Perú: comunidades indígenas usan drones para vigilar el ambiente en la Amazonia
Petróleo en el agua: el uso de la tecnología para luchar contra un legado tóxico
Por Dan Collyns.
Armados con conocimientos territoriales, botas de goma y ahora smartphones y drones, los indígenas amazónicos en Perú están haciendo lo que muchas compañías petroleras estatales y privadas han dejado de hacer: reportar con el uso de tecnología los derrames de petróleo que han contaminado su territorio en la selva durante décadas.
Decenas de miles de indígenas en la Amazonía peruana luchan contra un legado tóxico dejado por la extracción de petróleo. La contaminación sigue siendo un tema de interés global y, recientemente, en diciembre de 2017, fue el eje central de la reunión de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Mientras tanto, en el distrito de Trompeteros, en la región de Loreto, Fidel Sandi de 33 años, líder indígena de la comunidad achuar de San Cristóbal, sumerge un palo en el suelo esponjoso de un pantano de palmeras y observa como el crudo emerge a la superficie y deja un brillo aceitoso en el agua.
“Esto es petróleo que ha sido enterrado. No es muy profundo y la compañía dice que esta área ha sido remediada”, dice Sandi, entrecerrando los ojos por la intensidad del sol mientras levanta la vista hacia las palmas que sobresalen.
“Pero pueden ver que no es verdad, los árboles se están secando, la gente recolecta fruta aquí para el mercado, hay animales que se cazan aquí, pero todo está contaminado”, suspira con una mezcla de ira y exasperación.
Su comunidad aún recolecta los frutos de la palma de aguaje y caza pecaríes en este pedazo de humedal, que forma parte del Lote petrolero 8 que ha sido concesionado a Pluspetrol, el mayor productor de petróleo y gas en Perú por los últimos 15 años. Un letrero de la compañía indica que el área fue remediada ambientalmente en el 2009 pero, para Sandi, los depósitos de crudo que detectan al sumergir algo tan simple como un palo evidencian que el trabajo se hizo a medias, que se maquilló la situación y por lo tanto la cadena alimenticia continúa contaminada. La perforación petrolera comenzó alrededor de su pueblo en la ribera del río Corrientes, en la zona más septentrional del Perú, antes de que naciera Sandi.
Pero hoy este líder indígena achuar y sus compañeros han encontrado en sus teléfonos celulares o smartphones a un nuevo aliado. Con esta tecnología pueden reunir evidencias fotográficas y grabar videos georeferenciados para informarle al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) sobre la contaminación que detecten. Fidel Sandi mira a la pantalla, tocándola tentativamente con el entusiasmo de un niño frente a un juguete nuevo.
“Durante mucho tiempo, las compañías le mintieron a mis ancestros (sobre la contaminación) pero ya no pueden mentirnos más”, le dijo Sandi a Mongabay Latam. “Si la empresa miente y dice que la tierra está remediada ambientalmente, podemos probar si está mintiendo o no. Tengo el derecho porque este es mi territorio”.
Aliados de la tecnología
La contaminación y el encubrimiento del petróleo no es solo un problema para esta aldea Achuar, sino también para las comunidades hermanas ubicadas río arriba, en la vecina cuenca del río Pastaza; para los Kichwa en el río Tigre, y los Kukama y Wampis en los ríos Marañón y Santiago.
Por eso un grupo de monitores ambientales —doce hombres jóvenes— han viajado desde todos estos lugares a San Cristóbal con un equipo del Instituto Internacional de Estudios Sociales, ISS, de la Universidad de Erasmus, en Rotterdam, Holanda y la ONG Digital Democracy para aprender a utilizar un conjunto de herramientas tecnológicas.
“Con internet y drones podemos obtener imágenes desde las profundidades de la Amazonía y trasladarlas a las salas de reuniones de las empresas en cuestión de segundos, algo que antes podía tomar días o semanas”, dice Gregor MacLennan, de la ONG, mientras les muestra a sus alumnos lo que el uso de una tecnología como el DJI Mavic Drone puede hacer cuando vuela desde lo alto del cielo sobre una laguna o recorre un campo de tanques de almacenamiento de petróleo.
“El objetivo de este trabajo es recopilar información sobre derrames de petróleo y contaminación existente y que las comunidades puedan enviarla al gobierno y mostrarles lo que está sucediendo. Luego hacer un seguimiento de los procesos políticos de apoyo y asegurarse de que las empresas operen dentro de la ley”, le dijo a Mongabay Latam.
Y luego agregó MacLennan que “el mundo moderno ya está aquí representado en las compañías petroleras. Los pueblos indígenas deben poder luchar en igualdad de condiciones”, refiriéndose al uso de esta tecnología..
Rafael Rojas, a cargo de la supervisión de hidrocarburos en OEFA, dice que los drones “ayudan a determinar las áreas afectadas con mucha mayor velocidad y precisión”, cuando hay un derrame de petróleo. Hubo decenas de derrames en 2016 particularmente relacionados con el ducto situado al norte de Perú operado por la empresa estatal Petroperú.
Los residentes más antiguos de San Cristóbal calculan el legado mortal del petróleo en más de 45 años. La madre de Fidel Sandi, Anacha Hualinga, dice que ya no recuerda la época en la que el río Corrientes estuvo libre de petróleo. El impacto tóxico del crudo ha marcado trágicamente su vida.
“Mi hijo murió vomitando sangre. Mis hijos han muerto, también mis nietos, debido a los contaminantes, sus cuerpos no pudieron soportarlos. Otros nacieron muertos porque no podían soportar la contaminación”, contó. Dos de sus hijos murieron cuando eran bebés y tres de sus muchos nietos también murieron muy jóvenes, explicó sin vacilaciones en el idioma nativo Achuar.
“Hoy continúa, los niños nacen con dolores o lesiones. Para mí es muy doloroso perder a mis hijos y nietos”, cuenta.
Ella es la Madre Indígena del pueblo, una contraparte femenina del Apu o jefe. Se porta con dignidad como una anciana respetada, pero el dolor parece pesar sobre ella mientras prepara masato tradicional hecho de yuca fermentada o mandioca, siempre acompañado por uno o dos de sus muchos nietos. Ella no sabe exactamente qué edad tiene, pero recuerda haber sacado aceite de la superficie del río con la mano cada vez que iba a buscar agua de niña.
“La compañía que ha contaminado, al menos debería apoyarnos o ayudarnos a proporcionar alimentos para los niños”, dice Hualinga con resignación pragmática y añade “no nos queda nada. Los animales fueron alejados por el ruido y la contaminación. La compañía no nos apoya en la medida en que estamos viviendo esta crisis”.
La salud de los achuar
En el 2006, el Ministerio de Salud del Perú descubrió que más del 90 % de los hombres, mujeres y niños Achuar en la cuenca del río Corrientes tenían niveles de metales pesados en la sangre muy por encima de las normas saludables. En el mismo año Pluspetrol firmó El Acta de Dorissa, un acuerdo en el que la empresa petrolera se comprometía, entre muchas otras cosas, a reinyectar sus aguas de producciónmezcladas con metales pesados como plomo, cadmio y bario.
Pluspetrol, que ha dirigido el cercano bloque petrolero desde 2001, culpó a un operador anterior, Occidental Petroleum, de los Estados Unidos, por la contaminación. En 2015, la compañía estadounidense pagó una suma no revelada al pueblo Achuar en un acuerdo extrajudicial.
Sin embargo, Equidad, una ONG peruana, estima que Pluspetrol descargó unos 3000 millones de barriles de aguas de producción tóxica aguas arriba de San Cristóbal en el bloque petrolero 192 (anteriormente bloque petrolero 1-AB) entre el 2000 y el 2009. Esta descarga, argumenta Equidad, es la principal fuente de contaminación.
“Están comenzando a surgir condiciones que no pueden tener otra causa que la contaminación; casos de cáncer, deformidades en bebés recién nacidos, enfermedades congénitas, bajo desarrollo cognitivo en niños”, dice América Arias, especialista en salud pública que trabaja como coordinadora de campo para el ISS.
Varios estudios científicos, además, muestran que la acumulación de metales pesados en los suelos, así como los peces y animales que se consumen a lo largo del río Corrientes, son potencialmente carcinogénicos.
En la habitación que sirve como clínica del pueblo, Lorenzo Navarro, de 40 años, un enfermero trata a sus vecinos con medicamentos que compra con un estipendio de que les otorga Pluspetrol. Es básico y algunas veces ya expirado, pero es mejor que nada.
Los síntomas que describe —la diarrea, la desnutrición y la “gran cantidad de neumonía” en niños menores de cinco años— son típicos en la Amazonía del Perú.
Pero aquí hay incluso más casos, dice. “Tenemos que cuidarlos especialmente”.
Navarro recuerda que creció en San Cristóbal teniendo consciencia de que el río Corrientes estaba fuertemente mezclado con petróleo. Como en gran parte de la selva, la dieta básica era el pescado. Él admite que a menudo sufre de mareos o se olvida de las cosas. Él sabe la causa. La presencia de niveles de cadmio y plomo en su sangre son el doble de los niveles permitidos, dice.
Y agrega que está profundamente preocupado. “Es por eso que soy enfermero y me dediqué a aprender sobre la salud, debido a todas las enfermedades innecesarias que he visto en mi comunidad. Soy enfermero porque quiero cuidar a mi pueblo”.
A pesar de conocer los niveles de contaminación tóxica por metales, el Ministerio de Salud de Perú aún tiene que llevar a cabo un estudio toxicológico completo. Las personas dicen que no han recibido atención médica por los síntomas que presentan.
La región amazónica de Loreto está entre las nueve regiones del Perú donde los metales pesados tóxicos producidos por la minería y la extracción de petróleo afectan la salud de las poblaciones, según Amnistía Internacional. En noviembre de 2017, representantes de este organismo internacional le exigieron al gobierno peruano que implemente un plan de salud específico y la provisión de agua potable.
Después de una visita de la delegación, el Ministerio de Salud de Perú dijo en un comunicado que coordinaría con los ministerios del ambiente, vivienda, economía, y energía y minas para trabajar en el control y la reducción de las causas de la contaminación.
Perú tendrá que empezar desde cero, dice Fernando Serrano, profesor de salud ocupacional en la Universidad de Missouri en los Estados Unidos, y experto en contaminación tóxica de metales pesados.
“Hasta el día de hoy no hay una evaluación nacional de cuántas personas han estado expuestas al plomo, cadmio, arsénico, mercurio (…) y muchos otros metales tóxicos que sabemos que causan enfermedades”, dice.
“Una de las razones es la influencia que las compañías mineras y petroleras tienen en este país”, agrega Serrano, “lo que significa que hay una falta de voluntad para realmente poner esto en la agenda política”.
Las ventajas de la “araña voladora”
Mientras tanto, los monitores indígenas perfeccionan sus habilidades. Hay muchas sonrisas y risas cuando un niño se queda boquiabierto ante un dron al que han bautizado como la “araña voladora”. Pero lo cierto es que dominar este tipo de tecnología podría significar el manejar una nueva arma que les permitiría defender sus territorios.
Venancio Sandi Tuituy, un monitor Kichwa del río Tigre, espera que aprendiendo a pilotear un dron puedan mejorar su trabajo de vigilancia ambiental.
“Ahora nuestros informes pueden llegar directamente al estado. ¿Por qué? Porque registramos los sitios con coordenadas de GPS, con fotos y videos. De esta manera, podemos demostrar que hay contaminación en este río”, dice. Él cuenta que ya ha registrado muchos derrames en su comunidad Doce de Octubre.
Pluspetrol dijo que sus estándares ambientales han mejorado, pero también que el daño en esta área ya se ha llevado a cabo. En el 2013, Perú declaró un estado de emergencia ambiental la cuenca del río Pastaza y el Ministerio del Ambiente dijo que los esfuerzos por remediar eran insuficientes (p47). La compañía insiste en que implementó planes de salud y compensó a las comunidades afectadas. Además instaló agua potable con tuberías en San Cristóbal después de décadas de contaminación.
Pluspetrol no respondió a las preguntas de Mongabay Latam.
Pero Lorenzo Pellegrini, un economista ecológico del ISS, que se unió al equipo que visitó San Cristóbal, aún se pregunta: “¿Cómo se puede compensar la pérdida de vidas humanas?”
“Sabemos por los estudios epidemiológicos que los impactos han aumentado las tasas de morbilidad y mortalidad en estas comunidades”, dice Pellegrini y agrega que desde su punto de vista, como economista ecológico, “estos son valores que no pueden ser compensados con la métrica monetaria. No hay una cantidad de dinero que pueda compensar la pérdida de vidas”.
Se plantean preguntas sobre el costo-beneficio de la extracción de petróleo en la Amazonía peruana. La caída del precio del petróleo frente al costo de producción, además del tamaño relativamente pequeño de algunas de las reservas, por no mencionar el enorme costo humano y ambiental, ha llevado a algunos a preguntarse ¿vale la pena?
“Aquí tenemos reservas de petróleo que coinciden con valores ambientales, humanos y culturales únicos”, dice Pellegrini. “Entonces, si queremos pensar en dónde debemos mantenerlo en el suelo (…) creo que este es un excelente lugar para comenzar”.
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