Argentina: miles de mujeres marcharon al Congreso para exigir la despenalización del aborto
«Ni muertas ni presas por aborto clandestino. Aborto Legal, una deuda de la democracia». Bajo esa consigna la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito (CNDA), un grupo que desde hace más de una década reclama por los derechos de las mujeres y que tiene como emblema su característico pañuelo verde, lleva adelante esta tarde una jornada de manifestaciones que incluirán un «pañuelazo» frente al Congreso Nacional y un «tuitazo» en las redes sociales.
Pocos días después de que el emblema de la Campaña llegara sorpresivamente a la televisión abierta de la mano del periodista Jorge Rial, quien mostró el pañuelo en cámara y propuso que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo se debatiera en su espacio televisivo, tendrá lugar una jornada de reflexión sobre un tema que excede a la mera discusión circunstancial en redes sociales y que concierne a la salud pública. De hecho, la Campaña trabaja desde hace 13 años con actividades callejeras, en las universidades y en la capacitación de profesionales de la salud.
En diálogo con Infobae, la docente Celeste Mac Dougall, una de las referentes de la CNDA, explicó que la intención de la jornada está vinculada con la nueva presentación de un proyecto de ley.
«Convocamos a un pañuelazo frente al Congreso nacional porque vamos estar presentando por séptima vez el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, que es un proyecto que propone la Campaña hace ya 12 años. Cada dos años va perdiendo estado parlamentario entonces hay que volver a hacerlo. Es un proyecto que plantea, desde su primer artículo, que toda mujer como derecho humano básico tiene derecho a interrumpir su embarazo en las primeras 14 semanas de gestación si así lo desea. La responsabilidad de velar por la salud y la vida de las mujeres –hay que tener en cuenta que mueren 150 mujeres por año por abortos clandestinos– es de los legisladores y legisladoras».
Sobre las motivaciones para volver a presentar el proyecto de ley, detalló: «El aborto en algunos casos ya es legal en nuestro país. Esos casos son cuando hay riesgo en la salud de la mujer o cuando el embarazo es producto de una violación. Pero lo que nosotras queremos es ampliar esas causales y proponer que la mujer no tenga que dar motivos ni al sistema de salud ni a ninguna institución respecto de si quiere decidir sobre su propio cuerpo en las primeras 14 semanas».
«Es importante aclarar que nosotras no queremos debatir el derecho en sí, porque consideramos que es un derecho que nos es negado en la actualidad. No estamos pensando en un debate para que se diga si el derecho (al aborto) está bien o está mal. Como no se debate si la democracia está bien o está mal, digamos, o si el derecho al voto está bien o está mal, lo que nosotras decimos es que hace años que nos están negando algo. Hace años que no hay un reconocimiento de un derecho básico de las mujeres para ser consideradas personas. Somos consideradas ciudadanas de segunda porque no podemos decidir sobre nuestro propio cuerpo», agregó Mac Dougall.
La docente también destacó algunos «mitos» que circulan cuando se habla de aborto. «El otro día nos decían, por ejemplo, ‘¿Por qué no se educan? Lo importante más que aborto es que haya educación sexual’. ¡Chocolate por la noticia! Nuestra consigna todos estos años fue integral: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Creemos que parte de la educación sexual integral es educar a las personas con capacidad de gestar para que sepan que tienen un derecho».
Consultada sobre si el actual es un momento político oportuno para abrir el debate, Mac Dougall señaló: «Hubo expresiones de referentes del oficialismo, incluidas las declaraciones de Marcos Peña en Página 12 hace pocos días, que dijo que él no estaba de acuerdo con el aborto pero que estaría de acuerdo en debatirlo. Hasta Cristina Fernández de Kirchner que se negó mientras estuvo en el poder, ahora no siendo presidenta salió a decir en algunas entrevistas que estaría de acuerdo en debatirlo. Todo ese panorama nos hace ver que hay un terreno mucho más fértil, pero también sabemos por estos 13 años de lucha que si esos niveles de consenso no son acompañados con presiones concretas de cuerpos concretos en las calles, es bastante difícil».
¿Qué dice la ley?
El Código Penal establece en su artículo número 88 que «la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare» será reprimida con penas de uno a cuatro años.
El Código Penal, en ese sentido, termina siempre actuando contra las mujeres dado que, en muchos casos, quienes practican abortos clandestinos les hacen firmar un consentimiento para evitar cualquier tipo de demanda a futuro.
Pero hay casos que se enmarcan en la figura del «aborto no punible» que a su vez deberían seguir un Protocolo que contempla una serie de pautas para proteger a las mujeres víctimas de violaciones y abusos. De hecho, el llamado fallo «F.A.L.» firmado en 2012 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, exhortó al Estado a «la disposición de todas las condiciones médicas y sanitarias requeridas para la realización de abortos legales de manera rápida, accesible y seguro» en casos de embarazos generados por violaciones y de no judicializarlos: una simple declaración jurada de la víctima alcanza. Un año antes, el Estado argentino había recibido condenas a nivel internacional por el caso ‘LMR’, cuando una jueza de menores platense impidió el aborto no punible de una joven con retraso mental embarazada tras sufrir un abuso.
En octubre de 2016, la gobernadora María Eugenia Vidal dio una fuerte marcha atrás con respecto a la adhesión a un protocolo para el aborto no punible en la provincia de Buenos Aires, el territorio donde vive casi el 40 por ciento de la población argentina. La adhesión ya había sido firmada por su entonces ministra de Salud, Zulma Ortiz, pero luego por orden de la mandataria se dio un paso hacia atrás.
Las cifras
Según el documento del Ministerio de Salud de la Nación llamado «Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo», «se considera que en la Argentina se realizan entre 370 y 522 mil interrupciones de embarazos por año» (Mario y Pantelides, 2009).
Estas cifras son estimativas ya que, por tratarse de una práctica clandestina, no se dispone de datos precisos. La única información disponible al respecto es el número de hospitalizaciones producidas en los establecimientos públicos por complicaciones relacionadas con abortos. No obstante, este dato no distingue entre abortos espontáneos y provocados, por lo que representa solo una fracción de los que ocurren anualmente.
Según datos de estadísticas hospitalarias del Ministerio de Salud de la Nación sobre el sistema público de salud, en 2011 se registraron 47.879 egresos hospitalarios por aborto en el país, de los cuales el 19% correspondió a mujeres menores de 20 años.
En 2012 murieron en nuestro país 33 mujeres a causa de embarazos terminados en aborto. Dos de ellas eran adolescentes menores de 20 años y 7, jóvenes de entre 20 y 24 años (DEIS, 2013). En 2013, el 50% de las muertes por embarazo terminado en aborto correspondió a mujeres de 15 a 29 años, entre ellas nueve de adolescentes de 15 a 19 años».
«En un contexto que muestra una elevada proporción de partos ocurridos en instituciones de salud (99%) y de partos atendidos por profesionales capacitados (98%), la Argentina tiene el potencial necesario para disminuir considerablemente la tasa de mortalidad materna y las amplias brechas que existen en la materia. Sin embargo, las inequidades en el acceso a servicios, en la disponibilidad de recursos humanos y físicos adecuados y en la calidad de la atención sanitaria, impactan de diferente forma sobre las razones de la mortalidad materna y generan un riesgo desproporcionado para las mujeres que viven en las jurisdicciones más pobres del país», apunta el documento oficial.
