Colombia: la FARC llama a detener la violencia electoral y planea reanudar su campaña
Convocando a todos los movimientos y organizaciones políticas, sociales, religiosas y femeninas, entre otras, a converger en un gran pacto nacional en contra de la violencia en la campaña electoral y en la vida nacional, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) definirá esta semana el reinicio de sus actividades proselitistas, suspendidas hace más 12 días a raíz de los ataques verbales y físicos sufridos por sus candidatos en diferentes ciudades del país.
Aunque para el ministro del Interior, Guillermo Rivera, “las condiciones están dadas para que reanuden la campaña”, las dudas persisten y en una reunión el viernes pasado con el Gobierno, Rodrigo Londoño, Timochenko, candidato presidencial de la desmovilizada guerrilla, enumeró una a una las preocupaciones que les asaltan. Uno de los temas más sensibles es el asesinato de quien fuera su líder social en Guapi (Cauca), Jesús Orlando Grueso, acribillado junto a Jonathan Cundumi el pasado 10 de febrero. Las informaciones preliminares señalan al Eln como responsable del hecho, por lo que la FARC le pidió al Comando Central (Coce) de esa organización que esclarezca la situación.
Otra de las angustias expresadas directamente por Londoño tiene que ver con que a menos de 30 días de terminar la campaña electoral al Congreso, no han recibido los anticipos que se les dan a todos los partidos, mientras las condiciones de seguridad no permiten que hagan campaña en zonas de presencia histórica, porque han sido ocupadas por nuevos actores violentos.
La FARC reiteró además que instaurará acciones penales en contra de quienes han boicoteado su presencia en la plaza pública. “Desde el momento que suscribimos el Acuerdo Final, ello implicó para nosotros el reconocimiento de las normas de la democracia y la institucionalidad colombiana, y en esa medida haremos uso de todos los instrumentos legales para que las acciones que rayen en la ilegalidad sean procesadas jurídicamente por las autoridades competentes. Coincidimos con lo manifestado por la Fiscalía de que los actos de violencia contra candidatos del partido pueden constituirse en delitos”, enfatizó, por su parte, Jorge Torres Victoria, más conocido como Pablo Catatumbo.
“Nuestro llamado es a que la institucionalidad colombiana se comprometa con las garantías de participación política que están consignadas en el Acuerdo Final. Nosotros no exigimos nada distinto a que se nos deje participar en la contienda política en igualdad de condiciones. Entre otras cosas, implica que al igual que los demás partidos, la FARC tenga acceso a los recursos necesarios para financiar y desarrollar su campaña”, concluyó.
Un plan B para salvar las circunscripciones de paz
El senador Roy Barreras pide el Estado de Excepción y en el Congreso se estudia un proyecto en el que las víctimas, por consenso y a través de una plancha, escogerían a sus representantes, que se posesionarían en octubre.
El Gobierno, a través del ministro del Interior, Guillermo Rivera, dice que se siguen evaluando alternativas para garantizar la representación de las víctimas del conflicto en el Congreso. El senador Roy Barreras, de la U, le pide al Ejecutivo decretar el Estado de Excepción para proveer esas curules. Y una comisión integrada por congresistas de todos los partidos estudia desde hace varias semanas la posibilidad de presentar un nuevo acto legislativo que abra esa puerta, de cara al inmediato futuro y con condiciones especiales. Son las salidas que hoy están sobre la mesa, después de que el Consejo de Estado revocara la acción de cumplimiento dictada por el Tribunal de Cundinamarca, que ordenaba enviar a promulgación el acto legislativo de las circunscripciones especiales transitorias de paz, pese a que, como lo certificó la Secretaría del Senado, no obtuvo las mayorías necesarias para ser aprobado.
El Consejo de Estado no se pronuncia aún sobre la discusión en torno a la mayoría absoluta del proyecto, que obtuvo 50 votos en su último debate en el Senado, cifra insuficiente para algunos, pues se requería un voto más. Por ahora, la realidad muestra que varios de los voceros de las víctimas han optado por inscribirse en listas de diversos partidos políticos, buscando llegar al Legislativo que se elegirá el próximo 11 de marzo. Lo que sienten desde que el Congreso dejó tambaleando la iniciativa es que nunca fueron el centro del Acuerdo de Paz de La Habana y que los parlamentarios les fallaron. Como dijo Édgar Velasco Tumiñe, de la Mesa de Concertación Indígena: “No se puede construir paz sin la voz de las víctimas, sin ejercicio del derecho a su participación”. Odorico Guerra, de la Mesa Nacional de Víctimas, consideró: “Uno pensaría realmente que lo que vale la pena en Colombia es ser victimario, porque las Farc van a tener sus curules como estaba pactado”.
¿Qué salidas reales quedan entonces? El Estado de Excepción que plantea Barreras es visto por muchos como una medida extrema y, además, según la misma Constitución, aplica en casos de guerra exterior o grave perturbación del orden público. Siendo así, El Espectador conoció que todo apunta a la presentación de un nuevo acto legislativo que sería tramitado con mensaje de urgencia, aprobado en primera vuelta de aquí a junio y en segunda antes de octubre. Sus bases están cimentadas en el proyecto que en noviembre del año pasado radicó la senadora liberal Sofía Gaviria, por cierto, presidenta honoraria de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, y que contó en ese momento con el apoyo del Centro Democrático, Cambio Radical, los conservadores, Opción Ciudadana y parte de los mismos liberales. Es lo que se ha venido discutiendo en las últimas semanas, con conocimiento pleno del Gobierno.
En esencia lo que propone es que, ante la imposibilidad de que las circunscripciones especiales de paz apliquen ya a partir del próximo 20 de julio, cuando se instale el nuevo Congreso, una vez sea tramitado el acto legislativo y el presidente de la República lo sancione, serán las organizaciones de víctimas y sociales las que a través de una plancha —así como se hace en la escogencia de las directivas sindicales y otras organizaciones de afiliados— definan en consenso a sus 16 representantes a la Cámara para que tomen posesión inmediata. Teniendo en cuenta que esas curules están planteadas para ocho años, en 2022 sí tendrían que ir a votación.
“Lo primero es que tiene que ser absolutamente para las víctimas, reconocidas en el censo de estas. Segundo, que sean postuladas por organizaciones registradas antes del 1° de diciembre de 2016. Tercero, diez de esas curules corresponderán a los 170 municipios priorizados por el Gobierno y Naciones Unidas como los más afectados por el conflicto, serían circunscripciones especiales para víctimas de las Farc; las otras seis serían para indígenas y afrodescendientes en circunscripción nacional. Y se va a tener en cuenta el municipio entero, pues el proyecto anterior abordaba solo lo rural, sin considerar que los desplazados y las víctimas están en las cabeceras municipales”, explicó la senadora Gaviria, quien reveló que hay consenso en el Congreso en todos los partidos, incluyendo los de la Unidad Nacional, y que el Gobierno está también de acuerdo.
Hay un equipo técnico trabajando a paso acelerado en el Capitolio para tener lista la ponencia antes del 16 de marzo, cuando arranca el nuevo período legislativo. El senador Efraín Cepeda, presidente del Congreso, ha dicho que existe voluntad para que las víctimas estén representadas, pero que sea a través de una acción legítima. Senadores como Luis Fernando Velasco, liberal, y Jaime Amín, del Centro Democrático, presentes en las reuniones, hablan de la necesidad de lograr un gran acuerdo nacional que permita otorgarles esas curules. Y el ministro Guillermo Rivera, aunque reconoce los esfuerzos de los parlamentarios, no se resigna y tras asegurar que el Gobierno respeta la decisión del Consejo de Estado frente a la acción de cumplimiento, todavía confía en que le dé la razón en sus argumentos jurídicos de que el acto legislativo fue aprobado con los 50 votos que obtuvo, pues se deben contar como mayoría absoluta de los 99 senadores que integran hoy la corporación.
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