Brasil: la Justicia confirma la suspensión del nombramiento de Cristiane Brasil en el Ministerio de Trabajo
Supremo de Brasil mantiene suspendido el nombramiento de ministra de Trabajo
La presidenta de la Corte Suprema de Brasil, Carmen Lucia Antunes, mantuvo hoy suspendido el nombramiento de la diputada federal Cristiane Brasil como ministra de Trabajo y entendió que la decisión final debe ser tomada por el pleno de ese órgano judicial, informaron fuentes oficiales.
La magistrada consideró que es competencia del máximo tribunal del país tratar el caso al considerar que es un asunto constitucional, si bien no marcó una fecha concreta para su análisis en el pleno de esa corte, integrado por once jueces, entre ellos la propia Antunes.
Cristiane Brasil, abogada de 44 años, fue elegida el pasado 3 de enero por el presidente brasileño, Michel Temer, para ser la nueva ministra de Trabajo, pero su designación fue respondida en los tribunales por diversas asociaciones, que desvelaron supuestas violaciones de leyes laborales en las que habría incurrido.
Su investidura como ministra fue suspendida en diferentes tribunales, liberada después por el Tribunal Superior de Justicia, pero nuevamente paralizada por Antunes el pasado 22 de enero a través de una cautelar que hoy ha vuelto a confirmar.
De acuerdo con las asociaciones denunciantes, Cristiane Brasil fue procesada en 2016 por haber tenido dos conductores a su servicio sin contratos formales ni las garantías laborales de ley, por lo que fue condenada a indemnizar a uno de ellos con más 60.000 reales (unos 18.600 dólares).
Tras conocer la confirmación de este miércoles, los asesores de la diputada federal dijeron en un comunicado que respetan la decisión, al tiempo que reforzaron el pedido para que la Corte Suprema defina «pronto la cuestión».
En paralelo, la Fiscalía investiga a la parlamentaria por presunta asociación al tráfico de drogas en un caso relacionado con el pago a narcotraficantes que dominan favelas de Río de Janeiro con la intención de que estos facilitaran sus actividades de campaña en esas zonas, según publicaron medios locales.
La legisladora también es sospechosa de pedir votos a cambio de cargos en la campaña de 2014, en la que supuestamente pidió a servidores públicos su voto para mantenerlos en sus puestos, según un audio revelado por el programa televisivo Fantástico.
El Ejecutivo brasileño ha optado durante todo este tiempo por mantener a Cristiane Brasil como su nominada para la cartera de Trabajo y «continuar la batalla jurídica» hasta el final, según manifestó el titular de la Secretaría de Gobierno, Carlos Marun. EFE
La presidenta de la Corte Suprema de Brasil, Carmen Lucia Antunes, mantuvo hoy suspendido el nombramiento de la diputada federal Cristiane Brasil como ministra de Trabajo y entendió que la decisión final debe ser tomada por el pleno de ese órgano judicial, informaron fuentes oficiales.
La magistrada consideró que es competencia del máximo tribunal del país tratar el caso al considerar que es un asunto constitucional, si bien no marcó una fecha concreta para su análisis en el pleno de esa corte, integrado por once jueces, entre ellos la propia Antunes.
Cristiane Brasil, abogada de 44 años, fue elegida el pasado 3 de enero por el presidente brasileño, Michel Temer, para ser la nueva ministra de Trabajo, pero su designación fue respondida en los tribunales por diversas asociaciones, que desvelaron supuestas violaciones de leyes laborales en las que habría incurrido.
Su investidura como ministra fue suspendida en diferentes tribunales, liberada después por el Tribunal Superior de Justicia, pero nuevamente paralizada por Antunes el pasado 22 de enero a través de una cautelar que hoy ha vuelto a confirmar.
De acuerdo con las asociaciones denunciantes, Cristiane Brasil fue procesada en 2016 por haber tenido dos conductores a su servicio sin contratos formales ni las garantías laborales de ley, por lo que fue condenada a indemnizar a uno de ellos con más 60.000 reales (unos 18.600 dólares).
Tras conocer la confirmación de este miércoles, los asesores de la diputada federal dijeron en un comunicado que respetan la decisión, al tiempo que reforzaron el pedido para que la Corte Suprema defina «pronto la cuestión».
En paralelo, la Fiscalía investiga a la parlamentaria por presunta asociación al tráfico de drogas en un caso relacionado con el pago a narcotraficantes que dominan favelas de Río de Janeiro con la intención de que estos facilitaran sus actividades de campaña en esas zonas, según publicaron medios locales.
La legisladora también es sospechosa de pedir votos a cambio de cargos en la campaña de 2014, en la que supuestamente pidió a servidores públicos su voto para mantenerlos en sus puestos, según un audio revelado por el programa televisivo Fantástico.
El Ejecutivo brasileño ha optado durante todo este tiempo por mantener a Cristiane Brasil como su nominada para la cartera de Trabajo y «continuar la batalla jurídica» hasta el final, según manifestó el titular de la Secretaría de Gobierno, Carlos Marun. EFE
La presidenta de la Corte Suprema de Brasil, Carmen Lucia Antunes, mantuvo hoy suspendido el nombramiento de la diputada federal Cristiane Brasil como ministra de Trabajo y entendió que la decisión final debe ser tomada por el pleno de ese órgano judicial, informaron fuentes oficiales.
La magistrada consideró que es competencia del máximo tribunal del país tratar el caso al considerar que es un asunto constitucional, si bien no marcó una fecha concreta para su análisis en el pleno de esa corte, integrado por once jueces, entre ellos la propia Antunes.
Cristiane Brasil, abogada de 44 años, fue elegida el pasado 3 de enero por el presidente brasileño, Michel Temer, para ser la nueva ministra de Trabajo, pero su designación fue respondida en los tribunales por diversas asociaciones, que desvelaron supuestas violaciones de leyes laborales en las que habría incurrido.
Su investidura como ministra fue suspendida en diferentes tribunales, liberada después por el Tribunal Superior de Justicia, pero nuevamente paralizada por Antunes el pasado 22 de enero a través de una cautelar que hoy ha vuelto a confirmar.
De acuerdo con las asociaciones denunciantes, Cristiane Brasil fue procesada en 2016 por haber tenido dos conductores a su servicio sin contratos formales ni las garantías laborales de ley, por lo que fue condenada a indemnizar a uno de ellos con más 60.000 reales (unos 18.600 dólares).
Tras conocer la confirmación de este miércoles, los asesores de la diputada federal dijeron en un comunicado que respetan la decisión, al tiempo que reforzaron el pedido para que la Corte Suprema defina «pronto la cuestión».
En paralelo, la Fiscalía investiga a la parlamentaria por presunta asociación al tráfico de drogas en un caso relacionado con el pago a narcotraficantes que dominan favelas de Río de Janeiro con la intención de que estos facilitaran sus actividades de campaña en esas zonas, según publicaron medios locales.
La legisladora también es sospechosa de pedir votos a cambio de cargos en la campaña de 2014, en la que supuestamente pidió a servidores públicos su voto para mantenerlos en sus puestos, según un audio revelado por el programa televisivo Fantástico.
El Ejecutivo brasileño ha optado durante todo este tiempo por mantener a Cristiane Brasil como su nominada para la cartera de Trabajo y «continuar la batalla jurídica» hasta el final, según manifestó el titular de la Secretaría de Gobierno, Carlos Marun.
Cármen Lúcia confirma decisão de suspender nomeação de Cristiane Brasil
A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou decisão liminar tomada no mês passado, quando suspendeu a posse da deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ) como ministra do Trabalho. A nomeação tinha sido liberada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), mas a ministra argumentou que caberia apenas ao STF decidir sobre esse assunto. Logo, a decisão do STJ não é válida e Cristiane continua proibida de assumir o cargo.
A questão de fundo — se uma pessoa condenada em ações trabalhistas pode ser ministra do Trabalho — será julgada futuramente pelo STF. Por enquanto, Cármen analisou apenas de quem seria a atribuição de julgar a causa: se do próprio STF ou do STJ. Na avaliação dela, trata-se de matéria constitucional, o que leva o caso para o Supremo.
Em nota, a deputada afirmou que «respeita a decisão» e reforçou o pedido para que o STF «defina logo a questão».
Cristiane Brasil foi nomeada ministra pelo presidente Michel Temer no começo de janeiro deste ano, mas teve sua indicação suspensa por um juiz federal de Niterói (RJ). A decisão foi revertida depois pelo vice-presidente do STJ, ministro Humberto Martins, que liberou sua posse. Em 22 de janeiro, Cármen deu uma decisão liminar, ou seja provisória, suspendendo novamente. Agora, ela confirmou essa decisão.
«Examino, assim, o mérito desta reclamação, restrito, como reiteradamente anotado, à alegada usurpação da competência da Presidência deste Supremo Tribunal pelo Superior Tribunal de Justiça», anotou a ministra, acrescentando: «Assim, o ato judicial questionado e que interfere na competência privativa do Presidente da República para nomear Ministros de Estado é aquele proferido pelo Juízo da Quarta Vara Federal de Niterói/RJ, fundamentado exclusivamente no princípio constitucional da moralidade administrativa.»
A disputa judicial pela nomeação de Cristiane Brasil começou em 8 de janeiro, quando o juiz Leonardo da Costa Couceiro, da 4ª Vara Federal de Niterói, suspendeu a posse por ofensa à moralidade. O juiz considerou que não poderia ser ministra do Trabalho alguém que responde a ações trabalhistas na Justiça. O governo tentou reverter a situação em três recursos à Justiça Federal, mas foi derrotado. A Advocacia Geral da União (AGU) só obteve vitória em 20 de janeiro, quando o STJ derrubou a liminar que suspendia a posse.
O grupo Movimento dos Advogados Trabalhistas Independentes (Mati) recorreu ao STF contra essa decisão. Alegou que não cabia ao STJ deliberar sobre a questão, que seria de competência exclusiva do STF. Na madrugada do dia 22 de janeiro, em decisão liminar, Cármen Lúcia entendeu que o questionamento era plausível e, dessa forma, suspendeu a decisão do STJ.
Em documento apresentado ao STF em 31 de janeiro, a defesa de Cristiane Brasil já tinha contestado a primeira decisão de Cármen Lúcia. «Com o devido respeito e acatamento, mostra-se irrepreensível e incensurável a decisão proferida pelo ilustríssimo vice-presidente do egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ) – Ministro Humberto Martins – no exercício da presidência, nos autos da suspensão de segurança ajuizada pela Advocacia Geral da União (AGU), objeto da presente Reclamação, que detém a competência para processar e julgar a suspensão de segurança proposta pela AGU», escreveram os advogados da deputada.
Na ocasião, a defesa também atacou os motivos alegados pelo juiz Leonardo da Costa Couceiro, de Niterói, para barrar a posse. Os advogados destacaram que a decisão do magistrado federal, que segue mantida pela decisão de Cármen Lúcia, «é absolutamente insustentável, uma vez que não há qualquer violação ao princípio da moralidade». Isso porque Cristiane Brasil, «ao ter ajuizada contra si uma reclamação trabalhista e resistir à pretensão do autor, está exercendo o seu legítimo direito de ação e do devido processo legal».
Após a decisão, a Advocacia-Geral da União (AGU) soltou nota em que voltou a defender a nomeação de Cristiane Brasil. «A Advocacia-Geral da União (AGU) considera que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) diz respeito somente à competência da Suprema Corte para analisar pedido de suspensão, não avançando no espaço de atribuição do presidente da República de nomear ministros de Estado. Neste contexto, a avaliação é de que não há qualquer prejuízo à defesa do ato do presidente da República, a qual continuará sendo feita processualmente pela AGU», diz a nota.
