Ecuador: Moreno se reúne con los observadores de la OEA y Unasur en la previa de la consulta popular
Presidente de Ecuador se reunió con delegaciones de observadores electorales de la OEA y Unasur
El presidente Lenín Moreno se reunió este viernes en esta ciudad portuaria con representantes de las misiones de observadores Electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) con quienes trató temas relacionados con el plebiscito del próximo domingo.
La canciller María Fernanda Espinosa señaló que durante el encuentro, que tuvo lugar en el Gobierno Zonal de esta localidad, el mandatario le garantizó a las delegaciones total apertura para desarrollar su labor en el día de los comicios.
Leonardo Valdez, jefe de la misión de Observadores de la OEA, indicó que ha visto con satisfacción cómo las autoridades de la función electoral han venido acogiendo en el transcurso de los últimos procesos las recomendaciones en cuanto a seguridad, logística, entre otros temas.
Indicó que el próximo lunes tienen previsto entregar su informe de recomendaciones de la evaluación que realicen al proceso de este domingo.
De su parte, Roberto Conde, representante de la misión de Unasur, indicó que están presentes con 30 observadores que harán presencia en seis zonas que aglutinan al 62% del padrón electoral.
Indicó que una de esas zonas es la provincia de Esmeraldas, donde en días pasados se produjo un atentado con explosivos, lo que provocó la declaratoria de Estado de Excepción, específicamente en el cantón San Lorenzo, donde ocurrió el hecho.
Durante su permanencia, las delegaciones internacionales han mantenido reuniones con autoridades del CNE, así como representantes de organizaciones políticas, sociales, académicos, entre otros actores que promocionan el voto por las dos opciones.
Finalmente los voceros llamaron a los actores políticos y a la población a desarrollar la jornada del domingo en calma y a cumplir con su compromiso democrático.
No habrá ‘exit poll’ el 4 de febrero; encuestadoras, sin contratos
Aunque el Centro de Investigaciones y Estudios Especializados (Centroinvest) y el Instituto de Estudios Sociales de la Opinión Pública (Iesop) están calificados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para realizar mañana las encuestas a boca de urna o exit poll durante la consulta popular, este trabajo estaba ayer descartado por las dos empresas, por lo que solo se conocerían los resultados del servicio de conteo rápido contratado por el CNE.
Representantes de ambas encuestadoras indicaron que la decisión de no participar en el plebiscito ya fue comunicada al CNE. Las razones: la falta de presupuesto y de contratos.
Mónica Encalada, directora financiera de Iesop, manifestó que la empresa no cuenta con el presupuesto y que se inscribieron ante el CNE como prevención en caso de haber podido participar mañana.
Mientras que Sebastián Álvarez, consultor de Centroinvest, explicó que no harán exit poll porque no tienen un contrato.
Nubia Villacís, presidenta del CNE, dijo que, hasta la mañana de ayer, las dos empresas no habían entregado una muestra matemática sobre el margen de error que manejarán en el proceso que, según el reglamento, es de más menos 3%. “Estamos esperando porque de eso depende, no sabemos si van a trabajar o no el día de las elecciones para la actividad para la cual se han registrado”.
La titular del CNE estuvo ayer en Guayaquil en el inicio del voto en casa de las personas con un porcentaje de discapacidad superior al 75%: 756 ciudadanos, de los cuales 122 eran de la provincia del Guayas.
Es la sexta vez que se realiza este proceso, pero la segunda a escala nacional, y la novedad de ayer fue la inclusión de centros geriátricos de Guayas y otras provincias. En Guayaquil, por ejemplo, una junta receptora se instaló en el Hogar del Corazón de Jesús de la Junta de Beneficencia, donde tenían previsto sufragar 82 adultos mayores (40 hombres y 42 mujeres).
Rita Zambrano y Fernando Mora, ambos en silla de ruedas, fueron los primeros en insertar en las urnas sus votos cerca de las 09:20. Estaban felices y mostraron sus certificados.
Otros, como Carlota Piedrahíta, una profesora jubilada, agradecieron su inclusión en el proceso electoral. “Muchas gracias por haber oído nuestra voz, por tomarnos en cuenta y poder sufragar, es algo hermoso y tengan la seguridad que nuestro voto ha sido muy bien pensado”.
En Pichincha, al menos cien personas estaban inscritas para el voto en casa.
El proceso fue inaugurado a las 06:00 por los vocales Mauricio Tayupanta y Ana Marcela Paredes, en la delegación electoral en Quito, quienes se trasladaron hasta los hogares de Luis Panchi, que tienen una discapacidad, y de Hernán Araujo, adulto mayor de 87 años. En el centro geriátrico Santa Catalina debían sufragar doce personas.
Según el titular del Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis), Xavier Torres, hay 475.000 personas con discapacidades empadronadas, pero solo 756 iban a recibir a la Junta Receptora del Voto Móvil para ejercer su derecho al sufragio.
Estos votos se mantenían en un sobre cerrado de color negro y serán abiertos mañana, a las 17:00, junto a las de las personas privadas de libertad que sufragaron el jueves pasado.
El CNE cumple ‘Voto en casa’ de consulta popular
Los mayores de 65 años y con discapacidad física superior al 75 por ciento, pudieron votar tanto en sus domicilios como en centros geriátricos en las 24 provincias del país y por adelantado, gracias a un trabajo conjunto entre el Consejo Nacional Electoral, CNE, y el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacitades, Conadis.
La titular del organismo electoral, Nubia Villacís, inauguró la jornada en Guayaquil en la Delegación Provincial Electoral.
«Ecuador está viviendo una fiesta democrática», declaró en su intervención, la presidenta del CNE y resaltó que el ‘Voto en casa’ abarca a 756 personas, a escala nacional, que cumplen las condiciones para beneficiarse de este programa.
Señaló que, para este propósito, se habilitó una Junta Receptora del Voto, JRV, móvil integrada por servidores electorales con el acompañamiento de la Policía Nacional. Posteriormente, el paquete electoral fue transportado por miembros de las Fuerzas Armadas.
La iniciativa ‘Voto en casa’ surgió en 2013 como un proyecto piloto en una sola provincia; sin embargo, ahora se realiza a nivel nacional. Según Ana Marcela Paredes, vicepresidenta del CNE, desde ese año se ha buscado “ampliar el derecho al voto y llegar a más electores”.
Jornadas
El proceso de votación se ha dividido en tres jornadas y comenzó el jueves, cuando pudieron ejercer su derecho al sufragio aquellas personas privadas de libertad.
Ayer lo hicieron las personas mayores y discapacitadas, y mañana lo hará el resto de la población, así como los que residen en el exterior, donde 400.000 electores pueden acudir a votar voluntariamente.
Desde la medianoche del jueves, se inició el período de silencio electoral, por el que queda prohibida cualquier campaña o promoción de las opciones en la elección, así como de aplicación de la Ley Seca por la que no se podrán vender ni consumir bebidas alcohólicas hasta el mediodía del próximo lunes, según lo dispuesto por el CNE.
El Director de la Delegación Electoral de Guayas, Marlon Lanata, señaló que el CNE garantiza el desarrollo de un proceso electoral seguro y eficiente. Resaltó que el ‘Voto en geriátricos’, que también se realizó ayer, permitirá devolverles la posibilidad de sufragar a los adultos mayores. (EFE-Andes) (I)
Despliegue de uniformados
Decenas de miles de uniformados, militares y policía participan en el despliegue de cara a la consulta popular de mañana, para garantizar la seguridad en los colegios electorales y el traslado de las urnas a las 35.108 Juntas Receptoras del Voto, JRV, que se instalarán a nivel nacional. Miembros de las Fuerzas Armadas acompañan la distribución de los paquetes electorales que inició el lunes de la semana pasada.
Para la jornada electoral, se cuenta con el Sistema de Transmisión y Publicación de Resultados, STPR, que permitirá que las actas de escrutinio de cada JRV sean escaneadas y enviadas desde los Recintos de Transmisión y Publicación de Actas de todo el país. Con esta nueva modalidad, la información se procesará inmediatamente en los Centros de Procesamiento de Resultados, CPR, de cada provincia. (I)
Observadores de OEA y UNASUR
El presidente Lenín Moreno se reunió ayer en Guayaquil con representantes de las misiones de observadores Electorales de la OEA, y de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, con quienes trató temas relacionados con el plebiscito. La canciller María Fernanda Espinosa señaló que, durante el encuentro, el Mandatario garantizó a las delegaciones total apertura para desarrollar su labor en el día de los comicios.
Leonardo Valdez, jefe de la misión de la OEA, indicó que ha visto con satisfacción cómo las autoridades de la función electoral han venido acogiendo en el transcurso de los últimos procesos las recomendaciones en cuanto a seguridad y logística, entre otros temas.
Indicó que el próximo lunes tienen previsto entregar su informe de recomendaciones de la evaluación que realicen al proceso.
¿Cuáles son las siete preguntas del referéndum y la consulta popular del 4 de febrero del 2018 en Ecuador?
Este domingo 4 de febrero del 2018 será la consulta popular y referendo que propuso el presidente Lenín Moreno. Los ecuatorianos tendremos que escoger entre el sí o el no en siete preguntas que abordan temas sobre la lucha contra la corrupción, reelección indefinida, Consejo de Participación Ciudadana, protección a la niñez, minería, plusvalía y el Parque Nacional Yasuní.
En Afull te explicamos cada una de las siete preguntas de la consulta popular y qué cambios se proponen con ellas:
Pregunta 1 sobre la lucha contra la corrupción
“¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador, para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país, y con la pérdida de sus bienes, según lo dispuesto en el Anexo 1?”
Según explica el constitucionalista Ismael Quintana en una entrevista con Diario EL COMERCIO, esta pregunta busca que funcionarios públicos y personas particulares reciban una sanción cuando cometan alguno de estos delitos: Cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita, lavado de activos, testaferrismo y delincuencia organizada.
El objetivo de esta pregunta es que las personas que hayan cometido alguno de estos delitos reciban una sanción civil, esto implica que no podrán presentar ninguna candidatura a cargos de elección popular, no podrán ejercer ningún cargo público y tampoco podrán suscribir contratos con el Estado.
Pregunta 2 sobre la reelección indefinida
¿Para garantizar el principio de alternabilidad, está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015, según lo establecido en el Anexo 2?
En la Constitución ecuatoriana, aprobada en 2008, se defendía el principio de alternancia, es decir que una persona con un cargo público no podía permanecer en el poder más allá de un periodo determinado. Pero en 2015, con aprobación de la Asamblea Nacional se permitió la reelección indefinida.
El objetivo de esta pregunta es que las autoridades de elección popular puedan ser reelegidas una sola vez, consecutiva o no. En el caso del Presidente permanecerá cuatro años en sus funciones y solo podrá ser reelecto una vez. El primer mandatario Lenín Moreno propuso esta pregunta por la siguiente razón: “Los que quieren reelegirse no piensan en el futuro del país, sino en el próximo período”.
Pregunta 3 sobre el Consejo de Participación Ciudadana
¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el período constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos de acuerdo al Anexo 3?
Para explicar esta pregunta es primordial definir qué es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Esta entidad autónoma busca fomentar la participación de los ciudadanos en promover los derechos de participación, el control social de lo público, rendición de cuentas, investiga casos que afecten a la participación ciudadana y el interés público o que generen corrupción. Además, designa a las autoridades de control que son: Fiscal, Procurador, Contralor, defensores Público y del Pueblo, superintendentes, jueces electorales y constitucionales, Consejo Nacional Electoral y Consejo de la Judicatura.
El Cpccs fue creado en el 2008, con la Constitución de Montecristi, en este documento se determinó que los poderes del Estado se dividían en cinco, antes solo eran tres, uno de estos cinco poderes precisamente fue el Consejo de Participación Ciudadana. Está conformado por siete consejeras y consejeros, ellos son escogidos entre representantes de organizaciones sociales y ciudadanos de manera individual.
Con esta pregunta el Gobierno busca reconfigurar el Cpccs y que sus representantes sean electos mediante votación y no por un concurso de oposición y méritos como se lo había hecho hasta ahora. Si se aprueba esta pregunta, los miembros del Consejo serán cesados y reemplazados por un Consejo de Transición. Este último, tendrá la posibilidad de evaluar el trabajo de sus predecesores.
Pregunta 4 sobre Sobre protección a la niñez
¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, según el anexo 4?
El contexto de esta pregunta viene acompañado de escandalosas cifras de abuso sexual en el país. Entre 2014 y 2017, se reportaron 13 671 denuncias por este delito. Según estadísticas del Plan Internacional por la Niñez en Ecuador, seis de cada 10 víctimas de abuso en el país son niños, niñas y adolescentes. Buena parte de estos casos se dieron en el sistema de educación. “Cuando tenemos 919 denuncias en los planteles educativos relacionadas con violencia sexual quiere decir que no estamos frente a un tema aislado. Tenemos que enfrentar como sociedad a una violencia estructural”, aseguró en un conversatorio con EL COMERCIO el ministro de educación Fander Falconí.
“El acceso a la justicia, incluso hoy, es muy difícil. Es por eso que una de las causas de que las víctimas no rompan el silencio es la impunidad; la lentitud en los procesos de la justicia”, aseguró en el mismo conversatorio Amparo Molina, vocera de los afectados por abusos en el colegio Aampetra. En Ecuador, son imprescriptibles (delitos que no vencen con el paso de los años) las infracciones de agresión a un Estado, el genocidio, los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas, peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito y las acciones legales por daños ambientales.
Pregunta 5 sobre minería metálica en áreas protegidas
¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos, de conformidad con lo establecido en el Anexo 5?
Actualmente en la Constitución del Ecuador, se prohíbe la actividad extractiva en áreas protegidas y zonas intangibles. El elemento nuevo sería la prohibición de la minería metálica en centros urbanos.
En enero de 2017, un socavón descubierto en una escuela de Zaruma terminó con el colapso de la edificación. El presidente Lenín Moreno declaró el Estado de Emergencia en el cantón pocos meses después. Los estudios de la Secretaría de Riesgos declararon que las galerías de minería ilegal debajo de la ciudad estaban causando que algunas estructuras colapsen.
De igual manera, se plantea sustituir el artículo 54 del Código Orgánico de Ambiente que detalla dicha prohibición dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. En el texto se incluirá: “Se prohíbe todo tipo de minería metálica en cualquiera de sus fases en áreas protegidas, centros urbanos y zonas intangibles”.
Para William Sacher, académico y experto en temas de ambiente, este sería un cambio a nivel político y no jurídico, pues “en la Ley de Minería y sus reformas se está ya prohibiendo la minería en áreas protegidas, zonas intangibles y zonas urbanas”.
Pregunta 6 sobre la Ley de Plusvalía
¿Está usted de acuerdo con que se derogue la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, conocida como “Ley de Plusvalía”, según el Anexo 1?
La definición de plusvalía, según el diccionario económico de la Universidad de Oxford, corresponde al “incremento en el valor de activos”. Para el caso inmobiliario, se entiende por plusvalía el aumento del valor de un bien por causas externas. Por ejemplo, por obras municipales, vías nuevas, sistemas de transporte público, infraestructuras cercanas, entre otros.
El Ejecutivo justifica esta pregunta por un decrecimiento del 1,7% en la industria de la construcción de viviendas durante el segundo trimestre de 2017, según datos del Banco Central del Ecuador. Por ello, con la pregunta 6 se plantea derogar la Ley Orgánica para Evitar la Especulación Sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, aprobada durante el gobierno de Rafael Correa. Según los ponentes de la consulta, dicha norma ha sido perjudicial para la reactivación económica del país.
Juan Proaño, del Colectivo Constructores Positivos, respalda el voto por el sí en esta pregunta. “Para tratar todos los aspectos de plusvalía, nosotros ya tenemos todos los mecanismos en las leyes existentes. El Cotad, la Ley de Ordenamiento Territorial y la Ley de Eficiencia en la Contratación Pública. En todas estas leyes ya hay mecanismos específicos para evitar la especulación y para captar plusvalías”.
Pabel Muñoz, asambleísta por Pichincha, aboga por el no en esta pregunta; sostiene que la Ley para Evitar la Especulación Sobre el Valor de las Tierras y la Fijación de tributos es positiva para evitar abusos. Desde su perspectiva, “la plusvalía puede ser captada con dos mecanismos: unos que no son impositivos, que tiene que ver con cómo los municipios organizan la construcción y el uso del suelo en las ciudades; y otros que sí son impositivos”.
Pregunta 7 sobre la extracción petrolera en el Yasuní
¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas?
La pregunta plantea reducir a 300 hectáreas, de las 1 030 inicialmente autorizadas por la Asamblea Nacional, el área donde se puede realizar explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní. El Ministerio de Hidrocarburos ya ha trazado un mapa para expandir la zona de protección en caso de que gane el sí en esta pregunta. José Fuentes, catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y experto en petróleos, explica que “ninguno de los límites planteados involucra a corto plazo la modificación de las áreas que en este momento están en explotación”.
Esperanza Martínez, de Acción Ecológica, destaca la fragilidad del ecosistema y la importancia dentro de los sistemas de biodiversidad y asegura que la extracción de crudo en una zona como esta es algo de lo que no se tiene antecedentes en el país. “Cualquier proceso petrolero en un ecosistema de este tipo es mucho más complejo que lo que en su historia petrolera el Ecuador ha logrado manejar”.
