ONU la delegación estuvo encabezada por el jefe de la misión Jean Arnault.
Farc propone Pacto por la no violencia en la campaña electoral
Un pacto por la no violencia, el diálogo y la concordia, en la campaña política, propuso el partido de las Farc “ante la falta de garantías para el ejercicio político en Colombia”.
En el comunicado, los cabecillas del exgrupo guerrillero señalan que se vieron obligados a suspender temporalmente la campaña por esa causa y reiteran que “tal suspensión la mantendremos hasta tanto no apreciemos un cambio significativo en las señaladas circunstancias adversas”.
De otro lado, se dirigen a las víctimas del conflicto para “reiterar el compromiso de asumir nuestras responsabilidades y cumplir con los propósitos de reparación integral, en las condiciones señaladas por el Acuerdo Final” del conflicto.
Transcribimos a continuación el citado escrito:
Un rasgo común de todo acuerdo de paz consiste en que quienes han recurrido al alzamiento armado para la transformación del orden social, desisten de él y hacen dejación de armas para transitar a la vida legal y dar continuidad a sus propósitos a través de la contienda política abierta y democrática.
En nuestro caso, suscribimos los acuerdos de La Habana, bajo el entendido que con su implementación se deben generar condiciones para emprender un ciclo de reformas demandadas históricamente por la sociedad colombiana. Como un componente de ellos, se convinieron unas condiciones particulares para nuestra participación política. Reconocemos la aprobación del marco constitucional que dio vida legal al Partido, definió condiciones excepcionales de representación en el Congreso y de financiación; asimismo, la creación y puesta en marcha de la jurisdicción especial para la paz, a la cual -pese a sus notorias alteraciones- nos acogimos.
Hemos cumplido plenamente lo pactado y pese a manifiestos incumplimientos en la implementación del Acuerdo Final, decidimos participar en la actual contienda electoral.
Las restricciones y limitaciones son protuberantes:
-El régimen electoral, clientelista y corrupto, no ha sufrido modificación alguna, pues la reforma político-electoral se desfiguró y ahogó en el Congreso;
-Aún se encuentran en la cárcel más de 500 integrantes de nuestra organización, convirtiéndonos en uno de los partidos surgidos de un acuerdo de paz con mayores presos políticos;
-No hay las suficientes garantías de seguridad previstas en el acuerdo; ni para nuestros integrantes, ni para los líderes sociales, ni para las comunidades en los territorios. El número de militantes nuestros asesinados ya pasa de los 50 después de la firma de Acuerdo Final; en el caso de los líderes sociales, la cifra alcanza 218.
-No se ha producido la transferencia de recursos para la financiación del Partido, ni para la financiación de la campaña.
Aún así, nos hemos puesto a la altura del momento histórico a fin de consolidar la perspectiva de la paz democrática con justicia social, de la reconciliación nacional, y de ofrecer con nuestras propuestas programáticas respuesta a los graves problemas que afectan la economía y la población colombiana. Nuestra candidatura presidencial, en cabeza de Rodrigo Londoño, Timo, y las del Senado y Cámara son la manifestación de ese propósito.
A las condiciones y restricciones señaladas, se le han agregado eventos de orquestado saboteo a nuestra campaña, que trascienden el legítimo derecho al disenso y la protesta, y han derivado en indeseables hechos de violencia política. De no controlarse a tiempo y escalarse, tal y como ha ocurrido en el pasado, pueden conducir a un nuevo genocidio político y al desencadenamiento de un nuevo ciclo de violencia. Tales hechos son auspiciados por estructuras criminales descentralizadas, pero coordinadas, de corte fascista, que encuentran eco en variadas expresiones de la ultraderecha, opuestas sistemáticamente primero a la solución política, y ahora a la perspectiva de superar la guerra hacia una nueva etapa de construcción democrática de la sociedad.
Nos hemos visto obligados a la suspensión temporal de nuestra campaña electoral en los territorios. Tal suspensión la mantendremos hasta tanto no apreciemos un cambio significativo en las señaladas circunstancias adversas.
Mientras tanto, hemos acordado:
-Convocar a los partidos y movimientos políticos, a las organizaciones sociales, a los pueblos étnicos, a los medios de comunicación, a las iglesias, promover y acompañar un acuerdo político nacional para la superación de todo vínculo entre violencia y política;
-Coordinar una reunión urgente entre el Gobierno nacional y nuestro Consejo Político Nacional, a fin de concertar mecanismos y acciones tendientes a generar condiciones al menos aceptables para nuestra acción y participación política;
-Solicitar una reunión con los representantes de los países garantes y con la segunda Misión de Naciones Unidas, a fin de exponer nuestras preocupaciones sobre los problemas diversos de la reincorporación política y la perspectiva del acuerdo de paz;
-Realizar reuniones de consulta e intercambio con las diversas expresiones organizadas de la sociedad civil. Mientras tanto adelantaremos actividades de pedagogía de paz a lo largo y ancho del territorio nacional.
A las víctimas del conflicto, les reiteramos el compromiso de asumir nuestras responsabilidades y cumplir con los propósitos de reparación integral, en las condiciones señaladas por el Acuerdo Final, tal y como esperamos ocurra con todos aquellos que participaron de manera directa o indirecta en la larga y dolorosa contienda militar.
A las gentes del común, a los colombianos y colombianos, les reafirmamos nuestro compromiso por cualificar la contienda política democrática y por luchar con toda la pasión posible por el logro de las transformaciones que reclama nuestra sociedad.
Gobierno crea equipos de investigación para aclarar asesinatos de líderes sociales
El Gobierno creó equipos de investigación y mesas técnicas para esclarecer los homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos, que en lo que va de este año se han cobrado más de 20 vidas, aseguró en las últimas horas el presidente Juan Manuel Santos.
El primer mandatario manifestó durante el saludo al cuerpo diplomático acreditado en Colombia que con esto esperan garantizar la seguridad de los líderes y crear sistemas de reacción en conjunto con diversas autoridades.
Santos agregó que para lograr esto se crearon “50 equipos de investigación” que “han permitido esclarecer 68 casos (anteriores a 2018) y capturar a 115 personas”, con la ayuda de la Fiscalía y la Fuerza Pública.
El jefe de Estado señaló que “las Fuerzas Militares y de Policía están haciendo presencia en todo el país, en especial en las zonas que más padecieron el conflicto, para garantizar el desarrollo, la convivencia pacífica y el progreso”.
Pese a que las cifras varían según la fuente, en 2017 al menos 73 líderes sociales fueron asesinados, según la Oficina en Colombia de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, aunque otras entidades contabilizan más de un centenar.
Por estos hechos la Fiscalía consideró el 6 de febrero que “la amenaza tiene un carácter general en relación con el número de atentados que ha habido contra los defensores de derechos humanos”.
Dos de los casos más recientes fueron el de los líderes sociales Jesús Orlando Grueso y Jonathan Cundumi Anchino, asesinados a tiros el pasado viernes en Guapi, localidad del departamento del Cauca.
