Chile: la Justicia investiga más de 500 adopciones irregulares durante la dictadura de Pinochet
El juez Mario Carroza se encuentra indagando más de 500 casos de adopciones irregulares de niños en las décadas de 1970 y 1980 -la mayoría por extranjeros-, sustraídos a madres que estaban en situación de vulnerabilidad.
Se trata de un peritaje encargado por el magistrado de la Corte de Apelaciones a un conjunto de documentos incautados por la Brigada de Derechos Humanos de la PDI a la asistente social Telma Uribe (96 años) el año pasado, el cual develó esta red de adopciones.
La mujer, que tuvo una activa vinculación durante los años 70 y 80 con diversos organismos internacionales que facilitaban adopciones a extranjeros, guardaba un extenso kárdex (entradas y salidas) con el pasado de 579 niños entregados entre 1950 y 2001, siendo 525 acogidos por familias del exterior.
El rol de Uribe es clave para la indagatoria por presuntas adopciones irregulares de menores que lleva adelante el ministro en visita, cuyo margen de acción circunscrito va desde 1973 hasta 1990, por lo que del total de menores, 488 están dentro de ese período, precisa el rotativo.
El archivo detalla destinos -la gran mayoría (432) llegó a Estados Unidos, seguido por Perú (27)-, pagos por esas adopciones y enumera diversas irregularidades, y Carroza investiga si en algunos casos hubo sustracción de menores.
Uribe fue interrogada en 2017 y está en calidad de inculpada.
El magistrado Carroza explicó al matutino que aún falta analizar todos los documentos incautados para dar con un cifra exacta y señaló que «en varios casos» habría prescripción.
«Sacaron todos los archivos de las adopciones»
La ONG «Hijos y Madres del Silencio» se encarga de recibir los datos de madres o hijos que no conocieron a sus familiares biológicos. La vocera de esta organización en Chile, Marisol Rodríguez, está ayudando a personas en suecia que necesiten ayuda, además de recopilar información acerca de estos casos.
«Acá en Chile, en casi todos los casos, las mamás buscan en el Hospital Barros Luco, sin embargo, sacaron todos los archivos de las adopciones. Espero que el juez Carroza las ayude», afirmó Rodríguez.
Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el jefe de la unidad policial, Rodrigo Bustos, comentó que este caso «es una preocupación, pero también existen argumentos en el derecho internacional de Derechos Humanos para entender que la sustracción de menores con algunas de las características que parece que podrían haberse cumplido en la década de los 80 podría de alguna forma hacer que estos delitos no estén prescritos».
«Estamos analizando los antecedentes y precisamente eso es uno de los puntos que estamos abordando para evaluar la posibilidad de hacernos parte en esta causa, porque sin lugar a dudas podrían estar vulnerados derechos importantes de niños y niñas de nuestro país», sostuvo.
Hay que verificar
El diputado del Partido Comunista e Integrante de la comisión de Derechos Humanos de la cámara baja, Hugo Gutiérrez, aseguró que era un gran avance la decisión de investigar estos casos, y hay que «verificar si los hechos corresponden a delitos de lesa humanidad».
«Lo que nos interesa es que se establezca una verdad procesal, es decir, que el Ministro Carroza logre determinar que efectivamente existió esta política gubernamental durante la dictadura, que permitió la salida ilegal de niños y niñas del país en supuestas adopciones», afirmó Gutiérrez.
«Creo que es un paso significativo más allá de que la sanción penal venga aparejada, porque en el caso argentino, como ya sabemos, ya hay una jurisprudencia de que son delitos de lesa humanidad y en consecuencia la investigación pudo seguir adelante», agregó el diputado.
En tanto, Juan Coloma Álamos aseguró que en la «Comisión de Constitución hace un tiempo hemos venido estudiando la posibilidad de que existan algunos delitos denominados imprescriptibles».
«Creemos que, sobre todo, se habla de abuso de menores uno podría estar perfectamente ante delitos que sean imprescriptibles», señaló.
La manipulación fue clave en el modus operandi
El proceso que inició Carroza con un número limitado de querellas que denunciaban la sustracción de hijos, se amplió a cerca de 500 casos debido a un informe que elaboró la asistente social y abogada de la UC, María Cecilia Erazo, que ejerce funciones de perito judicial en la Corte de Apelaciones de Santiago, basado en los documentos encontrados en la casa de Uribe.
En su escrito, la profesional indica que Chile no tuvo hasta 1988 un marco legal para regular las adopciones a países extranjeros y que el mecanismo era el siguiente: se acreditaba judicialmente que un niño estaba en situación de abandono por sus padres y se establecía que los solicitantes tenían las condiciones para darle cuidado y protección al menor.
Posteriormente, la persona que tenía contacto con matrimonios extranjeros pedía la tuición judicial del niño, lo sacaba de Chile y éste era adoptado en el extranjero.
Según el juez Carroza, la red ilegal funcionaba de varias formas, siendo una de ellas la manipulación: «Lo normal era que llegaban a una madre que estaba embarazada o alguna que iba a dar a luz, conversaban con ella y le preguntaban cuál era su situación y si podría entregarles su hijo por diferentes motivos. Posteriormente, tomaban la tuición de ese hijo y tramitaban en los tribunales de menores la adopción o el envío del menor al extranjero y luego se tramitaba la adopción fuera de Chile y acá», relató.
