Perú: nueva jornada nacional de protesta contra el indulto al dictador Alberto Fujimori

Ciudadanos alzarán la voz contra el indulto

Luego del indulto otorgado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski al dictador Alberto Fujimori, miles de ciudadanos se alistan para salir hoy a protestar contra la arbitraria medida conocida la noche de Navidad.

Participarán principalmente jóvenes universitarios y organizados en colectivos culturales y estudiantiles. También vecinos de La Molina, que están indignados porque Fujimori vive en el referido distrito.

Será la tercera gran marcha contra el indulto. La primera fue el 25 de diciembre, la segunda el 28 de diciembre del 2017 y la tercera será este 11 de enero.

La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) informó este martes que la concentración se dará en el Campo de Marte desde las 5 de la tarde y la marcha irá por la Av. Guzmán Blanco hasta la Plaza Bolognesi donde seguirá por Paseo Colón y la Av. Grau; después tomará la Av. Abancay hasta llegar al Parque Universitario y recorrerá la Av. Nicolás de Piérola para culminar en la Plaza Dos de Mayo donde se realizará un Mitin de cierre. El recorrido, además, se acompañará con una unidad móvil que transportará un equipo de sonido.

Esta ruta dista mucho de la que se había informado inicialmente donde el Parque Kennedy era el punto de concentración y la manifestación recorría las avenidas Arequipa, Wilson y Nicolás de Piérola.

El motivo del cambio, aseguran, fue la negativa de la Dirección General de Gobierno Interior (DGIN) dependiente del Ministerio del Interior para brindar las garantías necesarias por incluir a muchos distritos en el trayecto.

La entidad, finalmente, acordó con los organizadores la nueva ruta asegurando las garantías inherentes al orden público para hoy, tal como lo anunció en sus redes sociales.

DENUNCIA

El Comando Nacional Unitario de Lucha (CNUL) denuncia que desde la Municipalidad de Lima y el Gobierno siguen restringiendo el uso de los espacios públicos a la ciudadanía como el uso de la Plaza San Martín para la concentración de manifestantes; tal como sucedió la noche del 24 de diciembre en la que se cercó la plaza y se expulsó a quienes se acercaban a protestar contra el indulto.

Además, alertan por la restricción a la libertad de expresión y el uso indebido de las fuerzas policiales que terminaron con varios detenidos y personas accidentadas en la marcha del 28 de diciembre.

Por estos motivos, se presentará un habeas corpus preventivo y se denunciarán los hechos ante el Relator Especial de Naciones Unidas para que se tomen las medidas necesarias a favor de la ciudadanía.

Desde la organización de la marcha, se invocó a los ciudadanos a manifestarse de manera pacífica respetando el orden y los espacios públicos para evitar que intereses ajenos desprestigien la movilización.

El Ministerio del Interior se sumó al pedido indicando, además, que se está coordinando la presencia de observadores con la Defensoría del Pueblo y fiscales de prevención del delito del Ministerio Público.

A la gran marcha de hoy en Lima se sumarán también movilizaciones en distintas regiones del Perú.

CONTRA LA CORRUPCIÓN

El CNUL, organizadora de la marcha, a través del Secretario General de la CGTP, Gerónimo López, ratifica “su voluntad de lucha contra la corrupción, la impunidad y el indulto otorgado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski al dictador Alberto Fujimori” y exige una nueva Constitución Política y nuevas elecciones generales.

Diario Uno

Deudos de La Cantuta y Barrios Altos buscan cita con el Papa

Familiares de víctimas de abusos a los derechos humanos en Perú dijeron el miércoles que buscarán reunirse con el papa Francisco durante su visita a Lima la próxima semana para manifestar la «injusticia» que implica el indulto del ex presidente Alberto Fujimori, quien cumplía una condena de 25 años de prisión.

El ex mandatario fue indultado en vísperas de la Navidad por el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), una medida que provocó protestas de grupos de derechos humanos y críticas de organismos internacionales que lamentaron la decisión.

Fujimori, de 79 años, fue condenado por su responsabilidad en la matanza de 25 personas, entre ellas un niño, cometidas por militares que actuaban en las sombras en una guerra contra terroristas durante su Gobierno entre 1990 y 2000.

Gisela Ortiz, hermana de un estudiante que fue asesinado por el llamado «escuadrón de la muerte» [Grupo Colina], afirmó que está haciendo las gestiones con la Nunciatura Apostólica de Lima para una cita con el papa Francisco, quien visitará Perú del 18 al 21 de enero.

«Queremos compartir nuestra preocupación de este estado de injusticia que estamos viviendo por una decisión política y negociada del gobierno y que ojalá que (el Papa) tenga gestos de solidaridad con las víctimas», dijo Ortiz en una conferencia de prensa.

—Sin respuesta al momento—

Una representante de la Nunciatura de Lima dijo que por el momento no podía dar una respuesta sobre la solicitud. La agenda del Papa está marcada por visitas a la región selvática de Puerto Maldonado el viernes, a la ciudad norteña de Trujillo el sábado y a la ciudad de Lima el domingo.

Fujimori aún genera polarización en Perú. Muchos lo recuerdan como el hombre que acabó con la crisis económica y con el terrorismo, pero otros lo consideran como una figura autoritaria que cometió violaciones a los derechos humanos para aferrarse por una década al poder.

«Con el indulto que otorgó el presidente Kuczynski se volvió a abrir las heridas que estaban cerrando», dijo Rosa Rojas, cuyo esposo e hijo fueron asesinados por miembros del «escuadrón de la muerte» durante una fiesta en un barrio popular de Lima.

Gisela Ortiz afirmó que por el origen argentino del papa Francisco, cuyo país vivió también abusos a los derechos humanos durante el gobierno militar del general Jorge Videla, la máxima autoridad de la Iglesia Católica debería entender las preocupaciones de los familiares de las víctimas en Perú.

«Argentina es un país que ha vivido y tiene todavía temas pendientes con la justicia. Por eso creemos que el Papa pueda entender la magnitud de la decisión que el presidente Kuczynski ha tomado frente al indulto», dijo la activista.

Familiares de víctimas de abusos cometidos durante el gobierno de Fujimori tienen previsto realizar una marcha en Lima el jueves para seguir protestando por el perdón presidencial.

El Comercio

Matanza de Pativilca es tan cruel como la de Barrios Altos y La Cantuta

El activista de derechos humanos, Francisco Soberón, sostuvo que de acuerdo a lo que determine la Sala Penal Nacional en la audiencia del próximo 26 de enero, se solicitará la inaplicabilidad del Derecho de Gracia que Pedro Pablo Kuczynski le otorgó al ex presidente Fujimori, con la pretensión de cortar el proceso judicial que lo involucraría en la masacre de Pativilca.

“La audiencia del 26 de enero será muy importante; de acuerdo a ello se solicitará la inaplicabilidad del Derecho de Gracia que PPK le otorgó al dictador Fujimori, con la pretensión de que se corte el proceso judicial que lo involucraría en el caso Pativilca”, sostuvo el director fundador de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), en declaraciones al Diario UNO.

También aseguró que “Si en los casos de Barrios Altos y La Cantuta le adjudicaron responsabilidad a Fujimori, con mayor razón en Pativilca” donde se realizaron ejecuciones extrajudiciales a seis personas.

Finalmente recordó que el caso Pativilca ingresó a la opinión pública y al propio Poder Judicial chileno (país que lo extraditó hacia el Perú) con más tardanza que otros casos debido a la responsabilidad de Fujimori y de toda la cadena de altos mandos tras la confesión de uno de los integrantes del Grupo Colina.

PATIVILCA: CRÓNICA DE UNA MATANZA

La matanza de Pativilca, rodeada de una crueldad espeluznante, fue tan condenable pero menos mediática que las de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992). La madrugada del 29 de enero de 1992, más de dos meses después de la masacre de Barrios Altos y seis meses antes del caso La Cantuta, agentes del Grupo Colina al mando del mayor (r) del Ejército Peruano (EP), Santiago Martín Rivas, acudieron al distrito de Pativilca, provincia limeña de Barranca, para cumplir con un “encargo” del entonces jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás Hermoza Ríos.

Según consta en el expediente judicial, un empresario chino que disputaba un terreno en los anexos Caraqueño y San José, acusó falsamente a quienes ocupaban estas zonas de pertenecer al grupo subversivo Sendero Luminoso y pidió a un familiar cercano a Hermoza que “le diera una mano”.

Por orden de Hermoza y bajo la dirección de Martin Rivas, los agentes llegaron a esa localidad a las dos de la mañana; sacaron de sus casas a John Calderón Ríos (18), Toribio Ortiz Aponte (25), Felandro Castillo Manrique (38), Pedro Agüero Rivera (35), Ernesto Arias Velásquez (17) y César Rodríguez Esquivel (29). Los sujetos se apropiaron de dinero y luego generaron una explosión que atemorizó a la familia. Ellos, en medio de la confusión, alcanzaron a ver dos camionetas marcharse.

Los familiares visitaron todas las comisarías de la zona donde les negaron haber realizado alguna batida en la zona. Recorrieron hospitales y la morgue, sin hallar nada.

DESGARRADORES TESTIMONIOS

Cerca de las 6 de la tarde del 30 de enero, José Luis Agüero Rivera, hermano de una de las víctimas, encontró los cuerpos. “Un amigo que bajaba con su camión me contó que había visto varios cuerpos en un cañaveral cerca de la carretera de ingreso. Cuando fui a verlos encontré un cuadro horrible. Mi hermano tenía disparos en la cabeza, pero había otros dos señores que estaban torturados, quemados, parecían que les habían puesto soplete”, contó Agüero. En ese entonces, los familiares aseguraron ante la policía que los victimarios eran militares, sin embargo, poco hicieron para investigar el caso.

“Mi hermano Felandro era el cuarto de 8 hermanos. Era un muchacho muy tranquilo, el más sano de todos. No estaba metido en actividades políticas, o con los del partido (senderista), para decir que lo mataron por eso”, declaró Domingo Castillo Manrique.

“Si hubiera sido terrorista, él hubiera estado escondido. Pero estaba con nosotros, durmiendo. No sabemos por qué se lo llevaron. Acá mucha gente ha sido confundida. Nosotros sabíamos quiénes estaban metidos con el terrorismo, pero esa gente desapareció días antes“, agregó

Posteriormente, se corroboró que los pobladores fueron reducidos, torturados con quemaduras de soplete en diversas partes de sus cuerpos, incluido el ano; y además les propinaron patadas. Después de esto, los mataron con sendos disparos de bala en la cabeza y lanzaron sus cuerpos en un cañaveral.

FUJIMORI LO SABÍA

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, este operativo formó parte de un plan formulado por la Dirección de Inteligencia y aprobado por el Comando General del Ejército por órdenes de Montesinos y con el conocimiento del entonces presidente Fujimori.

Para dar con la responsabilidad de Fujimori en el crimen, fue clave la confesión del técnico de Segunda EP, Jorge Ortiz Mantas, integrante del destacamento Colina.

El 8 de febrero del 2008, y durante una sesión judicial, Ortiz Mantas señaló que Colina dependía, además de Hermoza Ríos, de Fujimori y el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos.

Ante la pregunta del juez sobre la cadena de mando de Colina, el ex agente respondió:

“(El mayor Santiago) Martin Rivas, (el coronel) Fernando Rodríguez Zabalbescoa, (el general) Federico Navarro Pérez, el director de la Dinte (Dirección de Inteligencia del Ejército), el jefe de Estado Mayor y el comandante general del Ejército (Nicolás Hermoza). Nos dieron un almuerzo, lo que demuestra que el general Hermoza sabía (…) En el Ejército no es posible. Nada se hace sin una orden superior”.

Por la forma en que ocurrieron los hechos, se establece que incurrieron en el delito de homicidio calificado con alevosía, considerado como delito de lesa humanidad, según el Estatuto de Roma, un instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional, adoptado en 1998 por las Naciones Unidas para casos de violación a los derechos humanos.

JUSTICIA CHILENA

En junio pasado, la Corte Suprema de Chile confirmó la ampliación de la extradición de Fujimori para procesarlo en el Perú por la masacre de Pativilca.

En su fallo unánime, la justicia respaldó la decisión del ministro instructor Ricardo Blanco respecto al delito.

“Esta Corte comparte lo afirmado por el sentenciador de primera instancia, referido al carácter de lesa humanidad de los delitos de homicidio calificado y asociación ilícita para delinquir por los cuales se requiere la ampliación de la extradición de Alberto Fujimori”, indica la resolución.

El fallo también señala que los crímenes de Fujimori “constituyen un ultraje a la dignidad humana y representan una violación grave y manifiesta de los derechos y libertades proclamadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.

ACUSACIÓN FORMAL

Posteriormente, en julio, la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional incluyó a Fujimori entre los responsables de la matanza, solicitó 25 años de prisión y el pago de una reparación civil de 500 mil soles para cada uno de los herederos legales de las víctimas.

El despacho presidido por el fiscal Luis Landa Burgos, acusó al ex mandatario de autoría mediata y fundamenta su responsabilidad por haber aprobado una política antisubversiva que implicaba la ejecución de operaciones especiales para asesinar a sospechosos de terrorismo.

GRACIA ANTICONSTITUCIONAL

El ex fiscal superior Avelino Guillén sostuvo que esta gracia presidencial vulnera lo establecido en el artículo 118 e inciso 21 de la Constitución respecto a los plazos señalados.

“Corresponde al presidente de la república: (…) Conceder indultos y conmutar penas. Ejercer el derecho de gracia en beneficio de los procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria.”

Guillén recordó que la gracia presidencial corta un proceso en trámite pero la propia Constitución ha establecido parámetros, como el exceso de vencimiento de los plazos establecidos en la norma. “Y eso no se da en el caso Fujimori y es por eso que existe unanimidad de los especialistas en considerar que el Poder Judicial tiene que declararla inaplicable”, añadió.

También explicó que el plazo se computa a partir del día en que la Corte Suprema de Chile autorizó el procesamiento del ex presidente (desde que el expediente llega con la resolución de Chile que faculta al Poder Judicial peruano para que procese al ex dictador por el Caso Pativilca). “Que yo recuerde no han transcurrido ni siete meses de esa fecha”, apuntó.

Finalmente, Guillén cuestionó que el presidente se haya inmiscuido al otorgar una gracia presidencial en un proceso en el que no han transcurrido los plazos que señala la Constitución.

GRACIA INAPLICABLE

El exprocurador César Azabache coincide en que la gracia presidencial concedida a Fujimori no es aplicable al caso Pativilca porque el plazo de instrucción comenzó en junio y no llega a los 24 meses que señala la Constitución para que la medida otorgada sea efectiva.

En ese mismo sentido, la directora ejecutiva de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Gloria Cano, sostuvo que dicha medida se aparta de las obligaciones internacionales del Estado Peruano en materia de derechos humanos.

Diario Uno

Video: convocatoria a la jornada nacional de protesta contra el indulto a Alberto Fujimori