Argentina: el debate sobre el aborto llega de las calles al Congreso
Macri dio libertad de acción para votar la legalización del aborto
Por Rocío Cereijo, Lucía Cholakian Herrera y María Brun Lubatti / Foto: Lucía Barrera Oro
Tras una reunión de revisión de agenda encabezada por el jefe de gabinete, Marcos Peña, el gobierno nacional dará “libertad de conciencia” a las legisladoras y a los legisladores de Cambiemos para el tratamiento de la legalización del aborto. La decisión se da en un contexto de fuerte organización social producto de la lucha histórica de movimientos feministas y de las movilizaciones impulsadas por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito durante el último período. Cabe recordar que el pasado lunes 19 de febrero, miles de personas se manifestaron frente al Congreso para pedir la legalización de la interrupción del embarazo.
En el último proyecto de ley presentado en 2016, se menciona que un año antes “el Ministerio de Salud de la Nación reconoció que ‘en la Argentina se realizan entre 370 y 522 mil interrupciones de embarazos por año’. Estas cifras son estimativas ya que, por tratarse de una práctica clandestina, no se dispone de datos precisos”. Si bien esta iniciativa perdió estado parlamentario, se espera que con el reinicio de sesiones ordinarias previsto para la próxima semana se vuelva a enviar un nuevo escrito al Congreso Nacional.
Las complicaciones que surgen a partir de los abortos practicados en condiciones de riesgo son la principal causa de mortalidad materna. Terminar con estas muertes de mujeres en situación de extrema vulnerabilidad es el principal objetivo de los movimientos feministas que encabezarán la movilización del #8M bajo la consigna “educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir”.
La decisión del gobierno nacional resulta sorpresiva o no se condice con los recortes y subejecución del presupuesto en materia de género. Esto es un hecho que se replica en la provincia de Buenos Aires donde, además, la gobernadora María Eugenia Vidal frenó el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal de embarazo, creado por el Ministerio de Salud de Nación en abril de 2015.
Sin embargo, este es un asunto de salud pública donde distintas organizaciones sociales y feministas se manifiestan en favor del derecho a decidir, y que su instalación en la agenda implique la discusión en el parlamento significa un gran avance en el debate sobre el tema y en términos democráticos. La problemática del aborto y su reclamo como derecho, da cuenta de la relevancia en el plano social, mérito del movimiento de mujeres que se expande sostenidamente en Argentina desde el año 2015.
El Gobierno debe tener la responsabilidad de asegurar la ejecución de la ley, la cual en primera instancia, debe mantenerse vigente -y no terminar siendo vetada por el Presidente-. Esta ley requerirá no sólo de una decisión política, sino de una orquestación económica, donde se pongan a disposición los fondos necesarios para la aplicación de forma segura y gratuita. Finalmente, es importante destacar que es imprescindible que esta medida sea acompañada por el programa de educación sexual integral, aprobado en 2006.
Con el pañuelo verde entrando al Congreso
Por Felipe Yapur
La cada vez más creciente movilización a favor de una ley que regule la interrupción del embarazo obligó al gobierno de Mauricio Macri a tomar una posición. Por ahora trascendió que el Presidente no impediría el debate sobre el aborto. Esto fue suficiente para que un grupo de legisladoras de la oposición recogieron el guante y anunciaron que solicitarán una sesión especial para el 8 de marzo en coincidencia con el paro mundial de mujeres. Entonces apareció el titular del bloque de senadores del PRO, Humberto Schiavoni, quien actuando como una supuesta voz de la conciencia macrista aclaró que el trascendido “no guarda relación con lo que se habló en la Casa Rosada” y que “es un tema que no lo instala ni lo promueve nuestro espacio político”. Es probable que así sea pero lo que también es cierto es que hoy el Gobierno no está en condiciones de evitarlo. El tema del aborto ha ganado espacio en la sociedad, lo demuestra el “pañuelazo” del lunes pasado, y representa un desafío para la oposición que deberá delinear una estrategia que le permita llevar al recinto y aprobar el necesario proyecto con el que se garantizará la posibilidad de decidir la interrupción de un embarazo en condiciones de seguridad sanitaria, sin correr riesgo de ser perseguidas penalmente y, sobre todo, gratuito para las todas las mujeres independientemente de su condición social.
La intención es que el proyecto de ley de despenalización se presente el próximo 6 de marzo. Lo realizarán las diputadas referenciadas en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, entre las que están Victoria Donda (Libres del Sur), Romina Del Plá (Partido Obrero) y Brenda Austin (UCR). Hasta ahora reúnen las firmas de más de 40 diputadas y diputados de diferentes bancadas y pueden sumar algunas más. La Izquierda es la única representación sin fisuras en este tema. En el resto los bloques el tema los atraviesa de manera transversal aunque ello no signifique una división en partes iguales.
El intento por sesionar el 8M conlleva en sí mismo un riesgo y es que el oficialismo decida ordenar a sus legisladores que ese día ocupen sus bancas, bajar facilitando el quórum de 129 diputados, dar el debate y luego con votos propios y de aquellos opositores que resisten el tema, imponer un rechazo al proyecto que lo depositará en un cajón al menos durante un año. Pero es bien sabido que el que no arriesga no gana.
El habilitar el tema también representa un riesgo para el gobierno porque una vez que esto ocurre no es posible saber a ciencia cierta cómo terminará. Es por eso que legisladoras de Cambiemos, con llegada al despacho presidencial, confiaron a PáginaI12 que “la intención es debatir el proyecto con altura y madurez donde se consulten a todos los sectores”. Una frase que por ahora permite vislumbrar que el interbloque Cambiemos no habilitará el tratamiento el próximo 8 de marzo. “No queremos provocaciones ni que nos apuren porque todavía ni siquiera conocemos el texto del proyecto. Hay que leerlo con detenimiento, su letra chica, y para eso necesitamos tiempo”, aseguró una legisladora macrista que rechaza el proyecto pero que está dispuesta a dar la discusión porque, a diferencia de Schiavoni, ella sostiene que el Presidente dio el aval.
Incluso en el oficialismo evalúan el incorporarle al proyecto de la oposición algunos ítems para desmotivar a la mujer que quiere abortar. Entre ellos está el incrementar la ayuda económica a las embarazadas y agilizar el trámite de adopciones.
Por ahora, en el oficialismo enumeran la cantidad de comisiones que deberían tratar el proyecto. A saber: Salud; Familia; Legislación General; Legislación Penal y hasta podría ser la de Presupuesto ya que la iniciativa incluye la gratuidad del procedimiento y, por lo tanto, ese “gasto” deberá correr por cuenta del Estado. El giro a estas u otras comisiones lo decidirá el presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, y el número puede ser determinante a la hora de calcular cuánto tiempo podrá demorar su tratamiento. Incluso si el proyecto será debatido en un plenario de comisiones o será estudiado en cada comisión. A diferencia de otros años, ahora hay tiempo hasta noviembre.
Por otra parte, al oficialismo también le conviene estirar en el tiempo el tratamiento del proyecto. Por caso, la diputada del Frente para la Victoria (FpV-PJ) y firmante del proyecto, Mayra Mendoza, sospecha de las intenciones del oficialismo y considera que el gobierno quiere “tomar el tema y usarlo en sus medios de comunicación para tapar la debacle social y económica”. En ese marco, Mendoza asegura que Cambiemos intentará estirar su tratamiento todo lo que pueda. “Mientras se extiende el debate continúan muriendo mujeres”, concluyó la diputada.
Mendoza no se equivoca y algunos legisladores del PRO no dejarán pasar la oportunidad de mostrar un supuesto perfil progresista del gobierno de Macri al promover un tema que durante los doce años de kirchnerismo no se consiguió. Ya lo están diciendo sin considerar que el marketing político deja de lado lo que señala la también diputada del FPV-PJ, Mónica Macha, quien consideró que es imprescindible avanzar en este debate porque “el aborto es un problema de salud pública donde es una de las principales causas de muerte de mujeres en edad fértil” pero que sobre todo afecta a las de menores recursos donde a “la clandestinidad hay que agregarle que no pueden pagar una práctica que les resguarde su salud y su vida”.
La extensión en el tiempo del debate del aborto puede tener una arista positiva tanto para la oposición como para las organizaciones que promueven el proyecto tendrán más oportunidades de conseguir votos favorables. La Cámara de Diputados funciona de manera diferente a la del Senado y es más permeable a los reclamos populares y mayoritarios. En más de una oportunidad el número de integrantes de la Cámara baja terminó siendo menos complicado que los 72 miembros del Senado. El riesgo para el oficialismo, que juega a mostrar un rostro progresista, es que el proyecto se apruebe en Diputados dándole mayor impulso a las organizaciones que promueven el aborto libre, seguro y gratuito y que el Estado por fin grantice el derecho a las mujeres a decidir sobre sus cuerpos.
