Trump elimina la protección temporal que beneficiaba a más de 200 mil inmigrantes salvadoreños
EEUU elimina TPS para salvadoreños, con demora de 18 meses
En su primera gran decisión migratoria desde que asumió el cargo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, puso fin este lunes al programa de “Estatus de Protección Temporal” (TPS) para cerca de 200,000 salvadoreños, aunque con una demora de 18 meses, hasta septiembre de 2019, argumentando que las condiciones sobre el terreno ya no justifican más extensiones.
Durante una conferencia telefónica con periodistas, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que pidieron el anonimato, explicaron que Nielsen tomó esa decisión con base a numerosas consultas con otras agencias del gobierno, y tras evaluar la situación en El Salvador.
“ Sólo el Congreso puede ofrecer una solución legislativa permanente, y estamos dispuestos a trabajar” con los legisladores, dijeron los funcionarios. La demora permitiría una “transición ordenada” para la salida de los salvadoreños una vez que venzan sus permisos, según los funcionarios, que no manejaron cifras exactas sobre la población afectada.
Se calcula que de los más de 262,000 salvadoreños que se acogieron al TPS desde el principio, unos 195,000 se han reinscrito en el programa. La cifra refleja a los que han ajustado su estatus, o no renovaron sus permisos, o les fue revocado. El anuncio generó el rechazo general de la mayoría de líderes demócratas del Congreso, y algunos republicanos y conservadores, así como de una vasta coalición de grupos cívicos, empresariales, religiosos y sindicalistas.
Con esta decisión, Nielsen deja la pelota en el techo del Congreso para que encuentre una solución legislativa permanente, sólo que ninguna de las propuestas en el tapete ha tenido siquiera audiencias.
Los funcionarios dijeron que no tomaron en cuenta la situación de violencia en El Salvador ni el impacto económico en EEUU de la deportación, y que cada familia con hijos nacidos en EEUU tendrá que hacer sus propias decisiones. Se calcula que los “tepesianos” salvadoreños tienen en su conjunto unos 192,000 hijos nacidos en EEUU.
Nielsen tenía ante sí varias opciones: podía postergar la decisión por otros seis meses para seguir evaluando las condiciones sobre el terreno, o extenderlo por 12 o 18 meses. Su decisión significa que los salvadoreños tienen hasta el 9 de septiembre de 2019 para buscar opciones legales para quedarse en EEUU, o preparar su salida.
Nielsen afrontó presiones del gobierno salvadoreño y una vasta coalición de grupos pro-inmigrantes para que extendiera el TPS. Al final, aparentemente tuvieron mayor palanca los grupos anti-inmigrantes ultraconservadores, como NumbersUSA y “Federation for American Immigration Reform” (FAIR), que le exigieron ser consecuente con la política de “mano dura” que prometió el presidente Donald Trump contra los inmigrantes durante la contienda.
Ya había pistas de su esperada decisión, tomando en cuenta que en noviembre pasado el DHS canceló el TPS para unos 2,500 nicaragüenses y cerca de 60,000 haitianos, con una demora de 12 y 18 meses, respectivamente. El próximo julio emitirá una decisión final para unos 57,000 hondureños.
El “TPS” es un programa adoptado por el Congreso en 1990 para inmigrantes que no pueden regresar a sus países de origen por desastres naturales, conflictos civiles, y otras circunstancias extraordinarias temporales.
El Salvador fue incluido en la lista en marzo de 2001, a raíz de sendos terremotos ese año. Pero, según los funcionarios, el país recibió ayuda internacional multimillonaria tras los sendos terremotos en 2001 y ha logrado reconstruir buena parte de su infraestructura.
Durante meses diversos miembros de la Administración Trump, incluyendo la embajadora de EEUU en San Salvador, Jean Manes, insistieron en que el TPS tiene carácter “temporal” y no se puede extender de forma indefinida, además de que, a su juicio, los inmigrantes han abusado del programa.
A juzgar por las reacciones, los únicos que celebran la decisión son los grupos ultraconservadores que presionan por un mayor combate contra los inmigrantes indocumentados y restricciones para la inmigración legal.
“Trump nos quiere sacar”
Para la comunidad de “tepesianos”, la decisión garantiza un mayor riesgo de deportación si el Congreso no aprueba una solución permanente antes de que se venzan los permisos, que originalmente caducaban en marzo próximo.
“Trump es un racista y nos ha puesto fecha de vencimiento porque nos quiere sacar del país por nuestro color y porque somos inmigrantes, eso le prometió a sus votantes. La está agarrando contra los latinos, y no es justo porque no somos criminales, somos trabajadores”, dijo a este diario Juan Rodríguez, un “tepesiano” de San Miguel que emigró a EEUU en 1997.
“Yo no me voy a ir, tendrán que venir a buscarme. Si el país (El Salvador) estuviera en mejores condiciones, no importaría, pero ahora mismo uno no puede arriesgarse allá… allá a uno lo están esperando las pandillas, saben quiénes llegan de EEUU”, señaló.
Rodríguez, de 49 años, cifra sus esperanzas en que el Congreso apruebe una ley que lo legalice porque “sin TPS, no tendremos trabajo ni seguro, ni todo lo demás”.
Rodríguez trabaja en tareas de mantenimiento para “Community Support Services”, una organización caritativa en Maryland que ayuda a personas con discapacidades, pero tiene suerte porque sus jefes le pidieron que buscara un abogado para iniciar sus trámites de residencia legal.
Decenas de miles más de “tepesianos” salvadoreños no tienen ninguna opción legal, pero también han dejado en claro que no se irán.
“No pienso irme, ya veré cómo me gano la vida, pero esto que ha hecho Trump es despiadado”, dijo una salvadoreña que trabaja limpiando oficinas en el centro de Washington pero pidió el anonimato por temor a represalia.
¿Y el clima de inseguridad?
La decisión de Nielsen contradice su reconocimiento del clima de inseguridad en El Salvador, donde la pandilla “MS-13”, y grupos del crimen organizado, han creado un ambiente invivible en sectores del país.
El pasado 12 de diciembre, Nielsen había dicho que la “MS-13” es una amenaza para la seguridad nacional” y el DHS no tolerará su violencia en este país. El DHS dijo hoy que la agencia se ciñó a evaluar las condiciones por las que El Salvador recibió la designación en 2001, no la violencia actual.
En 2016, la tasa de homicidios en El Salvador registró una baja del 20% respecto al año anterior, pero fue de 81,2 homicidios por cada 100,000 habitantes, en parte por las pandillas que controlan varias zonas urbanas. En 2017, septiembre fue el más mortífero, con 435 homicidios, o casi 15 por día.
No es un clima que invite a la calma o incentive las inversiones, en un país donde una quinta parte de las familias recibe remesas de EEUU, que conforman el 17% de su Producto Interno Bruto (PIB).
En 2016, las remesas de la diáspora aumentaron un 7,2% respecto al año anterior y superaron los $4,580 millones, una cifra sin precedente en la historia de ese país.
Reacciones de rechazo
El anuncio del DHS desató el rechazo generalizado de líderes del Congreso, incluyendo unos cuantos republicanos, y de grupos pro-inmigrantes, que desde el año pasado han presentado argumentos morales, sociales y económicos a favor del TPS.
“El Salvador es la capital de los homicidios en el mundo, y no podría manejar el retorno de unos 200,000 trabajadores. Que ahora el gobierno despache a estos inmigrantes a un destino de inseguridad donde sus vidas corren peligro es inadmisible“, dijo a este diario Royce Murray, directora de política del “American Immigration Council”.
“Estos inmigrantes han hecho su vida en EEUU, tienen su familia acá, y el gobierno no puede simplemente acabar con el TPS y dejarlos colgados”, agregó Murray, cuyo grupo patrocinó un anuncio pagado en el diario conservador “The Washington Times”.
La salvadoreña Ana Sol Gutiérrez, delegada estatal demócrata en Maryland, calificó al gobierno de Trump como “fallido”, y expresó confianza en que “prevalecerá la justicia, quizá no hoy, sino algún día pronto”.
“No podemos darnos por vencido ni lo haremos”, afirmó.
El congresista republicano por Florida, Mario Díaz Balart, cuyo distrito incluye miles de “tepesianos” de Haití, El Salvador y Honduras, condenó la decisión porque se trata de “gente inocente que huyo de su país tras un desastroso terremoto, y aunque las condiciones de vida posiblemente mejoraron un poco, El Salvador ahora afronta un problema significativo con narcotráfico, pandillas y crimen”.
Otros grupos también rechazaron la decisión de Nielsen, incluyendo “United We Dream”, “America´s Voice”, el Centro Nacional para Leyes de Inmigración (NILC), “FIRM”, “Dream Action Coalition”, y “CASA de Maryland”.
Más de 300 activistas y beneficiarios del TPS realizarán en breve una protesta frente a la Casa Blanca, en el marco de una lucha que desde ahora se traslada a los pasillos del Congreso en Washington.
Gobierno de EE.UU. cancela TPS para salvadoreños
El gobierno de Donald Trump no renovará las protecciones que permitían a más de 200,000 salvadoreños permanecer legalmente en Estados Unidos, anunció el lunes El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
El Salvador es el cuarto país en perder el TPS durante la presidencia de Trump y sus ciudadanos eran por mucho el grupo de beneficiarios más grande. El gobierno suspendió el año pasado protecciones similares a ciudadanos de Haití y Nicaragua.
En total 263,282 salvadoreños figuraban como beneficiarios del TPS hasta finales de 2016, según datos facilitados a Efe por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).
La administración Trump notificará a los salvadoreños que tienen hasta el 9 de septiembre del 2019 para salir de los Estados Unidos o de encontrar otra manera de obtener la legalidad en dicho país, según una copia del anuncio preparado por El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.
Los ciudadanos de El Salvador en EE.UU. se beneficiaron del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que proporciona alivio humanitario a extranjeros cuyos países se han visto golpeados por desastres naturales o conflictos.
El gobierno de Donald Trump no renovará las protecciones que permitían a más de 200,000 salvadoreños permanecer legalmente en Estados Unidos, anunció el lunes El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
El Salvador es el cuarto país en perder el TPS durante la presidencia de Trump y sus ciudadanos eran por mucho el grupo de beneficiarios más grande. El gobierno suspendió el año pasado protecciones similares a ciudadanos de Haití y Nicaragua.
En total 263,282 salvadoreños figuraban como beneficiarios del TPS hasta finales de 2016, según datos facilitados a Efe por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).
La administración Trump notificará a los salvadoreños que tienen hasta el 9 de septiembre del 2019 para salir de los Estados Unidos o de encontrar otra manera de obtener la legalidad en dicho país, según una copia del anuncio preparado por El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.
Los ciudadanos de El Salvador en EE.UU. se beneficiaron del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que proporciona alivio humanitario a extranjeros cuyos países se han visto golpeados por desastres naturales o conflictos.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, encargada de tomar la decisión, dijo la semana pasada a The Associated Press que las extensiones a corto plazo no son la solución.
“Conseguirles una solución permanente es un plan mucho mejor que tenerlos viviendo seis meses, luego 12 meses, luego 18 meses”, dijo en una entrevista, refiriéndose a la incertidumbre de las extensiones a largo plazo del programa.
Enviar a los salvadoreños de vuelta a su país causaría conmoción en partes de Washington, Los Ángeles, Nueva York, Houston y otras zonas metropolitanas que acogen grandes comunidades de salvadoreños. Estos inmigrantes disfrutan de una protección especial desde los terremotos que golpearon el país centroamericano en 2001. Muchos han echado raíces en Estados Unidos, formando familias y abriendo negocios a lo largo de los años.
El fin de la protección también supone un duro desafío para El Salvador, un país de 6.2 millones de personas con una economía dependiente de las remesas de los trabajadores en Estados Unidos. En la última década, cada vez más salvadoreños _muchos llegados como familias o menores sin acompañante_ han entrado en Estados Unidos de forma ilegal a través de México, huyendo de la violencia y la pobreza.
En septiembre de 2016, el gobierno de Obama amplió 18 meses las protecciones señalando que El Salvador aún sufría los efectos de los sismos de 2001 que mataron a más de mil personas, y que el país no podría absorber el regreso de tanta gente.
El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, tuvo una larga conversación telefónica con Nielsen el viernes para renovar su petición de que se extienda el programa para dar más tiempo al Congreso a conseguir una solución permanente para los que han obtenido protección para seguir en el país.
La fecha límite coincide con un momento de creciente diálogo entre la Casa Blanca y el Congreso sobre una reforma migratoria que podría incluir protecciones para cientos de miles de jóvenes inmigrantes que llegaron al país cuando eran menores, y que recibieron una protección temporal por un programa de la era Obama. Trump dijo en septiembre que pondría fin al plan de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), pero dio al Congreso hasta marzo para tomar medidas.
De todos los países, El Salvador es el que tiene la mayor cantidad de población que perdería su estatus de protección. Más de la mitad de todas las personas con TPS son salvadoreños.
De todos los que poseen TPS 61.38% son salvadoreños
Estados Unidos creó el TPS en 1990 para ofrecer refugio a gente de países afectados por terremotos, inundaciones, huracanes, guerras y otros desastres. Ahora ampara a casi 320,000 personas de 10 países. Hay casi 440,000 beneficiarios de esos 10 países, incluidos de 263,000 de El Salvador, pero muchos de ellos han legalizado su situación por otras vías.
El secretario de Seguridad Nacional puede renovar esa protección, que incluye permiso de trabajo, por hasta 18 meses cada vez. Las voces críticas dicen que ha resultado no ser temporal en absoluto, ya que muchos beneficiarios siguen en el país años después de su solicitud inicial.
Llama papa Francisco a desechar retórica del miedo sobre migrantes
El papa Francisco llamó a desechar la retórica que suscita temores ancestrales sobre los migrantes y partir de la consideración esencial de que son ante todo seres humanos. En su discurso tradicional de inicio de año ante los representantes del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, el Sumo Pontífice expresó que aun cuando no siempre todos están animados de las mejores intenciones, la mayor parte de los migrantes preferirían permanecer en sus lugares de origen.
Mencionó la discriminación, persecución, pobreza y degradación ambiental entre las causas de las migraciones, las cuales -dijo- existieron siempre.
Subrayó que acoger al otro demanda ‘un compromiso concreto, una cadena de ayudas y benevolencia, una atención vigilante y comprensiva’, así como ‘la gestión responsable de nuevas situaciones complejas que, en ocasiones, se añaden a otros numerosos problemas ya existentes, con recursos siempre limitados’.
Practicando la virtud de la prudencia -afirmó- los gobernantes sabrán acoger, promover, proteger e integrar a los migrantes estableciendo medidas prácticas en los límites del bien común acordado para permitir la inserción.
Por otra parte, el Papa se refirió al tema de la paz, basada en el multilateralismo y el apego al principio de igualdad entre las naciones, sobre la base del respeto a ‘la dignidad de cada persona humana, cuyo desprecio y desconocimiento provocaron actos de barbarie que ofenden la conciencia de la humanidad’.
Expresó que defender la vida y a la integridad física, significa proteger el derecho de las personas y sus familiares a la salud, por lo que manifestó su deseo de que en los foros internacionales competentes se trabaje a favor de facilitar el acceso de todos a los cuidados y tratamientos médicos.
En ese sentido, reclamó unir esfuerzos para adoptar políticas que garanticen el suministro de medicamentos esenciales a precios accesibles para los indigentes, ‘sin descuidar la investigación y el desarrollo de tratamientos que, si bien no son económicamente relevantes para el mercado, son cruciales para salvar vidas’.
Francisco apuntó que la promoción de la cultura de paz para lograr un desarrollo integral exige esfuerzos perseverantes hacia el desarme y la reducción del recurso de la fuerza armada en la gestión de los asuntos internacionales, junto al combate contra las injusticias y la eliminación de las causas de las discordias.
Como es usual en este tipo de discurso, Bergoglio exhortó al diálogo y la negociación para alcanzar o preservar la paz en diferentes regiones y países como la península coreana, el Medio Oriente y el conflicto israelo-palestino, entre otros, y en ese contexto general mencionó a Venezuela.
Al respecto puntualizó que si bien la Santa Sede insta a responder sin demora a las necesidades primarias de la población, espera se creen las condiciones para que las elecciones programadas en el año en curso puedan propiciar la solución de los conflictos existentes y se pueda mirar con renovada serenidad al futuro.
