El año inicia con 2545 homicidios y Peña Nieto esconde desapariciones
México inicia el año con 2,545 homicidios
México ha tenido uno de sus inicios de año más violentos. En enero los ministerios públicos de todo el país abrieron 2.156 carpetas de investigación por homicidio doloso con 2.545 víctimas. El Estado con más asesinatos es Baja California, al norte del país. Las cifras colocan al mes pasado con un incremento del 13,6% en las víctimas de homicidios respecto al mismo mes de 2017, según las estadísticas publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la instancia que mide la incidencia delictiva.
El año pasado México rompió el récord en homicidios. Nunca en la historia reciente del país se había matado a tantas personas. En 12 meses se registraron 24,898 carpetas con 28.725 víctimas de homicidio doloso (intencional). Las cifras de 2017 superaron las registradas en 2011, uno de los peores años de la guerra contra el narco en el país que emprendió el expresidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012)..
La administración de Enrique Peña Nieto heredó de su antecesor Calderón Hinojosa un país donde operaban ocho grandes cárteles y 80 células. La estrategia implementada por el gobierno de Calderón, enfocada a capturar a los líderes de las organizaciones, provocó una fragmentación de los cárteles, donde los líderes regionales organizaron sus propias células, según informes difundidos por la Procuraduría General de la República (Fiscalía) al inicio de este Gobierno.
La estrategia de seguridad del Gobierno de Peña Nieto no dio un vuelco radical para desmarcarse de su antecesor. Desde 2013 anunció que su administración se enfocaría en capturar a 122 objetivos prioritarios, líderes de organizaciones criminales, que eran los causantes de la violencia en los Estados del país. A la fecha las autoridades en materia de seguridad ha «neutralizado» (capturado o abatido) a 109 sin lograr disminuir la incidencia delictiva, sobre todo los asesinatos.
En Guerreo, el mismo Estado donde desaparecieron 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa en 2014, la violencia sigue imparable. A principios de febrero dos sacerdotes fueron asesinados. Germain Muñiz e Iván Añorve, murieron a balazos de madrugada en una carretera que comunica las localidades de Taxco e Iguala. El Gobierno del Estado y el federal han instrumentado líneas de acción, pero sin grandes resultados. El año pasado en la entidad la Fiscalía local abrió 2.318 expedientes por asesinatos, donde había 2.530 víctimas.
Informe de México sobre el seguimiento a las recomendaciones del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas
Peña esconde ante la ONU el “desastre” en México por desapariciones, advierten
El gobierno de Enrique Peña Nieto ya advirtió que en éste, su último año de gestión, no permitirá el escrutinio internacional, de manera que casos particulares de desaparición forzada no podrán ser examinados por el órgano especializado de Naciones Unidas.
Como responsable de coordinar el informe para dar respuesta –el pasado martes 13– a las recomendaciones que formuló en 2015 el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED por sus siglas en inglés), el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Miguel Ruiz Cabañas, adelantó una semana antes a un grupo de familiares de víctimas, así como a representantes de organizaciones sociales, que en lo que resta del gobierno de Peña Nieto se mantendrá la negativa a que se realice una visita oficial a México por parte de expertos de la ONU, y tampoco admitirá la competencia del órgano para conocer de casos individuales.
La reticencia del gobierno de Peña Nieto resulta grave ante la posición que guarda México en el CED, es decir, el país al que más acciones urgentes ha dirigido. De las 419 comunicaciones que el órgano de la ONU envió de marzo de 2012 a octubre de 2017, 304 corresponden a México, y 2015 fue el año en el que más acciones urgentes envió al Estado por desapariciones forzadas: 166.
“En el fondo sigue habiendo renuencia a que órganos internacionales vengan a darse cuenta del desastre del país que tenemos y de la tragedia que cada vez es mayor, porque las desapariciones, ya sea forzadas o por particulares, se dan día a día”, comenta Rocío Culebro, directora ejecutiva del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), quien asistió al encuentro con Ruiz Cabañas.
La reunión fue posible luego de que el pasado 26 de enero alrededor de 30 colectivos de familiares de víctimas de desaparición, junto con organizaciones sociales que los acompañan, solicitaron una audiencia con motivo del informe que debe rendir el Estado mexicano ante el CED y que no ha sido compartido con la sociedad civil, como se esperaba.
Según Culebro, bajo el pretexto de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, Ruiz Cabañas argumentó que no era necesario reconocer la competencia del CED y que tampoco se requería una visita de expertos, como lo ha solicitado el órgano desde 2013.
Durante su informe anual ante el Consejo de la ONU, en octubre del año pasado, la presidenta del CED, Suela Janina, recordó que México es el país que más acciones urgentes ha registrado en los últimos cinco años, y desde mayo de 2013 el Comité ha inquirido al país sobre la posibilidad de una visita, “lo cual ha rechazado”.
En marzo de 2015 el CED consideró que en México hay “un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del Estado, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas”, y citó como ejemplo paradigmático el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Entre las 18 recomendaciones que el CED hizo a México –a las que tenía que dar respuesta el martes 13–, urgió a “reconocer la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones individuales e interestatales (…) con miras a reforzar el régimen de protección contra las desapariciones forzadas”.
Pero Culebro dice que Ruiz Cabañas fue enfático en señalar que el gobierno de Peña Nieto “no está en esa disposición, toda vez que ya hay un marco normativo que es la Ley General, a lo que en mi intervención advertí que no es posible que un instrumento que está firmado y ratificado por el Estado mexicano, como lo es la Convención contra la Desaparición Forzada, se use a medias; no podemos decir que aceptamos una parte de este instrumento sí y otros no”.
Además, advierte, “no se puede poner de pretexto las normas internas para no aplicar los tratados internacionales; peor aún, si algo está demostrado en este país es que las leyes no funcionan, las instituciones no funcionan, se necesita la asistencia internacional. Casos como el de Veracruz, en donde están siendo procesados 19 exfuncionarios por desaparición forzada, son muestra de que el Estado mexicano está rebasado”.
En cuanto a la visita solicitada, apunta, el funcionario aseguró que “ellos han sido muy abiertos y ha habido una gran apertura para la visita de relatores y de grupos de trabajo, pero que esto no es necesario, toda vez que hay un plan de trabajo establecido ya entre el CED, lo que para nosotros fue una sorpresa porque no tenemos conocimiento de la existencia de dicho plan, que se comprometió a darnos a conocer la próxima semana”.
La directora del IMDHD resalta que otro punto de preocupación para las organizaciones, los familiares y el propio CED es la necesidad de responder a las acciones urgentes y solicitudes de medidas cautelares, recurrentemente ignoradas por el Estado mexicano.
Al respecto, el funcionario de la Cancillería les comentó “que iban a ver cómo darle cauce, junto con la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República; que iban a analizar el procedimiento para tomar en cuenta esas acciones urgentes” que de manera recurrente no son atendidas.
El IMDHD e IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, han formulado al menos siete solicitudes de intervención del CED, que ha emitido seis acciones urgentes y medidas cautelares en beneficio de al menos 130 personas, entre desaparecidas e integrantes de colectivos de búsqueda, quienes no han tenido una respuesta adecuada.
Uno de esos casos es el de seis jóvenes detenidos en operativos de las llamadas Fuerzas Tácticas –integradas por policías estatales, de la Agencia Veracruzana de Investigación (AVI), de la Secretaría de Marina y elementos del Ejército Mexicano–, realizados entre el 6 y el 11 de diciembre de 2013 en la colonia Formando Hogar en Veracruz. Las acciones urgentes y medidas cautelares del CED se emitieron a favor de Yonathan Isaac Mendoza Berrospe, Víctor Álvarez Damián, Marco Antonio Ramírez Hernández, Pablo Darío Miguel Hernández, José Armando Cortés Rioja y Marisa Arrioja Reyes. (Proceso 2050).
Perla Damián Marcial, madre de Víctor Álvarez, quien estaba a punto de cumplir 17 años cuando fue sacado de su trabajo, el 11 de diciembre, lamenta que las acciones internacionales no sean atendidas por el Estado mexicano.
“Lo que ordena la ONU es que nos brinde protección, porque nosotros andamos en las fosas, y que se localice a los muchachos, pero las autoridades no hacen nada”, se queja Damián, integrante del colectivo El Solecito de Veracruz.
La madre de Víctor dice estar convencida de que entre los responsables de la desaparición forzada de su hijo y de los otros muchachos están los 19 expolicías del gobierno de Javier Duarte.
“Al final de cuentas, el responsable es Javier Duarte, eso lo hemos dicho siempre y eso es parte de la investigación que tiene que llevarse a cabo y que ni las autoridades federales ni las estatales quieren hacer”, denuncia Perla Damián.
A su vez, Juan Carlos Gutiérrez, director de IDHEAS, considera que hay una política de tratamiento de los tratados internacionales hacia afuera, que es incompatible con su aplicación a nivel interno.
El defensor recuerda que la negativa del gobierno de Peña Nieto a aceptar la reconvención de órganos internacionales fue evidente en una minuta sobre medidas cautelares y acciones urgentes del CED a favor de 117 personas desaparecidas, reclamadas por la organización “Los Otros Desaparecidos de Iguala”, firmada el 21 de enero de 2015 por funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob), Cancillería y la Procuraduría General de la República (PGR), entre ellos Sara Irene Herrerías, quien entonces era titular de la Unidad para la Defensa de Derechos Humanos de la Segob y ahora funge como subprocuradora de Derechos Humanos.
En dicho documento los funcionarios sostienen que “las medidas requeridas por el Comité (CED) tienen un carácter de recomendación y no implican obligación alguna por parte del Estado Mexicano”.
Comenta Gutiérrez: “Al final pudimos dar protección a los familiares de los 117 desaparecidos, entre ellos Mario Vergara, a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero no porque se cumpliera con el tratado internacional”.
Y puntualiza que casos como el de Veracruz y de Iguala demuestran que “la política de Cancillería de incumplir las medidas está generando un impacto entre las autoridades que desconocen los tratados internacionales porque en los hechos se niegan a aceptar el cumplimiento de las medidas cautelares, pero a nivel internacional lo que contesta Cancillería a la CED es que se están realizando las acciones de búsqueda de desaparecidos”.
